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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-08-2017

Ni un muerto ms? Amanecer y veremos

Jos Girn Sierra
IPC


Un reciente informe de la Defensora del Pueblo sobre la situacin de amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos [1], y sobre el asesinato de 17 personas entre desmovilizados y familiares de la FARC, han suscitado revuelo entre distintos sectores sociales y medios de comunicacin masiva. No es para menos. El fantasma del genocidio de la Unin Patritica (UP) ronda sobre un proceso de negociacin que ya tiene a la guerrillerada desarmada y aprestndose para dar la lucha poltica dentro del marco que impone nuestra legalidad.

Al respecto, la respuesta del Gobierno y de agentes del Estado como la Fiscala y el Ministerio de Defensa, ha sido inapropiada y en no pocos casos evasiva, pues se ha limitado, sin muchos argumentos, a rechazar el carcter sistemtico de estos asesinatos y agresiones e, inclusive, a sugerir que estas muertes no tienen que ver con la actividad social y poltica de las vctimas.

Con esa postura, pareciera como si eso de asesinar a lderes sociales y polticos fuera un hecho ajeno a nuestra historia reciente y pasada, cuando an no hemos salido del asombro causado por el genocidio de la UP y de cientos de lderes sociales y polticos que han cado por el pecado de luchar por sus derechos y de reclamar el derecho a una vida digna.

Pero precisamente el carcter sistemtico radica en la permanencia de un modus operandi de sectores autoritarios incrustados hace rato en el aparato del Estado, que les ha permitido la defensa, en nada democrtica, de sus intereses, consistente en considerar la eliminacin de los opositores. Los mismos son defensores de la democracia restringida y de un orden en el que el Estado de derecho es una anomala, por eso han sido gestores y defensores de actuar sin escrpulos, utilizando todas las formas de lucha: desde el estigma y la amenaza hasta el asesinato si es necesario. Este modus operandi es ese animus contrainsurgente del que hemos hecho referencia y que sectores importantes de la sociedad avalan.

Esta manera de ver las cosas se ha visto fundamentada tericamente por lecturas desarrolladas en la poca de la guerra fra por EE. UU. y por visiones clericales de sectores importantes de las iglesias, particularmente de la iglesia catlica, que han visto en cualquier reclamo social el fantasma del comunismo, cuando no el castro-chavismo segn estigma reciente. Todo aquel que habla de derechos o que simplemente se plantea una sociedad ms incluyente, hace parte de esa amenaza que tiene como referente el modelo de sociedad de cuba y Venezuela.

Con el fin del conflicto armado entre la organizacin insurgente FARC-EP y el Estado colombiano ocurrido con la desmovilizacin y entrega de armas, se cierra de alguna manera la tercera fase de la guerra de baja intensidad propia de la estrategia de seguridad nacional en tanto, despus de ofensiva militar, poltica y psicolgica que debilit profundamente al oponente, en este caso las FARC, lo oblig a modificar sus aspiraciones y a una negociacin poltica de dicho conflicto.

Pero este proceso de pactacin que ha ilusionado a muchos y que en la actualidad se adentra en su etapa ms compleja: el concretar los cambios pactados, pero que tambin ha activado la intolerancia y el odio de no pocos, ha dejado sueltos no pocos cabos. Tal vez el ms importante, ese animus contrainsurgente del que se ha hecho mencin, cuya elite inspiradora ha tenido la habilidad para que buena parte de la sociedad lo haga propio.

La resistencia de la elite gobernante a reconocer la existencia de una fuerza armada ilegal como el paramilitarismo afn a los intereses de sectores econmicos, principalmente agrarios y de ultraderecha, sectores que hoy encabezan la oposicin ms acrrima contra el proceso de negociacin con las FARC y que aspiran a tomarse el poder el ao entrante para volver trizas el acuerdo de paz [2], como lo ha hecho pblico uno de sus voceros, no deja de despertar muchsimas inquietudes sobre lo que ocurrir en el posconflicto, sobre todo, cuando a la vez afloran todo tipo de inercias estatales en identificar y desactivar a quienes desde hace rato son los responsables de esos asesinatos selectivos de los lderes sociales [3]. Inercias que no dejan de ser sospechosas cuando en otros casos, que son de su conveniencia, la celeridad es la regla, demostrndose de que existe la experticia para eficaces y oportunos si se lo proponen.

Respecto de lo dicho antes, resulta ilustrador el siguiente cuadro:

Agresiones, asesinatos y atentados a defensores(as) de derechos humanos perodo 2009-2017 [4]

Ao Agresiones Asesinatos Atentados
Periodo 2002-2008 610 60 17
2009 177 32 17
2010 174 32 10
2011 239 49 17
2012 357 69 50
2013 366 78 39
2014 626 55 41
2015 682 63 35
2016 481 80 49
2017* 193 20 19

Fuente: Programa Somos Defensores. Datos a marzo de 2017.

Como puede desprenderse de un anlisis juicioso de estos datos, ciertamente nunca dejaremos de sorprendernos ante la prctica del asesinato poltico como forma de lucha por el poder, pero no estamos sobre nada nuevo. Lo ms relevante de estos datos es el hecho de que estemos frente a una nueva espiral de asesinatos selectivos y de agresiones a lderes sociales, que adems coincida con el inicio de las negociaciones de La Habana en el ao 2012. Con el dato del 2002 al 2008 se quiere indicar que todo esto viene de mucho ms atrs y que si no se da cuenta de un perodo mayor es porque el registro sistemtico de estos hechos abominables es ms bien reciente.

Esta espiral corresponde a un perodo particular en el que se presentaron circunstancias que tocaron temas muy sensibles. Adems, encendieron las alarmas asuntos como la decisin del gobierno de liderar una ley de vctimas con el trasfondo de la restitucin de tierras y su posterior decisin, de implementarla; la iniciacin de un proceso de negociacin con las FARC que implicaba no slo darle estatus poltico sino tambin comprometerse con unas transformaciones en temas muy sensibles como la reforma estructural al agro, la democratizacin del Estado y la posibilidad de una justicia no manipulable, que se ocupara de las responsabilidades de los actores directos e indirectos de la guerra.

Un acercamiento contextual al problema permite encontrar relaciones y por consiguiente explicaciones que no seran posibles cuando se toman los hechos aislados, como parece ser la tnica de la fiscala actual, que en eso de borrn y cuenta nueva pareciera alejarse del propsito del anterior fiscal de darle al anlisis de contexto un lugar destacado, sobre todo en el modus operandi del que nos ocupamos, pues se trata de develar el modo de estructurarse las lgicas de poder nacionales que tienen sus correlatos en todas las escalas territoriales.

Omitir este acercamiento contextual es continuar con la idea equivocada de que con la estrategia de las capturas de alto valor, se va a acabar con un problema que est ms all de quien opera de manera directa la agresin. Por ello, la mayor fuente de impunidad se encuentra ac: no resultara muy complicado capturar al autor material aunque esto ni siquiera ocurre en la mayora de los casos, pero hoy si parece muy difcil identificar en las distintas escalas territoriales, pero sobre sobre todo en la municipal, a aquellos en quienes recae la autora intelectual y establecer a que intereses econmicos o polticos responden estas acciones. A esto ltimo no se quiere llegar por razones que son obvias. De all el miedo a una justicia imparcial e inclusive a una comisin de la verdad como la que se acord en La Habana.

Planteadas las cosas de esta manera, para la ultraderecha son muchos los intereses en juego y por ello pusieron a jugar su acumulado poltico, su poder econmico y, por qu no, su poder militar. Hasta ahora lograron ganar en el plebiscito y han logrado cambios importantes en los acuerdos como por ejemplo llenar de prerrogativas a los militares y, con su estrategia meditica, han logrado mantener el acuerdo en un lugar de legitimidad muy bajo.

Que sean los campesinos sobre todo los reclamantes de tierra y los defensores del proceso de paz, quienes han cado vctimas de las balas, corrobora este enfoque analtico.

Firmado el acuerdo de La Habana y desmovilizada las FARC, la alarma no puede ser menos, pues no habra ninguna razn para pensar que esta estrategia de vieja data no sea utilizada e intensificada. Ms an, estaba prevista. La llegada de las FARC a la lucha poltica legal, los cambios que pudiera generar en el agro y sobre todo en la propiedad de la tierra con la implementacin del numeral uno de los acuerdos, sobre reforma rural integral, y la posibilidad de que la reforma poltica y electoral permita que nuevas fuerzas polticas le disputen el poder a esa elite tacaa y excluyente como es la colombiana, viene movilizando y articulando las fuerzas ms oscuras de la sociedad en torno a un objetivo central: como volver inane el pacto de negociacin con la insurgencia y para ello, como lo ha sido desde que le cerraron el paso a Gaitn, a las tmidas reformas de Lleras Restrepo y al espritu garantista de la Constitucin del 91. Sin duda no vacilarn en acudir a todas las formas de lucha incluido el asesinato poltico.

Ha reafirmado el presidente Santos ante estos hechos que no puede haber un muerto ms y menos impunidad [5]. La pregunta es: Hay la voluntad y el juego poltico para ello? Las dudas son inmensas, sobre todo porque llegar a esto implicara resolver muchas cosas [6] y es irrisorio lo que pueda hacer un presidente sin capital poltico y con el sol a sus espaldas. Habida cuenta del panorama poltico para el ao entrante en donde puntean los enemigos del proceso, las incertidumbres se acentan y las alarmas deberan encenderse para quienes podran intentar alternativas para frenar las aspiraciones de aquellos que quieren volver aicos un pacto que en trminos reales slo pretende dar un paso en nada profundo pero importante en la democratizacin de la sociedad.

El asunto deja varias preguntas: Estamos ante el comienzo de un nuevo genocidio sin que la sociedad y la lite constituida como bloque en el poder se pellizquen? El Acuerdo de La Habana slo ser poco ms que una desmovilizacin de la insurgencia o superaremos estas amenazas y podremos dar el salto a una sociedad que de algn modo se humanice y deje atrs la barbarie y la indignidad? Estamos ante el comienzo de un nuevo genocidio sin que la sociedad y la lite constituida como bloque en el poder se sacudan? Podremos incubar en la sociedad sentimientos constructivos que neutralicen tanto odio, til por dcadas a los que viven de la guerra, para que por fin veamos en la diferencia una oportunidad y no una amenaza? Amanecer y veremos.


Notas

[1] INFORME ESPECIAL DE RIESGO: VIOLENCIA Y AMENAZAS CONTRA LOS LDERES SOCIALES Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS. Defensora del pueblo. Marzo 30 de 2017

[2] Telesur. 7 de mayo de 2017. El primer desafo del Centro Democrtico ser el de volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC que es una claudicacin y que no puede subsistir, dijo el derechista colombiano durante la Convencin Nacional de esa formacin poltica liderada por el senador y expresidente lvaro Uribe Vlez. http://www.telesurtv.net/news/Fernando-Londono-llama-a-acabar-maldito-acuerdo-con-FARC-EP-20170507-0016.html.

[3] Basta ya: Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros y las masacres pequeas son los hechos que han prevalecido en la violencia del conflicto armado. Estas modalidades configuran una violencia de alta frecuencia y baja intensidad, y hacen parte de las estrategias de invisibilizacin, ocultamiento o silenciamiento empleadas por los actores armados. De hecho, fueron precisamente estas modalidades que poco trascendieron en el plano nacional, pero que tuvieron un alto impacto en el mbito local, las que invadieron de manera duradera la cotidianidad de las vctimas.
Los asesinatos selectivos son la expresin de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la poblacin civil. Esto se debe a que su carcter de accin individual y su patrn de ataque dificultan la identificacin de los perpetradores. La estrategia se complementa con un rgimen de terror diseado para silenciar a las vctimas y garantizar as la impunidad del crimen.

[4] Uno de los grandes problemas en el comportamiento estadstico de agresiones y atentados a defensores radica, como ocurre el seguimiento a los homicidios en general, en que no hay coincidencia en los criterios que se tienen para caracterizar estos hechos. Por esos los datos vara enormemente entre lo que, por ejemplo, seala la oficina da alto comisionado de Naciones Unidas, el gobierno y las organizaciones sociales. Sin embargo, estas diferencias en nada pueden soslayar la gravedad de esta realidad.

[5] Condeno de la manera ms enrgica todos los atentados de los que han sido vctimas lderes sociales. No vamos a dejar ningn caso en la impunidad http://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/02-2017-ningun-asesinato-de-lideres-sociales-quedara-impune-santos

[6] Ese animus contrainsurgente del cual hemos hecho referencia y que ha calado de manera importante en la sociedad no se resuelve, -si esto fuera posible-, slo con colocar tras las rejas a algunos paramilitares, agentes del estado o inclusive empresarios. Esto implicara cambios significativos en el aparato militar, en la justicia y tal vez la posibilidad de que un bloque en el poder distinto a los que tradicionalmente se han sido sus beneficiarios, lidere cambios ms profundos en el Estado y, sobre todo, practique unos nuevos cdigos morales para el ejercicio del poder.

Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/31/ni-un-muerto-mas-amanecera-y-veremos/
 


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