Portada :: Opinin
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-08-2017

A propsito del proceso soberanista cataln
La democracia se sube al tablado

Gens Plana
Rebelin


Todos apelan a la democracia. Tanto el presidente y los miembros del gobierno espaol como el presidente y los miembros del gobierno cataln. Importa poco que sea desde la Moncloa o desde la Generalitat, la democracia resulta el principio sobre el que descansa la posicin de cada una de las partes respecto al desacuerdo relativo al referndum de autodeterminacin. Ante semejante incoherencia, inevitable resultara preguntarse acerca del motivo por el cual, aun cuando obedezca a planteamientos incompatibles entre s, en ambos casos la democracia supone la piedra de toque que ratificara la postura de unos y otros.

Sin mayor complicacin podramos aludir a la nocin laclausiana de significante vaco para dar cuenta del motivo por el cual un mismo vocablo (democracia) permite expresar ideas, no ya dispares, sino adems claramente contrapuestas. Sin embargo, no creo que debiramos conformarnos con explicar la ambigedad con la que los mandatarios polticos se refieren a la democracia a partir de una suerte de plastilina discursiva segn la cual una misma nocin sera un receptculo lingstico susceptible de acoger significados mltiples y, en ocasiones, contradictorios. Por consiguiente, asumir la amplitud de la perspectiva que proporciona el Anlisis del Discurso no debe impedir que podamos sondear la profundidad conceptual que asume la democracia segn los actores polticos que decidan navegarla.

Queda claro que detrs del uso y abuso de las reivindicaciones democrticas por parte de nuestros representantes polticos existen concepciones diferentes de democracia. Son concepciones que ya fueron ampliamente discutidas en la primera mitad del pasado siglo por diversos autores, algunos de los cuales fueron partidarios de sistemas polticos aterradores. No obstante, ni de la derrota del fascismo, ni de la expansin de la economa de mercado a nivel planetario, se infiere que el debate al respecto de la composicin filosfica de la democracia haya acabado. A ello se debe que las apelaciones a la democracia realizadas por el gobierno espaol respondan a una concepcin liberal-parlamentaria de la misma, mientras que, por otra parte, en las declaraciones del gobierno cataln notemos cierta reverberacin de aquello que podramos denominar democracia comunitarista o, sin necesarias connotaciones despectivas, democracia de masas.

Dos formas de entender la democracia

Segn la concepcin liberal-parlamentaria, la democracia sera un conglomerado de garantas institucionales que, mediante la divisin de poderes, la representatividad poltica, y las libertades civiles buscara limitar el poder poltico minimizando la capacidad de accin de un gobierno. De ah se sigue que Mariano Rajoy afirme que el referndum no puede ser convocado aunque el mismo presidente del gobierno quisiera autorizarlo. Pero, as como la democracia liberal insiste en que las reglas jurdicas son de obligado cumplimiento, situando al derecho constitucional por encima de la accin poltica, desde la perspectiva relativa de la democracia de masas se considera que el desarrollo de un proyecto (o proceso) comunitario adquiere primaca sobre la imparcialidad del sistema poltico. Conforme a este ltimo postulado, sin una idea de bien comn que dotase de contenido especfico a la soberana popular, la democracia no sera realizable. Por ese motivo es que, para Carles Puigdemont, respetar la democracia sea permitir la voluntad del pueblo de Catalunya por convocar un referndum.

Aunque la explicacin precedente sea insuficiente para delimitar la dimensin de ambas nociones de democracia, pienso que la clave para diferenciarlas, aun a riesgo de caricaturizarlas, se sita en la forma de pensar la institucionalidad. Puesto que la democracia solamente es posible, vista desde la ptica comunitarista, si se establece una conexin continua entre el aparato estatal y la supuesta voluntad del cuerpo social, no sera inslito que las instituciones acabasen por identificarse con el sentimiento mayoritario de la comunidad. As concebida la democracia, resultado de una estrecha relacin entre los anhelos populares y las estructuras institucionales, se comprendera que stas estuvieran al servicio de un proyecto multitudinario que supuestamente representase la comunidad. De manera que la soberana popular sera expresada por la accin de un poder ejecutivo que, al desdear posiciones polticas minoritarias, relegara someterse a control parlamentario. Precisamente procedera de la prolongacin de estas ideas la base de buena parte de las crticas que, de parte de la oposicin, recibe el gobierno cataln por la gestin del proceso soberanista: menosprecio a la diversidad poltica, ausencia de transparencia de la administracin pblica, etc.

Ante un llamado a la unidad de la comunidad a causa de equiparar la democracia con la voluntad general, una concepcin liberal de la sociedad sera aquella en que la legalidad garantiza que ningn proceso poltico particular altere la convivencia entre formas diversas de concebir la comunidad. Por este motivo es que las instituciones de una democracia liberal, al menos sobre el papel, aspiran a ser neutrales con respecto a las distintas opciones polticas de las que los individuos son portadores. No obstante, nos encontramos con que el esfuerzo del liberalismo por separar la sociedad de la arquitectura estatal respetando la legalidad, preservando la independencia del funcionariado y, en definitiva, imposibilitando que los dispositivos institucionales sean absorbidos por la regla de la mayora finalmente acaba por negar la naturaleza poltica de los fenmenos conflictuales. De este modo, lo que podramos llamar judializacin de la poltica para designar la manera con que el gobierno espaol persiste en la inaccin, sera concomitante a la incapacidad del liberalismo por advertir que la democracia no est libre de conflictos, sean stos socioeconmicos o para el caso que nos ocupa territoriales.

Que el planteamiento liberal site la separacin de poderes como aspecto central de un sistema poltico democrtico responde a su propsito de evitar que el aparato estatal sea controlado en su integridad por un proyecto poltico particular, salvaguardando as los derechos de las minoras. De este modo, la contraparte de la preservacin de la pluralidad no es otra que la dispersin del poder. Diseminadas las competencias estatales en mbitos seccionados, difcilmente un propsito poltico ser capaz de poner el armazn institucional a funcionar, sin que sus engranajes se lleguen a desacoplar, al servicio de aquellos intereses con los que supuestamente se identifica a la poblacin en su totalidad. Ciertamente la democracia de masas podra acabar por uniformar ideolgicamente la maquinaria estatal (o autonmica), concibiendo las instituciones como un espacio poltico unificado donde no hay cabida para la pluralidad social. Pero esta amenaza no debe situarnos en el exceso inverso, lugar en que la democracia se vera reducida a un compuesto de procedimientos que revisten una legalidad anquilosada por un pasado inalterable (la Constitucin de 1978) y desapegada de la sociedad civil (que en Catalunya apuesta mayoritariamente por celebrar un referndum).

Si bien es cierto que un Estado de derecho requiere del cumplimiento de un sistema legal, de ninguna manera ese sistema legal debe abstraerse del sentir popular. Porque al advertir que ningn cuerpo normativo resulta plenamente asptico, no queda ms que aceptar que, cualesquiera que sean los derechos y las obligaciones, stas deben reposar sobre la voluntad de la comunidad. As es que incluso la adopcin de procedimientos formales y mecanismos de control requiere que previamente haya un acuerdo sustantivo acerca de los mismos. Chantal Mouffe lo razona del siguiente modo: "una vez que se ha reconocido que la existencia de derechos y de una concepcin de justicia no puede ser previa a, ni independiente de, formas especficas de asociacin poltica que por definicin implican un concepto del bien, resulta evidente que jams puede darse una prioridad absoluta del derecho sobre el bien". Por eso, cada vez que Rajoy se ampara en la legalidad para rechazar el referndum, aquello que hace es servirle en bandeja a Puigdemont la siguiente contestacin: no es la democracia consecuencia del derecho, pues, antes bien, el fundamento que legitima el orden normativo de una democracia se encuentra en la soberana popular. Si la ley no fuese constantemente revisada, y de ser necesario modificada, acabara embalsamndose como una reliquia del pasado, incapaz de dar respuesta a una realidad dinmica a la que no se le puede negar su vitalidad.

Hacia una confluencia necesaria

Mientras tanto, se constata la inestabilidad semntica de la palabra democracia cuando, por un lado, Puigdemont considera que votar ha devenido una cuestin de higiene democrtica ante la creciente degradacin democrtica del Estado espaol, y, por otro, Rajoy asevera que Espaa es un pas con una democracia ejemplar. Por si la experiencia de esta esquizofrenia fuese escasa, al tiempo que Junqueras afirma que en ningn Estado democrtico estn prohibidos los referndums, Senz de Santamara sostiene que precisamente la democracia tiene el poder para evitar ese referndum. Ahora bien, preguntarse si acaso estamos obligados a tomar partido por alguna de estas dos formas de concebir la democracia no tiene ms sentido que el que tendra negar un punto de encuentro entre, por una parte, la accin plebiscitaria que requiere la democracia de masas, conciencia viva de un pueblo movilizado, y, por otra, el ordenamiento jurdico necesario para una convivencia abierta, tal y como la entiende la democracia liberal. Pero la constatacin de esta posibilidad impide la aceptacin de posturas maniqueas. De manera que la interseccin entre ambas concepciones de la democracia solamente se advierte con claridad si descartamos los binomios extremos que nos obligan a escoger entre la homogeneidad y la pluralidad, la tirana de la mayora y el imperio de la ley.

La democracia liberal, que protege las posiciones ideolgicas de los individuos sin participar en la organizacin poltica de las mismas, resulta una democracia marcadamente incompleta si se limita a impedir la vigorizacin del poder. Sin embargo, la democracia comunitarista, resultante de un impulso denodado por incorporar las personas a una vida pblica polticamente organizada, amenaza la autonoma de la sociedad civil con respecto al mbito institucional. A fin de que la democracia no se cierre alrededor de un esencialismo poltico cuyos valores sean excluyentes, resulta imprescindible una mecnica legalista que incluya una constitucin, cdigos jurdicos y elecciones parlamentarias. Pero el sistema de pesos y contrapesos surgidos de la institucionalidad liberal no debe resistirse a que el sistema poltico repose sobre una percepcin compartida de comunidad que comprometa cvicamente a los ciudadanos. Consiguientemente, la soberana popular permite que las demandas sociales puedan desbordar los mecanismos legales que regulan las instituciones siempre y cuando su impulso no arrolle los derechos de los sectores minoritarios de la poblacin. Tal vez, una sntesis democrtica implique, a la manera en que lo expresa Alain Touraine, que el calor de los movimientos y las ideologas sea combinado con la frialdad y la impersonalidad de las reglas jurdicas.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter