Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-07-2017

Entrevista al movimiento "Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad", de Colombia
No hay verdad y justicia en Colombia, la impunidad es del 97%

Enric Llopis
Rebelin


El Registro nico de Vctimas del Gobierno de Colombia incluye a 8,4 millones de vctimas por un conflicto armado que se prolong durante ms de 50 aos. Segn cifras oficiales, 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y ms de siete millones de desplazados internos. Surgido en 2006, el Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad trabaja de modo articulado con otras organizaciones, como el Movimiento de Vctimas de Crmenes de Estado (MOVICE), el CINEP, la Asociacin de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADESS) y la Corporacin Jurdica Libertad, entre otros. Reivindican la memoria, la verdad y la justicia, frente a la impunidad por los crmenes de Estado. Para ello hacen uso de intervenciones artsticas, simblicas y otras de carcter poltico.

El Movimiento destaca que no se ha procedido a un desmontaje del paramilitarismo; as, en muchos de los territorios ocupados antes por las FARC, actualmente operan los paramilitares de las autodefensas gaitanistas. Adems, la verdad y la justicia de los hechos ocurridos hasta ahora en Colombia se encuentran en un 97% de impunidad. Consideran diferentes elementos que dificultan el avance tras los Acuerdos de La Habana; entre otros, que los funcionarios del Estado nieguen la existencia del paramilitarismo, el carcter sistemtico del asesinato a lderes sociales o los vnculos entre militares, empresarios, gremios, polticos y bandas paramilitares.  

-El partido Unin Patritica ha denunciado la conchabanza entre el ejrcito y sectores herederos del paramilitarismo en las regiones de Meta y Antioqua. Mencionan los continuos homicidios de lderes populares y la ocupacin de territorios en los que antes operaban las FARC- por parte de bandas paramilitares. Cmo pensis que acta el Gobierno de Colombia ante estos hechos?

La situacin actual del derecho a la vida, la libertad e integridad personal de los defensores/as de los derechos a la tierra y el territorio, lderes populares y de integrantes de movimientos polticos de oposicin es alarmante y latente en Colombia. El riesgo es tal, que segn investigaciones recientes, existe la probabilidad de que cada trimestre un lder agrario o rural, en razn de su actividad comunitaria y defensa del territorio, sea asesinado o desaparecido en Colombia. La regularidad en el tiempo es tal, que no ha habido, entre 2005 y 2016, un solo trimestre en la que los lderes sociales no hayan sido expuestos a ataques letales. Incluso, ni los procesos de paz y las desmovilizaciones de grupos armados han permitido la disminucin de ste fenmeno, al contrario, se puede afirmar que existe una tendencia a aumentar (Observatorio de tierras, 48, 2017)[1].

Una muestra de lo anterior, es que la misma Defensora del Pueblo, en el contexto actual del Acuerdo de Paz alcanzado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, reconoci el aumento del riesgo en contra de lderes sociales, en el que se encuentran ms de 337 organizaciones sociales y cientos de defensores de derechos humanos que pueden ser atacados en distintas regiones, especialmente aquellos que desarrollan actividades asociadas a la defensa de sus territorios, de oposicin a proyectos extractivos y particularmente, en relacin con aquellos dedicados a hacer pedagoga para la paz y a apostar por la construccin de la paz territorial. Tanto que, entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo del presente ao, se registraron al menos 156 homicidios[2], 33 atentados, 5 desapariciones y 500 amenazas contra lderes sociales y defensores de derechos humanos (Defensora del Pueblo, Informe de Riesgo N 010-17, 21, 2017).

La sistematicidad de los ataques contra los lderes rurales es tal, que al menos el 69% de las vctimas desarrollaban su labor de organizacin comunitaria e impulso de acciones de reivindicacin de derechos en el campo colombiano y, al menos, el otro 25% eran lderes de pueblos y comunidades indgenas.

Las cifras anteriores dan razn al Relator Especial sobre la situacin de los defensores de los DDHH, Michel Forst, cuando afirma que la proliferacin de estas agresiones es un verdadero ataque concertado contra los que tratan de hacer realidad los ideales de la Declaracin Universal de Derechos Humanos[3]. Sin embargo, el Estado colombiano insiste en sealar que estos asesinatos se tratan de actos aislados, sin sistematicidad y son una problemtica general, adems de continuar negando la existencia y el accionar del paramilitarismo[4].

-Qu deficiencias se producen en el sistema?

Pese a los constantes cuestionamientos de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno persiste en la naturaleza y enfoque de su poltica de proteccin. En su IV informe sobre Colombia, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos CIDH- advierte sobre la existencia de diversas falencias en el funcionamiento de los programas de proteccin como: a) Falta de coordinacin entre los entes de proteccin, la Fiscala y el Poder Judicial para investigar en forma efectiva los hechos, y as remover los factores de riesgo denunciados; b) fallas en los mecanismos de concertacin con los beneficiarios para la implementacin de las medidas de proteccin, as como retardos en su cumplimiento o negativa a reconocer la representacin de beneficiarios; c) falta de acceso a la informacin sobre las evaluaciones de riesgo y la metodologa de evaluacin; y d) desconocimiento por parte de los beneficiarios y sus representantes sobre los criterios utilizados para modificar, disminuir o desactivar los esquemas de proteccin.

Actualmente, en los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se ha pactado instalar toda una arquitectura institucional para hacer frente a la grave situacin de violaciones a derechos humanos que persiste en el marco de la transicin poltica o el pos-acuerdo[5].

-Habis constatado algn avance en materia de derechos humanos tras los Acuerdos de La Habana?

Por ahora, toda esta poltica se est ensamblando dentro de las instituciones existentes que, lastimosamente, siguen estando corrodas y cargadas por un imaginario y una poltica interna que consideramos malvola, pues, los funcionarios del Estado colombiano siguen negando cuatro cosas que no permiten construir una poltica pblica adecuada para enfrentar la continuidad de la guerra en medio de la paz: 1) Negacin de la existencia del paramilitarismo; 2) negacin de la sistematicidad con la que se presentan los homicidios a lderes sociales, polticos y populares (especialmente ubicados en zonas rurales); 3. Los vnculos entre militares, empresarios, gremios y polticos con los grupos paramilitares; y por ltimo, 4) la continua negacin de la criminalidad Estatal.

-El Informe del Consejo Noruego para los Refugiados de 2017 destaca a Colombia como el primer pas del mundo en desplazados internos por el conflicto armado y la violencia (7,2 millones de personas), por delante de Siria (6,3 millones). Qu medidas se han adoptado para reparar el sufrimiento de la poblacin desplazada?

El gobierno colombiano est abordando la problemtica del desplazamiento a travs de la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras de 2011, adems de la asignacin de recursos financieros. L a implementacin de la Ley de Vctimas crea retos de proteccin para las nuevas instituciones gubernamentales que, con el apoyo de la comunidad internacional, estn promoviendo acciones para garantizar una adecuada y oportuna atencin a las vctimas, su registro, y la seguridad para comunidades y lderes que reclaman la devolucin de sus tierras. Un avance significativo fue hecho en mayo de 2013 cuando la Corte Constitucional reglament que las vctimas de los grupos post-desmovilizacin deberan ser beneficiadas desde los estndares de cuidado, atencin y reparacin establecido en la Ley 1448 de 2011, ampliando el concepto de vctima contemplado en el artculo 3 de esta Ley, indicando el dao ocurrido durante el conflicto armado interno.

En el marco de la ley 1448, las medidas de reparacin se simplifican a las acciones de carcter administrativo, restitucin de tierras e indemnizaciones monetarias segn el hecho victimizante. Sin embargo, la verdad y la justicia de los hechos ocurridos hasta ahora se encuentran en un 97% de impunidad, no hay responsables y el agravante actual es que no se han desmontado los grupos paramilitares, por tanto los territorios en los que antes estaba las FARC vienen siendo ocupados por las autodefensas gaitanistas, lo cual no garantiza que hechos cmo el desplazamiento forzado de comunidades no se vuelva a repetir.

-Un editorial del peridico Voz (13 de mayo) afirmaba que el Gobierno colombiano se mostr indiferente durante las negociaciones de La Habana con las FARC hacia las reformas sociales y polticas. Tras la rbrica de los acuerdos, el ejecutivo nicamente mostrara inters en que la guerrilla abandone las armas y transite a convertirse en una organizacin poltica. Estis de acuerdo con el diagnstico?

Algunas de las consignas utilizadas por organizaciones sociales como las de "Paz son cambios" o "Paz con justicia social" recogen en gran medida la posicin del movimiento social que ha apoyado las negociaciones y los acuerdos: la paz no se trata nicamente de desarmar a la insurgencia, este es solo un paso necesario dentro de un largo camino. En sintona con esta postura, nosotras creemos que la paz ser alcanzada de manera estable y duradera en la medida que, por un lado, se cumplan los mecanismos diseados para obtener verdad, justicia y garantas de no repeticin sobre muchos crmenes (en nuestro particular, crmenes de Estado) perpetuados en el contexto del conflicto armado interno.

Por otro lado, tambin es indispensable que haya lugar a una serie de reformas institucionales y polticas que garanticen condiciones de vida digna para las y los ciudadanos, dentro de las que se resuelvan problemticas como el despojo de tierras, dificultad de acceso a recursos bsicos como el agua, a la salud y educacin, psimas condiciones laborales, entre muchas otras. Sobre todo esto, paros recientes como el de Buenaventura o el del magisterio demuestran que el gobierno pocas intensiones tiene de dialogar y menos de resolver.

-Podran mencionarse otros ejemplos?

Son muchos ms los ejemplos o los temas que se podran abordar para sustentar la indiferencia del gobierno, sin embargo, por la gravedad que representa, deberamos prestar atencin tambin a la ola de asesinatos selectivos a lderes y lideresas sociales que han ocurrido desde la firma de la paz en el 2016 y los cuales se han venido intensificando durante el presente ao. Adems de los ataques directos a personas pertenecientes al movimiento social, tambin han sucedido amenazas de muerte, montajes judiciales, estigmatizacin meditica y nuevos desplazamientos.

Para muchos, el fortalecimiento de los grupos paramilitares y su presencia cada vez ms notoria y enftica en los territorios, revive lo sucedido con la Unin Patritica despus de los acuerdos firmados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en la dcada del ochenta o las atrocidades paramilitares durante los noventa y los dos mil, despus del acuerdo con el M-19, la desmovilizacin del EPL y las negociaciones en el Cagun. Est latente en el movimiento social la preocupacin por la seguridad de todos aquellos que ejercemos oposicin poltica o quienes mantenemos una postura crtica frente al accionar del Estado colombiano en sus diferentes dependencias y representaciones. Estos hechos constituyen un ejemplo de cmo en Colombia todava no existen garantas para ejercer la oposicin poltica ni expresar libremente el pensamiento crtico. Estas garantas han sido constantemente mencionadas durante las mesas de negociacin y en el acuerdo final, pues constituyen un elemento bsico y fundamental para lo respectivo a la participacin poltica.

-Qu respuesta reciben las reivindicaciones populares?

Un elemento que vislumbra la indiferencia del gobierno colombiano frente a las demandas sociales, es su posicin frente a las exigencias como el desmonte total del ESMAD (Escuadrn Mvil Anti Disturbios) y la eliminacin del servicio militar obligatorio. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, comunidades tnicas y congresistas, argumentamos que estas exigencias, y propuestas como la del Servicio social para la paz, son apuestas necesarias para realizar un trnsito social y cultural hacia una sociedad menos violenta y que opte por el dilogo como la posibilidad para resolver sus conflictos. La insistencia del gobierno en el servicio militar obligatorio y el crecimiento y fortalecimiento del ESMAD en zonas urbanas y rurales, no slo nos preocupa, sino que tambin resulta ser una clara seal contradictoria con el discurso oficial sobre la paz. Es por esto que nosotras seguimos preguntando: si nos invitan a caminar hacia la paz, por qu nos continan reclutando para la guerra?

- Tras medio siglo de conflicto y cerca de 260.000 muertos, la mayora civiles, Santos firm a primeros de abril los decretos para constituir la Comisin de la Verdad y la Unidad de Bsqueda de Desaparecidos

La impunidad con la que est configurada la criminalidad estatal ha impedido que las vctimas y los familiares de las victimas hayan alcanzado justicia en los crmenes cometidos contra sus seres queridos. Sin embargo, este contexto pone una posibilidad de demostrar a travs de los casos, una sistematicidad en los crmenes cometidos por el Estado, esto en trminos de periodicidad, patrones en la manera en la que fueron perpetrados los crmenes y mecanismos de impunidad instaurados en las instituciones supuestamente encargadas de investigar.

As, que los alcances que creemos o esperamos que tenga la iniciativa de la comisin para la verdad y el esclarecimiento, est en trminos de aprovechar los escenarios que disponga dicha comisin para acercarnos a esa justicia que vemos representada en trminos verdad. Llevando los casos de las vctimas y logrando visibilizar esa sistematicidad que puede demostrar que en Colombia ha existido una poltica de criminalidad estatal que ha buscado perseguir, estigmatizar y eliminar a travs de los asesinatos y la desaparicin forzada algunos sectores que han hecho oposicin poltica en el pas. Adems que ha vulnerado los derechos de miles de civiles que han quedado en medio del conflicto.

Frente a la unidad de bsqueda de desaparecidos los familiares de las vctimas de desaparicin forzada y las organizaciones que han trabajado alrededor de este tema, saben de antemano que este fue un acuerdo humanitario creado explcitamente para ubicar a todas y todos los desaparecidos, es por eso que en trminos de alcance lo que se espera es que adems de ubicar a todas y todos los desaparecidos, se pueda mostrar al pas la magnitud que tuvo este crimen en Colombia en trminos del nmero de personas desaparecidas y del tiempo tan extenso en el que ocurri este crimen y as de alguna manera exigir garantas de no repeticin para que este crimen nunca ms vuelva a ocurrir en Colombia.

-Qu alcance pensis que tendrn las dos medidas?

Por la experiencia que ya tienen las vctimas y las organizaciones con las instancias encargadas de buscar justicia, se sabe de antemano que los alcances que tengan la comisin de la verdad y la unidad de bsqueda para los desaparecidos est en los esfuerzos y aportes que las mismas vctimas y organizaciones han ido sumando para que se investigue y sancione a los responsables intelectuales y materiales de los crmenes y de alguna manera se cumplan los derechos que tienen las victimas a la verdad la justicia y la no repeticin.

-Con qu espacio cuentan las organizaciones que luchan por la memoria y contra la impunidad en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN, que se celebran en Quito?

Con relacin a los escenarios de participacin de la sociedad civil, en el proceso de negociacin entre el Gobierno Nacional y el ELN en Quito, rescatamos algunos elementos histricos sobre la agenda del ELN:

Desde finales de los 80 y mediados de los 90, el ELN viene planteando un ejercicio que tiene que ver con la participacin de la gente en general en los dilogos de paz, ha hecho un llamado a que todo el mundo debe volcarse a la construccin de paz y cmo salirle al paso al conflicto armado en Colombia. Por su parte, los gobiernos nacionales que han abierto espacios de dialogo con ELN han planteado nicamente la apertura de espacios para la sociedad civil. Se podra pensar que entonces ambos actores estn planteando lo mismo, pero lo que ha sealado el ELN es que la sociedad civil no necesariamente es la poblacin civil. La sociedad civil est representada principalmente por distintos gremios, principalmente econmicos y de comercio, que obviamente tienen unos inters econmicos en esa mesa de negociacin, por su parte tambin estn las ONG de diferente ndole, en representacin de las vctimas en este caso y tambin estn otros sectores ya del tema agrcola y dems, pero lo que est pasando en los barrios, las regiones, las veredas y crceles, en las universidades, desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento afro y de negritudes, expresan que no han logrado llegar a un ejercicio de participacin real y concreto, en cualquiera de los escenarios de dialogo que se desarrollado en Colombia. Una de las crticas que se le ha hecho a varios de estos procesos y ejercicios de paz, inclusive al de la FARC en Cuba, precisamente tiene una crtica en fuerte y es por qu se debe hacer fuera del pas? Y eso que garantas da para que la gente participe? Y aunque el proceso se desarrollara al interior del pas, usualmente aqu tambin es difcil el acceso a la informacin y no existen garantas de participacin.

-Y el ELN

Entonces el ELN vena proponiendo a finales de los 80 y comienzos de los 90 un ejercicio que se llam La Convencin Nacional que tena una agenda muy particular, centrada en la defensa de los recursos naturales y el tema minero- energtico, pero que se propona un gran escenario de largo alcance, donde pudiera llegar cualquier persona, eso sin duda no le gusto a ciertos sectores, eso tiene su historia y conexin con la convenio nacional en Chiapas-Mxico. Dado que esa propuesta no peg, se discuti en Alemania un ejercicio llamado Puerta del Cielo que hablaba puntualmente de los recursos naturales y algunos otros elementos, pero no el de la participacin. Aun cuando la Asamblea permanente de sociedad civil por la paz insisti mucho en eso.

Luego a inicios de los 2000, se hizo una propuesta al Gobierno de lvaro Uribe que fue las Casas de Paz, realmente era una Casa en Medelln en la que se intentaron construir dilogos con la sociedad civil y la poblacin civil, es decir que mucha gente pudiera llegar a esta casa a dialogar y dejar sus ideas y pensar en el proceso de paz. Pero como bien sabemos, con el gobierno de lvaro Uribe esto no se pudo concretar y fue otro acto fallido ms que inclusive tuvo como consecuencia la salida de integrantes del ELN.

-Y en cuanto al actual proceso?

Para el actual proceso sabemos que hubo una serie de discusiones previas, en las que el ELN cre canales de comunicacin con la sociedad civil y los movimientos sociales y populares, de manera que algunos integrantes de organizaciones lograron trasmitir sus propuestas con conversaciones con presos polticos del ELN que se encontraban en la crcel de Itag.

De esta manera reconocemos que dentro de la agenda del ELN se han diseado e impulsado estrategias para ampliar la participacin de la poblacin civil y del movimiento social, pero la mayora de estas estrategias no han sido suficientemente efectivas por las resistencias que ha impuesto el gobierno nacional.

-Qu piensa de todo ello el Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad?

Desde Hijos e hijas consideramos que actualmente no existen mecanismos de participacin efectivos, porque el Gobierno Nacional no ha permitido la apertura de ese canal, ni facilitado recursos econmicos para el desplazamiento de la gente o la creacin de espacios para que la participacin de la gente sean posibles. Siempre se hace llamados a participar, pero no se cuentan con posibilidades reales y se termina diciendo mucho y haciendo poco.

A pesar de esta situacin, la gente se ha organizado y est hablando y discutiendo sobre la paz, en este sentido cabe tener en cuenta distintas plataformas de barrios, de veredas, del movimiento de mujeres, de crceles, procesos como clamor social por la paz, marcha patritica, el congreso de los pueblos, entre otras corrientes polticas diversas, venimos hablando de la paz. El reto que tenemos es que lo que se discute en estos escenarios pueda llegar a Quito a poner sobre la mesa los temas particulares de esas agendas. Es necesario que el gobierno nacional abra las puertas y ampli la convocatoria para que estas propuestas sean tenidas en cuenta, se es un ejercicio necesario y responsable con la sociedad y con la paz.

-Supone ello trascender el marco actual?

La paz no puede ser discutida nicamente con los gremios econmicos del pas, ellos deben aportarle a la paz, pero la gente pobre tambin tiene mucho que aportar y decir sobre la paz, precisamente porque a pesar de que la gente pobre fue incluida en el conflicto armado, ha sido histricamente excluida del proceso de negociacin de la paz. Por eso nosotros tambin hablamos de Paz de los pueblos, es decir la paz que hablamos en los barrios y en los ejercicios de la sociedad.

Nosotros somos un movimiento que trabajamos por la paz, queremos el desarme de los grupos armados y que se profundice la democracia y el ejercicio de los derechos a la memoria. En este proceso, a lucha contra la impunidad es necesario e implica el desmantelamiento de los grupos paramilitares y es por ello que el tema de la memoria no se ha podido posicionar en los pocos espacios de participacin, porque en estos contextos suelen ser vistos como obstculos especialmente por grupos de derecha con conexiones con el paramilitarismo. Nosotros creemos que los procesos de paz requieren un nivel de verdad y justicia de manera que las vctimas sean tenidas en cuenta con dignidad.

-Uno de los objetivos del Movimiento de Hijos e Hijas es el rescate de la memoria de las diferentes luchas y procesos sociales. Por ejemplo recordis la figura del activista de derechos humanos Julio Enrquez. Quin termin con su vida?

En las diferentes regiones donde Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad tiene conformados equipos de trabajo, buscamos dar respuesta a la constante inquietud que tenemos de saber quin era, que hizo nuestro padre o madre, nuestros familiares, cmo era el ambiente poltico y los sueos por los cuales lucharon y se arriesgaron, como una forma de reencontrarnos con ellos y resignificar su ausencia. En el Caribe, nos hemos encontrado con personas como Julio Henrquez Santamara y su historia de vida y de luchas, hemos acompaado a la familia en los procesos de justicia, duelo y memoria que han realizado en Santa Marta.

Hemos estado presentes en el acto pblico conmemorativo para la entrega de restos por parte de la fiscala, as mismo, participamos en la elaboracin de un mural conmemorativo en el cementerio de Santa Marta y en la realizacin de un foro sobre la bsqueda de justicia frente a la desaparicin forzada, teniendo como referente el proceso judicial que culminaron con la sentencia ordinaria en contra de HERMAN GIRALDO SERNA, quien fue el jefe paramilitar comandante del Frente de Resistencia Tayrona del Bloque Norte de las AUC; quien orden el asesinato de Julio Henrquez por el trabajo de recuperacin ambiental de las cuencas de los ros y quebradas de la parte norte de la Sierra Nevada y la sustitucin voluntaria de los cultivos ilcitos mediante la siembra y reforestacin y los servicios ambientales que estos representan. Ese foro fue realizado tanto en la ciudad de Santa Marta como en la ciudad de Bogot.

Pero el ejercicio de recuperacin de la memoria que realizamos junto a la familia de Julio Henrquez Santa Mara se articul en un proceso de comprensin ms amplio de las condiciones polticas, sociales y econmicas que se viven en el Magdalena, especialmente alrededor de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y los territorios, acercarnos a las denuncias y propuestas que hizo en su momento Julio Henrquez, nos orient en la comprensin de las problemticas existentes alrededor de los puertos de carbn, la pesca artesanal, el despojo de la zona bananera y su transformacin en zona palmera, por el reemplazo del proyecto agroindustrial del banano por la palma aceitera, con el consecuente empobrecimiento y desterritorializacin del campesinado y la ausencia de alimento por la prdida progresiva de la tierra para este tipo de productos. As como el acaparamiento del agua por parte de estas empresas.

Es as que no solo hemos producido documentos, encuentros acadmicos, galeras de la memoria, actos conmemorativos alrededor de la masacre de las bananeras, hito histrico que configura la distribucin inequitativa del poder en la regin, sino en el movimiento obrero colombiano y desde ah entender, resignificar y visibilizar la desaparicin forzada y asesinato de Julio Henrquez.

Tambin reivindicis la memoria de Jaime Enrique Gmez Velzquez, asesinado en marzo de 2006. Quin cometi el homicidio? Ha quedado impune?

Despus de 11 aos de que ocurri la desaparicin y asesinato de Jaime Gmez, el crimen contina en la impunidad. Como muchos de los crmenes de Estado esa impunidad se mantiene por la falta de diligencia de instituciones como Fiscala, la colaboracin de otras instituciones del Estado, y la accin decidida por obstruir el conocimiento de la verdad. Esto se agrava en los casos de desaparicin forzada donde las evidencias son menos o requieren de una metodologa especfica de investigacin con la cual la Fiscala no cuenta. La desaparicin forzada suele funcionar como un crimen perfecto, a cuya impunidad aporta el Estado con su actitud de omisin y obstruccin. La familia de Jaime Gmez no tiene claridad sobre los autores materiales e intelectuales de la desaparicin y asesinato de Jaime, sin embargo las distintas acciones de diversas instituciones del Estado durante su bsqueda, al momento del hallazgo de sus restos y en los 11 aos de investigacin, son evidencia de que instituciones y miembros del Estado pueden estar implicados.

La familia de Jaime Gmez siempre recuerda las hiptesis que plante el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre la desaparicin del asesor de Piedad Crdoba. Restrepo plante que los autores del crimen podan ser grupos de extrema derecha antichavistas, miembros de inteligencia del Ejrcito y la Polica, o grupos paramilitares que se estaban rearmando en el Bloque Capital. La familia de Jaime Gmez, Hijos e Hijas, sus colegas y copartidarios, siguen a la espera de poder esclarecer quienes son los responsables materiales e intelectuales, y la razn de ser de cada una de las tergiversaciones de las que su desaparicin y asesinato fue objeto.

-En marzo de 2012, una investigacin del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seal que entre 1984 y 2012 se registraron en Colombia cerca de 2.800 homicidios a sindicalistas. El 95% quedaron impunes. Uno de ellos fue Guillermo Rivera Fuquenne, torturado y asesinado en 2008

Para el 2008 fueron asesinados alrededor de 40 sindicalistas en Colombia. Uno de los sindicalistas asesinados ese ao fue Guillermo Rivera Fuquenne, sindicalista, activista poltico y social de la ciudad de Bogot, detenido y desaparecido por la polica metropolitana de Bogot, el 22 de abril de 2008 en las calles del barrio El Tunal. Su cadver fue hallado dos das ms tarde a 179 kilmetros, en la ciudad de Ibagu (departamento de Tolima), y enterrado en el cementerio de San Bonifacio como persona no identificada. La identificacin se produjo tres meses ms tarde, el 15 de julio de 2008, cuando la Unidad 49 de la Fiscala de Ibagu orden la exhumacin del cuerpo.

Actualmente la desaparicin, tortura y ejecucin extrajudicial de Guillermo se encuentra en total impunidad, los pocos adelantos que se han conseguido frente a lo que ocurri con el sindicalista han sido gracias a los esfuerzos de la familia y los compaeros sindicalistas por encontrar la verdad.

La familia y Reiniciar como organizacin que representa el caso, contina el proceso de denuncia y demanda hacia el Estado Colombiano con el objetivo de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debido a que en Colombia se han agotado los recursos para encontrar la verdad, lograr justicia y por supuesto no hay garantas de que se investigue y se puedan encontrar los responsables intelectuales y materiales de los crmenes que se llevaron en contra de Guillermo.

-Se ha hecho justicia respecto a la escabechina del 28 de febrero de 1999 en el municipio de Barrancabermeja (Santander)?

En el caso de la masacre del 28 de febrero, las vctimas contamos con la representacin del Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo, quien nos apoy para lograr que el Tribunal del distrito especial de Bucaramanga ordenara a la brigada 16 del Ejrcito la realizacin de un acto de perdn pblico. Pese ello, el Ejrcito y el Estado en su conjunto, logr entorpecer el acto de perdn, inicialmente la Brigada impidi la participacin de medios de comunicacin y dificult la presencia de organizaciones sociales de manera que el acto fuera algo cerrado.

Por lo tanto el acto de perdn pblico no dignifico a las vctimas, fue visto como un acto de burla, no vinieron representantes de la Brigada 16, responsables de la masacre, nicamente participaron militares del batalln antiareo nueva granada. Para las vctimas, como para las hermanas Gil que hacen parte de nuestro movimiento y para el Ccajar, no hubo un acto de perdn pblico.

En cuanto al proceso penal, en general, ha habido mucha lentitud en el proceso, respuestas insuficientes, dilataciones injustificadas en el proceso jurdico. En trminos penales, no se ha dado respuesta, persiste la impunidad y hasta el momento no ha habido condena por esta masacre.

-En septiembre de 2016 el peridico The New York Times public un reportaje titulado: Justicia interrumpida: paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos. Las condenas por narcotrfico en Estados Unidos a jefes paramilitares implica la impunidad definitiva por los crmenes cometidos en Colombia?

En Colombia hemos afrontado el escarnio que significa para las vctimas los acuerdos de impunidad que se firmaron la las AUC, pues no entregaron bienes para la reparacin y no se sometern a prisiones prolongadas acordes con la atrocidad de sus crmenes, hemos esperado recibir respuestas por lo ocurrido, reivindicar la memoria de las personas asesinadas y tener la certeza de que no volvern a delinquir. Sin embargo la extradicin de los principales cabecilla de las AUC y con ello la garanta de su silencia frente a lo ocurrido y los cmplices y beneficiarios que tuvieron, deja en pie una estructura de terror y acumulacin intacta, el silencio de los extraditados ha significado perpetuarse en el poder los verdaderos responsables de esta tragedia nacional que significa el paramilitarismo. Ya de por si los procesos de justicia y paz son una farsa respecto a la bsqueda de la verdad, pero de alguna forma, antes de las extradiciones, haba un mensaje a los paramilitares sobre su responsabilidad con este derecho de las vctimas como condicin para el logro de sus beneficios, la extradicin y otras perversidades del proceso han llevado a que los paramilitares les resulte ms conveniente ocultar y mentir antes que decir las verdades que les pueden significar represalias que tratan de evitar la verdad sea pblica.

Ahora, los mayores jefes paramilitares, ni siquiera estn respondiendo por sus crmenes en el pas, gozan de la proteccin de los Estados Unidos, los extraditados posiblemente no regresen nunca a Colombia a responder por sus obligaciones para con las vctimas. Y los mximos responsables que determinaron su existencia mantienen, gracias a ese silencio cmplice de USA, el poder econmico y poltico acumulado con tantos aos de guerra, muerte y despojo.

-Aprobada por la Cmara de Representantes y el Senado, la urisdiccin Especial para la Paz (JEP) tiene como fin en teora- investigar, aclarar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Tiene limitaciones el procedimiento? Beneficia a algunos sectores implicados en el conflicto?

Para nuestro movimiento, La JEP tienes 3 problemas

Antes de la firma de los acuerdos los militares lograron cambio en cadena de mando, lo cual evita que se conozca los autores intelectuales de los crmenes y garantiza que nicamente queden involucrados los soldados rasos y no las cpulas. : Y por otro lado dos cambios en fast track: Uno que para esclarecer el rol de terceros se requiere comprobar directamente que su accin si determino acciones violentas, eso hace muy difcil esclarecer los financiadores del paramilitarismo por ejemplo.

Y en tercer lugar que los informes de derechos humanos no van a ser tenidos en cuenta, lo cual afecta los casos de vctimas de crmenes de estado donde persisten los obstculos para conocer la verdad y esclarecer la justicia porque las entidades del Estado no avanzan en esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, los informes de derechos humanos son la nica entrada quizs a conocer la verdad y avanzar en procesos de justicia.

-Por ltimo, Qu funcin est ejerciendo la Corte Constitucional de Colombia en cuanto a la aplicacin de los Acuerdos de Paz?

La funcin que viene ejerciendo la Corte frente a los acuerdos de paz, ha sido realizar un control de constitucionalidad de estos acuerdos de paz, el cual ltimamente se ha dado en acciones de constitucionalidad: demandas y acciones jurdicas en contra de los acuerdos de paz bajo el supuesto de que estos acuerdos estn en contrava de la constitucin poltica del 1991, estas acciones de la Corte hacen parte de sus funciones dentro del sistema democrtico colombiano.

En otros procesos de negociacin, nosotros como Hijos e Hijas hemos participado con intervenciones ciudadanas ante normas que han sido demandada ante la Corte Constitucional por ser violatorias de los derechos humanos, por ejemplo todo lo que tuvo que ver con La ley de justicia y paz, que fue el sistema de desmovilizacin de as AUC y todo tipo de normas y disposiciones que contravienen a los derechos humanos. Tambin hemos participado en acciones de tutela de integrantes del movimiento que han intentado a travs de vas de accin constitucionales salvaguardar sus derechos a la verdad, justicia y reparacin como consecuencias de las agresiones que hemos sufrido en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces la Corte viene interviniendo en los procesos de negociacin de Colombia desde una perspectiva jurdica, nosotros como movimiento respetamos esta actuacin, aunque no siempre compartimos las posturas de la Corte y sus intervenciones, porque algunas veces consideramos que las intervenciones de la corte son importantes, pero no podemos olvidar la impunidad que reina en el pas, es decir con la no actuacin de los organismos de investigacin frente a los crmenes de nuestros padres, madres y familiares. Nos preocupa la impunidad estructural, que es una de las principales razones para luchar contra la impunidad.

Notas:

[1] Segn el Programa No Gubernamental de Proteccin a Defensores de derechos humanos -Somos Defensores, los altos nmeros de asesinatos de defensores y lderes colombianos no son algo nuevo: en el ao 2010 se registraron 32 casos, en 2011 se presentaron 49, en 2012 fueron 69, en 2013 ocurrieron 78, en 2014 se registraron 55, en 2015 fueron 63 los casos y en 2016 se presentaron 80 asesinatos.

[2] Los homicidios se presentaron en los departamentos de Antioquia (25), Arauca (6), Atlntico (3), Bolvar (6), Caldas (1), Caquet (2), Casanare (2), Cauca (44), Cesar (4), Crdoba (8), Cundinamarca (9), Choc (3), Huila (1), La Guajira (2), Magdalena (3), Meta (2), Nario (7), Norte de Santander (8), Putumayo (3), Risaralda (5), Santander (1), Tolima (4) y Valle del Cauca (7).

[3] Consejo de Derechos Humanos, 34 perodo de sesiones, Informe del Relator Especial sobre la situacin de los defensores de los derechos humanos, 23 de enero de 2017, documento A/HRC/34/52. Pgina 3.

[4] Para ampliar informacin sobre la existencia del paramilitarismo, vase el Informe de CINEP/PPP: Situacin de derechos humanos en Colombia 2016: el paramilitarismo s existe

[5] Para ello, bajo la sombrilla del punto 2 sobre Participacin Poltica y en otras partes del Acuerdo, se ha concebido la instalacin de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la poltica, descrito, especficamente en el punto 3.4.7. reglamentado en el decreto 895 de 2017- bajo el cual se ha creado una Instancia de Alto Nivel de Seguridad interinstitucional que har seguimiento y construir poltica pblica para acabar con la criminalidad organizada; una Unidad Especial de Investigacin encabezada por la Fiscala; un Programa de Proteccin Especializada -que se desprende del punto 3.4.7.3, reglamentado en el decreto 299 de 2017- que ser dirigida por la Unidad Nacional de Proteccin, con el objeto brindar seguridad a los guerrilleros desmovilizados, sus familias y el movimiento poltico que surja; Y por ltimo, un Programa de Proteccin para comunidades y organizaciones en riesgo -3.4.8.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter