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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-07-2017

Atrs la judicializacin al ejercicio litigante de abogados (II)

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


Luis Jess Mora Contreras, con cedula 13.250.110, debidamente inscrito en el Registro nico de Vctimas (RUV), junto con su hija Marcela y su compaera Patricia Arenas Pastrana, conforme a la Ley 1448 de 2011; por Resolucin FUD-A 0000538999, en Pailitas (Cesar) desde 18-08-2012 venia disfrutando de subsidio dinerario de subsistencia como cabeza de familia. Dicha prerrogativa legal de asistencia alimentaria del hogar por l representado, le fue suspendida definitivamente, por Resolucin 0600120150911657 de 2015, de 19-02 de 2016 y la parte motiva se sustenta que el beneficiado, conforme a las indagaciones en la Red del Plan Nacional de Informacin (RNI), el ncleo familiar del beneficiado, por Informacin del Sistema del Ministerio de Salud, cotiza dentro del rgimen de salud impositivo. Esta Resolucin fue notificada el 10 de junio de 2016 y no aparece interposicin de recurso alguno; deducindose que qued en firme.

2.- Con posterioridad, Luis Jess Mora Contreras, elevo Derecho de Peticin, para que le fuera reconocido el auxilio dinerario de ley, desde el mes de agosto de 2016 y le responden que l no ha demostrado un proceso de retorno o reubicacin al lugar de donde fue desplazado por los paramilitares, an activos; para lo cual la entidad le prestara el acompaamiento necesarioLuego, redacta, el acto administrativo, que es lamentable que el Estado colombiano no est en capacidad de poderle entregar la indemnizacin en dinero, por una sola vez, que contempla la normativa citada, conocida como Ley de Vctimas.

Exposicin socio-juridica del diagnostico

El Caso del compaero Lucho, un consagrado activista y luchador popular por la defensa de los derechos humanos, resume la ineficacia de una ley, convertida por la burocracia estatal en perseguir a las vctimas; es decir, revictimizarlas.

Por la persecucin paramilitar hubo de abandonar su ejercicio docente en universidades del sector privado. No pudo continuar cotizando y en lo prolongado de la guerra popular en Colombia, lleg a la edad de jubilacin forzosa y por haber trabajado ms de 20 aos. El primer beneficio de subsistencia alimentaria, por la citada ley de vctimas, le fue concedido; pero por aparecer beneficiario, con nfimo salario, en el rgimen de salud impositivo, se presume que tiene recursos para subsistir y le niegan los alimentos. l, como vctima, tena que argumentar y demostrar lo contrario, con el uso de recursos y hasta con accin contenciosa, ya hoy prescrita, en relacin con las fechas citadas y el nuevo Cdigo de Procedimiento Contencioso Administrativo (CPCA). En cuanto al beneficio legal de la indemnizacin por el hecho victimizante, que contempla la citada ley, nos encontramos con lo sucedido a los millares de vctimas reclamantes, tanto en el pas, como en el exterior, en calidad de refugiados. La interpretacin acomodaticia y contra legem, que esgrimen es la de pagar una indemnizacin, por una sola vez, que puede ser de seis millones de pesos, al ncleo familiar del desplazado y no a cada uno de los integrantes, incluidos los (las) nios y/o menores violando el principio universal de favorabilidad a cada vctima. Esto es de trmite sumario, con el solo relato del hecho victimizante o juramentado, considerndose tal, con la sola presentacin personal de la vctima. Pero peor an, en el caso del compaero Lucho, la Administracin le responde argumentando que no existe dinero; es decir, que el Estado colombiano no tiene recursos para pagar a los millones de vctimas del conflicto interno armado en Colombia y para ello se basan en sentencias cortesanas, violatorias de todos los principios universales del Derecho Humanitario, comenzando por el fin supremo del beneficio universal al menor de edad. Sentencia Corte Constitucional C-753 de 2013. Conviene aclarar, que quien se acoge a los beneficios de la Ley 1448 de 2011, renuncia a la accin contencioso-administrativa de lesin contra el Estado. En el entendido que la aplicacin de la ley de vctimas es expedita y sumaria y no requiere de asistencia legal de abogado. Pero ante la realidad de engao y lo falsario del sistema imperante, el escenario de reclamacin jurisdiccional colapsa ante los millones de vctimas y desplazados que estn en capacidad de demandar al Estado colombiano.

El caso y situacin de calamidad humanitaria del compaero Lucho, sensibiliza la solidaridad popular, ante el desgano y abandono del Estado colombiano por cumplir con la premisa que el fin del conflicto armado interno tiene como centro a las vctimas. Inducen a que millones de vctimas tuvieren que acudir a demandar jurisdiccionalmente a la Nacin. Es decir, la canallada institucionalizada. Pero ojo, si las victimas tuvieren que acudir a las demandas, ya est preparado el terreno al cursar una prctica en las oficinas estatales de tildar de perversos a los Abogados Litigantes que accionan contra el Estado. Se concibi la creacin de una Agencia de Defensa Jurdica del Estado (ANDJE); desplazando la funcin de control constitucional de la Procuradura, de hacerse parte y representar a los intereses del Estado en los procesos contenciosos. Pues bien, actualmente el jefe de esa Oficina Jurdica del Estado es, Luis Guillermo Vlez Cabrera. Preside un verdadero elefante burocrtico. Se dedica a despotricar contra la noble funcin del Abogado Litigante. Les llama perversos, por aparecer radicadas, actualmente, 500 mil demandas contra el Estado, respecto a violacin de derechos prestacionales, de jubilacin y reclamos contra el sistema de salud imperante. por hechos y actos del Estado, bajo responsabilidad contractual y extracontractual. Que dizque representan una voluminosa reclamacin de 12 mil millones a 3000 billones de pesos. Pero ms grave an, con relacin al incumplimiento a las vctimas y la declaratoria de insolvencia del Estado para cumplirles, en las regiones se estn creando comits de vctimas, asesorndose con abogados y a eso lo llama el flamante jefe de la Oficina Jurdica del Estado, dizque una industria de demandas. Sin mayor hesitacin hay que partir del arraigo popular, que, en una manifestacin o expresin de masas, conlleva el centrar, miles de manifestaciones y aspiraciones individuales, en este caso en cabeza de un litigante. Otra abogada, radica varias demandas contra el Estado colombiano. En el Departamento de Sucre representa a ms de 120.000 damnificados; poblaciones afectadas por un derrame de petrleo en el Golfo de Marroquiillo, en al ao 2014. En otra accin colectiva, por daos infringidas contra la poblacin en el Departamento de Sucre y Antioquia, por efectos nocivos ambientales y en la salud, por la actividad minera en el rio Cauca. En ellas alega la abogada: Las demandas tienen su fundamento, se presentaron con base en documentos y todas las vctimas tienen derecho a demandar. Pues bien, ya que la funcin del abogado litigante es de medio y no de resultado.

Recurriendo a la meditica, a los abogados actores y directores de esas acciones, los estigmatizan como de un Cartel de abogados dedicados a demandar al Estado; en una cruzada por impedir el ejercicio del Derecho de Postulacin que tiene todo ciudadano, conforme a la consagracin del artculo 229 de la Constitucin Poltica, a acudir a lo administrativo y jurisdiccional del Estado, con o sin abogado.

El marco del activismo judicial frente a la situacin de la poblacin n desplazada y victimas del conflicto

La grave crisis humanitaria que implica el desplazamiento forzado interno en Colombia, con violacin de los Derechos Sociales y Culturales (DESC) habilita, en el uso de los tecnicismos jurdicos actuales, denominaciones como Filosofa o Juicios Dialgicos. La agencia oficiosa en tutela. Lo del litigio estructural y el llamado juicio a la exclusin.

De esa manera, tenemos que las llamadas sentencias estructurales, reflejan un protagonismo mayor del ejercicio de la justicia, al contener ordenes u acciones positivas, de hacer, a los poderes ejecutivo o legislativo. Por ejemplo, ante un universo de cosas, no toma una decisin individual frente a la falta de vivienda popular y ordena al Estado la necesidad de implementar polticas pblicas de vivienda que lleven a solucionar lo faltante a ese sector particular de comunidades o de colombianos. De igual manera, imposiciones de obligaciones de no hacer, tendientes a abstenerse de ciertas acciones que violen los derechos humanos, sociales y culturales. Explicase que la filosofa de las sentencias dialgicas, conllevan a interpretaciones constitucionales que traspasan el mbito de lo judicial, en el que el juez, pasa de ser un simple espectador de la lex dura y del concepto mecnico de la norma y entra a aplicar remedios al fondo de lo asumido; transformando la figura del juez y de paso involucrando a los abogados a una sana praxis judicial y al uso del buen derecho. Asistimos al ejercicio de una funcin creadora de los jueces, asumiendo un papel protagnico en la bsqueda por brindar proteccin a los siempre desconocidos derechos econmicos, sociales y culturales de la poblacin; trayendo ello consigo, una serie de implicaciones y fuertes recelos por parte de los poderes polticos. Este fenmeno se ha revivido con el debate jurdico y acadmico de lo litigioso estructural; de contenido complejo por la figura de un magistrado coadyuvando en el diseo e implementacin de polticas pblicas. Para una mejor comprensin, se extiende a los llamados Juicios a la Exclusin, en el que dada la magnitud de la tragedia humanitaria en Colombia de ms de cinco millones de desplazados internos y la expoliacin de ms de siete millones de hectreas a los campesinos, por el experimento de la reforma agraria paramilitar a sangre y fuego; lo complejo de eso estructural; generndose una situacin en que el juez entra a ser un factor de definicin, sin que ello implique flagrante violacin a la actuacin de los otros poderes.

No obstante, existe prevencin y afloran susceptibilidades, con relacin a efectos de ese tambin llamad activismo judicial. Pues bien, superado lo del principio de la ultra- petita, en la que el juez decide sobre aspectos ms all de lo pedido y que en el Derecho Social, es de aceptacin universal. Pero asoma lo precavido, como quiera que el juez, sin tener una egida de eleccin popular, denota autonoma superior y otra en el que el protagonismo judicial incide en decisiones esencialmente polticas, como ha ocurrido en Colombia, sobre el fallo de la Corte, respecto al trmite interno en el Legislativo, con relacin al fast track. Esa sentencia no califica como dialgica, en las que prima una concepcin ideolgica ante lo social; sino como de injerencia o activismo poltico.

Acerca de la sentencia de la Corte Constitucional T-025 de noviembre de 2004

En Colombia, los gobiernos solan mantener una concepcin de desconocimiento ante la realidad de la violacin de los derechos fundamentales y de responsabilidad frente a los desplazados. Durante el primer gobierno de lvaro Uribe Vlez se despleg toda una estrategia, tanto nacional como internacional para desconocer la realidad de esa tragedia y su obtuso escudero, Jos Obdulio Gaviria, sostena que en Colombia no haba desplazamiento sino solo una migracin interna. Desconociendo el conflicto armado, sostena: Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migracin en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla. Que los desplazados que salan del pas, en calidad de refugiados y de exiliados polticos, no eran tales, sino migrantes laborales, en bsqueda de soluciones econmicas, resaltando que eran clase alta y media. Pero la realidad era otra con una poblacin de ms de cinco millones de colombianas y colombianos en el exterior y ms de cien mil activistas polticos sociales y populares, que escaparon al genocidio de la Unin Patritica (UP).

Fue precisamente durante ese gobierno, de la obscura noche paramilitar y la inseguridad democrtica, que la Corte Constitucional de Colombia profiri la Sentencia T-025 de 2004. Con ella se experiment en lo del Litigio Estructural en Colombia. En resumen: 1. Declar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en la situacin de la poblacin desplazada. Instaurando la agencia oficiosa en tutela, para que asociaciones de desplazados interpusieran la accin. 2. Comunic al Consejo Nacional para la Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia, verificando la magnitud de la tragedia y superarla con prioridad a la ayuda humanitaria y dentro de plazos perentorios de tres a seis meses. 3. Una comunicacin a gobernadores y alcaldes, de asumir con recursos territoriales lo necesario para asegurar atencin a la poblacin desplazada (artculo 7, Ley 387 de 1997). 4. Igual comunicacin a la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de Hacienda y Crdito Pblico y al Director de Planeacin Nacional, para lo de su competencia. 5. Ordenando la prestacin de la ayuda humanitaria a la Red de Solidaridad Social. La inscripcin de un Registro nico de Desplazados, para asistirlos, recibir servicios de salud, medicamentos, educacin para sus hijos menores, acceso a programas de estabilizacin econmica, vivienda. De tal manera que la sentencia requiri acciones al gobierno para el caculo presupuestal y aplicacin de programas. Esta sentencia trajo consigo el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil al seguimiento de las ordenes expresas de la sentencia.

A manera de conclusin

Tan importante sentencia dialgica y de juicio de exclusin y estructural era que diera sus frutos en un Estado de Derecho. Pero en Colombia no existe tal. Se desconoci esa sentencia durante el segundo periodo presidencial de la oscura noche Uribea. Luego sobrevino la bochornosa intervencin a la majestuosidad de la Corte e independencia de la Justica con las llamadas chuzadas telefnicas a los Magistrados. Esa sentencia fue el antecedente motivante de la Ley 1448 de 2012, conocida como la Ley de Vctimas. Result como un teln de fondo, tras bambalinas, para centrar en el centro del conflicto la prioridad a las victimas durante el Acuerdo de La Habana y lo que qued del mismo en la firma en el San Carlos. Por ello, casos como el Lucho Mora Contreras, requiere del ad auxilium vocatus, del abogado, como su vocal para que lo auxilie, en un Estado fallido como el colombiano.

ADENDA. En momentos en que se incrementa el desplazamiento interno y de vctimas en Colombia, se conoce del estado de salud del compaero Rodrigo Londoo Echeverri, siendo tratado en Villavicencio; para quien expreso una pronta mejora. Tal como lo afirm, l representa la Voz, al dejar las armas, por la implementacin de los Acuerdos, en favor de las vctimas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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