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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-07-2017

!Atrs la judicializacin al ejercicio litigante de abogados

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


Tres profesionales del derecho estn en la mira de la justicia, porque con sus actuaciones se convirtieron en gestores de demandas infundadas y de un cuestionado fallo judicial con perjuicios para el Estado que superan los $45 billones de pesos. Si un billn son un milln de millones de pesos, convertidos en dlares dara 1 billn 499. 850 mil dlares (US$ 1.499.850.000 dlares). Pero como el papel aguanta con todo, esa sera la astronmica suma que tres abogados colombianos, en diferentes regiones del pas, infringiran a los fondos del Estado colombiano. Esa es la presentacin que hace La Agencia de la Defensa Jurdica Nacional del Estado (ADJE), entidad pblica creada por Decreto 4081 de 2011; cuyo director es Lus Guillermo Vlez Cabrera. Entre sus funciones burocrticas est la de acordar los protocolos de defensa en favor de los intereses del Estado y la Nacin colombiana; sin tener la capacidad de representacin como parte procesal, si no, digamos, como soporte logstico al squito de abogados, que, por servicios profesionales exclusivos, en casos de resonancia nacional, ostentan la representacin legal. Sabido es, que existen al servicio de los municipios colombianos, 4.700 abogados de planta. Que, en el DC, de Bogot, existe una Oficina Jurdica de Defensa del Distrito. En principio deberan estar supeditados a esa Agencia Nacional; pero, la realidad, es que as no sucede.

ANTECEDENTES. -  Durante el primer periodo del gobierno de Uribe Vlez, se conform la Corporacin Verdad y Justicia, con fondos del desaparecido DAS, cuyo objetivo es crear una organizacin no gubernamental que defienda los inters del Estado Colombiano frente a la amenazas que representa la manipulacin de la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en Costa Rica y la CIDH con sede en Washington, por parte de organizaciones no gubernamentales de fachada de grupos al margen de la ley..

Tambin apareca entre sus planes la creacin del Colectivo de Abogados Simn Bolvar, con manejo de imagen en una pgina web, con el objetivo de crear una ONG que defendiera los interese del Estado colombiano contra las demandas que se tramitaban en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica y la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. Estas dos organizaciones tambin funcionaron como fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campaas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposicin. En el expediente tambin hay numerosa documentacin respecto a esas "ONGs.". Citas tomadas de Caracol Radio, En el folio 176 de la carpeta 53 de 2004,y en la que aparece una carta abierta firmada por la Corporacin Verdad y Justicia en la que se rechaza el compromiso del gobierno para pedir perdn a las vctimas por la masacre de la Rochela....

En esa Carpeta, contentivas de los documentos del DAS, se indica que esa corporacin y ese colectivo lo financiaran colombianos en el exterior, siendo, a principios de 2004, el ncleo de apoyo, Rafael Nieto Loaiza, quien dejaba el cargo de ministro del interior y justicia, en el gobierno de lvaro Uribe Vlez; y tambin Jos Miguel Narvez, subdirector del DAS, durante la titulacin de Jorge Noguera. Posteriormente se descubrira todo el llamado escndalo de las chuzadas a los telfonos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a sus llamadas nacionales e internacionales, en desarrollos de sus intercambios judiciales. Las repercusiones de la llamada operacin internet contra refugiados polticos y exiliados en Europa, fue otro de los pasajes contra la estigmatizacin de defensores de derechos humanos en el exterior, materializado en el Informe Berrocal, en Costa Rica, en el que el ministro del interior costarricense, centr un debate, abortado, en la Asamblea Nacional, contra refugiados y exiliados polticos colombianos, en imaginario contubernio con los dirigentes del partido poltico de izquierda, Frente Amplio; como tambin de la dirigencia sindical costarricense, hacindoles aparecer dizque como miembros de clulas internacionales de las Farc-ep. Ello le vali la destitucin fulminante al ministro Berrocal, por parte del presidente Arias.

Continuacin de un comportamiento paraestatal.

Al imaginario nacional colombiano del mal necesario de los abogados, le agregan, que existen carteles de contratacin y de litigantes, dedicados en demandas contra el Estado. Lus Guillermo Vlez Cabrera, director de la Agencia de Defensa Jurdica del Estado (ADJE), los sindica de industria de abogados, dedicados a esquilmar al Estado, calificndolos de perversos abogados; asimilndolos con la figura de intermediarios, conocidos en la jerga popular como tinterillos; que se benefician de trmites jurdicos; desinformando a sus clientes para que los sigan, inventndose requisitos y que viven de eso. De manera que ante el paradigma de mal de los abogados; el paquidermo funcionario burocrtico, profiere una sentencia breve, contra la sagrada profesin del abogado, como bien necesario de la sociedad. Su funcin la dedica de tiempo completo, a proferir acusaciones disciplinarias contra abogados litigantes, ante la siempre cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en miras a obtener la exclusin de abogados del ejercicio profesional y con fallos ejemplarizantes la destitucin de jueces por proferir sentencias contra la Nacin. Asume el director de la Oficina de Defensa Jurdica del Estado, las funciones de organismo de control en la supervisin de entidades que manejen fondos o bienes de la Nacin. Se erige en Contralor, puesto que las demandas contra el Estado, al ser incorporados, por norma fiscal, como potenciales pasivos o acreencias del Estado a futuro, afectan las notas que las calificadoras de riesgo le otorgan al pas y en lo genrico, de prdidas para la accin social. Erige, toda una cruzada justiciera de batalla jurdica contra abogados y jueces en el asunto de demandas y fallos millonarios contra el Estado; jactndose de la destitucin de 19 jueces y 1200 abogados sancionados. Pero, en neto, oculta con esa rambonadas, otra de las grandes venas rotas de la corrupcin estatal: la ineficiente defensa jurdica al Estado; las impunes actuaciones de los defensores de la integridad de la Nacin en recientes fallos adversos contra la soberana nacional en Tribunales Internacionales; el contubernio Estado- empresas, en la danza de la galopante corrupcin. Llama perversos a los abogados litigantes por las 500 mil demandas existentes contra el Estado, por las causales de responsabilidad jurdica contractual y extracontractual, en la violacin de los principios universales del derecho laboral, en cuanto a lo prestacional y pensional y al fin primordial de la salud, hoy detentado por las mafias blancas del capital privado expoliador. Califica de inescrupulosos a los abogados litigantes que colocan el dedo en la llaga por la constante del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), rampante y permanente, que merece el repudio de toda la sociedad. Pero calla, cul sepulturero sudoroso y silencioso, ante la emergencia humanitaria por el estado de la poblacin desplazada interna. Callan y no actan, en acciones de lesividad para el Estado, en el escandaloso monto del robo a las entidades pblicas; por solo mencionar algunas:

1. Reficar: 8 billones de pesos, cuando en 2006, el gobierno oscuro de Uribe Vlez abri la licitacin para buscar un socio estratgico que le permitiera a Ecopetrol ampliar la Refinera de Cartagena.

2. Foncolpuertos: 2,3 billones de pesos. Durante el gobierno de Gaviria se premedita, con ayuda del sindicato blanco, creado e impulsado por la patronal estatal, para armar toda clase de demandas contra el Estado; de doloroso reconocimiento por lo que ello signific para la lucha del sindicalismo revolucionario colombiano y que benefici, por obviar citar a algunos de los orangutanes, con saco leva, de la clase politiquera colombiana: congresistas, ex contralores, ex ministros de Hacienda, ex magistrados, ex gerentes liquidadores de Foncolpuertos; as como a la campaa poltica de Horacio Serpa.

3. El escndalo de la Represa del Guavio: 2 billones de pesos. Por el retraso en su terminacin y la inclusin de enormes sobrecostos. Y saber que ni un da de crcel pago Fabio Puyo Vasco, de la oligarqua militarista en el poder, por el caso del Guavio.

4. Los 40 ladrones de Ali Baba, quedan cortos, ante los delincuentes de los desfalcos de Caprecom: 559.2 millones. Saludcoop: 1.7 billones. Coomeva: 140 mil millones. Entidades de salud creadas por la Ley 100 de 1993, que privatiz y comercializ la salud en Colombia, gracias al Mesas: lvaro Uribe Vlez. En menos de 15 aos, Carlos Palacino, creo un emporio de salud, que mueve 2.5 billones al ao y supedita y subyuga a ms de 4 millones de usuarios. Termin en el banquillo de los acusados y nada que pasa de las denuncias por irregularidades en la concesin de contratos, desvi de recursos de salud, etc. El gran jefe Pluma Blanca, como ex mandatario, quien conserva informacin sobre todos los asuntos del Estado y los pone al servicio de la extrema derecha militarista, en contrava a la Paz y los Acuerdos de La Habana, en Colombia, lgicamente que sabr entre cuales congresistas fue repartido y sigue repartindose, el botn de la saqueada EPS estatal y el manejo privado de los medicamentos.

5. Las estafas en Transmilenio: 26.250 millones. Si una tarjeta clonada en $30.000 pesos, la vendan en $15.000 pesos.

6. El desfalco en el tercer carril de cuarta generacin (4G) de la va Bogot-Girardot, asciende a 170 mil millones; en la que Vargas Lleras, centra la investigacin, en los procesos de licitacin y no en las responsabilidades polticas y penales de sus conmilones, glotones insaciables, de barajas clientelistas!

7. Agro Ingreso Seguro (AIS): 12 mil millones. Como programa bandera de la horrible noche Uribea, dizque para entregar subsidios a agricultores colombianos, concluyendo en la condena al prfugo Arias, ministro estrella de la inseguridad democrtica; sin asomo de reintegro de peso alguno por accin de lesividad a favor del Estado. Peor an, esa flamante Oficina Jurdica de Defensa del Estado, no avizora el elefante blanco que irrumpe con la constitucin de las ZIDRES (Zonas de Inters de Desarrollo Rural) que uni a Santos y a Uribe, en intereses a favor de los terratenientes y capital de invasin de inversionistas extranjeros y en contra de la implementacin de los Acuerdos de La Habana, para el cumplimiento de la Reforma Agraria Integral (RAI). Implica el manejo clientelista de siete millones de hectreas de baldos, en desmedro de tierras tiles para el campesinado. Puesto que, a una oficina para la defensa de los intereses del Estado, le incumbe la previsin de actos y hechos de la Administracin, bajo la lupa de las acciones de lesividad para la defensa poblacional de ese Estado. A manera de corolario: como si el problema de defensa de los intereses del Estado fuera el auxilio de un salario, inferior al mnimo legal a los gloriosos ex combatientes de las Farc-ep y que, por ser hoy desarmados, pesa en la conciencia de la sociedad civil la defensa e integridad personales y el ejercicio de sus vidas.

Al igual que se penaliza la protesta social

En el entorno de violacin de los derechos humanos; la perenne actuacin de grupos paramilitares, en campos y ciudades, incluido el Distrito Capital; sumado al estado de cosas inconstitucional (eci) de afortunado abordaje por parte de la Corte Constitucional (CCC), corresponde resaltar el cuadro de situacin humanitaria de la poblacin desplazada interna (PDI). Tampoco hubo campanas al vuelo por el significado histrico y poltico de la entrega de armas el pasado 27 de junio de 2017. Mezquinamente la dictadura meditica imperante en Colombia difunde versiones mentirosas sobre el arsenal de las desmovilizadas farc. Engaan a la opinin popular sobre la verdad de Perogrullo: es ms difcil acabar una guerra, que iniciar otra, cuando las condiciones objetivas que la hicieron surgir no cambian. 16 campesinos en Marquetalia, con fusiles de la Guerra Civil de los Mil Das, le arrebataron al ejrcito colombiano, buena parte del arsenal entregado a la ONU.

La guerra civil en espiral en Colombia ser una constante en la medida que no se solucione polticamente el conflicto armado interno con la insurgencia del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) y los reductos del Ejrcito Popular de Liberacin (EPL), que no solo opera en el Catatumbo y Sur del Cesar, sino que registra acciones en el occidente colombiano. En esa medida crece la poblacin desplazada interna y la necesidad que por ellos aboguen disciplinados profesionales del derecho. Hoy el cuadro humanitario de abandono a la reparacin de las vctimas se centra en los estrados judiciales. El Jurista argentino, Ernesto Moreau, seala preocupacin por la imposibilidad de las victimas a constituirse como parte civil querellante- contra el Estado colombiano- en la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP).

De inconmensurable califico el trabajo de los litigantes colombianos en la aplicacin del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Colombia. Por ello la penalizacin que implementa la Oficina Jurdica del Estado, colocando en la picota pblica a abogados litigantes y al escarnio las sentencias condenatorias contra el Estado, genera una lamentable prevencin en la administracin de justicia: lo conocido en la jurisprudencia argentina como la pusilanimidad judicial, consistente en que pese a que el juez, o auxiliar de la justicia, cuenta con todos los elementos para fallar, tarda, o no lo hace conforme a derecho.

Tan preocupante la persecucin a los abogados litigantes en Colombia, que traigo a colacin cita del CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina:

"El respeto por los derechos de las personas que demandan pblicamente al Estado implica proteger su integridad fsica responsabilidad ms amplia, por otra parte, que la de no reprimir y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecucin penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos haban padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ral Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento pblico al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad fsica". Referente a la judicializacin de la protesta social. (p. 24).

Por respeto a los lectores, en prximas entregas abordar temas como: Comentarios a la Sentencia de la Corte T- 025 de noviembre de 2004. Lo de Litigio Estructural. De Los Juicios de Exclusin. El peligro del Activismo Judicial.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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