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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-08-2017

Honduras
Luchar por los bienes comunes y la vida no es delito

Giorgio Trucchi
LINyM

Comunidades de Pajuiles e Jilamito resisten y luchan contra la imposicin de proyectos hidroelctricos


Unas veinte comunidades del sector Mezapa y Pajuiles, en el norteo departamento de Tela, estn siendo afectadas por dos proyectos hidroelctricos. En ms de una ocasin, la lucha y la resistencia de sus pobladores ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureo.

Pocas horas despus del ms reciente ataque de los cuerpos policiales contra los campamentos dignos por el agua y la justicia, miembros de las comunidades de Pajuiles e Jilamito se presentaron en Tegucigalpa ante medios nacionales e internacionales, para denunciar -una vez ms- el fracaso de la institucionalidad pblica y de su poltica represiva contra procesos de organizacin, movilizacin y protesta ciudadana.

Unas veinte comunidades del sector de Mezapa y Pajuiles han venido denunciando los graves daos ocasionados, tanto al ro Mezapa como a la Cordillera Nombre de Dios, por los proyectos hidroelctricos Los Planes e Jilamito, as como la falta de consulta previa y la realizacin por parte de la alcalda de Tela de cabildos abiertos manipulados y amaados.

Dichos proyectos son impulsados por las empresas Hidroelctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep) e Inversiones de Generacin Elctrica S.A. de C.V. (Ingelsa), respectivamente propiedad de los empresarios hondureos Jason Hawit y Emn Abufele.

Pese a que los daos ocasionados por los proyectos hidroelctricos -en particular la contaminacin de agua para consumo humano y la devastacin del territorio- fueron confirmados por la Fiscala Especial del Ambiente en agosto de 2016 y que las comunidades organizadas presentaron varias denuncias, el Ministerio Pblico nunca actu contra las empresas.

Hostigamiento y represin

Ante esta situacin, habitantes organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) decidieron instalar tres campamentos en las entradas de Pajuiles e Jilamito, impidiendo el paso de maquinarias pesadas hacia la parte alta de la montaa para continuar las obras.

La respuesta no se hizo esperar. Y comenz la escalada de violencia.

En diferentes ocasiones los campamentos dignos por el agua y la justicia fueron atacados, tanto por las fuerzas policiales como por miembros de otras comunidades vinculados con las empresas.

Uno de los dos campamentos en Pajuiles fue saqueado e incendiado, decenas de personas fueron agredidas, golpeadas y detenidas. Actualmente, 17 de ellas estn siendo perseguidas judicialmente.

Durante los ataques fueron heridos Martn Fernndez, coordinador del MADJ, y scar Martnez, miembro de la comunidad de Pajuiles.

Una vez ms se demuestra como proyectos enmarcados en la profundizacin del modelo extractivista, adems de acaparar territorios y saquear bienes comunes, generan conflictos, crisis, divisiones y fragmentacin del tejido social. Asimismo, queda expuesto el fracaso de la institucionalidad.

Hay una fuerte estigmatizacin de las y los defensores, que profundiza an ms las confrontaciones, las divisiones y la fragmentacin. Adems, se criminaliza y judicializa a quienes se oponen a los proyectos extractivos, acusndolos de usurpacin, coaccin, daos a la propiedad y celebracin de reuniones ilcitas, explic Ariel Madrid, del rea legal del MADJ.

Hay una manifiesta colusin de las autoridades policiales con las empresas. La Polica est sirviendo como medio para que las empresas puedan continuar a desarrollar sus actividades ilegales dentro de la montaa, manifest el abogado defensor de las comunidades en resistencia.

Madrid tiene temor que en los prximos das pueda haber una escalada de la violencia.

Hay una poltica evidente de hostigamiento, criminalizacin, judicializacin y represin hacia las personas que estn ejerciendo su derecho a la protesta. Debemos estar atentos, advirti.

La lucha nos fortalece

Albertina Lpez es una lideresa natural. Desde hace varios meses integra el grupo de personas que ha instalado los campamentos en Pajuiles.

Ya me han detenido dos veces, pero la lucha nos fortalece. No sent miedo, solo preocupacin por mi embarazo. Todo esto nos motiva a seguir adelante y a seguir luchando. La violencia, la persecucin, los desalojos no nos van a detener. No es fcil, pero tampoco es imposible, dijo la activista.

Ahora entiendo las palabras de la compaera Berta Cceres. Su asesinato fue algo que me toc el corazn, pero nunca pens que nos iba a tocar estar en la misma lucha, que nos iba a tocar sacar el mismo coraje que ella mostr para defender el ro Gualcarque.

Hoy nos toca a nosotros defender la Cordillera Nombre de Dios, el ro Mezapa y todos los ros de Honduras que han sido vendidos y saqueados, concluy Lpez.

Naciones Unidas se pronuncia

Sobre esta situacin se ha pronunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Oacnudh, llamando al dilogo y al respeto para restaurar la convivencia pacfica.

La Oficina lamenta que la problemtica persista y que las comunidades hayan tenido que llegar a este nivel de confrontacin, en donde inclusive, han resultado personas agredidas (). Lamentamos la demora en la resolucin de la cuestin de fondo y de las diversas denuncias que se han presentado por parte de todas las comunidades, seala la Oficina del Alto Comisionado.

De acuerdo con esta instancia de Naciones Unidas, el origen del conflicto est en el otorgamiento de la licencia ambiental a Hidrocep y la estimacin del impacto que sus actividades hubieran podido tener sobre los derechos de las comunidades.

El desalojo de hoy (10/8) es una medida que no resuelve la situacin de fondo (). Condenamos tanto la violencia como las agresiones entre comunidades (). Esperamos una investigacin exhaustiva e imparcial de todos los hechos vinculados con esta concesin, as como la atencin de todas las denuncias recibidas, seal la Oacnudh.

Finalmente hizo un llamado a la calma y al dilogo e inst a las autoridades locales y nacionales a promover y facilitar la comunicacin entre las partes para prevenir ms enfrentamientos.

Asimismo consider necesario trazar una hoja de ruta que permita una salida consensuada, enfatizando la importancia de asegurar que los proyectos de desarrollo econmico se den en el marco de concesiones otorgadas legalmente en cumplimiento con la legislacin nacional y los estndares internacionales, la consulta con las poblaciones afectadas.

Fuente: LINyM

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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