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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-08-2017

Ojo con el asilo a la fiscal venezolana

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


A la luz del derecho internacional existe una situacin de anormalidad generalizada del orden pblico en el territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela; mas no abarca el espectro de un conflicto (armado) interno.

El carcter insurgente de la oposicin venezolana no califica como tal. La oposicin venezolana asume un papel de rebelin contra el cauce institucional; pero en modo alguno, los actores de oposicin, individualmente considerados, podran calificarse de rebeldes.

Nos encontramos ante una oposicin que reclama la legitimidad del poder legislativo, mientras se declara en desacato ante el desempeo armonioso de los otros poderes constitucionales, conforme al ejercicio del juego de poderes en el establecimiento de un estado de derecho. Se da una protesta de sectores identificados de la ciudadana en reas de ciudades capitales de estados constitutivos. Es una oposicin que est dentro del estado al conformar parte de poderes representativos e institucionales; aboga por ellos y su mantenimiento; pero con la particularidad conspirativa de asalto del poder gubernamental ensaada contra la figura representativa del presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela: Nicols Maduro Moros. Ahora, bien, ese asalto al poder presidencial lo hace bajo la modalidad de la protesta callejera y el uso de la alteracin del orden pblico constitucional; bajo una clara violacin del cdigo penal venezolano. De manera que no tipifica una situacin de estado de excepcin y por ende no han sido declaradas restringidas las garantas constitucionales imperantes.

Casos emblemticos, como los de Leopoldo Lpez, bajo la observacin de un debido proceso penal, nos han llevado a calificar su situacin como la de un poltico que viol la normativa penal, cuando el grado de su comportamiento punitivo le impona la exigibilidad de otra conducta-acorde con su calidad de dirigente poltico - y por ello no califica como un preso poltico, sino como un poltico preso. Resume un caso tpico de un poltico que actu inferior a sus expectativas.

De manera que seran sujetos de carcter delincuencial poltico, quienes, alzados contra el orden pblico, exciten a la guerra civil, organizados o alzados en armas, intimiden a la poblacin, en aplicacin a las disposiciones del Cdigo Penal Venezolano vigente. No se pretende sentar ctedra alguna, como s ilustrar a los lectores, que las situaciones de hecho que consagra la norma constitucional y legal en Venezuela son diferentes a la tradicional glosa de las conductas colombianas, en cuanto hace referencia al llamado delito poltico. Por algo rige en Venezuela una Constitucin basada en la democracia participativa y no en la democracia indirecta y representativa del rgimen colombiano, causante de tantas desgracias y tragedias.

La situacion de venezolanos en Colombia.

Independientemente del despliegue meditico sobre la situacin poltica en la Repblica Bolivariana de Venezuela, no solo en la extensa franja fronteriza con Colombia, sino tambin en ciudades intermedias y capitales de departamentos, incluido el Distrito Capital, la poblacin migrante de ciudadanos procedentes desde Venezuela aumenta.

La dictadura meditica ha impuesto explicaciones desviadas de la realidad y a raz de consideraciones de un conflicto econmico agudo, sobre el presupuesto de una guerra econmica intervencionista y de factor interno desequilibrante, enfocamos el siguiente anlisis. Con prioridad a la provisin por la defensa de los derechos humanos, durante el prolongado enfrentamiento con manifestantes opositores, la guerra meditica trata de imponer directrices acusatorias, que rien plenamente con respuestas oficiales sobre puntuales denuncias y que reflejan una actuacin de oficiosidad desplegada por el establecimiento gubernamental en atencin a esclarecer situaciones anmalas. Obviamente, en tratndose de la preservacin de los derechos fundamentales a la poblacin venezolana, ello no es suficiente y continua el imperativo moral de no descartar cualquier desafuero que ria con el ejercicio y aplicacin de la observacin de los Derechos Humanos en Venezuela. Tema de por si no agotado.

Cmo calificar a la poblacin migrante que llega in crescendo desde Venezuela.

Corresponde en primer lugar analizar si ha de calificrseles como poblacin migrante desplazada por consideraciones econmicas; incluidos dentro de la generalidad de desplazados laborales o bien si enmarcan dentro de La calificacin de refugiados. Ambas situaciones revisten consideraciones especiales y de carcter humanitario; pero el efecto de la responsabilidad de Colombia como garante y subscritor de los Convenios de Ginebra, aplica a una lnea de comportamiento y de procedimientos diferentes. Como Estado signatario en la Organizacin de las Naciones Unidas incumbe a Colombia la observacin de los Acuerdos y Protocolos de Ginebra en materia de Refugio.

Comencemos por la definicin de Refugio. El artculo 1 de la Convencin de Ginebra de 1951, enmendado por el Protocolo de 1967, nos acerca a una definicin y entiende por refugiado a: "Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religin, nacionalidad, membresa de un grupo social o de opinin poltica en particular, se encuentra fuera de su pas de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no est dispuesto a servirse de la proteccin de aquel pas; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del pas de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a ste" .

Destacan los siguientes elementos objetivos en tal definicin: Que la persona sea perseguida por razn de: 1. Raza. 2. Religin. 3. Nacionalidad. 4. Ser minora de un grupo social o de opinin poltica en particular.4. Estar en el pas del que huye por no ser el de su nacimiento. 5. No contar con nacionalidad o ser paria. Ello unido al elemento subjetivo de temor o miedo fundado a la preservacin de su vida; por no existir garantas en el pas del que huye.

En cuanto al pas receptor, as llamado el pas que recibe, abundan consideraciones de carcter humanitario en la comprensin, de cada caso en particular, para aceptar la calidad de inmigrante del solicitante de refugio, en consideracin a que ha salido de su pas o ese pas de procedencia, por inminente peligro contra su integridad, debido al peligro que corra, por causas raciales, polticas o religiosas, guerra civil o conflicto interno armado o hacer parte de un grupo social potencialmente en exterminio, genocidio o afectado por desastres naturales en el manejo amplio de una interpretacin de sensibilidad humanitaria.

Ahora corresponde en segundo lugar, resaltar la distincin ente el carcter del Refugio y el del Asilo. En nuestro entender el Asilo connota una situacin genrica del perseguido que ha entrado a un recinto para protegerse de inminente peligro contra su vida e integridad personales. Del asilo se predica, bajo la connotacin de proteccin a quien en la antigedad se refugiaba en un templo o iglesia. Hoy aplica sobre el entendido de quien llega a un pas sobre las caractersticas de persecucin y peligro inminente a su vida e integridad personal, no puede ser remitido por el pas receptor al pas del que huye. Pero de condicin sine qua non, es que al elemento subjetivo se agreguen los elementos objetivos paras la caracterizacin del refugio. Aqu corresponde observar que la figura del Asilo no corresponde a concepto preceptivo referente a la normatividad contenida en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Econmicos Sociales y Culturales (1966). Por ello se predica que el ejercicio efectivo del Asilo incumbe a una determinacin del gobierno respectivo de un Estado. No a un acto de soberana estatal o de un Estado miembro, como de autonoma definitoria del ejercicio del poder ejecutivo en particular de ese pas y como tal sometido al rgimen interno, de ese pas, en cuanto respecta los principios de legalidad y de validez o no, de los actos administrativos.

Valga la explicacin anterior para centrarnos en la diferencia especifica que la calidad de Refugiado es de vocacin supranacional. El derecho de los Refugiados, que trata sobre su proteccin compete a la observacin de la normativa y rama del Derecho Internacional. Esa legislacin internacional es la que observa el pas receptor, como por destacar, que la integridad del refugiado queda bajo la proteccin y egida del pas receptor y a este incumbe el principio de confidencialidad e inviolabilidad sobre los hechos, llammoslos para nuestro entender popular, como victimizantes. Conviene precisar, en consecuencia, que los derechos de proteccin de los refugiados o Derecho de los refugiados, alude al Derecho Internacional. Tema diferente al de las ramas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que abarcan una comprensin de los derechos humanos en general y en particular sobre el estudio del comportamiento humano en desarrollo de los conflictos blicos y/o conduccin de la guerra en particular.

A manera de ejemplo, la condicin del golpista venezolano Pedro Carmona en Colombia es la de Asilado. Por as disponerlo el gobierno de turno, mediante acto administrativo gubernamental interno que no fue objeto de ejercicio contencioso alguno. La condicin de otorgamiento de refugio en Colombia obedece a exigibilidad supranacional, de conformidad con el Derecho Internacional y por ende la legislacin migratoria sobre el tema de refugios supeditase al mandato constitucional del 91, en su artculo 93, in si tu: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohben su limitacin en los estados de excepcin prevalecen en el orden interno.

La ACNUR es la Agencia de la ONU para los refugiados.

Sobre el caso de la ex fiscal venezolana.

Los recuentos periodsticos expresan que la seora Luisa Ortega Daz fue desplazada de su cargo de Fiscal General de la Repblica Bolivariana de Venezuela por decisin soberana del constituyente primario en ejercicio facultativo. De previo presentaba investigaciones disciplinarias por el ejercicio de su cargo. Bajo apreciacin subjetiva de la sealada, decidi abandonar su pas de origen y entrar (legal o ilegalmente) a territorio colombiano. No se conoce pblicamente peticin alguna de su parte, de asilo o de refugio. La meditica conduccionista colombiana difunde que es una perseguida poltica del gobierno bolivariano de Venezuela. Ella se califica como opositora poltica al rgimen imperante. Cumplira con mi funcin didctica si con los elementos conocidos ha exhibido pruebas, al menos sumarias, de inminente peligro sobre su integridad y sobre su vida en el pas vecino. De otro lado, es sabido que ingres subrepticiamente a Colombia en compaa de su esposo, German Ferrer, el Diputado de la Asamblea Nacional, por el PSUV, quien califica con una situacin sub judice, en su pas de origen y permanencia bajo residencia vigilada, mientras transcurra el proceso de su allanamiento por inmunidad parlamentaria. Indiscutiblemente sopesan investigaciones penales en su contra en Venezuela. German Ferrer ratifica que su esposa (la ex fiscal general) enfrent institucionalmente las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ). De otro lado el actual Fiscal General, Lic. Tarek William Saab seal que existen evidencias que demuestran complicidad de German Ferrer en investigaciones penales sobre la creacin de una fundacin y una compaa annima en el exterior, como vehculo de lavado de activos y desvo de recursos oficiales, sealando complicidad entre el citado Ferrer y Pedro Lupera , quien funge como Fiscal 55 nacional, activo en el cargo; quienes junto con Gioconda Gonzlez, exjefa del despacho del Ministerio Pblico, todos soportan rdenes de captura.

De manera que nos encontramos con dos indeseados visitantes en territorio colombiano, que alegan persecucin poltica y peligro inminente de sus vidas, sin ser ello de soporte probatorio. El uno prfugo de la justicia venezolana, la otra fantasiosa en el delirio de persecucin.

Tenga presente la opinin pblica colombiana que una cosa es el fuero soberano estatal en el otorgamiento o no de una peticin de refugio y otra cosa la facultad gubernamental- que no acto soberano- del ejecutivo en cabeza del presidente de la Republica en conceder un asilo, sobre el que no prima el Derecho internacional sino el principio de legalidad vernculo con todos sus efectos.

Est demostrado que la oposicin retrograda venezolana y sus conmilones de apoyo militarista colombianos, vienen perdiendo todas las batallas jurdicas y en el caso analizado, todo indica que no ser esta la excepcin.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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