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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-07-2017

La otra campaa: cmo es el plan contra los pueblos originarios

Daro Aranda
lavaca


Desalojos y represin contra pueblos originarios. Crcel a sus referentes y militarizacin de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad poltica y judicial. Polticas de Estado contra los pueblos indgenas. Y comunidades que resisten. Cmo es el plan sistemtico contra los pueblos originarios.

Agustn Santilln, wich de Formosa, lleva tres meses preso.

Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya haba sido juzgado, hace pocas semanas.

En San Pedro de Colalao, Tucumn, un megaoperativo policial desaloj a familias diaguitas.

Toda una comunidad mby de Misiones fue testigo de la destruccin de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.

En Salta, 26 wichs murieron en 23 das por causas evitables.

ste es el plan sistemtico contra los pueblos originarios.

Los detenidos

Ingeniero Jurez est ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrn, gobernador desde 1995. Agustn Santilln es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wich.

Santilln fue detenido el 14 de abril: tiene ms de veinte causas armadas. Desde hace tres meses est en la crcel de Las Lomitas. Recibi maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. Son causas armadas. Es un preso poltico. Quieren aleccionar para que nadie ms levante la voz, resumi Daniel Cabrera, su abogado.

Repudiamos la creciente criminalizacin que sufren las comunidades indgenas en el pas. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privacin de la libertad de Agustn Santilln, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos, denunci una escrito pblico firmado por la Asociacin de Abogados de Derecho Indgena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurdico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indgenas, la Confederacin Mapuche de Neuqun, la Unin de los Pueblos de la Nacin Diaguita en Tucumn (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

Tambin en la crcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometi el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un milln de hectreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradicin a Chile. El juez confirm la existencia de tortura a testigos, liber a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunin entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retn de Gendarmera por el mismo pedido de extradicin, y trasladado a Esquel. Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces estn violando el estado de derecho, su propia legislacin, denunci Jones Huala.

Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumn sufri un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesin y propiedad de tierras indgenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policas, polica montada e infantera llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atac a la comunidad Tekoa Kokuerei. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de nios y mujeres. Llaman la atencin las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes, denunci el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirm que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indgena.

La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indgenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder poltico y al empresario. Pero tambin interviene un actor de perfil ms bajo: el Poder Judicial, el ms conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el nico que no es elegido por votacin de la poblacin.

Argentina tiene frondosa legislacin que favorece a los pueblos indgenas: desde la Constitucin Nacional (Artculo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaracin de Naciones Unidas sobre Pueblos Indgenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.

La ley es como un hacha sin filo, resume un dicho del Pueblo Wich. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.

El Pueblo Diaguita de Tucumn march el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identific como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indgenas.

Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir, denunci desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurdico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociacin de Abogados de Derecho Indgena (AADI), present la situacin Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas de las Naciones Unidas (que sesion entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevist con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entreg documentacin que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneracin de los derechos territoriales e incumplimientos sistemticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurdica de los territorios.

Gajat record que la Ley 26.160 (que en 2006 inst relevar los territorios indgenas y prohibi nuevos desalojos) vence este ao y el Gobierno an no ha confirmado la prrroga. Pasados diez aos, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.

Amnista Internacional realiza desde hace dos aos un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto comn son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actan en complicidad, por accin u omisin, de los gobiernos. Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicacin. No obstante los avances en el reconocimiento jurdico de los derechos de los pueblos indgenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prcticas que siguen reafirmando patrones de discriminacin y exclusin, alert Amnista Internacional.

Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleci en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunci que muri de angustia ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.

Slo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilit que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningn gran medio se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayn, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunci el hecho y alert que los empresarios estn con va libre de parte del poder poltico y judicial. Tambin resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San Jos y Santo Domingo.

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumn), Sandra Jurez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto Lpez (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario Lpez (noviembre de 2010, pilag de Formosa), Mrtires Lpez (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galvn (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyip beba de 10 meses (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Daz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentn Daz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

En Santa Victoria Este, regin norte de Salta, murieron 26 personas en 23 das, todas por causas evitables y falta de atencin bsica de salud. Lo denunci la comunidad wich Cruce Buena Fe Caaveral, segn describi la periodista Laura lvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 ms, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que qued en nuestras comunidades, lament el dirigente wich Pedro Lozano. Y precis que se trat de cinco adultos y 21 nios, todos menores de 2 aos.

Las comunidades indgenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermera, la falta de insumos bsicos y la carencia de agua (con temperaturas de ms de 40 grados).

El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rod, reconoci las 26 muertes, pero culp a los indgenas: Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratacin grave. Son los hbitos higinicos dietticos de las comunidades wichs, ms que ninguna otra etnia, los que generan estas problemticas () Mi gran ambicin es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura.

El funcionario no mencion la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histrico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeas parcelas donde es muy difcil reproducir su vida.

Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acus (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliz de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado Revalorizacin de la ley. Problemtica en territorio mapuche y reconoce que la Polica de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza tareas de investigacin ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la usurpacin que realizaran comunidades indgenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnista Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la estigmatizacin y persecucin al Pueblo Mapuche. El texto, titulado La lucha indgena no es delito, apunta al gobierno: El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social () El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche.

El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmera nacional lleg hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerr los caminos internos y escolt a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforacin petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indgena.

La Gendarmera incluso impidi que la comunidad abandonara su propia tierra. YPF usa la Gendarmera para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorizacin, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio, denunci el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederacin Mapuche de Neuqun, que cuestion la militarizacin del lugar y acus a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una escalada de represin.

La unin

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumn, invit: Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 aos resistiendo y en el ao 2017 contina esta lucha. Que la Pachamama nos proteja.

Facundo Jones Huala, desde la crcel, apunt a una de las causas de fondo: Los gobiernos ven un peligro en la organizacin y levantamiento de los pueblos indgenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervencin del Estado. Los pueblos indgenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indgenas como un peligro para el capitalismo.

La Confederacin Mapuche de Neuqun est dividida en seis regiones.

Puntualiz los hechos represivos de las ltimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santilln en Formosa y de Jones Huala en Chubut.

Dice: Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organizacin Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que adems de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacera sobre todo pueblo indgena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor, remarca. El comunicado finaliza: Por nuestra libre determinacin. Marici wew! (Diez veces venceremos).

Las tres patas

El audio es de slo tres minutos. Circul por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histrico luchador diaguita de Taf del Valle (Tucumn), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un anlisis pedaggico, profundo y conmovedor de la situacin indgena de Argentina. Una poltica de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad poltica, decisin administrativa y presupuesto dice-. Los desalojos contra pueblos indgenas son claramente una poltica de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad poltica, por eso se hacen. Tiene una decisin administrativa porque ponen todos los medios a disposicin para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario.

Pastrana, que se lo escucha sereno pero tambin firme, resume: La poltica del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indgenas. Es la triste realidad.

Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. As resume los ltimos 200 aos de Argentina: No son polticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes.

Fuente: http://www.lavaca.org/notas/la-otra-campana-como-es-el-plan-contra-los-pueblos-originarios/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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