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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2017

La bomba meditica y la verdad sobre el Andino

Agencia Prensa Rural


Segn testigos, el pasado 17 de junio un hombre se libr a empellones de los reclamos de un grupo de mujeres en el Centro Comercial Andino, pues sala de un bao reservado para ellas. Tambin afirman los testigos que otro sujeto sali apresurado del establecimiento antes de que explotara all una bomba que le quit la vida a 3 mujeres y dej heridas a 9 ms. Hoy, 10 jvenes han sido judicializados mientras sorprende que ni la Fiscala, ni la Polica ni los medios hablen de estas otras personas y de sus posibles vnculos con el atentado. Siendo as las cosas, el supuesto pervertido se salv de milagro o se est protegiendo as la identidad de quienes estn detrs del acto criminal?

Definitivamente, la bomba en el Centro Andino y el miedo que infundi el hecho han sido aprovechados por quienes quieren hacer trizas los acuerdos de paz y el desmantelamiento de la guerra en Colombia, as como por los eternos fabricantes de caceras de brujas.

Lo peor es que, al parecer, el Estado no tiene el ms mnimo inters en esclarecer el atentado, pues las autoridades han optado por una sola hiptesis en las investigaciones y el hombre que debiera ocupar un lugar central en las mismas desapareci de la mirada de la opinin pblica luego del 24 de junio. Ese da, la Fiscala y la Polica mostraron como los supuestos culpables del aleve hecho a un puado de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional, algunos de los cuales se han desempeado como defensores de derechos humanos, lderes sociales y funcionarios de la propia universidad y de la alcalda de Bogot.

As las cosas, el hombre que puede ser clave para saber lo que ocurri, incluso como testigo, se ha esfumado. De hecho, entre las repetidas filtraciones de informacin que la Polica y la Fiscala han hecho a los medios -en una actuacin que no deja de rayar en diversas irregularidades- no se ha encontrado ningn video que pueda ayudar a reconocerlo a l ni al otro hombre reportado como sospechoso en los relatos de los testigos y en los retratos hablados. Sorprende, y mucho, que esto pase teniendo en cuenta las numerosas cmaras de vigilancia del Centro Comercial Andino y sus alrededores, una de las zonas ms vigiladas de la capital de Colombia.

Por el contrario, los grandes medios monoplicos del pas se han limitado a reproducir la versin que el fiscal Martnez y su equipo han filtrado sin cuestionar los vagos argumentos de las acusaciones ni por qu les fueron entregadas fotos de las supuestas pruebas en tan corto tiempo. Mientras tanto, se inundaron las pantallas con imgenes de relojes, cables, tabletas para prueba de circuitos, partes electrnicas de diversos tipos, medio bulto de abono, banderas del hasta hace poco desconocido Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) -grupo que ha negado tanto su participacin en los hechos como tener algn vnculo con los capturados- y una pistola automtica de fabricacin estadounidense.

Con estas acciones, se ha condenado a los jvenes acusados desde antes de que llegaran la primera audiencia del proceso y se repite hasta el cansancio que son culpables ante las protestas de quienes rechazan las capturas y judicializaciones de estas personas asegurando que nada tienen que ver con los hechos. La decisin de no averiguar quines son el hombre del bao y el que corra para salir del centro comercial, poniendo una descomunal presin poltica y meditica a los jueces para direccionar sus decisiones, podra llevar a que haya impunidad en este atentado y a que se alimente la persecucin en contra del pensamiento crtico, el movimiento social y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Al parecer, algunos fiscales antiterroristas y agentes de inteligencia siguen congelados a conveniencia en la doctrina del enemigo interno y en la paranoia anticomunista de la Guerra Fra, que ya cost miles de muertes en el doloroso pasado de nuestro pas. As, tiene sentido que se capture y presente ante los medios como culpables a los jvenes, porque la izquierda, la juventud y la Universidad Pblica son los sospechosos de siempre y se acomodan a lo que la opinin pblica supuestamente puede aceptar como cierto ante la necesidad de dar resultados inmediatos.

Y es que se nota la debilidad de los argumentos que la Fiscala hace reproducir cada da por los grandes medios cuando todos los indicios con los que se piensa llevar tras las rejas a estas personas dejan importantes dudas. Sorprende, adems, lo poco que el ente investigador ha demostrado hasta la fecha sobre la supuesta vinculacin de los acusados con los hechos del Andino y lo mucho que ha hecho por presentarlos como miembros del MRP, una organizacin que se ha limitado hasta donde se sabe a hacerse propaganda a travs de petardos con banderas y panfletos.

Adems, est claro que todos los indicios en el proceso provienen de seguimientos y labores de inteligencia cuya legalidad an est por esclarecerse, dejando la duda sobre si lo que ha ocurrido es que se aprovech este suceso para incriminar a unas personas a las cuales las autoridades tratan hace tiempo de mostrar como ejemplo de los supuestos nexos entre las universidades pblicas y diversos tipos de acciones violentas.

Todo esto genera preocupacin cuando la misma Fiscala haba dado a conocer, a mediados de mayo, que el Clan del Golfo, que es como las autoridades llaman a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tiene un plan para cometer atentados en las principales ciudades del pas. Dicho grupo es la principal organizacin paramilitar de extrema derecha del pas y una de sus caractersticas ha sido usar los ataques contra las mujeres como una forma de terror y control social.

Esta despreocupacin por parte de la Fiscala resulta muy alarmante, puesto que podra indicar que otros actores, privados o estatales, pudieran estar involucrados en los hechos del Centro Andino. Si seguimos esa linea de razonamiento, se tendra que considerar que la bomba fue instalada y activada para dar un golpe de opinin mediante el terror. Esto, en un momento en que se estaba completando la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y avanzaban los dilogos de paz con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN). Siendo as las cosas, un acto de este carcter favorecera principalmente los intereses de la extrema derecha de cara a las elecciones de 2018.

Sin entrar en demasiadas suspicacias, esto podra servir para explicar la rapidez de las autoridades, el escndalo meditico y la historia orquestada con perfiles, tareas y acciones de los supuestos culpables. No es descabellado pensarlo: ya en el pasado oficiales del Ejrcito colombiano han montado atentados en Bogot con los mismos fines y beneficiarios.

Si bien el execrable acto es muy grave, tambin lo es que se muestre a los universitarios que tienen un pensamiento crtico como criminales y que se busque as justificar la persecucin en su contra. En este sentido, no hay que olvidar que la Universidad Nacional ha sido un claustro acadmico en el que histricamente se ha hablado desde la ciencia sobre lo que ocurre en el pas y se han gestado diversas propuestas acadmicas, polticas y culturales para cambiarle el rumbo a Colombia.

De hecho, es necesario que la Fiscala diga si para este caso est usando informacin que no fue admitida en los tribunales en el pasado para encerrar estudiantes. Tambin es importante que aclare si este asunto guarda relacin con la detencin de 13 lderes sociales vinculados con las universidades pblicas hace dos aos, el caso Lebrija donde un agente de la Dijn llev con engaos a varios estudiantes de la Universidad Pedaggica Nacional a la crcel, el proceso montado por el destituido fiscal antiterrorista Piedrahita en 2009 con una colcha de retazos de diversos casos de inteligencia y otros similares, o si todos estos hacen parte de una poltica de la entidad para mostrar a los universitarios como terroristas.

Y es que son tan notorias las irregularidades en la detencin de los jvenes que Heike Hnsel, parlamentaria alemana y presidente de la Subcomisin para Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales y Globalizacin del Bundestag, le dirigi una carta al fiscal general Nstor Humberto Martnez, en la que le increpa el actuar de la Fiscala, sealando que: si no se garantiza un debido proceso y si no se protege el derecho inalienable de estas personas a la presuncin de inocencia, la etapa denominada como postconflicto quedara como un mito.

La parlamentaria est en lo correcto. Hay serias irregularidades que ella misma seala en la carta cuando, por ejemplo, Ivn Daro Ramrez fue capturado en un bus horas antes del allanamiento del que fue objeto, pero la Polica dio a entender a la juez de control de garantas que el joven fue hallado en su casa y que en ese momento estaba en posesin del material exhibido en las fotos filtradas a los medios.

Mientras tanto, en medio de protestas por las inconsistencias del caso, el proceso contra Cristian Sandoval Moreno, Lizeth Johana Rodrguez Zrate, Andrs Mauricio Bohrquez Flores, Boris Ernesto Rojas Quijano, Csar Andrs Barrera Tllez, Ivn Daro Ramrez, Alejandra Mndez Molano, Lina Vanesa Jimnez, Juan Camilo Pulido y Natalia Trujillo Novoa contina. Ahora, con los acusados en la crcel y sin garantas suficientes para que se les siga un debido proceso y puedan defenderse adecuadamente, gracias a la presin de unos medios que sin rigor periodstico se han unido al coro de los fabricantes de acusaciones y pretenden reemplazar al poder Judicial en su toma de decisiones.

Desafortunadamente, el tiempo pasa y no termina de aclararse quin es el hombre que hasta ahora pasa por suertudo pervertido ni si hay otros actores implicados en el repudiable atentado contra las mujeres que visitaban el centro comercial que le quit la vida a Lady Paola Jaime Ovalle, Ana Mara Gutirrez y Julie Huynh, con lo cual este hecho podra quedar impune. Es necesario, entonces, exigir que se lleve una investigacin transparente que lleve verdad y justicia a las familias de las vctimas y que aclare si se han presentado irregularidades con los arrestos de los imputados.

Esto es lo mnimo que el fiscal general de la nacin debiera garantizar a una sociedad que quiere transparencia en las acciones estatales y coherencia con los cambios hacia la construccin de la paz con los que se comprometi el Estado colombiano en los acuerdos de La Habana, que precisamente buscan que nadie sea perseguido nunca ms por sus ideas.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21740


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