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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-07-2017

Estados Unidos en Venezuela

Silvina Romano y Anbal Garca
CELAG


Estados Unidos en Venezuela

El Congreso estadounidense viene dedicando importantes energas y recursos a resolver la situacin en Venezuela, como si se tratase de territorio soberano estadounidense. Solo en lo que va de 2017: se aprob una ley (en enero) mediante la cual se asignan 7 millones de dlares para la asistencia para la democracia y los derechos humanos de la sociedad civil de Venezuela; una propuesta de ley para los refugiados venezolanos (abril), otra propuesta para la Asistencia Humanitaria y la defensa de la Gobernanza Democrtica (mayo), adems de una resolucin para instar al presidente Trump a implementar sanciones (abril).[1] Sin dudas, el proyecto de ley ms integral, fue el presentado por un grupo bipartidista de 15 senadores estadounidenses, encabezado por Ben Cardin (Demcrata) y Marco Rubio (Republicano) a principios de mayo (S. 1018).[2] El proyecto presenta al menos dos dimensiones interesantes y sugerentes para agregar a los anlisis sobre el conflicto en Venezuela desde la perspectiva de los intereses estadounidenses: la relativa al texto del proyecto de Ley en s mismo que puede ser comprendido como una suerte de mapa a seguir por el gobierno-sector privado estadounidense en Venezuela- y la relativa al petrleo y la seguridad estadounidense.

Lineamientos para el retorno al neoliberalismo en Venezuela

La Ley Cardin para proveer ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernanza democrtica y combatir la expansin de la corrupcin pblica en Venezuela es presentada como una hoja de ruta para los organismos del gobierno estadounidense y sus funcionarios, as como para organismos internacionales, dando por sentado que finalmente se llegar a un escenario propicio para aplicar las medidas propuestas, muchas de las cuales han sido rechazadas de modo contundente por el gobierno venezolano el cmo se logra este escenario, est asociado a las estrategias de desestabilizacin que han sido aplicadas sistemticamente, cada vez con mayor insistencia y virulencia, panorama en el que se incluyen planes del Comando Sur como Operacin Freedom 2[3].

Los aspectos que aborda el proyecto de ley son: asistencia humanitaria, apoyo a la OEA en la aplicacin de la Carta Democrtica; apoyo de organismos internacionales en el monitoreo de elecciones; apoyo a los pases del Caribe. Como justificacin de estas medidas se enuncia lo relativo a la corrupcin y el narcotrfico (planteando sanciones concretas para funcionarios venezolanos), as como la relacin de PDVSA con empresas rusas y la amenaza a la seguridad de EEUU.

Como asunto fundamental, se proporcionan una serie de datos sobre la crisis alimentaria y de acceso a medicinas en Venezuela, aduciendo que hay altos ndices de malnutricin, especialmente en nios. Llama la atencin que este tipo de atencin solo vaya destinada para Venezuela, cuando en Amrica Latina hay pases como Guatemala donde uno de cada dos nios entre cero y seis aos sufre de desnutricin;[4] o Mxico, donde ms del 50% de la poblacin vive por debajo de la lnea de pobreza.[5]

Desde un inicio, el documento presume que el gobierno venezolano es autoritario y que no representa los intereses o necesidades de los venezolanos y por eso el objetivo es que el Presidente Maduro acepte la ayuda para resolver la crisis humanitaria; restituya los poderes a la Asamblea Nacional; permita llevar a cabo elecciones de acuerdo a lo establecido en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (Sec.3). En particular esta ltima sugerencia da cuenta de un nimo intervencionista, al poner en duda el propio conocimiento del gobierno de Venezuela sobre lo establecido en la Constitucin, cuando el gobierno ya ha planteado una alternativa, la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, que por no responder a los cnones democrticos esperados por la comunidad internacional y la oposicin, ha sido definida como ilegtima (a pesar de que es una alternativa que figura con claridad en la Constitucin).

Pero el intervencionismo se exhibe con mayor claridad an en lo referido al modo en que se implementar la asistencia humanitaria: fluir por medio de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y ONGs, que adems de proveer los alimentos y medicinas necesarias, gestionarn asistencia tcnica para garantizar su distribucin adems de procurar mejorar la transparencia y accountability de las instituciones pblicas de Venezuela (Sec 4, incisos 3 y 4). Se deriva de esta propuesta que los tcnicos estadounidenses y de ONGs locales asociadas a la USAID seran los encargados de intervenir para reorganizar el funcionamiento correcto de los organismos estatales. A esto se suma adems la actuacin de la ONU, la Organizacin Panamericana para la Salud, el BID y el BM (Sec. 5, inciso 3). Se plantea entonces, sin reparo, el desembarco de las Instituciones Financieras y Organismos Internacionales coordinados por oficinas del gobierno estadounidense para reorientar al Estado venezolano. Trayectoria que no solo remite al recetario neoliberal (que prob ser fallido en Venezuela), sino que se trata de un modus operandi pos-Golpe aplicado en varias experiencias anteriores (especialmente sugerente es el caso de Guatemala en 1954).[6] Tal vez debido a estos antecedentes, el proyecto de Ley considera que estas sugerencias son prcticamente un hecho y solicita la asignacin de un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dlares para su ejecucin (Sec. 7).

Como medida de presin complementaria de cara a lograr el escenario requerido para aplicar los lineamientos planteados, se propone trabajar con mayor nfasis en las sanciones para funcionarios venezolanos corruptos, responsabilizndolos por la erosin de la democracia (Sec 9 y 10). Una apuesta que ha tenido xito en Brasil, con el Lava Jato y el corolario de crcel de 9 aos para Lula da Silva, todo un montaje dirigido a dirimir los conflictos polticos a travs de la va judicial, para eliminar las alternativas polticas posibles[7].

Pero no se trata solo de limpiar la burocracia Estatal venezolana y (re)construir un Estado a imagen y semejanza de la democracia neoliberal. Se propone para ello asfixiar la economa venezolana. Por un lado, se enfatiza en la necesidad y urgencia de que EEUU se acerque a los pases del Caribe que estn vinculados a Venezuela por medio del petrleo y que son los que vienen bloqueando en cierta medida la aplicacin de la Carta Democrtica a Venezuela en las votaciones de la OEA. Se postula la necesidad de lograr un mayor acceso a las fuentes energticas de esos pases, incluido el desarrollo de proyectos de financiamiento de energas alternativas por medios pblico-privados (Sec. 8). Se pide la accin conjunta de Departamento de Estado, USAID y la Overseas Private Investment Corpororation (todos organismos que han estado implicados en procesos de desestabilizacin desde la Guerra Fra hasta la actualidad).[8] Por otro lado, se busca debilitar a PDVSA, aduciendo que se tratara de una empresa que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

CITGO, la amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos

Uno de los rubros destacados de la Ley Cardin es el llamado de atencin sobre PDVSA y su filial en Estados Unidos, PDVSA-CITGO. Segn el texto S.1018, CITGO tiene una importancia crucial para la Seguridad Nacional estadounidense, con implicaciones geopolticas preocupantes, ms all de la inestabilidad econmica y poltica venezolana. Segn las propias fuentes estadounidenses, PDVSA obtuvo un prstamo de la petrolera Rosneft -controlada por el gobierno ruso- utilizando 49.9% de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO Petroleum Corporation, incluyendo sus activos en Estados Unidos, como garanta.[9] Se aduce de que se trata de un asunto vital para la seguridad nacional estadounidense, en trminos estratgicos, pues se estima que CITGO posee y controla infraestructura en 19 estados estadounidenses, incluyendo tuberas, refineras en Louisiana, Illinois y Texas, que procesan 749 mil barriles al da, ms de 6 mil gasolineras en 27 estados, sobre todo de la Costa Este. La refinera de CITGO en Louisiana es la sexta refinera en tamao en Estados Unidos. Aun tomando nota de estas caractersticas, CITGO no se compara con las grandes petroleras de EEUU, como Exxon, que ha sido catalogada como la empresa de hidrocarburos ms grande del mundo[10]. De modo tal que las sanciones solicitadas estaran dirigidas a generar un embargo que disminuya considerablemente las finanzas venezolanas en un contexto de baja de los precios de petrleo a nivel mundial.

Por otra parte, la voz de alarma se enciende al asegurar que en caso de default o incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano, una filial de PDVSA como CITGO, podra quedar en manos de la rusa Rosneft y se desliza que eso permitira la penetracin rusa en EEUU (Sec 11, inciso 5). Esto que es presentado como una posible estrategia de injerencia ruso-venezolana es rpidamente desbaratado por los hechos: no se trata de la influencia de CITGO, sino del protagonismo de las petroleras en la poltica y la economa estadounidense en general (debido al modo en que opera el cabildeo y la puerta giratoria en esa democracia: baste recordar que el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, es histrico CEO de Exxon). Un ejemplo es que CITGO cabildea desde hace meses en la Casa Blanca y aport 500.000 dlares a la campaa de Trump, sumndose a acciones similares de Chevron, Exxon, BP, etc.[11] As, es poco probable que CITGO constituya una verdadera amenaza para un gobierno como el estadounidense, respaldado por las grandes petroleras, que lejos de destinar energas a preocuparse por una intervencin rusa, apuestan por un plan de expansin (America First Offshore Energy) que pretende hacer de Estados Unidos el lder y principal proveedor de energticos a nivel mundial y asegurar los principales mercados de energticos del mundo.[12]

Por todo lo anterior, para Estados Unidos es primordial que de un modo u otro se reemplace al gobierno actual por otro predispuesto a subordinarse poltica y econmicamente. Por lo pronto, en las prximas semanas vencern los plazos relativos a las sanciones y juicios a funcionarios venezolanos, de modo que habr que estar atentos a nuevos captulos del intento de intervencin de Estados Unidos en Amrica Latina. Veremos

[1] Congressional Research Service, Venezuela: Background and US Policy, June 2017, pp 29-30.

[2] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text

[3] http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/

[4] http://www.hispantv.com/noticias/guatemala/327268/desnutricion-derechos-ninos-programas-jimmy-morales

[5] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333

[6] http://www.journals.unam.mx/index.php/deraizdiversa/article/view/58498

[7] http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/

[8] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052012000300011

[9] Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text

[10] https://www.forbes.com/sites/laurengensler/2017/05/24/the-worlds-largest-oil-and-gas-companies-2017-exxon-mobil-reigns-supreme-chevron-slips/#29dc39974f87

[11] http://docquery.fec.gov/pdf/286/201704180300150286/201704180300150286.pdf en concreto vase la pgina 21. CITGO a su vez, contrat a la firma de Corey Lewandowski (ex asesor de campaa de Trump) para tener injerencia en las decisiones polticas estadounidenses respecto a restricciones y sanciones.

[12] https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/28/presidential-executive-order-implementing-america-first-offshore-energy

Fuente: http://www.celag.org/estados-unidos-en-venezuela/



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