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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-07-2017

Detenciones arbitrarias: Estado racista, justicia cmplice

Victoria Siloff
La tinta


El juez Esteban Daz declar que los operativos de saturacin llevados adelante por la Polica de Crdoba en mayo de 2015 fueron arbitrarios y desmedidos. Pero si bien la sentencia es sumamente esclarecedora, se queda corta. Otra vez, el Poder Judicial protegiendo al Poder Ejecutivo.

El 30 de junio de 2017, el juez de Control y Faltas n. 7, Esteban Daz, declar arbitrarios los procedimientos policiales realizados los das 22 y 23 de mayo de 2015 y exhort al Jefe de Polica de Crdoba y al Ejecutivo Provincial la privacin de la libertad solo procede con carcter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria.

La sentencia responde a un Habeas Corpus preventivo presentado en favor de los ciudadanos que habitan los barrios Argello (Barrio El Cerrito y Quintas de Argello), barrio Yapey, Bella Vista, Gemes, Cceres, Acosta, Renacimiento, Colonia Lola, Villa la Tela, Parque Liceo Segunda Seccin, Los Cortaderos, Villa Bustos, y barrios aledaos por considerar que se encuentra amenazada su libertad ambulatoria en razn de los llamados operativos de saturacin con fuerte ocupacin territorial, que comprenden razias indiscriminadas llevadas adelante por la Polica de la Provincia de Crdoba , dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Dicho habeas corpus fue motorizado por vecinxs, organizaciones sociales y un grupo de abogadas y abogados que conforman la Asociacin Civil Clnica Jurdica de Inters Pblico Crdoba. Durante el proceso judicial, el testimonio de los vecinos hostigados fue acompaado por los comentarios de la Dra. en Ciencias Sociales Mara Alejandra Ciuffolini y la Dra. Andrea Bonvillani.

La sentencia judicial reconoce fuertemente una realidad social que ya viene siendo denunciada desde hace aos por cientos de organizaciones sociales, la comunidad de barrios populares, abogadas y abogados del campo popular.

La motivacin de la autoridad y su Jefatura para ordenar aquellos actos limitativos de la libertad personal (operativos saturacin, detenciones ilegales, etc), fueron dispuestos en funcin de lograr una saturacin territorial, como posible mtodo de comprobacin de infracciones al Cdigo de Faltas, pero con un exagerado y aparatoso despliegue de los cuadros policiales, cuyo resultado fue ms el infundir temor en los barrios afectados que el xito en lo que se buscaba. No cabe ms que concluir, que la fuerza policial, en la ocasin actu en forma desmedida, y arbitraria.

El magistrado llega a la conclusin de que es verosmil la denuncia formulada y por consiguiente corresponde declarar que los procedimientos policiales que tuvieron lugar los das 22 y 23 de mayo 2015 lesionaron el derecho a la libertad de las personas que fueron aprehendidas, por falta de causa, conducta o circunstancia previa que viabilizaran la medida restrictiva, o de haber existido esos motivos, no surgieron claros de las actuaciones que se labraron.

No es posible la actuacin represiva de las fuerzas policiales, sin la existencia de un evento tipificado como contravencin. Que a pesar de los cambios legales y reglamentarios, lo que no es posible modificar es la realidad, que en definitiva es la que genera la creacin normativa, que en muchos casos, como el presente, no es suficiente para resolverla, como tampoco puede, la sola normativa, zanjar las rispideces y enconos histricos que existen entre uniformados y las personas a las que se alude antes.

Mesa de Dilogo: el Estado slo ofrece ms represin

Quienes impulsaron el Habeas Corpus aclaran que el nuevo Cdigo de Convivencia no ha resuelto la violencia institucional, solo han cambiado las formas en que ella se desarrolla, siendo objeto de tal proceder los jvenes vulnerables de barrios aledaos a quienes se los estigmatiza y sindica como posibles delincuentes.

Exponen, que con la vigencia del Cdigo de Convivencia se ha modificado parcialmente la relacin de la Polica con los jvenes vulnerables, pero que se continan realizando prcticas policiales de amedrentamientos, abusos de forma ms solapada y oculta; siguen existiendo detenciones en la va pblica, situaciones de maltrato, de hostigamiento cotidiano en diversos barrios, que impide el acceso al centro de estos jvenes, que los confina a auto segregarse en sus propios barrios.

Aaden que las supuestas modificaciones del Cdigo de Convivencia no generan cambios en las prcticas policiales discriminatorias, no slo porque no se revisan las bases racistas de los comportamientos policiales sino porque el Cdigo de Convivencia preserva ilegalidades como la figura de actitud sospechosa. Aseveran, que la sospecha recae sobre determinados jvenes que portan en sus cuerpos las marcas de una procedencia cultural y social de Crdoba, generalmente son detenidos no por haber cometido una contravencin y/o delito, sino por determinadas caractersticas de color de piel, de forma de caminar, hablar, vestirse que se asocia a la peligrosidad.

Como respuesta a esta situacin, la Clnica Jurdica solicit que se forme una mesa de dilogo entre representantes del Ministerio de Justicia, la Polica, los vecinos y las asociaciones accionantes, a los fines de determinar las medidas a tomar para evitar futuras violaciones a las garantas constitucionales de los ciudadanos que habitan los barrios por parte de las fuerzas de seguridad. A este pedido el juez procedi a rechazarlo. Los argumentos esgrimidos se basan en que conformar una Mesa de esas caractersticas no es una funcin que corresponda al Poder Judicial.

A pesar de ello el Juez marca textualmente que: Est persuadido de que debe fomentarse la creacin de un mbito de dilogo y de intercambio de opiniones e informacin, tanto por parte de las autoridades inmiscuidas, como de los sectores afectados, representados por las organizaciones que se irrogan su tutela y en su lugar exhortar al Sr. Jefe de Polica de esta Provincia que deber hacerle conocer a todo el personal policial que en el ejercicio de las facultades que se corresponden con el vigente Cdigo de Convivencia, una vez producida la detencin preventiva de un ciudadano (en las circunstancias que se autoriza) debe ser puesto a disposicin inmediata de la autoridad (ayudante fiscal o juez de paz), recordando y haciendo recordar que la privacin de la libertad slo procede con carcter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria, que debe tenerse como criterio de gua y orientacin las consideraciones hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Torres Millacura y otros vs. Argentina.

As mismo el juez en la sentencia realiza dos recomendaciones: recomienda al Jefe de Polica que el personal superior de la fuerza policial se interiorice del contenido de la presente resolucin; y tambin, recomienda al Gobierno de la Provincia de Crdoba, a travs del Ministerio de Justicia que d cumplimiento a la ley de Seguridad Pblica (ley n 9235).

La violencia policial como prctica sistemtica slo para algunos barrios

El juez subray que entre las personas que fueron detenidas durante los operativos de saturacin no se advierte la aprehensin de ningn ciudadano perteneciente a barrios de clase media y/o alta de esta ciudad. Este dato es altamente significativo, ya que en palabras del magistrado, corrobora lo expuesto por las Doctoras en Psicologa y Ciencias Sociales Andrea Bonvillani y Mara Alejandra Ciuffolini.

Ciuffolini en su testimonio indic que su equipo de investigacin lleg a la conclusin de que se trat de una conducta sistemtica por parte de los agentes policiales con respecto a un grupo determinado de la poblacin, trabajando sobre el concepto de intolerancia selectiva, respecto de quienes pueden circular libremente sin requisas por la va pblica.

El resultado se compone de dos partes, una de razias especficamente y la otra que trabaja sobre judicializacin de la protesta social. Se observ que la violencia institucional es una prctica sistemtica direccionada fuertemente a algunos territorios: zona noreste, sureste, y todo lo que es circulacin por la zona cntrica, siendo estos territorios donde la polica opera requiriendo documentos en va pblica o directamente deteniendo a jvenes varones. Funciona, diramos a partir de un estigma, una intolerancia selectiva: determinada forma de vestir, andar, etc, expuso.

A su vez, la Dra. en Ciencias Sociales aclar que si bien la modificacin del Cdigo de Faltas modul algunas prcticas, no ha sido modificada en nada la cultura que la polica tiene en cuanto a los jvenes: Sigue siendo igual la cultura institucional, la ley ha cambiado pero la conducta policial no.

Por su parte la Dra. Andrea Bonvillani manifest que desde el 2014 hasta el 2016 la situacin ha variado asumiendo otras formas desde la aplicacin del Cdigo de Convivencia. Si bien los casos de detenciones arbitrarias se han mantenido en su nmero de acuerdo a cifras no oficiales, las metodologas han cambiado evitando dejar registro en sede policial. Se observan ms situaciones de presin en los territorios, situacin que los jvenes llaman paseo que es no llevarlos a sede policial, sino trasladarlos por toda la ciudad en los mviles policiales, los cual implica situacin de violencia fsica y simblica, como golpes, maltratos, amenazas, etc..

Bonvillani remarc que es necesario contar con cifras estadsticas actualizadas sobre el accionar de la polica y a eso acompaarlo con monitoreo de razias y detenciones arbitrarias, casos de gatillo fcil, etc. Seal adems que se debera fomentar un proceso de reflexin sobre el propio accionar de la polica para desnaturalizar las prcticas de violencia fsica y simblica. A su juicio, se bajara tal prctica mediante la instrumentacin de talleres, encuentros, monitoreo, objetivacin de la propia prctica profesional.

La especialista aade que la narrativa racista sigue impactando en la vida de los jvenes vulnerables de Crdoba en distintos aspectos: a nivel de autoestima (al ser considerados incapaces, peligrosos o violentos) generando una autopercepcin absolutamente negativa (lo que significa internalizar lo que a lo largo de una vida lo que se dice de ellos, y como se los trata) que en muchos casos se vuelve una profeca auto cumplida, dicho en otros trminos esa autopercepcin del otro (polica) se vuelve autopercepcin y se acta.

A modo de corolario, las sistemticas detenciones arbitrarias, las razias en los barrios, los llamados paseos en mviles policiales son situaciones traumticas para la vida de los jvenes por su carga de humillacin o de miedo, de impotencia que tampoco es contenida por ninguna institucin.

La discrecionalidad Judicial

Si bien es sumamente esclarecedora, la sentencia se queda corta. No tiene fuerza, es como si no dijera nada .

Cuando el juez tiene la posibilidad de ordenar, de hacer efectivo su imperio, como lo hace todos los das con los ciudadanos y ciudadanas comunes a quienes les pesa el yugo de la ley, aqu no lo hace. Aqu, apenas viene (luego de extenuantes conclusiones, y de bellas palabras que resaltan la importancia de que en un Estado de Derecho se respeten los Derechos Humanos, de que las fuerzas Policiales deben cuidar y velar por su cumplimiento, de hablar del Sistema Republicano de gobierno) a recomendar. Y entonces, la pregunta es para qu? Acaso el Poder Judicial est para cruzarse de brazos ante semejantes hechos?

Ha quedado demostrado en este proceso judicial, como lo establece la sentencia de la que venimos hablando, la ilegalidad en estos procedimientos, ha quedado demostrado el dao ocasionado a estos vecinos y vecinas, ha quedado demostrado el carcter racista, la violacin sistemtica por parte de las fuerzas policiales de los derechos humanos de la ciudadana cordobesa. Pero el juez, apenas se atreve a recomendar.

Qu herramientas entonces le quedan al pueblo, a la comunidad, a los jvenes, a las ciudadanas que sufrimos la violencia del Estado en manos de la Polica de la Provincia, si un juez ante toda esta realidad apenas viene a hacer recomendaciones?

Si un ciudadano viola la ley, el sistema lo castiga, lo sanciona. Pero si quien viola la ley es el mismo Estado, ya sea desde su Polica o desde otra reparticin, el Poder Judicial no aplica ninguna sancin. No hay consecuencia alguna, existe una suerte de palmadita en la espalda al Poder Ejecutivo, un reto como el que hace un padre o una madre ante un comportamiento inaceptable de un/a menor.

Todava ese sistema Republicano, que el juez dice respetar, parece ser una ficcin. El Estado funciona como una familia tradicional y patriarcal, donde el Judicial no se anima a hacer Justicia, soporta los berrinches, soporta las conductas dainas del Ejecutivo, y ante la evidencia de las mismas, apenas aplica un tirn de orejas. 

Victoria Siloff. Abogada, miembro del Encuentro de Organizaciones (EO) Crdoba, Argentina.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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