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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-08-2017

Entrevista a Keymer vila, profesor de la Universidad Central de Venezuela
Tiene que determinarse la responsabilidad en todas estas muertes

Carlos Carcione / UPC de CER-Latinoamericana
Aporrea


Keymer vila es investigador del Instituto de Ciencias Penales y profesor de Criminologa de la Universidad Central de Venezuela en Pre y Postgrado. Columnista de opinin. Sus artculos, investigaciones y entrevistas se han convertido en una de las referencias para los interesados en seguir el desarrollo y las causas de la violencia en el pas en los ltimos meses. Desgrana en esta entrevista exclusiva para Aporrea.org, el contexto y las causas de la violencia en el pas y en las protestas en los ltimos cuatro meses.

Nos puedes hacer algunas reflexiones, alguna caracterizacin sobre la violencia en estos ltimos cuatro meses de protestas.

Lo sucedido en estos meses tiene historia. Por eso quisiera comenzar con un poco de esa historia y con algunas definiciones que considero importantes.

Desde mi punto de vista, ningn anlisis, en este sentido, en el sentido general de la violencia y de la que vivimos estos meses, puede estar por fuera de la realidad que constituye que Venezuela es objeto de intereses geoestratgicos por parte de distintos imperios: Estados Unidos, Rusia, China. Cuando esos intereses se materializan, los discursos antiimperialistas del gobierno y de una pretendida izquierda burocrtica, que es la que usufructa ese discurso para sus intereses particulares, crematsticos, grupales, queda solamente para arengas y consignas vacas. Y esos intereses se terminan imponiendo. Esto tiene que tenerse en cuenta en cualquier anlisis sobre el tema Venezuela. Y el tema de la violencia no est al margen de esto.

Vivimos una violencia estructural que tiene varias dimensiones: en primer lugar entre pases, entre distintas visiones del mundo. Y haca adentro de los pases de nuestra regin tiene que ver con la exclusin, desigualdad, el autoritarismo, y es una violencia que no es fcilmente apreciable, que en los anlisis queda invisibilizada, pero termina haciendo mucho dao, es la ms generalizada y es el germen de otro tipo de violencia. De la que queda a la vista y que escandaliza a muchos.

En un nivel intermedio muy vinculado con esta violencia estructural, tenemos una violencia institucional, que se expresa de distintas maneras: se expresa de manera simblica pero tambin directa e instrumental. Se expresa tambin por accin o por omisin. Por ejemplo, cuando el Estado no cumple con sus funciones o no cumple con sus deberes, con su hacer, estamos en presencia de una violencia por omisin. Pero tambin se presenta en forma de excesos y de arbitrariedades.

En esta situacin, que se mueve por las ausencias y los excesos podramos citar, por ejemplo, el sistema penal. En este caso podemos ver como en determinadas reas, en determinados territorios y en determinados mbitos se ve una total inaccin por parte del Estado, una desidia institucional. Y en ocasiones, por el contrario, se ve unos excesos y unas arbitrariedades muy grandes. Yo utilizo la metfora que el sistema penal es una especie de pndulo que se mueve entre las ausencias y los excesos, necesitamos que se pare en el justo medio. Qu es el justo medio? Una intervencin oportuna, racional, en el marco de la legalidad, institucional, permanente, controlada, eso no existe.

Dentro de este marco de violencia institucional tenemos un ejemplo emblemtico muy reciente que son las OLP. Que ya como que pasaron de moda. Pero es importante concentrarse no solamente en las siglas, porque estas son coyunturales, sino en la praxis institucional que expresan y que se hace de manera sistemtica.

Una de las explicaciones de porque surgen este tipo de acciones institucionales tan violentas, y esto lo explican distintos autores, en el contexto norteamericano Bauman, por ejemplo, y en el contexto nacional, el mismo Andrs Antillano que nos dice que: en contextos de crisis de legitimidad, donde el Estado tiene problemas polticos, econmicos, sociales, y no puede dar respuesta a esos problemas, lo nico que le queda es echar mano del recurso de la violencia. Inicialmente como campaa de Ley y Orden, como campaa de Mano Dura y de esta manera desva la atencin de los problemas econmicos, polticos, sociales hacia la lucha contra la delincuencia.

Esta caracterizacin encaja perfectamente para el ao 2015 en Venezuela. Un ao electoral, sumergido en profundas crisis econmicas, polticas y sociales, donde el Estado no tena capacidad de respuesta para ello. Qu era lo nico que tena: mostrar fuerza. Tratar de mostrarse como un estado eficiente, fuerte a travs de una aparente lucha contra el delito. En este marco es que ocurren las OLP, que fue la principal poltica de Estado y la principal campaa electoral que desplego el gobierno.

Lamentablemente para sus promotores eso no les result electoralmente, fueron los grandes derrotados en los comicios para la Asamblea Nacional. Fue una derrota electoral abrumadora. Y la pregunta sera: Si nos les funcion y si perdieron las elecciones por qu siguieron en 2016 con ese tipo de prctica? La respuesta es, porque era lo nico que les quedaba a mano. Ante la dificultad para proponer polticas de tipo econmico, para despolarizar y tomar el control poltico, ante la precariedad y la inconveniencia que tiene, para sus intereses fortalecer las instituciones de tipo democrtico, lo nico que les quedaba era seguir esa lnea de mano dura. Y con eso enviaban a su vez, varios mensajes de tipo poltico.

Cules seran esos mensajes?

En primer lugar es una forma de legitimarse, de mostrar fuerza. Trataban tambin de mostrar cierta eficiencia siguiendo la lgica de la mc donalizacin, como Ritzer explicaba, en los restaurantes de comida rpida se confunde la calidad con la cantidad. La hamburguesa gigantesca o el gran pote de refresco aunque eso sea veneno.

Entonces cmo se mostraba esta eficiencia con las OLP?, bueno, exigiendo grandes nmeros de personas detenidas sin importar la legalidad, la proporcionalidad, la justificacin de estas detenciones. Grandes nmeros de personas abatidas, sin importar que realmente se tratara de delincuentes en actos de flagrancia, porque en realidad se trata de ejecuciones extrajudiciales. Y tambin importante, cul es el perfil de estas personas que son vctimas de las OLP: el joven, pobre, de clases populares. Pero como estos no tienen dolientes, terminan siendo los objetos de esta poltica, ms no los sujetos de esta poltica.

En segundo lugar hay un mensaje claramente autoritario, se transmite que el estado se maneja sin ningn tipo de lmites y consecuencias. Es un mensaje muy grave, dice que t puedes disponer de la vida y de la libertad de las personas sin ningn tipo de responsabilidad posterior. Y en tercer lugar da un enorme rdito poltico para los que la ejecutan, para los militares y policas. Y una vez que ganan ese espacio poltico, ganan recursos, ganan discrecionalidad, ganan incidencia en la toma de decisiones. Y esos son espacios que una vez ocupados es muy difcil revertirlos.

Qu relacin tiene la experiencia de las OLP con lo sucedido en 2017?

Esto es un caldo de cultivo importante para analizar que est pasando en 2017. Porque de esas aguas vienen estos lodos. Fjate cuando la Fiscal General, que era la nica que daba cifras nos dijo que en 2016, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado murieron 4667 personas, eso representa aproximadamente el 20% de la totalidad de los homicidios del pas en ese ao. Pero como estamos sumergidos en la polarizacin poltica y en las campaas electorales, en la Constituyente y todo este espectculo poltico, estas cifras que son un escndalo, como decir que el 20% de las muertes violentas de un pas son responsabilidad del Estado!, esto que es alarmante, sin embargo pasa desapercibido. Y pasan desapercibidas las vctimas porque son pobres, jvenes, de barrios populares.

Entonces, si est ocurriendo algo tan grave y nadie hace nada, en este marco de la conflictividad poltica que tenemos, fcilmente esta violencia institucional, puede ser instrumentalizada por intereses polticos particulares, grupales, crematsticos, etctera. Es decir la lgica de las OLP se ha expandido y es instrumentalizada polticamente.

Pero antes de entrar de lleno en estos lodos. Fjate que el ao anterior, en el 2015, en el informe del Ministerio Pblico, se seal que estaban siendo investigados 227 funcionarios de las fuerzas de seguridad por extorsin y secuestro, esto en un ao. Y en un seguimiento que yo estoy haciendo del 2016, solamente por notas de prensa, llegamos a 700 funcionarios implicados en delitos de distinta naturaleza, estoy hablando de extorsiones, violaciones, robos, secuestros, detenciones arbitrarias, homicidios.

O sea, ese es un poco el perfil que tenemos de nuestras fuerzas de seguridad. Que no es una novedad, se puede hablar de una metstasis, hay investigaciones de Rosa Del Olmo, de Tosca Hernndez de hace 30 aos, donde se hace una caracterizacin de la crisis institucional de nuestras fuerzas de seguridad. Y de los excesos y del carcter delictivo de las mismas. O sea, si estos son los encargados de velar por el orden y de hacer cumplir las leyes imagnate cuando traemos ese tipo de fuerza de seguridad del Estado para el control de la conflictividad en la cual nos encontramos.

Y en un tercer nivel esta la violencia intraclases. La violencia directa que se da entre los ciudadanos, que son el grueso, segn nuestra caracterizacin de las altas tasas de homicidios que se ubican en 70 por cien mil habitantes, que es la segunda del mundo y es la ms alta de nuestra historia, al menos de los ltimos 50 aos, que es desde cuando hay registros.

En este marco llegamos al ao 2017. Con un problema de violencia estructural, un problema de violencia institucional, un problema de violencia intraclase. Las protestas inician aproximadamente a mediados de Abril. Estas protestas son consecuencias de un cumulo de acciones polticas desacertadas de ambas partes de la polarizacin. Que comienzan a radicalizarse o a expresarse de una manera ms virulenta.

Pero desde diciembre de 2015 empieza este desconocimiento reciproco: el Ejecutivo no reconoce a la Asamblea, la Asamblea no reconoce al Ejecutivo, comienzan a intentar invalidarse entre ellos. La Asamblea de una manera inconstitucional e ilegal dice que en 6 meses iba a salir del presidente, luego trat de adjudicarle responsabilidad poltica, despus declara el abandono del cargo del presidente. Por otra parte el ejecutivo utiliza al Poder Judicial para tratar de anular a la Asamblea Nacional, les quita los 3 diputados de Amazonas, la Asamblea acata la sentencia y luego el TSJ vuelve a insistir en el desacato, y al ao con el cambio de directiva vuelven a desincorporar a esos diputados

Lo cierto es que estas son las cabezas del Estado. Estos son los que deben velar por el cumplimiento de las normas y de alguna manera terminan modelando al resto de la sociedad. Entonces, si los mximos representantes del Estado, adems los que tienen mayor legitimidad poltica que es el Ejecutivo y el Legislativo, tienen una praxis permanente y sistemtica de irrespeto a la ley, de irrespeto a la Constitucin, de utilizar las instituciones para sus intereses grupales y particulares. De utilizar a los tribunales, de utilizar a las fuerzas de seguridad a su antojo, entonces esto provoca un despelote, totalmente generalizado.

Se generan entonces las protestas a partir del mes abril, muy masivas, de ambos sectores, el gobierno tambin hizo sus concentraciones importantes. Y as fue al menos durante las primeras semanas. Y aqu quiero destacar algo bien interesante que es que, mientras ms gente ms pacficas son las manifestaciones y ms legtimas. Y tiene un perfil perfecto del derecho a la manifestacin, que es pacficamente y sin armas. Pero luego comienza a haber focos violentos, se incrementa la represin institucional por una parte, a la que responde tambin una violencia de parte de las manifestaciones, que ya comenzaban a perder gente, van perdiendo legitimidad y se van tornando cada vez ms violentas. Una violencia que se retroalimenta con la represin y la violencia institucional.

En este marco la Fiscala, que ha jugado un rol protagnico, al menos hasta el sbado 5 de agosto que fue cuando la invadieron militarmente, la fiscala, deca, al no prestarse a la lgica de la represin institucional generalizada y expansiva, el gobierno opt por hacer juicios militares sumarios a los manifestantes. Las cifras de manifestantes juzgados por tribunales militares oscilan entre 300 y 400 personas. Estos son procesos en que los derechos y garantas se reducen a un mnimo porque es una lgica blica. No se trata de un delincuente comn, de un disidente, sino de un enemigo de la Patria.

Cul es la caracterizacin que hemos podido hacer con las cifras que ofreca el Ministerio Pblico, que ahora lamentablemente ya no estn disponibles, incluso tumbaron la pgina, eliminaron el twitter del Ministerio Pblico, eliminaron la pgina. Quiero hacer un parntesis para sealar que esto es preocupante, no solamente para los que analizamos estos datos, sino para los activistas de derechos humanos, porque para ellos la informacin es fundamental. Todo indica que va a haber una opacidad creciente en cuanto a la informacin, similar o peor que las del resto de la informacin y estadsticas pblicas, porque aqu los nmeros son vidas humanas. Y cada nmero no solamente es una vida humana, sino toda una historia, un dolor Y esta ausencia de informacin lo que hace es, invisibilizar las prcticas y los excesos por parte del Estado.

Bueno, volviendo, cul es la caracterizacin que hice con estas cifras, al menos hasta el 5 de julio: el promedio es de una persona fallecida por cada da de conflicto. Se puede ver un incremento progresivo en el nmero total y tambin un aumento de las personas muertas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero tambin y ms preocupante an, vctimas de civiles armados que actan en contra de los manifestantes. Muertos por armas de fuego se reportan al menos el 71% de las vctimas. Mientras que el 82% fueron en contexto de manifestaciones. Es importante entender que no fue la totalidad de las vctimas en contexto de manifestaciones como tambin es importante que no todas las manifestaciones son pacficas. Ni tampoco todas las manifestaciones son violentas. Entonces en el contexto de manifestaciones, independientemente de que hayan sido pacficas o no, se pueden reportar el 82% de las muertes.

Ahora bien. En qu porcentaje hay responsabilidad clara de las fuerzas de seguridad del Estado? Al menos en la cuarta parte. Es decir el 25% de estas muertes fueron producidas por funcionarios de fuerzas de seguridad. Esto no obsta que haya ms, pero al menos estn claramente identificados el 25%. El cuerpo que mayores violaciones de derechos humanos tiene en este sentido es la Guardia Nacional con el 53% de esos casos, seguido de las policas estadales con un 21% y en tercer lugar la PNB.

Pero si por un lado vemos que un 25% de las vctimas fatales son consecuencia de accionar de personal uniformado, vemos tambin con mucha preocupacin, que un 31% del total, son vctimas de civiles armados. Incluso la Fiscal General en una de sus ltimas alocuciones habl de un 40%. Y a eso hay que meterle el ojo, porque cuando son vctimas de los cuerpos de seguridad del Estado, al menos se puede identificar a que fuerza pertenece. Y a travs de la identificacin del cuerpo de seguridad, t puedes tratar de llegar a la identificacin del funcionario. Pero con los civiles armados que actan como bandidos cmo los identificas? Entonces all la impunidad puede ser mayor. Y tampoco t sabes a que intereses obedecen esos civiles armados. Y esta impunidad que trae la actuacin de civiles armados puede convertirse posteriormente en una praxis sistemtica y ms generalizada. Porque la impunidad y la irresponsabilidad, ya sea por parte del Estado o de cualquier otro factor poltico facilita la generalizacin de esas prcticas.

Sigamos. Lesionados, ms de 1.500, y al menos el 58% son tambin responsabilidad de la intervencin de las fuerzas de seguridad del Estado. Algo muy importante es, sin embargo, que cuando vemos las causas de las muertes en primer lugar se producen por arma de fuego el 70%. En segundo lugar son producto de los trancazos: el 15% de los fallecidos resultaron arrollados o vctimas de accidentes de trnsito. Tanto estos arrollamientos como los accidentes de trnsito han sido consecuencia de las trancas que se han hecho. Esto tambin hay visibilizarlos porque como ya dije hay violencia estructural, violencia institucional y violencia intraclase, y las muertes en los trancazos se dan entre los propios vecinos. Son personas del mismo estrato social victimizndose entre s.

Pero tambin hay funcionarios vctimas. Al menos el 7% de las vctimas son funcionarios de los cuerpos de seguridad, son entre 6 y 8 funcionarios, y esto es una clara demostracin de que no todas las manifestaciones han sido pacficas.

Por otra parte, al menos 11 personas fallecieron en intentos de saqueo. En este sentido fue muy emblemtico los 8 que fallecieron electrocutados en El Valle, cuando intentaron saquear un negocio.

Otro dato importante es el perfil de las vctimas, en concreto, el 95% son hombres, el promedio de edad son unos 28 aos y la mayora de clase trabajadora o estudiantes, esto tambin dice mucho. El 36% eran trabajadores u obreros y el 27% estudiantes. Estos dos sectores constituyen el perfil mayoritario de las vctimas. Esto para quienes dicen que los que estaban protestando eran de la oligarqua o clase media alta. Hay un claro perfil de clase aqu, es gente humilde la que est protestando.

Otro dato para analizar crticamente y que preocupa, es que al menos en un 60% de los casos en los que estn involucrados funcionarios. estos se encuentran en libertad. Esta es la fotografa de la violencia que se ha dado en estos cuatro meses.

Bien, y ahora desde el punto de vista del tratamiento institucional de la violencia como han reaccionado las instituciones. Sabemos que la represin ha sido creciente. Pero el resto de las instituciones, la justicia, la Defensora del Pueblo, etc.

En este sentido es muy difcil precisar. Abundan los opinlogos, que sin investigar, sin estudiar, sentencian, ubicados entre en la lgica del bien y el mal. Y por otra parte en nuestra poltica impera una lgica ms meditica y de retrica que de prctica institucional. Entonces a los polticos les importa ms el qu digo, que el qu hago. Qu tuiteo, a qu efectivamente hago como accin institucional, legal, que evite la repeticin de esos daos.

Discursivamente podemos ver, por ejemplo, por parte de la oposicin, tratar de presentar la totalidad de estas muertes como que si fueron en manifestaciones y fueron responsabilidad directa del Estado. Sin asumir por ejemplo las consecuencias de las trancas, o de algunos casos que aunque desde el punto de vista cuantitativo, estadstico no son significativos, pero desde el punto de vista simblico son importantes, como los casos de linchamientos o de personas quemadas, lo que yo pude visibilizar de esos casos no llega ni al 2%. Pero del otro lado de la acera se invisibiliza totalmente la responsabilidad de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que como ya he dicho, al menos en una cuarta parte hay una clara responsabilidad del Estado. Este es un discurso negacionista. Y tratan de convertir ese 2% en la totalidad de las vctimas. Entonces las nicas vctimas que existen en el discurso del gobierno son las personas que lamentablemente han sido linchadas o quemadas. Que cuando t haces una caracterizacin de las vctimas no llega al 2%. Pero invisivilizan a la totalidad de las otras vctimas.

Por otra parte la condena. Dicen que condenan esos hechos, pero que esa condena pblica se traduzca en acciones institucionales concretas no se ve. Como te comentaba, el 60% de los casos donde hay funcionarios involucrados, estos funcionarios estn en libertad. La Fiscal General seal un porcentaje importante se han identificado funcionarios pero que las ordenes de aprehensin no se concretan. O que los cuerpos involucrados no entregan a los responsables, tampoco lo hacen. Un caso emblemtico es de Marvinia Jimnez en 2014, es el caso de la muchacha a la que le cae a cascazos la Guardia Nacional, en ese caso no ha pasado nada.

Entonces ms de los discursos de condena y de la poltica meditica, hay que investigar cmo se traducen las actuaciones institucionales, porque si no hay eso, entonces la prctica va a ser reincidente y se convierte en prctica generalizada. Es por eso que saqu el dato de las ms de 4.000 muertes en el ao 2016 por parte de las fuerzas de seguridad de estado. Si esto no tiene una respuesta va a capilarizar la prctica institucional si ya no lo hizo. Y vaya este comentario para sealarte algo que te quera decir: la lgica de la prctica tipo OLP, donde el nivel de vctimas es muy alto y el perfil de la vctima es joven, pobre y de barrios populares, se puede ir transformando y mutando, expandiendo.

Por ejemplo esa lgica se adapt estos meses para la clase media de una manera menos mortal pero igualmente blica y terrorista, en los casos de los allanamientos masivos de urbanizaciones como Los Verdes en Caracas, o de urbanizaciones del Estado Zulia y en otros estados. Es una lgica blica de ocupacin militar. Incluso donde el allanamiento se convierte en el castigo mismo. Por eso destrozan los bienes comunes, destrozan los ascensores, destrozan las viviendas.

Es esta misma lgica de violencia institucional sin ningn tipo de lmite legal que se adapta a la clase media. No los matan de manera masiva como hacen con los pobres, pero les aplican su dosis de terror. Y luego esa misma lgica de abuso institucional, de operacin militar, se adapta al asalto que se hizo en la Asamblea Nacional. Y ah volvemos, que la violencia institucional puede operarse por omisin. Entonces toda la Guardia Nacional dej pasar a los civiles que hicieron destrozos y que agredieron a diputados. Y esa lgica de ocupacin militar que empez por los pobres, por los barrios con las OLP, bueno ahora se prueba un nuevo ensayo adaptado para la clase media. Y tambin le damos su dosis a la Asamblea Nacional y el sbado pasado le dieron su dosis al Ministerio Pblico, llega un convoy militar y asalta el Ministerio Pblico. Es decir son vas de facto que progresivamente se han dado y que hemos venido alertando desde hace ms de dos aos.

Primero con la OLP fueron por los jvenes, pobre de los barrios. Despus fueron por los manifestantes, despus fueron por la clase media, despus fueron por los diputados y ahora nos quitaron el Ministerio Pblico. Si t te pones a ver los hechos, hay cierta lgica. Hay una racionalidad y un avance en esa praxis militar que no respeta ningn tipo de lmite jurdico ni institucional.

Y, segn tu opinin cmo actuar lo que describes con la instalacin y las sesiones de la constituyente presidencial.

Bueno ya lo vimos. Que la primera decisin haya sido barrer al Ministerio Pblico, remover de una manera inconstitucional, ilegal, a la Fiscal General, que era el nico actor institucional que estaba cumpliendo con su rol, y eso se materializa con un asalto militar a las instalaciones del Ministerio Pblico, yo creo que ya nos dice por dnde va a ir la actuacin de la constituyente.

Siendo como es, una constituyente que ha sido totalmente cuestionada desde sus inicios. Porque el proceso en su totalidad est cuestionado. El problema que ahora devela Smartmatic [1] era completamente predecible. Porque el problema se inicia con la propuesta misma de la constituyente, como si fuese una solucin mgica, como si fuese un instrumento para elaborar polticas pblicas, cuando no es ms que una enorme cortina de humo para evitar medirse electoralmente.

Comienza ese proceso fraudulento al no consultarse a la gente si est de acuerdo o no con una constituyente. Si est de acuerdo o no con las bases comiciales. Ya el Observatorio Electoral Venezolano ha hecho varias denuncias al respecto: cmo se violaron todas las auditorias, se violaron pasos fundamentales en el cronograma electoral, el registro electoral, en fin, un montn de ausencia de controles y lo de Smartmatic fue la guinda de la torta. Hay que repetirlo las veces que sea necesario, la constituyente es un rgano que tiene un origen fraudulento, inconstitucional, por lo tanto sus actos no tienen ningn tipo de validez desde el punto de vista legal, jurdico. Pero es que estamos bajo una va de hecho. Bajo una lgica de violencia estructural e institucional.

Entonces segn tu opinin la constituyente desarrollar una accin ms totalitaria? T no percibes que esta constituyente puede generar alguna va de democratizacin?

El mensaje desde lo institucional, democrtico, constitucional, legal, es muy negativo. Desde el punto de vista electoral, de la consulta al pueblo, del respeto al voto tambin es muy preocupante. Hace un par de semanas estuvo muy de moda entre los analistas polticos la Teora de los Juegos. El juego de la Gallina todos estos juegos de suma cero. Por ocasiones pareciera que tenemos una clase poltica suicida. Sin embargo, esos aparentes suicidas llegan a arreglos y hacen pactos a escondidas.

Y estos pactos no tienen como objeto los intereses de la nacin, ni siquiera tienen como objeto un proyecto poltico de pas. Es algo ms burdo, son intereses grupales, son intereses crematsticos, son intereses coyunturales. Y eso se puede ver en acciones que de pronto no se les encuentra lgica alguna. Lo que han hecho por ejemplo con Leopoldo Lpez, con las medidas de casa por crcel que se da entre gallos y medianoche, como se hacen las transacciones de la mafia. Entonces en la madrugada lo mandan a su casa y despus tambin lo devuelven a la crcel de madrugada y de nuevo a su casa de la misma manera. Es como una negociacin de entrega de rehenes. Ah hay claramente negociaciones.

Entonces poder hacer una lectura prospectiva es muy difcil. Porque no se est llevando bajo una racionalidad institucional ni bajo una racionalidad de proyecto poltico o de pas. No, son intereses particulares.

El caso de Lpez es muy ilustrativo de un patrn. Hay cuatro o cinco versiones sobre un mismo hecho. Porque tienen luego que tratar de justificar esos arreglos a los que llegan a espaldas inclusive de sus propios seguidores. Tienen tres aos sistemticamente diciendo que ese tipo es un monstruo y entonces, despus como justifican que le dan un beneficio. En ese momento empiezan a contradecirse entre los distintos voceros del gobierno o del partido. Si uno trata de hacer una lectura intentando llevar una lgica racional, institucional, legal, el futuro parece ser muy incierto, muy oscuro, porque est marcado por fraudes electorales por irrespeto a la constitucin y por la va de hecho, en lgica militar. En una lgica donde domina la fuerza bruta, las armas y las balas. La amenaza que haban hecho: lo que no logremos por los votos, lo vamos a hacer por las armas, pareciera estarse materializando.

Lo otro es que la violencia institucional de alguna manera genera y potencia la violencia social. Si esta violencia institucional es utilizada polticamente podra estar generando una violencia equivalente. Pudiera, en este contexto, ser instrumentalizada para intereses polticos y pudiramos tener problemas de violencia poltica muy graves.

Incluso ya esta violencia institucional que vimos en los allanamientos en las urbanizaciones de clase media, en los fallecidos en el contexto de manifestaciones, en el asalto a la Asamblea, en el asalto al Ministerio Pblico, es claramente una violencia institucional de tipo poltico, ya estamos en presencia de una violencia de tipo poltico por parte del Estado. Y eso puede generar una escalada que debemos desactivar lo ms pronto posible como pas.

T podras decir que es una violencia planificada por parte del Estado. Que no se trata simplemente de excesos individuales de algunos funcionarios.

Veamos por ejemplo las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, tenemos esa cifra de 2016, pero no es solo ese ao, cuando analizamos los datos de al menos los ltimos cuatro, cinco aos, hay un claro incremento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Entonces si hay un claro incremento de esa violencia y el Estado no hace nada. Si varios funcionarios cometen excesos pero t como Estado no haces nada al respecto, se puede hablar de una poltica. Cuando vemos que el 80% de los fallecidos se da en contexto de manifestaciones y al menos un 25% son consecuencia de la intervencin del Estado, aunque hay que analizar ese 25% para ver si hay algn tipo de patrn, pareciera ser una poltica. En muchos de estos casos por ejemplo, no se ha identificado a los funcionarios. Por otra parte, no siempre los organismos responsables ponen a derecho a los funcionarios, por el contrario muchas veces no ejecutan las rdenes de aprehensin o directamente los protegen. Y adems, recientemente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha dicho que se estn observando patrones de violacin sistemtica de derechos humanos en el pas. Con estas evidencias, se podra presumir que se trata de una poltica de Estado.

Cules son tus propuestas para atacar esta crisis. Qu hacer para detener una posible escalada de violencia?

Yo creo en primer lugar hay que hacer una defensa a la Constitucin del 99. La Constitucin debe ser el marco de referencia para todos. No solamente los ciudadanos sino para todos los actores polticos. Dentro de ella todo, fuera de ella nada. Tenemos que volver todas las aguas a cauces institucionales, toda la praxis poltica debe hacerle honor a lo que est en la Constitucin. Porque eso le pone lmites al poder. Tenemos que tratar de volver al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es una desviacin pequeo burguesa o un fetiche jurdico, el Estado de Derecho es una gran conquista que hizo que saliramos de la Edad Media. El Estado de Derecho es la respuesta al Estado Absoluto. Y el Estado Absoluto es por naturaleza violento y esa violencia es ilimitada. El Estado de Derecho trata de poner lmites a esa violencia. Entonces en primer lugar, volver a la Constitucin, defenderla y respetarla.

Dentro de ese marco ir a las elecciones que estn dentro de la Constitucin que son las elecciones regionales que ya tocan. Pero esas elecciones tienen que darse en el marco de las leyes y los procedimientos ya establecidos. Y no pueden ser utilizadas con una lgica extorsiva. No puede ser que: t te puedes inscribir siempre y cuando no cuestiones la constituyente. T te puedes inscribir siempre y cuando no hagas actos de disidencia. Eso est fuera de la Constitucin.

En tercer lugar. Hay que reivindicar el derecho a la manifestacin pacfica y sin armas. Las manifestaciones tienen que tratar de hacerse de manera masiva y pacfica. Y no permitir que focos minoritarios desvirten la protesta. Ah tienen una enorme responsabilidad los lderes polticos. Y entender que la protesta no es un fin en s mismo. La protesta es un medio para conquistar mayores derechos.

En cuarto lugar resaltar la importancia de los controles institucionales y legales. El poder no puede ser ejercido sin lmite alguno. Y las fuerzas de seguridad del Estado tienen como principal deber proteger y garantizar nuestros derechos no lo contrario. Las fuerzas de seguridad del Estado deben rendir cuentas. Deben ser fiscalizadas. Debe hacerse un seguimiento del uso de las armas de fuego y de sus municiones de manera estricta. En sintona con esto no se puede tolerar la presencia de grupos de civiles armados que operen al margen del Estado y con tolerancia de las propias fuerzas de seguridad del Estado.

En quinto lugar tiene que haber justicia. Tiene que determinarse las responsabilidades de todas estas muertes. En especial las que son consecuencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero tambin hay que meterle el ojo a las que han sido ejercidas por mano de particulares.

 



[1] Empresa encargada dela maquinas electorales que en un comunicado oficial de su presidencia denunci que los nmeros dados por el Consejo Nacional Electoral y los resultados que daban las maquinas no coincidan.

Fuente: https://www.aporrea.org/ddhh/n312836.html


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