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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-07-2017

Sindicalismo latinoamericano en la mira

Brbara Ester, Ava Gmez y Javier Caldern
CELAG


A nivel regional, el retorno o continuidad segn el caso- de los gobiernos de corte neoliberal ha significado un desmedro y debilitamiento de los sindicatos. En algunos casos, mediante la sancin de leyes o reformas a las ya existentes, y en otros, por medio de la judicializacin de sus lderes y la intervencin de los gremios. En todos los casos, el avasallamiento de los derechos de los trabajadores es avalado por iniciativa discursiva o efectiva del poder ejecutivo, instrumentalizada por el poder judicial y legislativo, y en varias ocasiones, con el tcito aval de sindicalistas colaboracionistas. Finalmente en pases como Colombia y Honduras, el coste de defender los derechos colectivos de los trabajadores frente al capital concentrado puede costar incluso la propia vida. Brasil y Argentina, el retorno neoliberal y el trabajo

En el caso de Brasil, la reforma laboral de Michel Temer aprobada por ambas cmaras del Congreso supone una flexibilizacin sin precedentes, mellando la capacidad de negociacin de los gremios. El texto ha acarreado un sinnmero de manifestaciones y tres huelgas generales en un pas donde este recurso llevaba ms de 20 aos sin ejercerse - desde su presentacin en el Congreso.

Entre sus controversiales medidas, habilita nuevas trabas y mayores costos para las denuncias del trabajador a las empresas, facilita contratar a autnomos en puestos estructurales, elimina las cargas obligatorias a los sindicatos, consiente que los acuerdos alcanzados entre la patronal y el trabajador se antepongan a lo establecido por la ley -por ejemplo es lcito pactar jornadas que tengan hasta 12 horas diarias y 48 por semana-. Asimismo, permite tercerizar y precarizar los trabajos, obligar a las mujeres embarazadas y lactantes a trabajar en lugares insalubres, establecer una remuneracin segn productividad (destajo), el pago por debajo del salario mnimo y jornadas laborales de hasta 12 horas, lo que a todas luces evidencia una fuerte pauperizacin de los derechos de los trabajadores.

En Argentina, una de las primeras medidas de Mauricio Macri como presidente fue reunirse con los sindicalistas ms influyentes. Pocos das antes, los gordos como se los denomina informalmente- haban logrado vetar al ministro de trabajo que el mandatario tena pensado, Jorge Lawson -cargo que fue ocupado por Jorge Triaca, hijo de uno de los sindicalistas peronistas ms conocidos de los 90-. Las cifras de la Organizacin Internacional del Trabajo son muy claras cuando arrojan un alto nivel de sindicalizacin en el pas, el cual ronda el 40% - a diferencia de pases como Brasil con el 16,6%, Mxico con un 9,2% y Colombia tan solo 5,7%1-.

En el contexto de la reforma laboral brasilea, Macri arremeti contra los juicios laborales y llam pblicamente a combatir la mafia de los abogados y jueces que cada da dejan a mucha gente sin trabajo. Abiertamente del lado del capital, ha buscado generar consenso en torno a una reforma laboral al estilo brasileo. Sus declaraciones se oponen a la Ley N 20.744 , aprobada en 1974 -restringida dos aos ms tarde por los militares golpistas, limitada en los 90 por el gobierno neoliberal de Carlos Menem, pero revitalizada desde 2003 por el kirchnerismo-.

Hasta el momento cuatro han sido los sindicatos intervenidos durante el ao y medio que Mauricio Macri lleva en gestin. El primer gremio intervenido -como puntapi inicial de una poltica perjudicial hacia los trabajadores- fue el Sindicato de Obreros Martimos Unidos (SOMU) en febrero de 2016. Su ex lder, Enrique Omar "Caballo" Surez, est preso en el penal de Marcos Paz acusado de bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y encabezar una presunta asociacin ilcita, mientras los medios lo acusan del delito de ser el preferido de la ex mandataria, CFK2. En diciembre, el sindicato de vigiladores privados que conduca ngel Garca fue intervenido por la Justicia, desplazando a su lder por supuestas irregularidades en el proceso electoral. En enero de 2017, Triaca dispuso la intervencin de la Federacin de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) por considerar que hubo irregularidades en su proceso electoral interno. El ltimo caso fue el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA). En esta ocasin, el juez federal Marcelo Martnez de Giorgi dict el procesamiento sin prisin preventiva de su histrico lder Omar Plaini, y dispuso un allanamiento en la sede sindical. En pocas horas, el titular del sindicato de los Canillitas fue procesado por falsificacin de documentos, embargado en 200.000 pesos y desplazado de la conduccin de su gremio, que a la vez fue allanado en un mega-operativo de Gendarmera.

El hecho ms desopilante de vulneracin de derechos laborales por parte del Estado aconteci durante el conflicto docente de este ao, cuando el gobierno bonaerense encabezado por la gobernadora Mara Eugenia Vidal avasall los derechos consagrados en la Constitucin. Sin embargo, un fallo de la justicia orden la devolucin inmediata del dinero descontado a los maestros por los das de huelga y en el caso del plus por presentismo ofrecido por la gobernadora a los maestros que no se plegaran al paro, el mismo ser considerado como un adelanto de futuros aumentos. En general las medidas macristas estn orientadas a disminuir el valor del trabajo, y de paso atacar las bases de Unidad Ciudadana.

Mxico, sindicalismo charro

La reforma laboral promulgada por el ex presidente Felipe Caldern en 2012 signific un avasallamiento de los derechos de los trabajadores -flexibilizacin laboral, autorizacin de contratos a prueba y debilitamiento de la contratacin colectiva, entre otros- y, como en otros casos analizados, fueron enarbolados como una promesa de generacin de empleo. En su momento, fueron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas el ejemplo de la resistencia al ajuste: 44 mil trabajadores fueron despedidos3. Con el gobierno de Pea Nieto y el retorno del PRI, el icono de la lucha son los maestros (y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacin, CNTE) que resisten a la reforma educativa neoliberal - a pesar de la represin de todo tipo perpetrada desde el Estado4, incluidos asesinatos selectivos-. En esta resistencia debe incluirse la masacre de Ayotzinapa.

La tradicional alianza entre centrales obreras y los gobiernos del PRI arroja como saldo una tasa de informalidad del 57,2%. A tal punto que el trmino sindicalismo charro ha sido acuado en Mxico para designar a un tipo de dirigencia que acuerda con el gobierno en detrimento de los propios trabajadores a quienes dice representar. La contracara de esta situacin es que, como enunciamos arriba, el minoritario sindicalismo clasista e independiente que se opone a estas polticas, es perseguido y combatido por el Estado5.

Recientemente y mediante el proyecto de modernizacin de la justicia laboral por parte del presidente Pea Nieto, se propone la reforma del artculo 123 de la Carta Magna. La clusula propuesta restringe el derecho a huelga, ya que slo conservaran los derechos consagrados en la Constitucin quienes puedan probar ser mayoritarios ante las autoridades, lo que ocasiona una merma del poder de negociacin de los sindicatos y, adems, se encuentra en abierta oposicin al convenio 98 de la OIT -lo que lleva a Mxico a incurrir en una violacin de tratados internacionales-.

El pasado 1 de mayo, diversas centrales sindicales independientes marcharon en contra de las polticas econmicas y sociales del gobierno, las reformas estructurales y la precarizacin de sus condiciones laborales. Mientras tanto el PAN (Partido Accin Nacional) vehiculiza las demandas de la Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana Coparmex- y el PRI (Partido Revolucionario Institucional) hace el juego con concesiones que abiertamente favorecen a los empresarios para obtener gobernabilidad.

Colombia: la masacre sindical

De acuerdo con la informacin recopilada por diferentes confederaciones sindicales regionales e internacionales6 en 49 pases en la dcada 1999-2009, el 63.12% de los 1253 asesinatos a sindicalistas que se produjeron tuvieron lugar en Colombia. La Escuela Nacional Sindical (ENS), adems, identifica en una base de datos que recoge informacin desde 1977 hasta 2011, que en el pas se presentaron un total de 2870 asesinatos, 5373 amenazas, 283 atentados, 210 desapariciones, 658 detenciones arbitrarias, 169 secuestros y 89 casos de tortura contra sindicalistas.

La magnitud de la tragedia que vive Colombia, hace que sea calificada por la Confederacin Sindical Internacional como uno de los pases con ms riesgos para llevar a cabo la defensa de derechos a travs de la actividad sindical.

Y es que ms de sesenta aos de conflicto armado funcionaron tambin, con la connivencia del oligopolio comunicacional, para cubrir con un tupido velo la masacre que silenciosamente avanz para fulminar la lucha sindical y democrtica, y en la que el paramilitarismo de la mano con agentes del Estado y las empresas empleadoras, tuvieron un papel fundamental7.

Una de las condiciones que el Congreso estadounidense haba impuesto (y luego olvid) para la firma del TLC con Colombia era que se tomaran medidas contra el abuso a DDHH, especialmente la violencia contra sindicalistas, asociadas ms bien a las acciones de fuerzas de seguridad y/o paramilitares.

La represin violenta a los lderes sindicales se ha relacionado no solo con las reivindicaciones laborales, sino con el fuerte arraigo poltico que desde los aos 80 comenzaron a adquirir a nivel territorial.

En la actualidad Colombia se enfrenta nuevamente a un escenario de cambio de fuerzas en el nivel territorial, similar al que se dio en los aos 80. El denominado fenmeno de copamiento de grupsculos paramilitares diseminados por todo el pas, de las zonas y comunidades con fuerte arraigo de las FARC-EP ha supuesto el asesinato de diversos lderes sindicales, indgenas y campesinos defensores de derechos humanos, que velan por la restitucin de tierras, a defensores de derechos humanos y representantes de los pueblos indgenas y de las juntas de accin comunal8. Exactamente 41 desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en que comenz la implementacin de los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana. La aniquilacin sistemtica del sindicalismo en Colombia continua en un marco de relativa comodidad para los victimarios, quienes an tienen poder, respaldo social y un gran manto de impunidad9.

La violencia anti-sindical sigue teniendo repercusiones en la desaparicin de organizaciones sindicales, la disminucin de la afiliacin sindical y su deterioro de la capacidad de movilizacin. Esta situacin y las restricciones de institucionales al ejercicio de la prctica sindical ha alejado al sindicalismo de los espacios de dilogo y construccin democrtica y, paradjicamente, han supuesto el deterioro y estigmatizacin del movimiento, siendo ilegitimado poltica y culturalmente a travs de los medios masivos de comunicacin y discursos polticos arraigados en la productividad capitalista donde no tienen lugar las prerrogativas de los trabajadores.

Un buen ejemplo de este ejercicio de deslegitimacin se dio durante la contundente (y exitosa) huelga que sostuvieron los maestros de Colombia (FECODE) que comenz en mayo de 2017 y se prolong por 26 das, donde adems de mejoras en las condiciones laborales, los maestros se plantaron por la resolucin de las enormes falencias de la educacin en Colombia, entre otras, por el acceso universal al Sistema Educativo, la Canasta Educativa para todos los estudiantes, la Implementacin de la jornada nica, y la mejora de la infraestructura pblica10.

Honduras, el peligro de ser sindicalista

En Honduras 61 de cada 100 habitantes son considerados pobres, en las zonas rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureos viven en pobreza extrema o con menos de US$1.90 al da11. La poblacin de este pas centroamericano no encuentra fuentes dignas de trabajo, segn datos de las centrales sindicales, menos del 15% de los trabajadores est sindicalizado12, ello en razn a las reformas de flexibilizacin laboral que han destruido el mercado de trabajo y mantienen sin proyecciones de cambio estructural a una de las naciones ms pobres de la regin.

La pobreza cabalga sobre la flexibilizacin laboral. Los datos del empleo informal, el subempleo y el desarrollo de actividades laborales precarizadas dominan el panorama laboral. De las 3,2 millones de personas consideradas ocupadas en el exiguo mercado laboral, slo 1,5 millones son asalariados (la mayora con contratos laborales flexibles), los dems 1,7 millones estn en las calles en las ventas ambulantes, en talleres/maquilas en labores de explotacin laboral ilegal o hiperexplotacin.

Hasta aqu el panorama laboral de Honduras ya se observa desolador. Todo ello se empeora con la corrupcin que carcome los aportes de los trabajadores al sistema de seguridad. En el 2014 se denunci el saqueo del Instituto de Seguros Sociales y sectores independientes sostienen que en el 2017 volvern a conocerse nuevas denuncias que atentan contra los derechos previsionales. Una situacin laboral que viene empeorando, a partir del golpe de Estado del 2009, con la reforma laboral del 2015 realizada por el actual presidente Jorge Orlando Hernndez y las mayoras del Partido Nacional en el congreso.

A todo ello se suma la violencia en contra de los lderes o activistas sindicales, como lo demuestra el informe de la Red de Sindicalistas contra la Violencia Antisindical y el Solidarity Center-CIO publicado el mes de febrero de 201713. Una violencia que se caracteriza por agresiones fsicas, atentados, secuestros, amenazas, desapariciones forzadas, hostigamiento y asesinatos; que tienen un objetivo principal: destruir las organizaciones de la clase trabajadora.

De acuerdo con el citado informe se registran 61 acciones violentas entre 2015 y 2017, que dejaron a 29 personas vctimas14; posterior a la fecha del estudio se siguieron produciendo actos de violencia antisindical, el ms reciente en mayo en contra de dos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), entre ellos a su Secretario General Moiss Snchez15.

En vista de los hechos, se puede decir que en Honduras los trabajadores estn condenados a la pobreza con la flexibilizacin laboral, y a no organizarse para buscar o defender sus derechos como trabajadores, so pena de ser violentados en su integridad personal. Una situacin que trasciende al mundo sindical y se expresa tambin en los sectores ambientalistas (en territorios indgenas y afrodescendientes), que exigen consulta previa a los proyectos de mega- minera impulsados por la primarizacin de la economa. Segn Global Witnes desde 2009 en este pas han asesinado 123 activistas de la tierra y el medio ambiente, otros encarcelados y otros amenazados, contando, como caso ms emblemtico, el asesinato de la lideresa Berta Cceres.

Ser sindicalista en Honduras es una labor peligrosa, con muy pocas posibilidades de encontrar en el poder judicial una fuente de presin para evitar esa violencia. La impunidad es la caracterstica y las justificaciones policiales pretenden desviar siempre los mviles de esos actos violentos, tratando de re-victimizar a los sindicalistas, acusndolos de encontrar la violencia producto de actividades irregulares. No es casual entonces, que la emigracin sea la alternativa ms buscada por los trabajadores hondureos, quienes tratan de salir huyendo de la pobreza y de los escasos derechos laborales.

Notas:

1 http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?locale=es&_afrLoop=1389465394387566#!%40%40%3Flocale%3Des%26_afrLoop%3D1389465394387566%26_adf.ctrl-state%3Dhadyq20lm_25

2 http://www.perfil.com/politica/quien-es-omar-caballo-suarez-el-sindicalista-preferido-de-cfk-0030.phtml

3 http://www.estrategiainternacional.org/La-lucha-de-los-trabajadores-del-Sindicato-Mexicano-de-Electricistas?lang=es

4 http://www.alterinfos.org/spip.php?article7514

5 http://www.celag.org/informe-desafios-estructurales-y-coyunturales-de-mexico-en-el-2016-por-aranzazu-tirado-sanchez-y-silvina-romano/

6 La Confederacin Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSI), la Confederacin Sindical Internacional (CSI), el Centro para los Derechos Humanos y Sindicales (CTUHR), el Movimiento Sindical Indgena y Campesino Guatemalteco (MSICG), la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Comisin Pastoral de la Tierra (CPT)

7 Respecto del asesinato de lderes sociales y sindicales y sus victimarios, es ilustrativo el Informe Anual 2016 Sistema de Informacin Sobre Agresiones Contra Defensores de DDHH en Colombia, del Programa No Gubernamental de Proteccin a Defensores de Derechos Humanos disponible en http://somosdefensores.org/index.php/en/

8 http://pacifista.co/editorial-la-indiferencia-mata-ya-van-40-lideres-asesinados-en-colombia/

9 Ver Valencia, L. y Celis, J.C. (2012). Sindicalismo asesinado. Bogot: Random House Mondadori

10 http://www.fecode.edu.co/images/comunicados/2017/Diagramacion%20cartilla%20acuerdos.pdf

11 http://festagro.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-FINAL.pdf, http://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview

12 http://www.elheraldo.hn/alfrente/565072-209/menos-del-15-por-ciento-de-los-trabajadores-estan-sindicalizados

13 http://festagro.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-FINAL.pdf

14 Ibdem.

15 http://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-agresion-fisica-y-amenazas-en-contra-de-sindicalistas-del

Brbara Ester, Ava Gmez y Javier Caldern / Investigadores CELAG

Artculo publicado en: http://www.celag.org/sindicalismo-latinoamericano-la-mira/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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