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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-07-2017

El paramilitarismo y la corrupcin en la Fiscala

Orlinda Guerrero
Revista Insurreccin


Hace poco se abri una investigacin en contra de la Fiscal Hilda Janeth Nio Farfn, por haber favorecido al narcoparamilitar Orlando Villa Zapata, para que no fuera expulsado del proceso de Justicia y Paz, favor por el que recibi una suma de 400 millones de pesos y dos camionetas, tipificando la forma cmo se subasta la justicia colombiana.

La Fiscal se hace la desentendida y cnicamente se atreve a ripostar, con el argumento trasnochado de la persecucin poltica, que ella a alguien le debe estar estorbando para que la justicia la investigue. Pero, no ha podido explicar la comunicacin permanente con el abogado del antiguo comandante del Bloque Vencedores de Arauca, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que le reclamaba por haber recibido chichiguas, las constantes visitas de su esposo en calidad de abogado al narcoparamilitar, y las conversaciones de este ltimo con su esposa, preocupados por el posible cambio de Fiscal, donde sta expresaba Ser que se van a perder los 400 millones y las dos camionetas que le dimos?

Nada nuevo se esconde en este caso, porque la apreciacin que colombianos y colombianas tenemos frente a la administracin de justicia es sumamente negativa. Est ampliamente documentada la forma como mercenarios, empresarios, jueces y polticos ligados al narcotrfico, la corrupcin y el paramilitarismo han logrado salir airosos de los procesos judiciales, ya sea evadiendo la justicia o en su defecto comprando la conciencia de fiscales como a Nio Farfn, o, de jueces descarados como el que liber al alcalde de Villavicencio John calzones, por vencimiento de trminos.

Cuando se corrompe la sal

Y la cereza del pastel es el caso del jefe anticorrupcin de la Fiscala, Gustavo Moreno Rivera detenido hace unos das por corrupcin y donde se junta esta podredumbre de la burocracia del Estado con el paramilitarismo. Por ello no podemos esperar que el pas crea en la justicia, si somos gobernados por fiscales que reciben sobornos de paramilitares. La corrupcin desbordada del Estado es descarada, todos sus rganos de control; Fiscala, abogados, jueces y policas hacen parte de una estructura criminal que roba sin sonrojarse, los recursos pblicos o de cualquier procedencia con el mezquino fin de enriquecerse.

No es de extraar que la clase popular colombiana desconfe de la justicia y todos sus rganos de control, porque en definitiva es el pueblo el que debe pagar con ms impuestos y represin, la corrupcin de una clase oligrquica decidida a perpetuarse en el poder.

La administracin de justicia est vetada para juzgar a quienes defienden los intereses polticos de la clase en el poder. Es de recordar el caso de Mario Uribe o Luis Carlos Restrepo quienes a pesar de estar comprobados sus nexos con el paramilitarismo, la corrupcin y el despojo, siguen en la actualidad huyendo de la justicia, con el beneplcito de jueces y fiscales que se hicieron los de la vista gorda, amaando los procesos judiciales, hasta que estos funcionarios del gobierno Uribe lograron salir del pas.

Se lucran con la represin ilegal e ilcita


De la misma manera ha actuado la justicia frente a los jefes paramilitares. La esencia de la ley de Justicia y Paz fue lograr impunidad para los paramilitares, con beneficios exagerados de rebaja de penas y libertades a quienes han violado los principios de cualquier reparacin a las vctimas: Verdad, justicia, reparacin y No repeticin.

El paramilitarismo que defiende la Fiscal Nio, no ha dicho toda la verdad, base del proceso de Justicia y Paz, porque despus de ms de 10 aos de la supuesta desmovilizacin paramilitar, hasta ahora se est esclareciendo el funcionamiento interno de las AUC, mientras siguen en el tintero los vnculos de la clase dirigente con este proceso, la responsabilidad del Estado y las potencias extranjeras, y el paradero de miles de desaparecidos. Apenas se ha admitido el trabajo conjunto de los paramilitares, con algunas manzanas podridas de las FFAA estatales.

Slo hasta ahora, despus de ms de 20 aos, se ratifican los vnculos de la familia Uribe con el paramilitarismo. En el fallo de segunda instancia la Fiscal del caso seal que Se puede dar como un hecho cierto y probado que el seor Santiago Uribe Vlez ejerca la direccin y coordinacin del grupo Los Doce Apstoles, refirindose a como el hermano del ex-presidente Uribe sembr el terror en Yarumal, Antioquia. As, el vnculo de las familias de la lite colombiana con el horror paramilitar hasta ahora se inicia a conocer, pero es muy dudosa la posibilidad que logren ser penalizados por la justicia.
Eliminan a quienes se les opone
El paramilitarismo que defiende la Fiscal Nio, no ha reparado a las vctimas y sigue delinquiendo. En marzo de este ao Todd Howland, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el pas, alert sobre el aumento de asesinatos de lderes sociales. As mismo Jos Miguel Vivando, director para las Amricas de Human Right Watch (HRW), en entrevista con El Espectador seal que Las AGC ejercen un control frreo sobre comunidades ribereas del sur de Choc, amenazan a pobladores, obligan a comunidades enteras a acudir a reuniones donde les dan instrucciones sobre cmo deben cooperar con ellos y reclutan a menores. Incluso, hemos recibido denuncias de que miembros habran presionado a nias de apenas 12 aos para que sean sus parejas sexuales.

Recientemente, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conden el asesinato de Bernardo Cuero, defensor de derechos humanos y lder afrodescendiente, asesinado por dos hombres el 7 de Junio en Malambo, Atlntico. As mismo, contina desaparecida la lideresa Adelaida Dvila Estupin, quien el 13 de Junio fue vista por ltima vez en Pitalito, Huila, liderando una mesa de trabajo para generar propuestas de participacin en el proceso de paz.

Es evidente la permanencia del paramilitarismo en el pas, as como la complacencia del sistema judicial para que ste contine desarrollando la guerra sucia del Estado y la dificultad que representa para quienes quieren participar en la construccin de la paz. El paramilitarismo sigue enquistado en el conjunto de la clase en el poder, especialmente en el aparato de Estado que se supone debe beneficiar a las mayoras del pas.
Renuncien al paramilitarismo
Un proceso de solucin poltica al conflicto, necesariamente debe contar con la voluntad poltica para sacar el paramilitarismo de las polticas de Estado y extinguirlo de la sociedad colombiana.

Si el paramilitarismo sigue existiendo, es gracias a la accin estatal, ya sea a travs de prebendas judiciales -como en el caso de la fiscal Nio Farfn- , a partir de la colaboracin y omisin de la Fuerza Pblica -como en el Choc donde el Ejrcito convive con los paramilitares y amenaza a la poblacin para que no los denuncien- o del abandono del Estado -como sucede en Tumaco, Buenaventura o Quibd-.

La paz no se logra con la desmovilizacin y desarme de la guerrilla. No ser posible la realizacin de las transformaciones que necesita Colombia, mientras que no haya un cambio de las estructuras del Estado y la sociedad, mientras no se solucionen las causas que originan el conflicto social y armado, que padecemos en Colombia, hace ms de setenta aos.




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