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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-07-2017

Impactos de las empresas transnacionales en los derechos humanos

Luis Hallazi
Rebelin


El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emiti los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en junio del 2011; adems decidi establecer un Grupo de Trabajo empresas y derechos humanos, compuesto por cinco expertos independientes elegidos por un periodo de tres aos con el mandato de promover la implementacin de dichos principios; se estableci tambin un Foro donde anualmente se discutiran tendencias y desafos en la implementacin de los mismos. Dos de los expertos del Grupo: Michael K. Addo y Dante Pesce estn de visita oficial por primera vez en Per [1], tras una invitacin del gobierno peruano.

Sin duda, cada vez es ms visible el impacto negativo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos en el mundo entero. El 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas, encarg al profesor John Ruggie profundizar al respecto, lo que trajo como resultado en el 2008 el marco de Proteger, Respetar y Remediar; sobre estos tres pilares se desarrollan los treinta y un (31) Principios Rectores que rigen este instrumento [2].

El primero est relacionado a la obligacin del Estado de proteger los derechos humanos mediante el desarrollo de polticas pblicas adecuadas y regulaciones que garanticen derechos fundamentales; el segundo es la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos lo que significa que las empresas deben actuar con debida diligencia [3] para evitar infringir los derechos de terceros y enfrentar los impactos adversos en los que estn involucrados y el tercero es la necesidad de buscar el mayor acceso posible por parte de las vctimas a una remediacin efectiva que pueda ser judicial o extrajudicial.

En el Per ponernos a pensar en base a estos tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar, es simplemente chocarnos con una devastadora realidad. Podemos analizar una gama diversa de casos de cmo es la relacin de las empresas con los derechos humanos y evidenciaremos que en su gran mayora ni el Estado protege, ni las empresas respetan y peor an, en caso de violaciones de derechos ninguno de los dos remedian a las vctimas.

Remitmonos a la situacin actual, donde el Estado los ltimos cinco aos, tanto en el gobierno de Ollanta Humala como en el actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ambos, han tenido un poltica agresiva de promocin de la inversin a travs de la creacin, modificacin y derogacin de normas jurdicas que flexibilizan procedimientos para el acceso a tierras o debilitan requisitos ambientales; que finalmente colisionan con el marco de proteccin de derechos humanos , ejemplo de ello es la Ley 30230 o el Decreto Legislativo 1333 recientemente derogado. Esto evidencia que el Estado est lejos de proteger los derechos humanos, sino al contrario realiza acciones concretas que terminan debilitando estndares mnimos de proteccin de derechos.

Vayamos al mbito de las empresas que reunidas en gremios empresariales como es el caso de la CONFIEP han ido generando una opinin pblica y presin gubernamental que muchas veces es contrara a los derechos humanos. Un caso concreto fue la resistencia a respetar el derecho humano a la consulta previa en actividades mineras, incidiendo en el Estado para que las poblaciones de comunidades campesinas no sean consultadas bajo la excusa de no ser pueblos indgenas [4] . Esta oposicin e incidencia directa y pblica tambin han estado detrs de los cambios normativos denominados paquetazos, donde la CONFIEP ha cumplido un rol predominante en generar una corriente de opinin que no toma en cuenta la debida diligencia en los cambios normativos que promueve.

Por otro lado, hay muchos casos en los cuales habiendo habido violacin de derechos por parte de empresas o Estado; ests la mayora de veces no han reparado a las vctimas, un caso con ms de 40 aos de contaminacin petrolera y sin remediacin hasta el da de hoy es el de las comunidades de las cuatro cuencas en Loreto; as como este caso se pueden encontrar diversas violaciones contra el derecho a la tierra y territorio; al derecho a la consulta y el consentimiento previo; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud de los pueblos indgenas. Esto nos lleva a concluir que los Principios Rectores no consideran de manera explcita los derechos diferenciados de los pueblos indgenas.

Ms all de eso los Principios Rectores son actualmente insuficientes para controlar los impactos que las empresas transnacionales estn teniendo sobre los derechos humanos y especficamente sobre los pueblos indgenas. Debemos saber que estos principios no son un instrumento jurdico y por tanto no crean obligaciones legales internacionales para las empresas, de la misma manera los principios son dbiles con respecto a las obligaciones del Estado, ya que no estn ancladas en tratados internacionales. La aplicacin de los principios apelan a la voluntariedad de las empresas y estas a su vez prefieren autoregularse a travs de sus cdigos de tica. Sin embargo el 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprob la resolucin presentada por Ecuador y Sudfrica que busca iniciar negociaciones a nivel mundial para el establecimiento de un instrumento de cumplimiento obligatorio para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos a escala global, aunque hasta ahora no haya muchas noticias al respecto.

Lo cierto es que para vigilar el cumplimiento de estos principios, dos de sus miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, estn de visita oficial al Per, visita que concluyo el 19 de julio, tras 9 das de reunirse con empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; en este ltimo caso hubo un espacio donde se pudo presentar diversos casos vinculados a vulneraciones de derechos en actividades mineras, de hidrocarburos, agroindustriales, infraestructura, consulta previa, vulneraciones por parte de la empresa a defensores de derechos y violaciones de los derechos laborales. Para junio del 2018 se espera el informe oficial y final con sus conclusiones y recomendaciones presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, esperemos que el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos recomiende a las empresas nacionales y transnacionales que sus acciones relacionadas a la incidencia y la gestin de sus intereses (lobbies) no vulnere, ni debilite el marco de proteccin de derechos humanos. De la misma manera se recomiende al Estado, sea al poder ejecutivo o poder legislativo, que sus acciones legislativas en la promocin de las inversiones privadas y pblicas no vulnere, ni debilite el marco de proteccin del derecho internacional de los derechos humanos.

Notas:

[1] Vase Visita oficial: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21847&LangID=S

[2] Vase los Principios Rectores: http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1

[3] La debida diligencia es el proceso comercial mediante el cual las empresas identifican activamente, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre como manejan y abordan sus impactos negativos potenciales y actuales sobre los derechos humanos.

[4] Vase diversas declaraciones de la CONFIEP: http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-consulta-previa-postergara-los-proyectos-mineros

Luis Hallazi es abogado y politlogo, investigador en derechos humanos

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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