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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-08-2017

Amrica Latina debate cmo hacer realidad los derechos ambientales

Daniel Gutman
IPS


En la Declaracin final de la Cumbre de la Tierra, realizada en Ro de Janeiro de 1992, se estableci que la participacin ciudadana en la toma de decisiones es el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales. Sin embargo, en Amrica Latina y el Caribe este enunciado tiene an escaso correlato con la realidad.

As lo han reconocido la mayor parte de los pases de la regin, que 25 aos despus redactan un instrumento jurdico supranacional con el objetivo de hacer posible en la realidad el acceso a la informacin y a la justicia ambiental para sus habitantes.

Delegados de 24 pases participan entre el lunes 31 y el viernes 4 en Buenos Aires de la sptima reunin del Comit de Negociacin del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informacin, la Participacin Pblica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Amrica Latina y el Caribe, conocido como el Principio 10 de los 27 de la Declaracin de Ro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

La de Buenos Aires se espera que sea la penltima discusin sobre el texto, realizada a puertas cerradas. En noviembre o diciembre se acordara el documento final, en una ciudad que an no se ha definido.

Sin embargo, todava hay un largo camino por recorrer.

En la capital argentina qued claro que el debate sobre los alcances que debe darse a la participacin ciudadana no se ha cerrado, a pesar de que la negociacin, motorizada por la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (Cepal), fue lanzada en noviembre de 2014.

El punto sobresaliente es que no se ha definido todava si el documento ser o no vinculante para los Estados firmantes.

Si se acuerda que lo sea, resultar un piso mnimo que las naciones parte debern garantizar a sus habitantes en materia de participacin en cuestiones ambientales. Si la decisin es que no lo sea, podra ser una nueva declaracin de principios, que no cambie nada en la vida real.

El relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el estadounidense John Knox, sent posicin cuando advirti que el instrumento tiene que ser vinculante, aunque de esa manera sea ms difcil alcanzar un consenso.

Si no lo es, quedar la impresin de que, en lugar de un paso adelante, ser un paso atrs, agreg.

Knox particip como invitado especial en la apertura del encuentro, que se desarroll en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia de tres ministros del gobierno anfitrin y la viceministra de Ambiente de Costa Rica, Patricia Madrigal.

La funcionaria costarricense particip en representacin de la mesa directiva del comit de negociacin, que presiden su pas y Chile e integran adems Argentina, Mxico, Per, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas.

En el mismo sentido que Knox, el especialista argentino sobre derecho ambiental, Daniel Sabsay, orador en una sesin especial sobre la implementacin del futuro acuerdo, se mostr preocupado por la perspectiva de el texto quede en el campo el campo de las grandes expresiones, sin ningn resultado.

En los borradores que se han conocido hasta ahora, no hay instrumentos concretos que imperativamente deban ser ejercitados por los pases y empoderen a la sociedad civil. Si no es vinculante el acuerdo no ser til, dijo a IPS.

El debate se da en el contexto de una escalada de las disputas por las tierras y los recursos naturales, que dispara cada vez ms conflictos en el mundo y en particular en la regin.

Los conflictos sociales por cuestiones ambientales han provocado 200 asesinatos el ao pasado en todo el mundo, de los cuales 60 por ciento se registraron en Amrica Latina. La regin ms violenta es el Amazonas, donde 16 personas murieron por defender la tierra, dijo la jamaiquina Danielle Andrade, elegida como representante por la sociedad civil en las negociaciones.

Esa realidad pone en evidencia las deficiencias de los gobiernos para encauzar las preocupaciones de las comunidades locales frente a proyectos extractivos o de uso de la tierra que los afectan.

El Principio 10 de la Declaracin de Ro dice que los Estados deben facilitar y fomentar la participacin social en los debates ambientales, poniendo la informacin a disposicin de todos y garantizando el acceso a los procedimientos judiciales y administrativos.

El consenso es que, en general, en Amrica Latina se ha desarrollado suficiente normativa en ese sentido. De hecho, el canciller argentino, Jorge Faurie, dijo que desde 1992, 20 pases de la regin han incorporado a sus Constitucionales el derecho a un ambiente sano y sostenible.

La cuestin, entonces, parece ser, cmo llevar a la prctica esos derechos que estn sobre el papel.

Casi todos los pases tienen normas ambientales, pero problemas para que se cumplan. Por eso entendemos que es fundamental que se cree un comit de implementacin del tratado, al que los ciudadanos de la regin puedan elevar sus conflictos ambientales, y que tenga participacin del pblico y facultades para intervenir, dijo a IPS el argentino Andrs Napoli, otro representante de la sociedad organizada en las negociaciones.

El acuerdo que se negocia est inspirado en la llamada Convencin de Aarhus, aprobada en 1998 en esa ciudad de Dinamarca, en el mbito de la Comisin Econmica para Europa. Ese instrumento sirvi especialmente para los pases del este europeo, que haban abandonado el comunismo pocos aos antes y tenan escasa normativa ambiental.

Los pases de Amrica Latina han desarrollado legislacin ambiental desde la dcada de los 90 y recientemente lo han hecho algunos pases del Caribe anglfono, explic Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Polticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal.

Por eso, se apunta a perfeccionar la capacidad de los Estados para garantizar los derechos tutelados en esa legislacin. Algunos pases no logran la implementacin de la legislacin ambiental no porque no quieran, sino por falta de capacitacin o de recursos financieros, aadi a IPS.

De Miguel asegur que esperamos un acuerdo ambicioso, que incluya la creacin de institucionalidad que luego lo haga cumplir. Y deseamos que lo firmen no solo los 24 pases que estn negociando, sino los 33 de la regin, agreg.

Entre los pases que participan en las discusiones estn todos los de Amrica del Sur menos Venezuela y todos los de Amrica Central, excepto Nicaragua, mientras dentro del Caribe insular y continental destacan ausencias como las de Barbados, Cuba, Guyana y Suriname.

Los artculos que se discuten en Buenos Aires incluyen el 6, que define el alcance del derecho a la informacin; el 7 y el 8, acerca de la participacin de los ciudadanos en los procesos de decisiones; y el 9, que reglamenta el acceso a la justicia.

Para la ltima reunin quedar el debate sobre los artculos que definen la institucionalizacin del tratado y la creacin o no de un comit de cumplimiento que, segn la mayora, definirn su efectividad.

Es imprescindible establecer mecanismos para asegurar que la participacin sea real y las poblaciones ms vulnerables accedan a la informacin, porque solo los organismos oficiales y las oenegs no pueden traccionar (movilizar) la participacin, resumi en la sesin especial sobre implementacin Leila Devia, directora del Centro Regional Sudamericano del Convenio de Basilea.

Ese convenio, en que participan 170 Estados parte, se ocupa del control transfronterizo de los desechos peligros y de su eliminacin.

Derechos indgenas y comunidades

En el borrador para el Acuerdo Regional hay varias referencias a los pueblos indgenas y se establece que se reconocer el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indgenas, reconocido en la mayora de las legislaciones nacionales y que establecido en el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, que norma los derechos de los pueblos indgenas y tribales.

Tambin se prev que la informacin sea entregada en lenguas indgenas y que reciban asistencia especial para acceder a informacin, en tanto se los reconoce como grupo vulnerable.

Adems, se establece que, ante cada proyecto con impacto ambiental, el Estado tendr la obligacin de identificar a las comunidades directamente afectadas y de promover su participacin informada en la toma de decisiones.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/08/america-latina-debate-como-hacer-realidad-los-derechos-ambientales/



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