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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-07-2017

El campo minado del referndum

Antonio Santamara
TopoExpress


La meticulosa puesta en escena de la presentacin de la Ley del Referndum, en sesin matinal en una sala del Parlament de Catalunya y en sesin vespertina en el Teatre Nacional de Catalunya, fue planeada por las fuerzas secesionistas como el pistoletazo de salida de la campaa para movilizar a sus bases sociales cara al 1 de octubre, un tanto alicadas tras el fiasco de la licitacin de la compra de las urnas para el referndum.

La histrica jornada, una de las muchas que nos est deparando el procesismo, estuvo deslucida por la entrevista al conseller Jordi Baiget en el diario El Punt Avui, vinculado a la antigua Convergncia, donde ste expresaba sus dudas sobre la celebracin del referndum. Estas manifestaciones provocaron una autntica tormenta poltica, la CUP exigi su inmediata dimisin y la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, asegur que Baiget se mantendra en el cargo.

No obstante, el conseller fue fulminantemente cesado por Carles Puigdemont previa consulta a Artur Mas, lo que motiv el airado twitt del inhabilitado Francesc Homs, en el que confiesa estar hasta los huevos de que sean los miembros de la antigua Convergncia quienes paguen los platos rotos del procs. En realidad, Baiget expres en voz alta lo que muchos dirigentes de su partido piensan en privado. Su fulminante destitucin provoc un enorme malestar en el seno de su partido, especialmente por la manera en que Pascal fue desautorizada y mostrando quin manda de verdad en el PDeCat. En este sentido, circulan diversas especulaciones, de incierto fundamento, sobre una eventual cadena de dimisiones a medida que se acerque la fecha del referndum.

La escenografa del anuncio de la presentacin de la ley puso de relieve que el ejecutivo de la Generalitat nicamente gobierna para los independentistas, pues a ambos actos solo asistieron los diputados y partidarios de Junts pel S, la CUP y las entidades independentistas. Con la notable excepcin de los caballos de Troya del independentismo Joan Josep Nuet (EUiA), Albano-Dante Fachn, Joan Giner y ngels Martnez de Podem, lo cual signific una victoria simblica para el bloque secesionista al conseguir dividir al grupo parlamentario de Catalunya S Que Es Pot. Ello a pesar de las distancias que marc Ada Colau respecto al referndum en la entrevista concedida a El Peridico de Catalunya, cuando neg su carcter vinculante, insinu que est concebido para movilizar slo a los partidarios del s y afirm que no pondra en peligro ni a la institucin ni a los funcionarios en este tema. Una toma de posicin que despert las duras descalificaciones de Junts pel S y la CUP acusndola de asumir los argumentos unionistas. El bloque independentista es consciente de que el mbito de los Comunes es el nico donde ampliar el compromiso con el referndum; pero, si no es posible conseguir su apoyo, al menos confa, como ocurri con xito con PSC e ICV, en generar la divisin entre sus filas.

Dos novedades

Diversos analistas polticos y juristas han sealado el carcter aberrante de la anunciada Ley del Referndum. Una norma ordinaria que vulnera el principio elemental de jerarqua jurdica al saltarse las prescripciones tanto de la Constitucin espaola como del Estatut dAutonomia de Catalunya, ambas de rango superior. Por otro lado, en la presentacin de la ley, se insisti hasta la saciedad en que la normativa para celebrarlo reunir todas las garantas democrticas respecto al censo, la junta, los colegios o la composicin de las mesas electorales pero sin concretar ninguno de estos elementos. En realidad, se pidi a la ciudadana un acto de fe sobre estas cuestiones. Aqu cuentan a su favor con la total ausencia de sentido crtico de su base electoral, que crey en el programa de Junts pel S donde no se mencionaba el referndum considerado una pantalla pasada por utilizar el lenguaje procesista y se prometi la elaboracin de una Constitucin catalana que sera aprobada y refrendada en 18 meses, tras lo cual se procedera a una declaracin unilateral de independencia. Una notable diferencia respecto a la militancia de otros partidos como el PSOE, cuya militancia, en las pasadas primarias, desoy las directrices del aparato y vot masivamente a favor de Pedro Snchez.

Dos son las nicas novedades del texto anunciado. En primer lugar, se invoca la legislacin internacional sobre el derecho a la autodeterminacin para invalidar la vigencia del ordenamiento jurdico-poltico espaol. Una argumentacin capciosa y mendaz, pues es de sobras conocido que el derecho a la autodeterminacin de la ONU solo se aplica a los pueblos sometidos a dominacin colonial u ocupacin militar que impida su libre desarrollo. Una doctrina aclarada por el anterior secretario general de Naciones Unidas en su visita a Barcelona en 2015 cuando manifest: Catalunya no est en la categora de pueblos con derecho a la autodeterminacin.

Tampoco cumple con las prescripciones de la Comisin de Venecia que reclama, entre otras cosas, el plazo de un ao entre la aprobacin de las normativas legales del referndum y su celebracin y exige su adecuacin al ordenamiento constitucional del Estado de referencia. Ahora bien, aqu lo que interesa subrayar es que esta mendacidad ser uno de los leitmotivs argumentales de los dirigentes independentistas para orillar el obstculo que supone el choque frontal con la legalidad espaola. Una falsedad que ser repetida hasta la saciedad por los medios de comunicacin de la Generalitat y afines y que ser creda a pies juntillas por las clases medias atomizadas y despolitizadas, base social del movimiento independentista para quienes el nacionalismo y la secesin ms que una opcin poltica es una religin laica. De ah que en ellas la fe se imponga a la razn.

La segunda novedad radica en el propsito de declarar la independencia unilateralmente a las 48 horas de realizado el escrutinio si hubiera un solo voto favorable a la secesin. Ello a despecho de las prescripciones de la Comisin de Venecia, pues ni se establece un qurum de participacin, ni una mayora reforzada para declarar vlido el resultado de la consulta. Tambin se oblitera, como se establece en la Ley de la Claridad canadiense, la necesidad de establecer negociaciones entre los dos gobiernos implicados para concretar el traspaso de poderes en caso de victoria de los partidarios de la separacin.

En realidad, como apunt Ada Colau, se busca que participen masivamente los electores independentistas; pero tambin, aadimos nosotros, una pequea cifra de votantes contrarios a la secesin a fin de dotar de una apariencia de legitimidad a la consulta para lo cual resulta imprescindible el concurso del espacio de los Comunes. Como hemos indicado en diversas ocasiones, el movimiento independentista realiza sistemticamente un uso instrumental de los procedimientos democrticos: se invocan cuando son tiles a la causa de la secesin y se desechan cuando constituyen un obstculo. Como sucede, solo por poner un ejemplo, con la reforma del reglamento del Parlament para aprobar en lectura nica y sin debate tanto la ley del referndum como las de desconexin.

Campo de minas

Nos acercamos a unas semanas extremadamente peligrosas donde la alta tensin acumulada podra desembocar en un conflicto de imprevisibles consecuencias. Estamos, si se nos permite la metfora, ante un campo minado donde cualquier movimiento en falso puede provocar una explosin.

En parte, esta es la intencin de amplios sectores de los dirigentes del movimiento secesionista que, mediante reiteradas provocaciones, buscan una reaccin violenta del gobierno espaol como factor de movilizacin interna y para recabar el apoyo de la comunidad internacional. Una estrategia de elevada irresponsabilidad a la que parecen dar pbulo los sectores ms duros del PP, como la titular del ministerio de Defensa, Mara Dolores de Cospedal quien, en unas desafortunadas declaraciones, record el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad nacional. En clave menos agresiva, pero no menos inquietante, se expresaron los expresidentes de gobierno Gonzlez, Aznar y Zapatero que invocaron la constitucionalidad del artculo 155 de la Constitucin, por cierto tomado de la Carta Magna de la Repblica Federal Alemana, que permite la intervencin de las autonomas por parte del gobierno central en caso de manifiesta desobediencia al orden constitucional.

Lamentablemente, no se atisba en el horizonte ningn signo que nos permita ahorrarnos el anunciado choque de trenes que est ahondando las barreras polticas e identitarias entre la ciudadana catalana, cogida como un autntico rehn, entre los fuegos cruzados del nacionalismo cataln y espaol.

Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/campo-minado-del-referendum/



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