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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2017

Energa nuclear y retroceso democrtico

Miguel Muiz
Mientras tanto


Denunciar que el poder poltico es, hoy por hoy, una marioneta en manos de los poderes econmicos no supone ninguna novedad (el episodio de la modificacin del artculo 135 de la Constitucin lo ilustra de sobras). Pero impresiona comprobarlo cuando se pasa de decisiones impuestas por Altos Organismos (como la Troika), descendiendo al nivel de detalle.

Los hechos en torno al alargamiento a 60 aos del funcionamiento de los reactores atmicos, demuestran quin manda en Espaa y cmo ejerce su poder. Evidencian, si hay voluntad de saber, que nada que sea importante se decide hoy en las instituciones que, en teora, ostentan el poder de decisin poltico [1].

Un apunte ilustrativo: bastaron 11 das para que el ministro Alvaro Nadal pasase de declarar que los impuestos nucleares eran poco menos que intocables, a manifestar que los tales impuestos eran revisables [2]. Que dicho ministro sea del PP, el campen en la defensa de los intereses de la industria atmica, aumenta la importancia de lo sucedido: demuestra de que la industria nuclear es implacable para imponer hasta el ltimo matiz de su agenda poltica.

Ese cambio de opinin del ministro ha sido el ltimo episodio de una serie que comienza en 2012, con el cierre unilateral de Garoa por ENEL-ENDESA e IBERDROLA. El guin en todos es idntico: la industria manifiesta su voluntad de forma ms o menos explcita, a ello sigue un coro de declaraciones de expertos, analistas, representantes de organismos como el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) y los polticos; tras marear la perdiz durante ms o menos tiempo, al final se acaba haciendo lo que haba dictado la voluntad de la industria [3].

Lo polticos pueden participar en todo este teatro redactando, debatiendo, presentando, discutiendo, e incluso aprobando una serie de documentos cuya influencia real es igual a cero: se trata de preguntas, mociones, declaraciones, resoluciones, proposiciones no de ley, etc.; documentos que no pasan de ser una manifestacin de intenciones dentro de una legislatura, papeles que justifican su presencia en las instituciones, que se presentan como control, y que contienen mensajes para el sector de sus votantes ms fieles o especializados; as consta que se hace algo. Tambin pueden presentar enmiendas a leyes redactadas por el gobierno, aunque este recurso, mucho ms complejo, queda anulado cuando este recurre al Decreto-Ley en asuntos importantes.

En este escenario, lo acontecido con la Proposicin de Ley (PL) de Unidos Podemos (UP) para debatir un calendario de cierre nuclear merece un anlisis propio. Si UP hubiese optado por presentar una Proposicin No de Ley (PNL) se hubiese producido una escenificacin de tantas sin mayores consecuencias, con mucho estira y afloja, mucha matizacin del contenido de la PNL y mucha justificacin de los equilibrios del mismo. Pero al ser una PL, y por el momento elegido, llev a que fuese directamente vetada por el gobierno del PP invocando diversos motivos que se reducen a uno: su injerencia en la poltica presupuestaria del gobierno. Realizando una interpretacin muy interesada del punto sexto del artculo 134 de la Constitucin y, adems, haciendo uso de los datos de una consultora privada como argumento de autoridad [4].

El veto del PP significaba evitar que la PL entrase ni tan slo a debate (donde, lgicamente, poda ser rechazada), pero tambin significaba evitar a varios grupos del Congreso el trago desagradable de tener que hacer manifiesta su postura sobre el tema nuclear ms all de las declaraciones ambiguas y los silencios calculados de sus programas electorales [5] y, por supuesto, significaba mantener un discreto silencio en un momento delicado, en que la cuestin atmica sufre una inconveniente, aunque reducida, atencin meditica a causa de los 60 aos de funcionamiento.

Unidos Podemos present un Recurso de Reconsideracin del veto a la Mesa del Congreso [6], el recurso fue admitido a trmite por la Junta de Portavoces, pero fue rechazado en votacin simple (sin justificacin escrita) por la Mesa, dada la mayora de los representantes del PP y Ciudadanos en la misma.

El texto del Recurso de UP, adems de desmontar de manera rigurosa las excusas presupuestarias del gobierno del PP para vetar la PL, entra en una cuestin de fondo. El punto octavo merece una reflexin: Octavo. El gobierno no puede vetar sistemticamente las iniciativas de los grupos parlamentarios de la oposicin.

El artculo 66.2 de la Constitucin reserva a las Cortes la potestad legislativa y el artculo 87 de la Constitucin establece que corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado la iniciativa legislativa. Es evidente que mediante la tctica sistemtica (e infundada) del derecho de veto, el Gobierno impide la iniciativa legislativa de la Cmara para otorgrsela a l mismo en exclusiva, lo que supone una clara vulneracin de los preceptos constitucionales mencionados.

El Gobierno no puede ejercer esta facultad constitucional del artculo 134.6 de la Constitucin de forma arbitraria y con la clara intencionalidad poltica de privar a los Grupos parlamentarios de promover iniciativas legislativas.

De aqu se deducen cosas que afectan al propio grupo de UP, al movimiento de resistencia a la industria nuclear en general, y al contexto de democracia en que se est produciendo el conflicto de los 60 aos.

- Unidos Podemos debe decidir si recurre al Tribunal Constitucional (TC) en coherencia con lo expuesto en el punto octavo. Si lo hace, el trmite puede demorarse en el tiempo (dada la tendencia a la parsimonia selectiva del citado Tribunal), pero tambin puede poner en evidencia un punto clave (la anulacin del poder legislativo) que hace de la vida poltica una permanente escenificacin teatral bien retribuida.

Por otra parte, tampoco se puede descartar una indiferencia general ante el resultado, como se ha comprobado con el escaso resultado de la sentencia del TC en el asunto de la amnista fiscal del gobierno del PP.

El movimiento de resistencia organizada a la industria nuclear tambin puede deducir varias consecuencias del veto, consecuencias que le afectan en mayor o menor medida al margen de los acontecimientos que se recogen en la HEMEROTECA de junio : http://www.mientrastanto.org/boletin-159/notas/energia-nuclear-y-retroceso-democratico

La primera es una nueva prueba de la solidez del vnculo entre PP y Ciudadanos en el tema nuclear, lo que invalida la estrategia de presin social y negociacin poltica que caracteriza a una parte del movimiento [7].

Debe tambin valorarse a la luz de la limitada respuesta social a la Manifestacin en Madrid del pasado 10 de Junio, en relacin con el trabajo de difusin y activismo previo. El 10J mostr las capacidades y limitaciones del movimiento ecologista para atraer a otros sectores sociales sin salir de las pautas que marcan su actividad. El veto supone un mensaje hacia los grupos polticos que han hecho de la ambigedad en cuestiones nucleares una seal de identidad y, como consecuencia, de la valoracin de lo que se pueda realizar desde el movimiento.

Tambin es importante constatar (otra vez) los lmites de la actividad puramente poltica, incluso de la que, como en este caso, intenta ir ms all de escenificaciones institucionales.

Lo que lleva a valorar su importancia sobre la estrategia de incidencia poltica directa de otra parte del movimiento. Aqu, lo sucedido con la PL de UP establece un nuevo margen de duda sobre una de dichas estrategias: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Al margen del posible rechazo de la ILP en la sesin del Congreso correspondiente (caso de conseguir las 500.000 firmas para presentarla), el veto muestra que la ILP puede ser bloqueada en la Mesa del Congreso antes de ser tramitada, usando los mismos argumentos aplicados a la PL de UP; con ello, el poder de generar debate social y trasladar el conflicto nuclear al conjunto de la sociedad que tiene una ILP, quedara anulado.

Hay otros mecanismos de incidencia directa sobre los representantes polticos que no tienen que verse afectados por lo sucedido con la PL de UP, pero ese sera otro anlisis.

- Finalmente, y aunque recordarlo suene a tpico, lo sucedido es un sntoma del retroceso en libertades democrticas que estamos viviendo a causa de la hegemona ideolgica neoliberal. El recurso a una interpretacin amplia o restrictiva de la Constitucin para vetar la funcin que debe ejercer el poder legislativo en un tema que afecta a la salud, la seguridad y el futuro del conjunto de la sociedad es una muestra de que las leyes y reglamentos (sin necesidad de proceder a grandes cambios) pueden usarse para proteger los intereses de los que mandan, y mantener dichos intereses lejos y fuera del debate democrtico.

Cuando se cierra este artculo an no se saben los resultados definitivos del sondeo del Grupo Impulsor de una ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES, pero tanto en el caso de que la respuesta aconseje promover una ILP, como en el caso de que sean insuficientes, resulta evidente que el trabajo de resistencia a los 60 aos de funcionamiento nuclear continuar. Nos va demasiado en ello.

Notas:

[1] ver el artculo de CTXT El dedo de Rajoy: razones para echarle en http://ctxt.es/es/20170614/Politica/13261/mocion-censura-PNL-parlamento-rajoy-ctxt-parlamentarismo.htm
[2] El ministro Nadal lo declar el 26 de mayo, cuando acept las condiciones de la industria nuclear sobre los plazos de renovacin de permisos, y repiti dicha declaracin el 8 de junio; en cambio, el 19 de junio declar que los impuestos eran revisables.

[3] Entre 2012 y 2017 abundan los casos en que la industria nuclear y las empresas elctricas enuncian sus intereses, intereses que se convierten en ley al poco tiempo. Sin necesidad de entrar en detalles puede apuntarse: la parada de Garoa sin consultar al gobierno, la peticin de que se les concediese una nueva licencia de funcionamiento (una vez parada) sin tener que presentar toda la documentacin de puesta en marcha, el que el nuevo permiso fuese por 17 aos (en lugar de los 10 marcados por la ley) para llegar a los 60 de funcionamiento, la separacin de la renovacin del permiso de funcionamiento de la revisin peridica de seguridad, el retraso en dos aos del plazo de peticin de la renovacin del permiso y, formulada pero no conseguida an, la reduccin fiscal de la industria nuclear.
[4] puede leerse el contenido completo del veto en http://partidoequo.es/wp-content/uploads/2017/04/Veto-PL-Nuclear.pdf , a destacar 1.Recaudacin fiscal. La contribucin tributaria total de la industria nuclear en Espaa 1 en el ejercicio 2013 ascendi a los 1.141 millones de euros. (1) (1) Informe Impacto socioeconmico de la industria nuclear en Espaa, PwC. Pag. 2

[5] Ver http://sirenovablesnuclearno.org/zportada/eleccionseleciones2016.html para comprobar esta afirmacin.

[6] el recurso de reconsideracin puede leerse en http://sirenovablesnuclearno.org/nuclear/reconsideracionvetopp.pdf
[7] Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224553

 

Miguel Muiz es miembro de Tanquem les Nuclears - 100% EER, y del GRUPO IMPULSOR ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES. Mantiene la pgina de divulgacin energtica http://www.sirenovablesnuclearno.org/ ]

Fuente: http://mientrastanto.org/boletin-159/notas/energia-nuclear-y-retroceso-democratico



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