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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-08-2017

La trama de la corrupcin en Colombia

Felipe Pineda Ruiz
Rebelin


Colombia ha convivido con la bestia negra de la corrupcin desde los albores de su novel historia. Casos como la ignominiosa y barata indemnizacin a Colombia, recibida de Estados Unidos, por la cesin de Panam (1903); el irregular manejo de las rentas del caf exportado en los aos treinta; la famosa ventanilla siniestra del Banco de la repblica en los setentas y la oleada de baratas privatizaciones de activos pblicos en los aos noventa, mediadas todas por sobornos e irregularidades, han configurado un modus operandi, intrincado en la res pblica criolla desde sus inicios.

El tpico en cuestin se ha convertido en un lugar comn, durante los dos ltimos aos, en la arena poltica nacional. Ha sido objeto de debates, estudios, marchas, referendos, y sobre todo se ha revelado como el tema preferido de los amantes de la pos verdad en Colombia.

Hace algunas dcadas, uno de los referentes de la escuela econmica austriaca, Ludwig Von Mises, pondra el dedo en la llaga sobre una de sus races estructurales La corrupcin es un mal inherente a todo gobierno que no est controlado por la opinin pblica. Pero qu ha sucedido precisamente en la opinin pblica colombiana para que lo que siempre fue habitual y desapercibido se convierta en indignante y escabroso?

La respuesta emerge por si sola: la creciente disparidad de ingresos, el cinismo y obscenidad para enajenar los recursos pblicos, por parte de los gobernantes, sumado a la falta de oportunidades en la sociedad colombiana, empieza, en la ciudadana, a crear un clima de descontento inusitado y a situar a los actores de la corrupcin en dos bandos: una amplia franja de afectados, por un lado (la gente del comn) y un grupo minoritario de culpables (una lite tradicional y emergente), por el otro.

La vertiginosa concientizacin al respecto es atribuible a la inmediatez de las redes sociales, las cuales denuncian, viralizan y canalizan dicho descontento contra la partitocracia y el rgimen poltico actual, es decir contra quienes la sociedad civil seala como corruptos.

La frase la gente est mamada de los corruptos no es alarmista, es real. La corrupcin atraviesa transversalmente todos los mbitos, prcticas y relaciones de la sociedad: implica a quien soborna a un ministro para obtener un contrato, o aquel que falsifica un cheque en la ventanilla de un banco, al banquero que financia campaas polticas para conseguir reformas tributarias laxas as como a los que presentan diplomas falsos para hacerse a un trabajo.

Gerardo Andrs Hernndez, director de Transparencia por Colombia, resume ese proceso de captura del patrimonio pblico de la siguiente manera los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administracin pblica un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos econmicos, sino adems para controlar el territorio y sus poblaciones. De esta manera la corrupcin se expresa a travs de la captura del Estado, donde controlar el sistema poltico y los procesos claves de la gestin administrativa, tales como la contratacin pblica y el empleo pblico entre otros [1].

La trama de la corrupcin

Al igual que ha sucedido en Colombia con otros fenmenos, como el narcotrfico o el paramilitarismo, los beneficiarios de la corrupcin han intentado presentarla como un drama con autores materiales pero no intelectuales. La cortina de humo, meditica y judicial, va dirigida a insistir en la culpabilidad, casi total, de los polticos en el crecimiento de este flagelo, sin mencionar siquiera a sus auspiciadores.

A diario los mass media bombardean a los televidentes con imgenes de concejales, congresistas, alcaldes o gobernadores implicados en casos de soborno o trafico de influencias, sin que la opinin pblica encuentre algn sealamiento contra grupos econmicos o financieros, por aportar dinero y beneficiarse de la gestin de los polticos.

Existe una correlacin directa en Colombia entre dinero invertido, por parte de los aspirantes en las campaas polticas, y sus posibilidades de ser elegido a cualquier cargo de eleccin popular. De all surge el inters de sectores de poder por gastar miles de millones de pesos en candidatos y elecciones, todo con el fin de incidir en las leyes que se promulgan; las obras que se realizan y los contratos que se firman.

Por lo anterior prcticas como la evasin fiscal, realizada por las grandes empresas; la tributacin regresiva; la ausencia de taxacin al flujo de capitales hacia el exterior; la venta de activos pblicos, a manos privadas, y las denominadas puertas giratorias, han sido casi institucionalizadas en la praxis del Estado.

En relacin a la evasin fiscal indirecta, que emerge bajo la figura de las exenciones tributarias, el economista Salomn Kalmanovitz, en artculo reciente, pone en el ojo del huracn a quienes se benefician de esta prctica al sealar: La ley tributaria no es el problema, pero s lo es el gran nmero de exenciones, beneficios y deducciones que favorecen a personas naturales y jurdicas. Estos alcanzaron $72,3 billones en 2016, equivalentes al 8,4 % del PIB y al 62 % del recaudo. Si se eliminaran, la tributacin alcanzara el 22 % del PIB, con lo cual se comenzara a subsanar el dficit de bienes pblicos [2].

Los casos de Odebrecht, Reficar, Refilco, Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratacin en Bogot, y Navelena, demostraron un patrn en comn: detrs de todo el entramado de polticos corruptos existe un aluvin de empresarios, empresas y sectores financieros que obtienen licitaciones y beneficios, a cambio de sobornos.

Sin embargo, es necesario romper con el diagnstico simplista que atribuye la corrupcin nicamente a las lites. Es ms preciso hablar de una trama de actores que comienza desde quienes compran votos para los polticos deshonestos, la parte baja de la pirmide, conformada por miembros de Juntas de Accin Comunal y ediles, hasta los candidatos presidenciales. En esta cadena clientelar es tan culpable el lder barrial que corrompe, o estafa a las comunidades, para conseguir sufragios, como el congresista bisagra entre la base y los financiadores de su propia campaa.

La corrupcin en Colombia en cifras

Diferentes entes de control calculan que la corrupcin le cuesta al pas entre 32 y 50 billones al ao (Procuradura y Contralora General de la Nacin; 2016), dinero suficiente para financiar las llamadas autopistas 4G o el cada vez ms lejano metro de Bogot.

De acuerdo a la medicin anual realizada por la ONG Transparencia Internacional, denominada ndice de Percepcin de la Corrupcin (CPI) [3], Colombia ocup en 2016 el puesto 90 entre 176 pases, por debajo de naciones como Cuba (60), Jamaica (83), Zambia (87), y muy por debajo de algunas de la regin como Chile (24), Uruguay (21) y Costa Rica (21).

Para el caso nacional, la organizacin sugiere reestructurar los organismos de control; luchar contra la corrupcin en el sector privado y empoderar a la ciudadana para que exija al gobierno una rendicin transparente de cuentas.

Sin intentar desestimar las anteriores recomendaciones, estas son simplemente la punta del iceberg de este flagelo. A ese listado le hacen falta los culpables principales del debilitamiento de la gestin pblica, las instituciones y los organismos de control: actores polticos nacionales y regionales; grupos armados ilegales, y conglomerados econmicos nacionales e internacionales.

Lo anterior significa que los presupuestos del Estado se han convertido en el botn de los corruptos con el cual la poltica pblica, y la inversin social, pasaron de ser derechos adquiridos para transformarse en ddivas ofrecidas a clientelas que pagan dichos favores con sufragios. La ecuacin se ha vuelto sencilla en el pas del todo vale: quien controla los presupuestos tiene el poder y los votos.

A manera de eplogo es menester sealar que el fenmeno de la corrupcin debe estar ajeno a todo tipo de proselitismo o demagogia. La corrupcin per se, como bandera electoral, no resuelve lo estructural, y menos mientras persista el mismo modelo econmico, y las mismas prcticas, en el seno de la res pblica.

Crear veeduras para vigilar los procesos de contratacin y seleccin en la funcin pblica; promover campaas para persuadir a la ciudadana sobre los riesgos de vender el voto y sobre todo insistir en la necesidad de participar activamente, y elegir bien, son acciones de resistencia civil, que pueden ser impulsadas por personas del comn, para derrotar la corrupcin no solo electoral sino culturalmente. Queda poco tiempo, pero estamos a tiempo.


Notas

[1] Corporacin Transparencia por Colombia. Justicia, Interior y Agricultura los sectores con mayor riesgo de corrupcin. Portal de Unipymes, abril 27 de 2017. Fuente: https://www.unipymes.com/justicia-interior-y-agricultura-los-sectores-con-mayor-riesgo-de-corrupcion/

[2] Kalmanovitz , Salomn. Las exenciones tributarias. Portal Diario El Espectador, agosto 6 de 2017. Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/las-exenciones-tributarias-columna-706772

[3] Transparencia Internacional. ndice de Percepcin de la Corrupcin (CPI), enero 25 de 2017. Fuente: https://www.transparency.org/news/feature/americas_sometimes_bad_news_is_good_news


Felipe Pineda Ruiz, publicista, investigador de la Fundacin Democracia Hoy. Director del laboratorio de iniciativas sociales Somos Ciudadanos (www.redsomosciudadanos.com).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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