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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-07-2017

Encubren a financistas ilegales de la poltica

Manuel Salazar S.
Punto Final


El gegrafo Georgio Martelli, uno de los principales operadores de la compleja mquina financiera montada para obtener dineros destinados a las precampaas presidenciales de Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue condenado el 28 de junio por el Octavo Juzgado de Garanta de Santiago a 731 das de presidio remitido y al pago de una multa de 2,8 millones de pesos.

Martelli fue declarado culpable de delitos tributarios en el marco del denominado Caso SQM, una investigacin del Ministerio Pblico que busca esclarecer la entrega de subidos montos de dinero para actividades polticas por parte de la minera no metlica Soquimich, propiedad de Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal ex yerno del dictador Augusto Pinochet que se enriqueci al alero de su suegro durante el rgimen militar y luego del retorno de la democracia, en 1990, bajo los gobiernos de la Concertacin de Partidos por la Democracia.

La sentencia del tribunal puso trmino a las investigaciones e impide que los chilenos conozcan a fondo el origen, el monto total y la identidad de los beneficiados con los dineros irregulares que financiaron la poltica desde, a lo menos, 2005 en adelante.

Uno de los principales implicados, Jorge Rosenblut, ex subsecretario de Telecomunicaciones y de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, permanece en el ostracismo en Miami luego de haber sido removido de la presidencia del directorio de la transnacional espaola Endesa por su participacin en el financiamiento ilegal de la poltica chilena.

Rosenblut abandon el gobierno de Frei en noviembre de 1997 e ingres al sector privado como presidente del directorio de la distribuidora de electricidad Chilectra y lider, adems, Smartcom PCS, empresa telefnica dependiente de Endesa. Paralelamente se incorpor al directorio de la AFP Cuprum y en 1999 cre el emprendimiento poltico Expansiva, que se lanz pblicamente en 2001 y que agrupaba a representantes del liberalismo de la Concertacin, muchos de los cuales entraron al gobierno de Michelle Bachelet en marzo de 2005.

A fines del ao 2004 Rosenblut invit a Georgio Martelli a incorporarse a la primera campaa presidencial de Bachelet como administrador electoral. En 2008 Martelli -transformado en un experto en el tema- public el libro Dinero y Poltica que dedic a Ingrid Antonijevic -amiga cercana de Bachelet-, Guillermo del Valle y Jorge Rosenblut.

En 2009 se repiti la dupla Rosenblut-Martelli para la campaa de Frei. El primero trabaj con Mximo Pacheco, ex ministro de Energa del actual gobierno de Bachelet y jefe de la fracasada campaa de Ricardo Lagos a las prximas elecciones presidenciales, y Jorge Awad, ex miembro del directorio del diario La Epoca , presidente de Lan Chile entre 1994 y 2012 y luego presidente de la Asociacin de Bancos. Martelli, en tanto, trabaj con Francisca Contreras, el abogado Cristin Quinzio y Pedro Yaconi, hombre de confianza de Frei.

En esa campaa la contadora democratacristiana Clara Benzn emiti a Soquimich -a pedido de Martelli- dos facturas de su empresa Asesoras en Gestin Ltda. por un total superior a los 92 millones de pesos. Bensn cobr los cheques de SQM, los cambi y le entreg el dinero en efectivo a Martelli. En maletas.

El ao 2011, Rosenblut nuevamente qued a cargo de reunir los fondos para la precampaa de Bachelet y Martelli, una vez ms, se sum a su equipo. Fue en esos meses cuando el ex subsecretario de Frei se reuni con los ejecutivos de SQM y con los del grupo Angelini, conglomerado empresarial con grandes intereses en los rubros energtico, forestal y pesquero, para solicitarles una contribucin a la campaa de la naciente Nueva Mayora. Para los pagos, se emitiran boletas o facturas ideolgicamente falsas a cambio de servicios simulados o inexistentes. Los donantes imputaban las platas polticas como gastos de sus empresas para deducir impuestos.

Martelli, mientras, constituy la sociedad Asesoras y Negocios, A&N, para triangular los ingresos hacia la corporacin que reuna a quienes trabajaban en la precampaa de Bachelet y que diriga el brazo derecho de la candidata, Rodrigo Peailillo.

En agosto de 2013 el directorio de Endesa Chile, presidido por Rosenblut, decidi entregar cerca de un milln de dlares a las candidaturas presidenciales y parlamentarias del 17 de noviembre de ese ao, tanto de la derechista Alianza por Chile como de la Nueva Mayora. En esa campaa Rosenblut y Martelli recolectaron -slo legalmente- cerca de cuatro mil millones de pesos.

EL INICIO DE LA CAIDA

As como lo haba hecho Rosenblut con el grupo Expansiva pocos aos antes, en la primavera de 2013 Rodrigo Peailillo preparaba a los integrantes de la denominada Generacin de los 90, G-90, para ubicarse en puestos claves del primer gobierno de la Nueva Mayora, lo que ocurri luego de la llegada de Bachelet a La Moneda.

En enero de 2015, al frente del Ministerio del Interior y considerado ya como el delfn de Bachelet, Peailillo disfrutaba del poder y se solazaba mirando cmo los dueos del grupo econmico Penta desfilaban por las Fiscalas que investigaban sus aportes financieros ilegales a la UDI, el partido que agrupaba a los ms fervientes admiradores de la dictadura de Pinochet.

Fue entonces cuando el Servicio de Impuestos Internos, SII, present una querella por delitos tributarios en contra de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minera del gobierno de Sebastin Piera. Wagner -militante de la UDI- haba recibido pagos peridicos de Penta mientras era subsecretario de Piera y haba empleado a su cuada para triangular los pagos y evadir los impuestos correspondientes. La querella del SII fue por facilitacin y uso de boletas ideolgicamente falsas, por la obtencin indebida de devoluciones de impuestos y por la omisin de ingresos en sus declaraciones de impuestos a la renta.

Las cuestionadas eran cerca de 60 boletas emitidas entre 2009 y 2014, pero tambin haba una -slo una- entregada a SQM en julio de 2009.

El fiscal Carlos Gajardo -que investigaba al grupo Penta- decidi entonces meter sus narices en SQM y Peailillo se puso nervioso, muy nervioso.

La querella del SII la present el subdirector jurdico Cristin Vargas. El director del servicio era Michell Jorratt, quien haba sido pagado por Giorgio Martelli como parte del equipo de la reciente precampaa electoral de Bachelet. Entre marzo de 2012 y abril 2013 Jorratt haba recibido ms de 13 millones de pesos. Alberto Arenas, otro integrante del comando de Bachelet, ahora ministro de Hacienda, lo haba reclutado para preparar la futura reforma impositiva y luego lo nombr director del SII.

El 9 de enero de 2015, Peailillo, cada vez ms inquieto, llam a Arenas y le exigi que parara, a como diera lugar, el intento del SII y de las Fiscalas por hurgar en la contabilidad de SQM. El ministro de Hacienda encarg la tarea a su jefa de gabinete, Andrea Palma. Se acord, entonces, que el SII solicitara a la Fiscala que su investigacin sobre la contabilidad de SQM se acotara slo a la nica boleta emitida por Wagner en julio de 2009 y no al periodo 2009-2014. La iniciativa del SII, sin embargo, sirvi de poco. El fiscal Gajardo y su equipo, al revisar la contabilidad de SQM en ese mes de julio encontraron a 19 emisores de boletas vinculados con polticos y la Fiscala, sospechando que se abra una caja de Pandora, reafirm su intencin de revisar toda la contabilidad de la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet.

TENSION EN LA MONEDA

Caminando por la cornisa, Peailillo reforz su presin e incorpor como bomberos del incendio al abogado Samuel Donoso, muy cercano a Guido Girardi, lder del PPD, y al socialista Enrique Correa, cabeza de Imaginaccin, la mayor empresa de lobby del pas, que asesoraba desde haca tiempo al conglomerado de Julio Ponce Lerou. Ellos, junto al equipo de control de daos de Hacienda y del SII, elaboraron una compleja salida: el SII incautara toda la documentacin contable de SQM y le negara su entrega a la Fiscala trabando una contienda de competencia que debera resolver el Tribunal Constitucional, TC. Para un fallo a favor se contara con el apoyo del presidente del TC, el abogado democratacristiano Carlos Carmona, nombrado en ese cargo por Bachelet.

Paralelamente, intervinieron de hecho la Subdireccin Jurdica del SII y pusieron al lado de Cristin Vargas al abogado Pablo Gonzlez, ex subdirector jurdico del servicio y socio en ese momento del estudio jurdico de Julio Ponce Lerou.

Entre todos disearon una nueva estrategia para evitar que la Fiscala siguiera investigando las platas ilegales ingresadas a la poltica: se convocara a las empresas con irregularidades semejantes a las de Penta para que se denunciaran a s mismas, rectificaran sus declaraciones de impuestos ante el SII, y pagaran los impuestos adeudados y las multas correspondientes. A cambio, el SII no se querellara en contra de ellas.

Entonces se puso en marcha la operacin. SQM envi la contabilidad del periodo 2009-2014 al SII y Samuel Donoso recurri ante el TC para exponer la contienda de competencia con la Fiscala. La segunda sala del TC, presidida por Carmona, suspendi las acciones del fiscal Gajardo. Todo haba resultado perfecto, pero Peailillo se pas de rosca y exigi que el SII incautara toda la informacin contable de SQM aunque fuera en camiones.

Aquella instruccin colm la paciencia de Jorrat. Decidi que el SII no alegara a favor de SQM ante el TC y present la querella en contra del gerente de SQM, Patricio Conte-sse y otros seis ejecutivos de la empresa. Toda la estrategia de Peaillo y sus seguidores se desmoron. SQM qued sola y el SII hizo causa comn con la Fiscala y el Consejo de Defensa del Estado, CDE. Carlos Gajardo pudo seguir investigando.

En marzo de 2015 el SII lanz su llamado a las grandes empresas para que rectificaran los pagos irregulares concretados entre 2009 y 2014. Hasta ahora se ignora cuntas firmas respondieron el llamado, pero se cree que lo hicieron varias que aparecen involucradas en los casos de platas polticas: Inversiones Caburga y Newport Ltda., del grupo Said; Corpesca y Copec, de la familia Angelini; Ripley; CorpBanca, de Alvaro Saieh; y otras como Aguas Andinas, Alsacia, Enersis y Endesa. Segn El Mercurio , fueron ms de 200.

JAQUE A LA REINA

En febrero de 2015 la Fiscala Nacional reorden el caso Penta y le quit la arista SQM a Carlos Gajardo, titular de la Fiscala de Alta Complejidad, entregndoselo a Andrs Montes, fiscal regional centro norte. El caso Penta qued bajo la supervisin de la Fiscala Regional Metropolitana Oriente, a cargo del fiscal Alberto Araya, quien fuera por aos abogado de SQM y debi inhabilitarse para seguir esa investigacin. El fiscal Carlos Gajardo qued fuera de cualquier injerencia en los dos casos.

A comienzos de mayo de 2015, Bachelet sac del gabinete a Rodrigo Peailillo, Alberto Arenas y otros tres ministros. Los dos primeros haban sido parte fundamental de su precampaa y de su campaa electoral y estaban involucrados hasta el cuello en el financiamiento irregular de su llegada a La Moneda.

El 18 de mayo el gobierno le pidi la renuncia a Michel Jorratt, siendo reemplazado por Fernando Barraza. El subdirector jurdico, Guillermo Vargas, fue sustituido por Bernardo Lara, muy cercano al Partido Socialista, quien haba sido subdirector jurdico subrogante del SII entre 1985 y 1994 y titular del mismo cargo entre 1994 y 2006, cuando la removi de su cargo el director de entonces, Ricardo Escobar, sobrino del ex presidente Ricardo Lagos Escobar y muy cercano a los empresarios.

Tras salir del SII, Lara fue contratado por el hoy desaparecido diario La Nacin , cuyo presidente del directorio era entonces Mahmud Aleuy, ahora subsecretario del Interior y uno de los asesores ms directos de Bachelet.

La tarea encomendada a Lara fue devolver al SII su lnea histrica de las ltimas dcadas, es decir, terminar con los intentos de Jorratt y Vargas de establecer la igualdad ante la ley de las grandes empresas y los contribuyentes comunes y corrientes. En tanto, el llamado del SII a las empresas a rectificar sus declaraciones de impuestos surti efecto: slo SQM, a agosto de 2015, ya haba rectificado cerca de dos millones de dlares.

Todos los esfuerzos efectuados desde La Moneda a partir de enero de 2015 han estado orientados en este caso a proteger a la presidenta de la Repblica e impedir que se vea arrastrada a las Fiscalas y a los tribunales en las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la poltica, al igual que los mandatarios, ministros, parlamentarios y funcionarios de ste y de los gobiernos anteriores, al igual que sus familiares, amigos y colaboradores. En otras palabras, a proteger a las elites dirigentes del pas.

Tambin se ha buscado dejar sin sanciones a los millonarios criollos. Diversas fuentes indican que un tercio de las empresas que componen el IPSA -13 de 40 firmas- se han salvado de ser perseguidas penalmente por la inaccin del SII. Entre los grupos involucrados destacan: Angelini (Copec, Celulosa Arauco, Antarchile), Said (Parque Arauco, Embotelladora Andina), Saieh (CorpBanca), Caldern (Ripley), Paulmann (Cencosud), Hurtado Vicua (Entel), CAP (De Andraca, Rassmus), Yarur (BCI), Aguas Andinas y su holding IAM y Sigdo Koppers (Juan Eduardo Errzuriz).

Los montos de dinero repartidos y la lista completa de los beneficiados parece que los chilenos no la conocern jams.

Publicado en Punto Final, edicin N 879, 7 de julio 2017.

[email protected]

www.puntofinal.cl



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