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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-08-2017

La esquiva justicia
Avanzar dos pasos y retroceder cuatro

Magdalena Garcs
El Mostrador


En varias causas de personas detenidas desaparecidas en el ltimo tiempo, la Corte de Apelaciones de Santiago, ha decidido absolver a un porcentaje significativo de los responsables, contradiciendo as los fallos de primera instancia en las causas de Operacin Colombo. Se teme que este criterio se convierta en una constante, instalando, una vez ms, nuevas formas de impunidad.

Esta situacin se ha producido en los casos de Jorge Grez Aburto, Sergio Flores Ponce, Luis Durn Rivas y Washington Cid Urrutia, todos ellos detenidos en 1974. Solo en el caso de Mara Cristina Lpez Stewart se conden a todos los procesados. Particularmente grave es la argumentacin dada por los magistrados en el caso de Grez, quien fue parte del grupo fundador del MIR, a fines de los sesenta se incorpor al Partido Socialista y fue detenido el 23 de mayo de 1974 por agentes de la DINA.

La sentencia condenatoria de primera instancia del caso Grez, de mayo de 2014, dictada por el ministro Hernn Crisosto Greisse, dio por comprobados estos hechos, as como la condicin en la cual se le mantuvo durante su detencin en Londres 38: sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, sometido continuamente a interrogatorios bajo tortura. El fallo de primera instancia conden a seis altos oficiales de la DINA a 13 aos de presidio como autores del delito de secuestro calificado: Juan Manuel Guillermo Contreras Seplveda, Csar Manrquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y, Gerardo Ernesto Urrich Gonzlez.

Adems, conden a otros 35 agentes de la DINA como autores del mismo delito a la pena de 10 aos, entre ellos se encuentran Gerardo Godoy Garca, Gerardo Ernesto Godoy Garca, Ricardo Vctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torr Sez, Sergio Hernn Castillo Gonzlez, Manuel Andrs Carevic Cubillos. Finalmente, la sentencia conden a 34 agentes de la DINA, a la pena de 4 aos de presidio, como cmplices del mismo delito.

Como parte de una inslita argumentacin, la Corte de Santiago compara la responsabilidad de los agentes de la DINA con la de cualquier funcionario pblico y, al extremo, con la de la sociedad en su conjunto, desconociendo las distintas responsabilidades y conocimiento de los hechos.

La sentencia fue esperanzadora para cientos de familias que an se mantienen sin saber el paradero de sus familiares, sin perjuicio que este es un tema de preocupacin nacional. Sin embargo, considerando el lento avance, el proceso retrocedi, toda vez que la sentencia fue apelada por la defensa de los condenados. La Duodcima Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvi absolver a la gran

mayora de los acusados y reducir las penas de unos pocos condenados, en una decisin inesperada y dudosamente fundada, ya que para los Ministros de la Sala, todos podramos ser responsables de los crmenes de la DINA. As sin ms, 56 agentes, oficiales, suboficiales y conscriptos fueron absueltos.

Meros funcionarios pblicos

Como parte de una inslita argumentacin, la Corte de Santiago compara la responsabilidad de los agentes de la DINA con la de cualquier funcionario pblico y, al extremo, con la de la sociedad en su conjunto, desconociendo las distintas responsabilidades y conocimiento de los hechos. As, se seala en el texto de junio de 2016:

"(...) No parece razonable imputar responsabilidad personal de carcter penal a un sujeto determinado por el solo hecho de existir certeza de que perteneci al organigrama que conform el aparato represivo del Estado, pues en dicha lgica, ms bien parece que lo que se objeta es la existencia misma de tal organizacin, atendida la inaudita e inadmisible finalidad para la cual fue creada, reproche que aunque puede naturalmente ser entendido, bastando para ello tener nicamente en cuenta la ms elemental distincin entre lo bueno y lo malo, lo cierto es que de aceptarse tal razonamiento en orden a hacer extensiva la responsabilidad personal en la perpetracin de un crimen en funcin de las mencionadas consideraciones, podramos incluso afirmar que tal factor de imputacin incumbe tambin hacerlo aplicable a todos quienes formaban parte de la administracin del Estado y, an ms, a la sociedad toda, que permaneci silente e inactiva frente a tal proceder ilcito (...)".

La Duodcima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue presidida por el ministro Alejandro Rivera Muoz e integrada por la ministra Maritza Villadangos Frankovich y el abogado Integrante Jos Luis Lpez Reitze. Este criterio da continuidad al camino iniciado ya hace muchos aos por los tribunales, en el sentido de condenar slo a unos pocos perpetradores directos y a algunos jefes, sin entender que se trata de graves crmenes que no pueden ser juzgados como delitos comunes, porque son crmenes cometidos desde el Estado, por aparatos de poder que disponan de enormes y numerosos recursos y miembros, todos los cuales colaboraban de distinta forma para que la poltica de desaparicin forzada de los militantes de la izquierda chilena se materializara.

Reconocemos el valor de algunos ministros y ministras por investigar y juzgar adecuadamente, muchas veces en contra de las polticas de justicia transicional adoptadas por los sucesivos gobiernos desde que se iniciara la transicin (justicia en la medida de lo posible) y el nulo avance de estas materias en el poder legislativo, tal como sucede con la derogacin o interpretacin de la Ley de Amnista, que es anunciada cada cierto tiempo con fanfarria y an duerme en el Congreso.

El escenario de un sistema judicial que avanza dos pasos y retrocede cuatro, da cuenta de la persistente impunidad en que se mantienen los casos de vctimas de desaparicin forzada y la complicidad que sigue existiendo entre sectores del poder judicial y los responsables, civiles y militares, de la represin en Chile. Esta complicidad es an ms grave en el marco de los argumentos justificatorios de las violaciones a los derechos humanos emitidos por el Comandante en Jefe del ejrcito al pedir comprender el contexto histrico en que se produjeron, y del silencio de la mxima autoridad poltica a quien las fuerzas armadas, como cuerpo no deliberante, deberan subordinarse.

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/08/21/la-esquiva-justicia-avanzar-dos-pasos-y-retroceder-cuatro/



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