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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-07-2017

Canalladas

Mario Hernandez
Rebelin


El exministro de Educacin y actual candidato a senador bonaerense, Esteban Bullrich, asegur que el crecimiento del registro de monotributistas se debe a que muchos ciudadanos comprenden el mensaje del Gobierno en pos de "emprender su propio proyecto. La escuela debera prepararte para crear empleos, no para buscarlos. Hay que ayudar a los bonaerenses a crear proyectos propios, insisti Bullrich. Y acot: Te doy un caso que est surgiendo en lugares como Matanza: cerveceras artesanales. Te parece que es algo que no crece, pero es un mercado que est creciendo muchsimo.

Anbal Loggia, titular de la Cmara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal (Capca), calific al ex ministro y precandidato a senador de "ignorante".

El tipo que se queda sin trabajo necesita un ingreso ahora. Lo que dijo Bullrich fue de ignorante. Es una fuente laboral, pero si se quiere vivir de la cerveza se requiere tiempo, no es una salida inmediata, precis Loggia.

Si bien es cierto que la industria de la cerveza artesanal est creciendo en forma sostenida en el pas (se calcula que el ltimo ao, se increment en un 40 %), todava representa una nfima porcin del mercado: apenas el 1,6 %.

Va libre para que mineras y agroqumicas generen contenidos educativos

Esos son los proyectos laborales que promueve Cambiemos. Como seala Pablo Taranto en Tiempo Argentino el pasado domingo 2 de Julio: El 15 de junio pasado, el ahora saliente ministro a raz de su precandidatura a senador por la alianza Cambiemos, firm con su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile, un convenio "para fortalecer la educacin agraria", que incluy un acta compromiso con ms de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que se constituyan en "fuente de capacitacin" para escuelas rurales.

"Pensando en que debemos convertirnos en el supermercado del mundo, recorrimos todo un camino con el ministro Buryaile y hoy la agroindustria sabe que se puede apoyar en la educacin", dijo Bullrich. Su colega, tambin prspero descendiente de una familia de productores agropecuarios, resalt a su turno "la sinergia del sector pblico y el privado" que supone el convenio, apuntando a "la cantidad de empleo y oportunidades que generan estas empresas". El acuerdo descansa bsicamente en otro convenio de cooperacin, rubricado ese mismo da por ambos ministerios con la Asociacin Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola (Aacrea), la UATRE y ms de 45 organizaciones y empresas del agronegocio, con el objetivo de que aporten contenidos y generen acciones en pos de "una alta capacitacin en docentes y directivos de las escuelas y una mejor insercin laboral de los alumnos".

As, la educacin agraria que postula Cambiemos no quedar en manos de acadmicos y universitarios, ni hablar de agricultores familiares o campesinos, sino de las grandes trasnacionales como Monsanto-Bayer, Syngenta o Dow-Dupont. Estas firmas -como bien explica el ltimo informe de Greenpeace titulado "Ley de semillas: el lobby de las empresas qumicas", que identifica los vnculos de stas con 30 funcionarios del actual gobierno- "apadrinan", a travs de membresas y convenios de financiamiento, a las organizaciones que se presentan ante la sociedad como entidades "sin fines de lucro" pero que ocupan un rol clave en el lobby agrario: Aapresid y Aacrea, pero tambin Casafe (Cmara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Asacim (Asociacin Argentina de Ciencia de las Malezas) o Argenbio (Consejo Argentino para la Informacin y el Desarrollo de la Biotecnologa).

El convenio firmado por Bullrich y Buryaile oficializa una prctica que en realidad ya existe. Por ejemplo, el proyecto bautizado Aula Aapresid lleva cinco aos recorriendo escuelas para difundir los beneficios del modelo de siembra directa. Sus objetivos: corregir "la poca, y a veces errnea, informacin existente acerca de las consecuencias y efectos que genera la produccin agropecuaria en nuestro pas", y "concientizar sobre el rol central de la Argentina como productor mundial de alimentos y la necesidad de dar respuesta a una creciente demanda de los mismos".

El lavado de cara educativo ser ms arduo en la otra gran actividad extractiva que impulsa el gobierno macrista: la minera. Pero ya se puso en marcha. El mismo da 13, Mauricio Macri firm con 14 gobernadores el nuevo Acuerdo Federal Minero. "Esto no significa sacrificar el medio ambiente, sino abrirle puertas al desarrollo", observ el presidente. El sistema educativo tendr la dura misin de convertir esa mxima en una verdad pedaggica. El punto 3 del acuerdo, titulado "Aspectos educativos y formativos", fue prolijamente elaborado entre la Cmara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y los ministerios que conducen Esteban Bullrich y Juan Jos Aranguren. Explica que "con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y stos tengan fundamento cientfico -lo que contribuir a una mejor y certera informacin de la sociedad-, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educacin Nacional y Provinciales para lograr la incorporacin, dentro de la currcula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitucin geolgica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el pas y en las provincias, su utilizacin en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economa nacional y regional; y d) la regulacin ambiental de la actividad minera."

Varias provincias desistieron de firmar el acuerdo, sobre todo aqullas, como Chubut y La Rioja, donde la megaminera trasnacional gener importantes luchas sociales y fue prohibida por ley. Sera escandaloso que los alumnos de localidades como Famatina o Esquel -donde en 2002, el 82% de la poblacin vot un concluyente "No a la mina"- recibieran manuales escolares laudatorios de la actividad minera.

Soslayando los pasivos ambientales que deja la actividad o repetidos incidentes como los de Veladero, Marcelo lvarez, director de Asuntos Corporativos de la minera canadiense Goldcorp y titular de la Cmara, sintetiz las aspiraciones del sector: "Los manuales de educacin de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minera como una actividad contaminante, cuando el pas promueve su desarrollo. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minera. Se podra cambiar parte de la currcula de Ciencias Naturales. Si tenemos un desarrollo minero como lo tuvo Chile, no solo se cambiar la currcula, tambin buscaremos generar ms espacios de estudio en las universidades. No tenemos la cantidad de recursos humanos capacitados para el desarrollo minero que esperamos".

Otra vez, el Acuerdo Minero generalizara en la educacin pblica una estrategia que las empresas ya practican. Desde 2013, el proyecto educativo "Un mundo de minerales", que motoriza CAEM, ya visit 180 escuelas de todo el pas, alcanzando a ms de 13.000 chicos de tercero a sexto grado. Entre sus objetivos manifiestos, cita el de "transmitir con claridad la nocin de que todo lo que hacemos o necesitamos est vinculado a la minera". Entre los materiales que reparte a los alumnos, est la simptica coleccin titulada "Pucha, qu tesoro!", que cuenta, por ejemplo, la historia de dos novios que se regalan anillos de compromiso, para luego explicar qu es el oro y cmo se extrae. Omite mencionar el cianuro que se utiliza para separarlo de la roca.

En 2011, un manual de Educacin Ambiental publicado por el Ministerio de Educacin que conduca Alberto Sileoni, con fuertes crticas a los procedimientos contaminantes de la minera a cielo abierto, jams lleg a repartirse en las escuelas de San Juan. El ao pasado, el Ministerio de Minera provincial puso las cosas en su lugar, y edit tres libros infantiles que destacan los beneficios de la actividad. Entre ellos, Piedra y Montaa cuenta la historia de una piedra (que evidentemente contiene oro) que tiene miedo de ser extrada. "Solo as podrs transformar al mundo y beneficiar a mucha gente, convirtindote en autos, casas, juguetes, medicamentos, aviones, celulares. Todo lo que rodea al hombre es minera, piedra amiga", dice Montaa.

La Ley General del Ambiente N 25.675 prev en su artculo 14 la implementacin de la "educacin ambiental" como "el instrumento bsico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservacin de los recursos naturales y su utilizacin sostenible".

Bancos y pasantas

El sector bancario tiene un viejo proyecto en carpeta: el de incorporar a las finanzas dentro de los planes de estudio de las escuelas primarias y secundarias. En el ltimo tiempo hubo algunas reuniones entre representantes de las cmaras que renen a los bancos con funcionarios para tratar el tema. Un ejemplo que se us en esos encuentros es el caso espaol, en donde la Comisin Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de Espaa trabajan con los ministerios de Economa y Hacienda en acciones conjuntas para difundir la educacin financiera en todos los mbitos. En la educacin formal esto se ve en el programa de la materia Economa de cuarto ao de la secundaria. Los estudiantes de 15 aos aprenden a "saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo y si vamos a necesitar un plan de pensiones privado".

Recapitulando: cerveza artesanal, agronegocios, megaminera y bancos sern las actividades recomendadas a nuestros jvenes como futuros empleos o pasantas por $ 4.000 como ofreci la administracin de Horacio Rodrguez Larreta que realiz una convocatoria destinada a alumnos secundarios con vocacin docente, a quienes les ofrece pasantas en espacios educativos no tradicionales de dos meses y medio, a contra turno, y un nico pago de 4.000 pesos.

Se trata del programa Eleg Ensear, impulsado por la cartera conducida por Mara Soledad Acua, que UTE-Ctera denunci como promocin del trabajo infantil. Su objetivo declarado es despertar la vocacin docente en los alumnos de cuarto, quinto y sexto ao de las escuelas medias y de tercer ao de los Centros Educativos de Nivel Secundario de la Ciudad.

Para ello ofrece contenidos tericos -a travs de una plataforma virtual- y prcticos, con clases presenciales en espacios educativos no tradicionales. Culminado el curso, los alumnos reciben un certificado de Lder Educativo.

El pago de 4.000 pesos se acredita una vez que se cumpla con el 75 % de la cursada, tanto presencial como virtual. En total, el curso dura dos meses y medio y cada mes comienza uno nuevo, siempre dirigido a alumnos de entre 16 y 18 aos de escuelas pblicas de la Ciudad.

Para acceder hay que completar un formulario que, en forma optativa, incluye datos de las redes sociales de los postulantes. En forma obligatoria los candidatos deben responder por qu les interesa la docencia, cmo y cunto se puede influir en los alumnos, y qu expectativas genera las prcticas ofrecidas. Tambin se deben consignar los datos de la escuela donde estudian.

El secretario gremial de la Unin de Trabajadores de la Educacin, Rubn Berguier, denunci que el programa encubre una forma de promover trabajo infantil, y un parche a la falta de profesores en los colegios de la Ciudad. Para nosotros hay un paro silencioso en las escuelas porteas: la falta de personal y las horas que no se cubren configuran una huelga de hecho, advirti Berguier, quien agreg que la falta de docentes en el nivel medio ha alcanzado niveles inditos.

La implementacin del programa no fue consultada con los gremios del sector. No lo avalamos, ni siquiera es un sueldo, apenas pagan por una pasanta, subray Berguier, quien reclama que se declare la emergencia educativa y la Legislatura acte de forma inmediata para que haya polticas a largo plazo, en las que podamos participar. Hoy no tenemos estudiantes en los profesorados y necesitamos polticas de promocin de la docencia con salarios acordes.

El modelo Cresta Roja

Cresta Roja, de smbolo del cambio de modelo pas a ser la "pesadilla" del macrismo. Hace un ao el Gobierno presentaba a la segunda fabricante de pollos del pas que reabri el ao pasado tras quebrar en 2015, como emblema de la transformacin productiva tras el perodo kirchnerista. Hoy se enfrenta a 150 despidos a solo meses de su reapertura y en plena campaa electoral.

Las crticas de la oposicin no tardaron en hacerse pblicas. El titular de la CTA-T, Hugo Yasky, aprovech para recordar en su cuenta de Twitter que "el presidente @mauriciomacri vet la Ley Antidespidos desde Cresta Roja. Hoy Cresta Roja despide 150 trabajadores. #Cinismo". Cerca de 300 empleados realizaron cortes el jueves pasado sobre la autopista Ricchieri, a la altura del establecimiento, para reclamar indemnizaciones a la compaa, que enfrenta problemas financieros y denuncias por el presunto desvo de su produccin.

El conflicto comenz cuando los operarios intentaron ingresar por la maana a la fbrica, y se vieron impedidos por personal de seguridad privada junto con efectivos policiales que ocuparon las instalaciones. "Venamos trabajando normalmente, pero nos encontramos con la Infantera dentro de la fbrica y que no podamos ingresar porque no funcionaba la tarjeta magntica y nos dieron copias del telegrama de despido", dijo Daro Snchez, uno de los despedidos y delegado de base.

Las cesantas alcanzan a 51 operarios del turno maana y 80 de la tarde del establecimiento de Esteban Echeverra, y al menos 20 de su otra planta, ubicada en La Unin, partido de Ezeiza. Pero adems incluyen a delegados que haban sido elegidos recientemente por los trabajadores. En total, representa casi un 10% de los 1.800 empleados que hoy trabajan en Cresta Roja.

La firma arrastra deudas con su personal desde octubre de 2015, cuando en manos de Rasic Hermanos entr en crisis y dej de pagar los sueldos. El Gobierno de Cristina Kirchner habilit "repros" por $ 4.000, subsidio que fue aumentado a $ 6.000 tras la quiebra en diciembre de ese ao.

Recin en abril del ao pasado, retom sus tareas, con un recorte del 30% en los salarios y un tercio de la antigua plantilla, que antes de la quiebra alcanzaba los 3.600 empleados. Ese fue el escenario que eligi Macri para mostrar los resultados de su gestin frente al "desmanejo" de la empresa durante el kirchnerismo.

"Que Cresta Roja est funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina", haba dicho, junto a la gobernadora Mara Eugenia Vidal. "Hoy ms de 1.000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir multiplicndose de a cientos en los prximos meses", prometi.

Pero los hechos desmintieron ese pronstico: ya en mayo, retornaron las protestas por el incumplimiento en el pago de indemnizaciones, y en junio, por los aguinaldos. Los despidos de la semana pasada volvieron a echar lea al fuego, y terminaron de congelar las reincorporaciones que vena haciendo a cuentagotas la empresa.

Finalmente, el lunes a la madrugada la planta de Cresta Roja ubicada en el partido de Esteban Echeverra amaneci cerrada. El Ministerio de Trabajo haba dictado la conciliacin, por lo tanto los trabajadores deberan haber sido reincorporados. Inmediatamente los obreros cortaron parcialmente la Autopista Ricchieri, para exigir la reincorporacin de los despedidos, frente a un importante despliegue de policas bonaerenses y gendarmera.

Los sin techo son como los perritos de la calle

En Mar del Plata el Secretario de Salud, Gustavo Blanco, en referencia a la muerte de una persona en situacin de indigencia en dicha ciudad, compar a los sin techo con los perritos de la calle

Esa gente no se quiere ir a otro lugar, hemos ido diecisiete veces a buscarla. La dejamos en el hospital y vuelve. Como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cmoda.

Estas fueron algunas de las frases dichas por Gustavo Blanco en el programa "Lo que el viento no se llev", en Radio Residencias. Fue al intentar dar explicaciones por el caso de un hombre que fue hallado muerto de fro.

A nivel local, los funcionarios de Cambiemos no ocultan su desprecio por la clase trabajadora y la poblacin que es condenada a vivir bajo la lnea de pobreza, cuyo nmero viene aumentando progresivamente segn los datos que viene relevando el mismo INDEC.

El funcionario tambin plante su "alternativa" para el caso: Habra que comprar una manta trmica. Una verdadera burla.

En las ltimas horas, en diversos medios, Blanco sali a decir que "fue una frase desafortunada". La comparacin no hace ms que pintar de cuerpo entero a estos funcionarios.

CABA: un censo asegura que cerca de 6.000 personas viven en la calle

Segn el relevamiento del Primer Censo Popular de Personas en Situacin de Calle, al menos 4.394 mujeres, hombres, trans y nios viven a la intemperie en la Ciudad de Buenos Aires. Las ms de 40 organizaciones participantes, contaron con el respaldo del Ministerio Pblico Fiscal, la Defensora del Pueblo y la Auditora General porteas. La cifra que arroja, es casi seis veces ms alta que la reconocida por el Gobierno porteo.

En 2016 se haban contado 866 casos de personas en situacin de calle. El lunes 17 el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Corach, haba admitido un incremento de un 20%: en estos das, con la llegada de la ola polar y el fro extremo, los casos que se contabilizaron ascendieron a 1.066 personas.

Sin embargo, el "sinceramiento" del Gobierno en esta dramtica estadstica, qued muy lejos de lo denunciado por el "censo popular" impulsado por las organizaciones. El trabajo corri por cuenta de 431 voluntarios durante mayo de 2017, que censaron la poblacin en los 48 barrios de la ciudad autnoma de Buenos Aires. Para los resultados, se contaron las personas que respondieron el cuestionario, tanto como los observados en situacin de calle que se negaron a hablar.

Desde el 2010 el Estado est obligado por ley a hacer este relevamiento todos los aos y a elaborar polticas ante la problemtica. Segn las organizaciones que elaboraron el censo, el Gobierno porteo nunca cumpli con esta normativa y este es el motivo por el que decidieron realizar su propio censo.

Segn el conteo oficial, en 2016 haba 1.066 casos, casi lo mismo que en el 2012 y 2014. El informe presentado por las organizaciones, asegura que el Estado no ignora la situacin, si no que "la invisibiliza". La invariabilidad de los casos admitidos por el Gobierno de la Ciudad en los ltimos aos, no se condice con el deterioro de la calidad de vida y con los ndices de pobreza indicados en el ltimo perodo.

Las cifras

Segn el censo popular, 3.800 adultos ms 594 nios fueron encuestados u observados viviendo en la calle. Tambin hay 1.478 personas que de noche duermen en los paradores pblicos (355) o instituciones que brindan cobijo (1.123). Esto arroja un total de 5.872 personas sin techo. El censo extiende a 25.872 personas el nmero de ciudadanos que estn en riesgo a la situacin de calle.

El 23% de los encuestados refiere que hasta hace un ao tena un techo. El 58% respondi que lleva ms de tres aos en esa situacin.

Al momento de sealar las razones de la situacin que los expuls a la calle, los encuestados indicaron que se debi a problemas intrafamiliares (43 %), que fueron empujados por la situacin econmica (39 %) y por la falta de contencin ante la problemticas del consumo drogas (10 %).

El relevamiento -que ordena la Ley de Proteccin de personas en riesgos y en situacin de calle votada en 2010- considera en situacin de riesgo a las mujeres, hombres, nias y nios que duermen en paradores, en casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas o aqullas que estn en hoteles, al que acceden por el decreto 690. El decreto, sancionado en 2006, estuvo sin actualizarse desde 2013, con un monto de 1.800 pesos. Recin en diciembre del ao pasado, por intervencin de la Defensora del Pueblo, se ajust a 4.000 pesos.

El censo agrega otro dato alarmante respecto del rol del Estado: El 70 % de las personas entrevistadas relat haber sido vctimas de una o varias formas de violencia institucional o social. La principal fuente de violencia fue institucional, ejercida primero por las fuerzas de seguridad y luego por funcionarios pblicos de instituciones y programas estatales de gobierno.

Voluntarios de todas las organizaciones participantes hicieron un barrido territorial durante tres meses que permiti realizar un muestreo completo de los barrios porteos. Cada zona fue recorrida dos veces, una por la maana y otra por la noche, un da laboral y otro del fin de semana. La metodologa del primer censo popular dista mucho del relevamiento realizado en 2016 por la subsecretara encabezada por Corach, que dur tres horas, en un da con lluvia.

En el informe publicado, los organismos denuncian otras irregularidades que incumple el Gobierno porteo al realizar el relevamiento anual de personas en situacin de calle, en falta con la ley sancionada en 2010: no incluye conteo de personas quienes se alojan en forma transitoria en la red de alojamiento nocturno; no releva la totalidad de los barrios de la Ciudad; no incluye a personas en riesgo de calle; no publica los datos en las pginas web a pesar de la pretendida iniciativa de Datos Pblicos y Transparencia'.

Por qu no quieren ir a los paradores?

Una de las histricas excusas -utilizadas por funcionarios porteos desde el 2007- es que muchas de las personas en situacin de calle no quieren ir a los paradores. Lo que no explican es el por qu, ms all del rgimen cuasi carcelario y de no contemplar, en su mayora, el alojamiento de grupos familiares. Es la lgica: piensan que a la gente le gusta estar en la calle. Si tens una ranchada, mnimamente armada, no lo vas a desarmar para ir a un parador en el que al da siguiente no sabs si vas a tener lugar, dice Horacio vila, referente de la ONG Proyecto 7. El Gobierno, en vez de dar esa excusa, tiene que preguntarse por qu no quiere ir la gente, as se construyen las polticas, ampla.

En los paradores, hay plazas fijas limitadas. Algunos son slo para hombres mayores de 18 aos, otros para mujeres con chicos y uno solo (Costanera Sur) recibe a familias enteras. El gobierno porteo tiene 17 paradores y dos hogares propios. Si se suma la red de ONG, en total son 39, y en invierno se agregan cuatro clubes de barrio.

Hay que romper con los estigmas de la gente que est en la calle slo porque tiene problemas con las drogas o porque son vagos. Hay que romper con la lgica de que la gente no va a los paradores porque no quiere. Y la gente que quiere ayudarlos nos llama a nosotros, a las organizaciones, porque ya no confa en el Gobierno: saben que los maltratan, dice vila.

El maltrato se extiende hacia la otra -ineficiente- poltica gubernamental para las familias que estn a punto de quedar en la calle: los subsidios habitacionales, actualmente de 4.000 pesos mensuales y de un ao de duracin.

Como bien lo indica la Auditora General de la Ciudad (AGCBA), desde el 2007 este programa se constituy en la nica respuesta frente a la problemtica habitacional. Uno de esos informes seala que el 33 % de los beneficiarios -se calcula que son cerca de 10.000- logr mantener el beneficio a travs de un amparo judicial, el 50 % de ellos con ms de cinco aos de antigedad.

Para la Auditora, no se cuentan con recursos humanos suficientes para realizar una atencin integral a los destinatarios. La poblacin se encuentra cronificada, cuando se les termina el plazo mximo establecido de alojamiento en el Hogar pasan a un parador, del parador a la calle, y as sucesivamente.

Fuentes: Pgina 12, La Izquierda Diario, Anred, APU, Tiempo Argentino.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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