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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2017

Se pronuncia sobre el desalojo de una familia con dos menores que viva en una habitacin de alquiler
La ONU condena al Estado espaol por la vulneracin del derecho a la vivienda

Enric Llopis
Rebelin


El Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha condenado al Estado espaol por vulnerar el derecho a la vivienda, segn establece un dictamen emitido el pasado 20 de junio. La ONU considera que las autoridades estatales (incluido el Gobierno de la Comunidad de Madrid) incumplieron con las obligaciones de garantizar una vivienda alternativa a una familia desahuciada, en octubre de 2013, en el barrio madrileo de Tetun. Los cuatro miembros de la unidad familiar fueron desalojados de la habitacin en alquiler donde residan, tras el proceso judicial iniciado por la arrendadora.

En el apartado final de recomendaciones, Naciones Unidas recuerda que el Estado espaol tiene la obligacin de proporcionar a los afectados una reparacin efectiva. As, tras evaluar la situacin actual de las vctimas, en caso de que stas no cuenten con una vivienda adecuada, tendr que otorgarles una vivienda pblica o adoptar una medida de similares caractersticas; y adems, apunta el dictamen, concederles una compensacin econmica por las violaciones sufridas.

El Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales implica obligaciones para los estados firmantes. As, el Comit de la ONU insta al Estado espaol a garantizar que en los procesos judiciales por desahucio de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso. Incluso va un punto ms all. Pide la adopcin de medidas para que los desalojos de personas sin recursos slo se ejecuten tras una consulta genuina y efectiva con los afectados; y de que el Estado haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el mximo de sus recursos disponibles, para que las personas desahuciadas cuenten con una vivienda alternativa. El dictamen tambin exhorta a que el Gobierno desarrolle, en coordinacin con las comunidades autnomas y hasta el mximo de los recursos disponibles, un plan que garantice el derecho a la vivienda adecuada de las personas con escasos recursos.

Los hechos evaluados por Naciones Unidas tienen como protagonistas a dos ciudadanos de nacionalidad espaola, Mohamed Ben Djazia; y argelina, Naquel Bellili, matrimonio que contaba con dos hijos de uno y tres aos en el momento del desahucio (los dos tendran derecho a una proteccin especial). Segn la informacin que aportaron al Comit de la ONU los denunciantes, Mohamed Ben Djazia viva en una habitacin de alquiler en un piso de Madrid desde 1998, a la que se traslad Naquel Belilli en 2009. Ambos abonaban la renta mensual del alquiler. Durante una dcada, el primero present trece solicitudes para acceder a una vivienda social del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), sin resultado alguno. Adems, hasta el 21 de junio de 2012 percibi el subsidio de desempleo. Pero al carecer de ingresos familiares, cesaron en el pago del alquiler durante los meses siguientes, de modo que la arrendadora les anunci que no prorrogara el contrato. En ese momento (agosto de 2012), la familia no dispona de recursos ni alojamiento alternativo, por lo que permanecieron en la habitacin.

En noviembre de 2012 la arrendadora present una demanda de juicio verbal de desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia Nmero 37 de Madrid, que orden el desalojo el nueve de julio de 2013. Ante la orden de expulsin, la familia afectada pidi al juzgado que reiterara los oficios emitidos a los Servicios Sociales autonmicos y municipales; y se requiriera tanto al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a que le proporcionaran una vivienda, despus de ms de una dcada de solicitudes. Las vctimas agotaron las vas legales. En septiembre de 2013 plantearon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y una peticin de medidas cautelares, adems de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Segn consta en el relato de los denunciantes, los dos tribunales rechazaron las peticiones. El tres de octubre de 2013 se produjo finalmente el desahucio. Los afectados pasaron entonces diez das en un albergue municipal, y otros cuatro en el automvil familiar.

El caso fue denunciado ante Naciones Unidas por el Centro de Asesora y Estudios Sociales (CAES). Uno de los argumentos esgrimidos fue que mientras la Comunidad de Madrid desatendi las solicitudes de vivienda social de los afectados entre 1999 y 2011, redujo durante esos aos el nmero de viviendas pblicas, que incluso vendi a entidades privadas; de ese modo se produjo una disminucin del parque disponible en un contexto de severa crisis econmica, subraya el CAES, que se apoya en un el Informe de Amnista Internacional Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en Espaa (junio de 2015). As, la entidad argumenta que en 2012-2013 el IVIMA y otras entidades de la Comunidad de Madrid vendieron 2.935 casas y otras propiedades a sociedades-fondos de inversin privados; y lo hicieron supuestamente por motivos de equilibrio presupuestario. Otro de los razonamientos apunta a que el proceso judicial no respet las debidas garantas.

En un comunicado conjunto emitido por el CAES y Amnista Internacional, se resalta que el dictamen de Naciones Unidas pone al descubierto la violacin sistmica del derecho a la vivienda en Espaa. Ello ocurre cuando se produce un desalojo sin garantizar alternativa habitacional, sealan las dos entidades a partir del criterio seguido por la ONU. Los desalojos no deberan dar lugar a que los afectados queden sin vivienda, segn las obligaciones contradas por Espaa como parte del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. El CAES y Amnista Internacional subrayan asimismo la especial atencin que los estados deben prestar cuando los desahucios afectan a menores.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se ha pronunciado en trminos similares, a travs de un comunicado con el siguiente titular: El estado espaol comete violaciones de derechos humanos con cada desahucio sin alternativa habitacional. Adems, destaca que la condena se refiere a un desahucio por extincin de contrato de alquiler. El hecho no resulta balad, ya que, segn explica la nota informativa, el Gobierno de Espaa aleg que los alquileres entre particulares son ajenos a la responsabilidad del Estado; y tambin neg cualquier tipo de vulneracin, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no est sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos.

La cuestin del alquiler no es ajena a la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH, que los grupos antidesahucios impulsan en una campaa iniciada el pasado 22 de marzo. Presentado ante los diferentes grupos parlamentarios, el texto incluye cinco medidas urgentes: dacin en pago retroactiva, moratoria de los desahucios, garanta de luz, agua y gas para todos los hogares, un incremento del parque pblico por la movilizacin de los pisos vacos en manos de la banca y la regularizacin de los precios del alquiler, a partir de experiencias como las de Pars y Berln. La batalla por materializar la propuesta coincide con el balance de desahucios del primer trimestre de 2017, presentado por el Consejo General del Poder Judicial: el nmero de lanzamientos aument un 2,2% respecto al mismo periodo de 2016, hasta alcanzar los 17.055; de esta cifra, la mayora (9.612) se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 6.372 corresponden a ejecuciones hipotecarias.

Por otro lado, la PAH subraya el apoyo recibido el pasado nueve de junio por la antigua relatora de Vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, durante su visita a Barcelona. Rolnik, que desempe esta responsabilidad durante seis aos, hasta 2014, grab un vdeo en el que respaldaba la campaa por la Ley de la Vivienda de la PAH. En un informe publicado en agosto de 2012 la entonces relatora, arquitecta y urbanista brasilea afirmaba que el mercado inmobiliario est sujeto a la lgica financiera, por lo que no ha generado soluciones adecuadas para los pobres. En otro punto del documento adverta que la financiacin de la vivienda en los mercados generaliz las burbujas en los precios inmobiliarios, lo que apenas contribuy al acceso de los sectores empobrecidos a viviendas adecuadas y asequibles. Raquel Rolnik apuntaba asimismo que en el periodo 1997-2004 el precio medio de la vivienda se increment un 149% en Espaa, un 139% en el Reino Unido, un 187% en Irlanda, un 112% en Australia, un 65% en Estados Unidos y un 227% en Sudfrica. El colectivo antidesahucios hace hincapi en que, al frente del cargo en Naciones Unidas, Raquel Rolnik ya defendi la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria promovida por la PAH en 2013.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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