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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-07-2017

Juicio de los Magistrados
La inaccin y la omisin sistemtica qued documentada en los expedientes

Katy Garca
PrensaRed


A das del inicio de la causa que involucra a funcionarios judiciales con crmenes de lesa humanidad, el fiscal Carlos Gonella afirm que hay abundante prueba documental donde paradjicamente las huellas de la inaccin estn presentes. Destac que para la sociedad este proceso es importante porque mostrar el terrorismo de estado en toda su dimensin. A la vez, dijo, que para las vctimas ser una instancia reparadora. Tambin se refiri al evidente retroceso en las polticas de derechos humanos.

Por primera vez en Crdoba, funcionarios de la Justicia Federal imputados por abuso de autoridad, violaciones de los deberes de funcionario pblico y encubrimiento de delitos de lesa humanidad, durante la dictadura cvico militar, sern juzgados desde el prximo 25 de julio en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). Al otro da, en Mendoza, el llamado Juicio de los Jueces los ex magistrados Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren, acusados de crmenes de lesa humanidad y con pedido de prisin perpetua estaran recibiendo sentencia. (1)

Los acusados son Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel ngel Puga (el ex juez federal N2), Carlos Otero lvarez (ex secretario del Juzgado Federal N1) y Ricardo Haro (el ex defensor oficial). Fueron apartados el fiscal Al Fuad Al y el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina por razones de salud. El exjuez Adolfo Zamboni Ledesma, uno de los principales acusados por los testigos fue beneficiado por el punto final biolgico en 1984.

El llamado juicio de los magistrados es un desprendimiento de la causa Videla realizado en 2010. Durante aquel debate quedaron al descubierto el rol del poder judicial y de la Iglesia en los asesinatos de una treintena de presos polticos asesinados entre abril y octubre de 1976. Ahora, que los nuevos viejos vientos de cambio, se empean en re nombrar al horror como dictadura militar a secas, un hecho histrico sin precedentes asoma. El Tribunal actuante estar integrado por Julin Falcucci (Presidente); Jos Camilo Quiroga Uriburu ( Subrogante) y Jorge Sebastin Gallino (Subrogante). En representacin del Ministerio Pblico Fiscal acusar Carlos Gonella por 75 vctimas y Facundo Trotta.

En dilogo con Prensared el fiscal repas el proceso y record que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, en 1992, afirm que la dictadura cvico militar cont con la complicidad del poder judicial y lo personaliz en Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) y su secretario luego juez de cmara, Carlos Otero lvarez .

- Un puado de funcionarios judiciales llegan a juicio tras aos de dilaciones y apartamientos. Incluso, hubo problemas para conformar el Tribunal. Cmo lo analiza?


-Es un proceso que tiene la particularidad de juzgar por primera vez a un sector civil con alta representatividad institucional porque se trata de ex magistrados y funcionarios de la justicia federal que cumplan funciones durante el terrorismo de estado en distintos cargos: jueces, fiscales, defensores pblicos y secretarios de juzgados. Este juicio tiene la particularidad de que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 74 90 del ao 1992 dijo expresamente que la dictadura cvico militar cont con la complicidad del poder judicial de la provincia de Crdoba y dio los nombres del exjuez federal Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) y el ex secretario federal a la postre juez de Cmara del TOF N1 Carlos Otero lvarez.

Fue un proceso muy largo y otra de las particularidades ha sido el apartamiento de todos los jueces y fiscales. Por eso, tuvo que ser instruido por el juez de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. Y como fiscal de instruccin intervine yo porque no haba ninguno que lo hiciera. No fue simple.

-Qu se juzga en este juicio?

-Se juzga la conducta de estos ex magistrados y funcionarios en relacin a las causas que ellos instruan por infraccin a la denominada Ley Antisubversiva (Ley 20840) por la cual estaban imputados, con causa judicial, perseguidos polticos con diferentes perfiles. Desde ex integrantes de organizaciones guerrilleras revolucionarias, hasta estudiantes, militantes sociales, estudiantes secundarios, sindicalistas, catequistas como Marta Juana Gonzlez de Baronetto, y distintas personas a las que se los consideraba subversivos y por eso se los persegua legal e ilegalmente. Digo legal porque la mayora de estas personas tenan causas judiciales en su contra y estaban a disposicin de estos jueces y fiscales. Pero fueron torturadas en la temible D2.

Y fueron vctimas de una serie de delitos atroces. No solo la privacin ilegal de la libertad sino tambin tormentos y hasta homicidios que estaban en conocimiento de los acusados y que no hicieron absolutamente nada. Y como fue un obrar sistemtico y prolongado en el tiempo, la fiscala considera que la conducta de estos acusados adems de violar delitos funcionales es decir delitos que implican incumplimiento de deberes a su cargo tambin actuaron con complicidad con los ejecutores materiales de los hechos es decir con los integrantes de las fuerzas armadas, militares y de seguridad. Se los acusa de diferentes delitos y dos de los acusados Al Fuad Al y Luis Eduardo Molina fueron apartados porque no estn en condiciones fsicas, mentales y psicolgicas de hacerlo.

-Adems de las vctimas de la causa Videla que estaban a disposicin del PEN y de la Justicia Federal se agregaron nuevas?


-Las vctimas de este proceso fueron en su mayora las de la Unidad Penitenciaria 1 pero se agregaron otras. Porque no solo se juzga la conducta de los ex magistrados en relacin a lo que no investigaron sobre las vctimas que fueron finalmente asesinadas por aplicacin de la Ley de fuga, sino que hay otras, incluso varios sobrevivientes y que van a declarar como testigos. De manera tal que la prueba testimonial es abundante y sobre todo, la documental porque conductas como la inaccin y la omisin sistemtica de no actuar qued documentada en los expedientes que componen la causa.

- Qu significa para la sociedad y para las familias esta instancia que comienza el prximo 25 de julio?

Para la sociedad es muy importante desde mi perspectiva. Esto nos muestra el terrorismo de estado en toda su dimensin. Han sido juzgados los ejecutores pero no haba ocurrido con la parte civil. El empresariado y el poder judicial. En Crdoba qued trunca la parte empresarial por el contexto actual. Si se decidiera hay mucho para investigar en ese aspecto. Para las vctimas, sin dudas, tendr un aspecto reparador importante. Para los colectivos de familiares de detenidos por razones polticas y otros organismos de derechos humanos que confiaron en que iban a ser juzgados con la ley en la mano y result exactamente lo contrario. Porque estar blanqueados significaba un puente hacia la vida. Estar a disposicin de esos jueces les daba cierta seguridad pero en realidad esas expectativas fueron absolutamente defraudadas.

-Cmo analiza los cambios operados en relacin a las polticas de estado en materia de derechos humanos? Por caso, demoras en la continuidad de los juicios, fallos como el 21?

Es indudable que estamos en un contexto de claro retroceso, en materia de polticas pblicas de derechos humanos, marcado por hechos objetivos. No solo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en el caso Muia que aplic el beneficio del 2 x1 en contra de lo que establece la Constitucin y los Tratados Internacionales. Sino que desde un primer momento funcionarios de primera lnea del gobierno actual han tenido actitudes negacionistas. Tambin se desarticularon equipos de trabajo que tienen que ver con la comunicacin y trabajos documentales, se redujo el presupuesto en organismos estatales y eso tiene como consecuencia que disminuya la actividad. Porque el gobierno tiene otras prioridades sobre todo en materia econmica cuyos resultados estn a la vista. Hay polticas econmicas que golpean a los ms pobres y benefician a los ricos. Claramente el contexto es adverso.

Nota

1- Otros procesos que involucran a funcionarios judiciales se desarrollan en otras provincias como Salta, donde ser juzgado el ex juez Ricardo Lona. En Tucumn, Manlio Martnez, fue condenado a 16 aos de prisin; en Santa Fe, Vctor Brusa recibi 21 aos por su participacin en desapariciones forzadas. En Chaco, Roberto Mazoni y Luis ngel Crdoba, ex fiscal y ex juez, juzgados y destituidos.

Fuente: http://www.prensared.org.ar/47659/juicio-de-los-magistrados-la-inaccion-y-la-omision-sistematica-quedo-documentada-en-los-expedientes

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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