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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-07-2017

La reforma constitucional de 1992: a 25 aos del referendo que no fue

Jos Walter Mondelo Garca
Rebelin


El pasado 12 de julio de 2017 se cumpli un cuarto de siglo de la reforma constitucional de mayor calado en Cuba despus de 1959, a tal punto que algunos de nuestros mayores juristas se preguntaron entonces si no cabra hablar mejor de nueva Constitucin. Recordemos que la reforma constitucional fue aprobada en el XI Perodo Ordinario de Sesiones de la III legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada los das 10, 11 y 12 de julio de 1992, como Ley de Reforma Constitucional de 12 de julio de 1992 (Gaceta Oficial extraordinaria No. 6, de 13 de julio de 1992) y que la Constitucin ya reformada apareci en la Gaceta Oficial (edicin extraordinaria No. 7, de 1ro. de agosto de 1992).

En total, se adicionaron a la Constitucin tres nuevos captulos. El nmero total de artculos se redujo a 137, de los 141 originales. La reforma afect a un considerable nmero de 77 artculos, aproximadamente el 54.6% del total del texto constitucional. Entre los cambios de mayor peso, el artculo 1 qued redactado de manera muy similar al de la Constitucin de 1940, se modific la definicin de propiedad estatal socialista de todo el pueblo y su carcter irreversible, se incluy la propiedad de las empresas mixtas como una nueva forma de propiedad, se regul por primera vez el Estado de Emergencia y se modific el sistema electoral. En este sentido, la reforma constitucional de 1992 trajo como una de sus consecuencias ms positivas el situar a la Constitucin en una posicin mucho ms favorable que antes para generar el consenso en torno a sus normas: Adems de los cambios ya mencionados, el Partido ya no es slo el de la clase obrera, ahora es el de la nacin cubana; se introduce el carcter no confesional del Estado y se garantiza la no discriminacin por motivos religiosos; se ampla la representatividad democrtica en los rganos del poder popular mediante la eleccin directa de delegados y diputados, y se suprimen las referencias a una ideologa del Estado cubano. Considerando el alcance de la reforma constitucional de 1992 resultan llamativos, como escribi en 1996 Hugo Azcuy1, sus escasos antecedentes en la exposicin y el debate pblicos. Es cierto que la reforma fue precedida por los amplios debates asociados al Proceso de Rectificacin de Errores y Tendencias Negativas (1986-89) y el llamamiento al IV Congreso del Partido (1990). Este ltimo result quizs el mayor ejercicio de debate pblico habido en Cuba en el ltimo medio siglo: millones de cubanos, a lo largo y ancho del pas emitieron sus criterios, opiniones y sugerencias prcticamente sobre cada asunto, tema o mbito de la vida nacional. Tambin es cierto que el llamado Perodo Especial, a partir de 1990, y la apertura a las inversiones extranjeras, y en el comercio exterior y el turismo, requeran la creacin de un marco legal distinto al entonces existente. Ambas cosas, cada una en su perspectiva, contribuyeron a explicar la reforma constitucional. Sin embargo, y aun cuando el debate sobre si someterla o no a referendo no trascendi los lmites de los directamente implicados en la reforma, adems del gremio jurdico, s que se trat de una controversia que hoy, 25 aos despus, sin duda merece una relectura, en momentos en que una nueva reforma, anunciada desde 2013, pero prcticamente sin trascendencia alguna a la esfera pblica, apunta a recorrer el mismo camino de ser aprobada sin un amplio conocimiento y debate en torno a su contenido.

Por ello, no resulta ocioso y s muy ilustrativo, pasar revista a los argumentos esgrimidos entonces por los defensores de que la reforma necesitaba slo la aprobacin de la Asamblea Nacional y no la celebracin de un referendo2. Veamos sobre qu bases se entendi innecesario el referendo.

Se argument, de inicio, que la potestad constituyente (en rigor, de reforma constitucional) de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establecida por la Constitucin, deba interpretarse slo como la facultad de introducir modificaciones al texto constitucional, pues la clusula de reforma exiga que en caso de reforma total o que afecte la integracin y facultades de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado, o a derechos y deberes consagrados en la Constitucin, se celebrase un referendo para ratificarla, convocado por la propia Asamblea. Sin embargo, se interpret que la expresin derechos y deberes consagrados en la Constitucin se limitaba a los contenidos en los Captulos V y VI (que en la actual redaccin de la Constitucin seran los Captulos VI y VII), y por lo tanto podran modificarse sin referendo los contenidos (exceptuando, por supuesto, la integracin y funciones de la Asamblea y de su Consejo de Estado), de todos los dems captulos, incluyendo la propia clusula de reforma. Por otra parte, se sostuvo que podran modificarse por la Asamblea, sin necesidad de ratificacin por un referendo, los preceptos contenidos en los Captulos V y VI, es decir, los derechos y garantas fundamentales, siempre que no limiten, restrinjan o eliminen el ejercicio de esos derechos y deberes. Esta peregrina afirmacin, que de hecho vaca de contenido lo dispuesto en el precepto constitucional, se intent justificar con el argumento de que el propsito del requisito de aprobacin por referendo es el defender los derechos y deberes y evitar que sean disminuidos o limitados por un rgano cuyas facultades de reforma constitucional son delegadas por el pueblo.

El argumento resultaba entonces, y an resulta hoy, por decirlo suavemente, endeble, y tiene el aspecto de ser un sofisma ideado para tratar de eludir una cuestin espinosa. Adems, nos enfrenta a algunos problemas prcticos, en primer lugar tenemos el problema de la interpretacin: en qu casos estaramos frente a una limitacin, restriccin o eliminacin de esos derechos y en cules no? Segundo: quin decidira la cuestin? Aparentemente, la propia Asamblea, es decir, la parte interesada en la modificacin. Igualmente y segn esa lgica, no se requerira referendo para otorgar nuevas facultades a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, o para incorporar nuevos derechos o deberes al Captulo VI de la Constitucin.

En principio, parece que con tantas excepciones al mbito de aplicacin de la clusula de reforma, habra sido mejor despedirnos sin ms de la clusula misma, y establecer simplemente que la Asamblea podr modificar en todo o en parte el texto constitucional con el voto favorable de las dos terceras partes del nmero total de sus integrantes, lo que convertira a nuestra Carta Magna en una de las ms flexibles del mundo entero3. Aunque, por supuesto, ello no ocurri, no cabe duda de que interpretaciones de esta ndole, en lo referente a la Constitucin y su papel en el ordenamiento jurdico, siguen siendo prevalecientes en las instancias decisoras del Estado cubano.

Por otro lado, entre los defensores de la realizacin del referendo como jurdicamente imprescindible segn lo dispuesto en la clusula de reforma4, los argumentos principales se sustentaban en dos cuestiones. La primera de ellas, que segn el artculo 141 de la Constitucin entonces vigente, el referendo era obligatorio para legitimar cualquier modificacin de los derechos, deberes y garantas fundamentales, y la reforma propuesta alteraba el rgimen de propiedad al introducir una nueva forma de propiedad, no reconocida en la Constitucin, como la propiedad de las empresas mixtas y an de capital totalmente extranjero, es decir, privada. An ms, eliminaba el carcter irreversible de la propiedad estatal socialista de todo el pueblo, que poda ser entonces reconvertida en propiedad de empresas mixtas o aun en propiedad privada. No hay duda de que el derecho de propiedad es uno de los derechos ms fundamentales del catlogo, y determina de hecho el rgimen socioeconmico de ste y de cualquier Estado. Sorprendentemente, el Decreto-Ley 50, de 1982, haba autorizado la propiedad de las empresas mixtas, no reconocida entonces por la Constitucin. En conexin con el propio artculo 141, otra importante novedad de la reforma lo constitua la figura del Estado de emergencia, durante cuya vigencia se autorizaba una regulacin diferente (es decir, restrictiva) de los derechos fundamentales, lo cual, en opinin de los defensores del referendo, requera de la realizacin de ste para su incorporacin a la Constitucin.

Sin embargo, finalmente se aprob por la Asamblea Nacional la reforma constitucional y no se convoc referendo alguno, pese a lo cual la reforma de 1992 tuvo amplia aceptacin en cuanto a su necesidad y a la conveniencia jurdica y poltica de la mayora de las modificaciones efectuadas para mantener el consenso social en torno a los ncleos duros de la Revolucin, a sus principios irrenunciables, al mismo tiempo que la Constitucin fue liberada de mucha de la influencia sovitica y del socialismo esteeuropeo, que marc el contexto histrico de su redaccin y aprobacin en 1976.

Todo ello, sin embargo, nos deja an frente a la pregunta de por qu no se convoc a referendo para que el soberano decidiera sobre la reforma a su Carta Magna. Hasta hoy, ello resulta en un dficit democrtico del constitucionalismo cubano, donde en los ltimos 60 aos slo ha habido un referendo (para aprobar la Constitucin de 1976, por tanto, antes de su vigencia), a pesar de que se han realizado dos reformas de calado a la Constitucin, en 1992 y 2002. Ello contrasta agudamente con experiencias recientes en pases como Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde movimientos y partidos polticos de izquierda, llegados al poder, han llevado a cabo proyectos de transformacin social, que se han apoyado explcita y an fervorosamente, en una prctica constitucional fundada y enraizada en la participacin popular directa, ejercida en referndums, Asambleas Constituyentes, revocatorias de mandato y una amplia gama de mecanismos de participacin popular que han llevado a numerosos estudiosos a definir un Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. En Cuba, por una serie de razones que no es del caso tratar aqu, la Constitucin de 1976, reformada en 1972 y 2002, no ha logrado adquirir fuerza normativa directa y ha sido vista ms como programa poltico que como norma jurdica, lo que hace an ms complejo el propsito, expresado por Ral Castro, de completar la institucionalizacin del pas, que a ms de 40 aos de la entrada en vigor de la Constitucin, y a 25 de su ms ambiciosa reforma, an sigue siendo un sueo y un ideal, pero no una realidad.

El camino a recorrer para convertir finalmente ese ideal en realidad de cada da slo puede transitar por el rescate de la institucionalidad republicana, la ampliacin de los espacios de participacin poltica, el empoderamiento ciudadano en todos los niveles de la gestin de la cosa pblica, desde poblados y municipios hasta la Asamblea Nacional, y todo ello en los marcos de una Constitucin que debe ser reformada, s, pero no solo ni principalmente desde arriba, como hace 25 aos, sino con la participacin plena, consciente y libre de todos los cubanos, que deberan tener la oportunidad, en ejercicio de su derecho ciudadano, de votar por su Carta Magna, despus de aprobada en la Asamblea Nacional, en referendo libre y abierto, como establece la clusula de reforma de nuestra Ley de Leyes, que no puede no debe ser eludida por segunda vez, como en 1992.

La relevancia de esta cuestin no puede seguir siendo ignorada o menospreciada: si la Constitucin actual ha de ser reformada o sustituida, por el natural deterioro y obsolescencia producidos por la accin del Padre Tiempo, adems de las propias insuficiencias y errores de diseo, debe evitarse que el resultado, ya sea por la inadecuacin de los medios empleados o por la limitacin de los fines perseguidos, resulte meramente una reforma ms que nos obligue a la vuelta de algunos aos y nuevas coyunturas, a enfrentarnos al mismo dilema. Para alcanzar ese objetivo, resulta imperativo recuperar y desarrollar nuestra tradicin republicana, autntica fuente del constitucionalismo independentista, republicano y revolucionario, repensar nuestras instituciones y prcticas polticas bajo su luz, y construir un republicanismo socialista capaz de superar, por un lado, la seduccin de los dogmas liberales y neoliberales y, por el otro, la tentacin de mantener inalteradas las concepciones heredadas del socialismo real (estatismo, unidad entendida como unanimidad, desconfianza hacia el Derecho y los mecanismos de control del poder). Ello, en definitiva, sera la manera ms efectiva de realizar la Repblica soada por Mart, con todos y para el bien de todos, con igualdad y libertad plenas, donde todos sean tratados y traten a los dems como seres humanos (es decir, fraternalmente) y con exclusin absoluta de fueros, dignidades especiales ni privilegio alguno.

Notas:

1 AZCUY, Hugo: La reforma de la Constitucin socialista de 1976; en el volumen colectivo La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996, pp. 104 -120.

2 Cfr. PREZ MILLN, Flix: Motivos para una reforma, en Prez Hernndez, Lissette y Martha Prieto Valds (comp.): Temas de Derecho Constitucional cubano, Editorial Flix Varela, la Habana, 2000, pp. 40-44.

3 Ello contrasta agudamente con las palabras de Fidel en su clebre alegato de autodefensa, cuando afirm: (La Constitucin) ha de ser estable, duradera y ms bien rgida. Cf. CASTRO RUZ, Fidel: La Historia me absolver, Edicin anotada, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2008, p. 79.

4 Entre ellos nombres tan ilustres como Hugo Azcuy y Julio Fernndez Bult.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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