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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-08-2017

Detrs de la campaa antimapuche
Extractivismo, medios y un genocidio que no termina

Daro Aranda
lavaca


Los indgenas no aceptamos el extractivismo. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgnicas. Por eso nos consideran un peligro. Los lderes mapuches se defienden y contestan los discursos que los tratan de separatistas, terroristas o cosas peores. La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Se encargan de explicar lo que pareca- ya estaba dado: la propia legislacin argentina reconoce los derechos de los pueblos originarios. Pero no se cumple. Por qu: las presiones de terratenientes y empresas como Benetton. La operacin de los medios. El rol del modelo econmico. Y un genocidio que no termina. Daro Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches, en medio de la desaparicin de Santiago Maldonado.

El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal.

Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder poltico y judicial.

Polticas de Estado de despojo y sometimiento.

Un genocidio que jams tuvo su nunca ms.

Slo algunos de los elementos detrs de la campaa que pide represin para el Pueblo Mapuche.

Extractivo

Durante el menemismo se aprob la ingeniera legal que dio pie a la profundizacin del extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatizacin de YPF, ley forestal, aprobacin de transgnicos con uso de agrotxicos. Pero la implementacin en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pas de 40 proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectreas con soja transgnica se pas a 20 millones (22 en la actualidad).

El macrismo contina esa lnea: quite de retenciones a la minera, baja de retenciones al agro, flexibilizacin laboral para trabajadores petroleros. Ms extractivismo, ms avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indgenas y campesinos.

Amnista Internacional contabiliz un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detect un punto en comn: detrs siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actan en complicidad, por accin u omisin, de los gobiernos.

Cmo sucedi con la Campaa del Desierto, que tena como fin econmico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indgenas.

Preexistente

Mapuche significa en mapuzungun gente de la tierra. Los mapuches, como todos los pueblos indgenas del continente, son a partir del vnculo con el territorio. De all proviene su historia, su cultura, su filosofa, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.

Un argumento falaz para atacar a los indgenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indgenas tienen miles de aos de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la conformacin de los Estado-nacin. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artculo 75 de la Constitucin Nacional lo reconoce: Reconocer la preexistencia tnica y cultural de los pueblos indgenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educacin bilinge e intercultural; reconocer la personera jurdica de sus comunidades, y la posesin y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (). Asegurar la participacin en la gestin referida a sus recursos naturales y a los dems intereses que los afecten.

Ante cada campaa meditica de ataque a los mapuches, acadmicos repudian las falsedades de sectores periodsticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios acadmicos: Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches () Los mapuches no son indios chilenos, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivan en estos territorios antes de que existieran los Estados y que haba mapuches en lo que hoy es Argentina.

Periodismo represivo

Denuncian vnculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), titul el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artculo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acus: A medida que aparecen ms datos, la accin de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leda como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer poltica. Hay datos, como que en zonas limtrofes la Gendarmera envi ms personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiacin del grupo (). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de trfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sera el nexo.

Dos das despus, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la maana (Gendarmera Nacional). Otra por la tarde (polica de Chubut). El mircoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos das. Una cacera de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorri el pas.

A la campaa anti-indgena se sum el diario Clarn, con un extenso artculo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble pgina interna. Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declar la guerra a la Argentina y Chile, fue el ttulo, firmado por Gonzalo Snchez. Cit en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nacin, Cancillera y Secretara de Seguridad. Todas voces en off, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan inslitos como ajenos a la realidad. Segn Clarn:

-Los mapuches estn vinculados a grupos kurdos y a la ETA del pas Vasco.

-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.

-Afirma que el Lof Cushamen ocasion incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.

No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Slo la opinin del gobernador Mario Das Neves y voces en off.

Gonzalo Snchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organizacin Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organizacin. Segunda coincidencia: Snchez no otorga ni una lnea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompaan.

Infobae no se qued atrs. Violencia, anarqua y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina, titul el 9 de agosto un artculo de Martn Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artculo que podra haber sido escrito por Patricia Bullrich.

Inslita la nota de Claudia Peir en Infobae. Acus a los mapuches de estar financiados por ingleses. The Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra. No aporta una sola prueba que acredite esa relacin.

Clarn retruc. Jones Huala redobla la apuesta: llam a la rebelin y la lucha armada. Desde el penal donde est detenido, el referente mapuche convoc abiertamente a la accin violenta. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.

Por otro lado, tambin sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y polticos no dudaban en echar sospechas sobre el lder qom Flix Daz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrn. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacan entrevistas condescendientes a Insfrn. En el mejor de los casos, se llamaban a silencio ante la violacin de derechos. El periodismo afn al kirchnerismo apoy fervientemente la explotacin petrolera en Vaca Muerta, aunque all se violaban derechos indgenas y tambin se reprima (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.

Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarn) las comunidades indgenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.

Genocidio

Robo de bebs. Desaparicin de personas. Torturas. Campos de concentracin. Asesinatos.

Lo sufri la sociedad argentina en manos de la ltima dictadura cvico-militar.

Lo sufri el pueblo judo en manos del nazismo.

El Pueblo Mapuche tambin padeci robo de bebs, desaparicin de personas, torturas, campos de concentracin, asesinatos. Pero no hubo jams pedido de perdn, tampoco reparacin ni justicia. No hubo un nunca ms para lo sufrido por los pueblos indgenas.

Diana Lenton, doctora en antropologa y docente de la UBA, lo resume as: El Estado se construy sobre un genocidio. Se requiri que no hubiera ms diversidad interna. Se anulan los tratados con los indgenas, el Estado se garantiz que no iban a interferir en la constitucin de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.

Recuperaciones

Wiomlei ta i mapu meu significa en idioma mapuche territorios recuperados. Es un anhelo, una prctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los ltimos quince aos, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuper 250 mil hectreas que estaban en manos de grandes terratenientes.

Los pequeos burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indgenas no ocuparn los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Slo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy estn en manos de grandes empresas.

Los legalistas tambin deben estar conformes: las recuperaciones territoriales estn respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.

Siempre que sea posible, los pueblos indgenas debern tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicacin, detalla el artculo 16 del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artculo 14 tambin apunta: Debern tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estn exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

La Declaracin de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indgenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artculo 10 la opcin del regreso frente a los desplazamientos forzados y, en su artculo 28, legisla que tienen derecho a la reparacin, por medios que pueden incluir la restitucin () por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan posedo u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o daados.

Las comunidades indgenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el ttulo del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, el mximo tribunal del pas. Al analizar la accin de la CIDH, abord la posesin ancestral: Los miembros de los pueblos indgenas que involuntariamente han perdido la posesin de sus tierras, y stas han sido trasladadas legtimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensin y calidad.

La recuperacin territorial implica mucho ms que hectreas: instala una concepcin diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupacin colectivo, territorio ancestral, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.

Benetton

En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvi al territorio indgena: recuper 625 hectreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compaa de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsn. El caso tom repercusin nacional e internacional. Rosa Ra Nahuelquir y Atilio Curianco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Prez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometi la donacin de tierras dentro de Chubut. Pero la compaa slo ofreci parcelas que eran improductivas.

La comunidad no acept y aclar que los pueblos indgenas no aceptaban donacin sino restitucin por tierras que haban sido robados por privados. La causa avanz en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneci en el lugar. Benetton nunca acept la derrota entre otras cosas porque habilitara que otras comunidades repitieran la accin.

En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finaliz el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoci la posesin y uso de las 625 hectreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunci las irregularidades en el ttulo que adquiri la compaa Benetton (explicadas en detalle en el libro Ese ajeno sur, del investigador Ramn Minieri).

El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperacin territorial en la estancia Leleque de Benetton. Actuamos ante la situacin de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reima (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente, explic como fundamento de la accin el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autnomo (MAP).

Ya no era un slo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser ms.

Benetton descarg todo su maquinaria legal contra los mapuches y contrat una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaa meditica, tanto a nivel provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se presenta como especialista en resolucin de conflictos y gestin de crisis.

Peridicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definicin de los atentados que sufra la estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Ro Negro (el ms ledo de la Patagonia), Clarn y La Nacin. Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.

La campaa meditico daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).

Enemigo interno

En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidi juicio poltico para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). No queremos jueces federales que acten en connivencia con delincuentes, refiri en relacin a mapuches. Adems, inst a que la poblacin desobedezca al juez: Que la gente reaccione, que no permita, por ms que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones.

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acus en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliz de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado Revalorizacin de la ley. Problemtica en territorio mapuche y reconoca que la Polica de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza tareas de investigacin ilegales y catalogaba los reclamos como amenazas para la seguridad social. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la usurpacin que realizaran comunidades indgenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnista Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la estigmatizacin y persecucin al Pueblo Mapuche. El texto, titulado La lucha indgena no es delito, cuestion al gobierno: El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social () El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche.

El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmera nacional lleg hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuqun), cerr los caminos internos y escolt a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforacin petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indgena.

La Gendarmera incluso impidi que la comunidad abandonara su propia tierra. YPF usa la Gendarmera para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorizacin, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio, denunci el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederacin Mapuche de Neuqun, que cuestion la militarizacin del lugar y acus a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una escalada de represin.

Peligro

Ser indgena hoy es ser subversivo, resumi con simpleza en una mateada Jeremas Chauque, mapuche, msico, productor de alimentos sanos (sin agrotxicos). Y ampli: Los indgenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgnicas. Por eso nos consideran un peligro.

Facundo Jones Huala, desde la crcel de Esquel, fue en lnea similar: El Pueblo Mapuche impulsa la reconstruccin de nuestro mundo, y la expulsin de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armona. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder.

Disparen

Ante la desaparicin de Santiago Maldonado, en el marco de una represin de Gendarmera Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apunt contra las comunidades indgenas: No vamos a permitir una repblica autnoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lgica que estn planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lgica anarquista.

La Sociedad Rural Argentina, impulsora de la Campaa del Desierto y parte de la ltima dictadura cvico-militar, aport un comunicado: Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur (en referencia a los mapuches).

La Confederacin Mapuche de Neuqun le contest a la Ministra de Seguridad: La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos bsicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condicin de Nacin Mapuche est basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitucin Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad.

Un estado plurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Est relacionado a una existencia de miles de aos, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia, explic la Confederacin Mapuche y afirm: La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiramos nuestra nacionalidad, seramos un pueblo sin historia y peor an, seramos un pueblo sin futuro.

El Consejo Asesor Indgena (CAI), histrica organizacin mapuche de la Patagonia, tambin emiti un documento: Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las vctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparicin con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situacin de militarizacin que sufren los pueblos originarios.

No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represin, discriminacin y racismo, precis la organizacin indgena. Record que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dej una aclaracin: Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha.

Solucin?

Una pregunta recurrente es por dnde pasa la solucin. Y la respuesta indgena suele ser simple: Que se respete la ley.

Argentina tiene frondosa legislacin que favorece a los pueblos indgenas: desde la Constitucin Nacional (Artculo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaracin de Naciones Unidas sobre Pueblos Indgenas. La legislacin vigente establece que los pueblos indgenas deben contar con tierras aptas y suficientes y que se debe realizar la consulta libre, previa e informada ante cualquier hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio indgena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta aos) con la comunidad.

De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen.

Por qu el incumplimiento? Porque es una poltica de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos indgenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras.

Fuente: http://www.lavaca.org/notas/que-hay-detras-de-la-campana-antimapuche-extractivismo-medios-y-un-genocidio-que-no-termina/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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