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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-08-2017

Impunidad legal con licencia para matar

Martn Pastor
Rebelin


Con el furor meditico generado por los atentados en Barcelona, este pasado 17 de agosto, el mundo parece haber recordado la tristeza, rabia e impotencia que se siente al ver civiles; hombres, mujeres, nios, ser asesinados de manera violenta. Sin embargo, como una venda selectiva tambin el mundo decide cundo sentir esto y cundo no. Este 22 de agosto, a aproximadamente 4.000 km de distancia de Barcelona, en Raqqa, Siria, 78 civiles, entre esos nios, fueron asesinados en un ataque areo indiscriminado sobre barrios residenciales llevado a cabo por Estados Unidos y su coalicin.

Sin embargo, la situacin no es nueva ni para los Estados Unidos ni para el mundo. Segn un estudio publicado en 2013 por expertos de Iraq, Estados Unidos y Canad, el nmero de civiles muertos a causa de la invasin en Iraq fue de 405.000 personas entre 2003 y 2011. En otro reporte preparado por tres asociaciones mdicas internacionales, la cifra en Pakistn habla de aproximadamente 49.000 civiles muertos entre 2004 y 2013 y en Afganistn un promedio de 94.000 civiles entre 2001 y 2011. Es decir que solo en los primeros 10 aos de invasin en estos tres pases, los Estados Unidos suman ms de medio milln de civiles muertos.

Raqqa y el 22 de agosto es solo un atentando ms en una serie de violaciones sistemticas a los derechos humanos. Este ataque y los otros perpetrados, claramente violentan el Derecho Internacional, amparado bajo la 4ta Convencin de Ginebra (1949) y su enmienda en el Protocolo I de 1977. Estos mecanismos legales, consecuencia de la II Guerra Mundial, prohben el deliberado o indiscriminado ataque a poblaciones civiles en zonas de guerra y ameritan que las fuerzas atacantes deben tomar las precauciones necesarias para cuidar el bienestar y vidas de los civiles. A pesar de estar ratificados por 173 pases los nicos pases que no se adhieren son Estados Unidos, Israel, Irn, Pakistn, India y Turqua.

Aunque no es de sorprenderse que Estados Unidos no haya firmado dicho protocolo. La polica del mundo no ha ratificado ningn tratado o convencin que resguarda los derechos humanos a nivel mundial desde el 2002 y previo a eso no firm los ms importantes que protegen a las vctimas de guerra (Protocolo I y II).

Esto se debe a que toda su poltica exterior y economa se basa en el militarismo. Por 225 aos de sus 241 de existencia, los Estados Unidos han estado en guerra, el 93% de su historia. Segn la Asociacin de Salud Pblica Norteamericana (APHA), desde el final de la II Guerra Mundial hasta el 2001 se registran 248 conflictos armados de los cuales 201 han sido causados por esta nacin. Esta cifra, excluye los ms recientes que son la invasin a Iraq (2003-2011), Afganistn (2001-), Pakistn (2004-), Libia (2011), y la guerra contra Daesh o Estado Islmico (2014-).

Tomando en cuenta que Estados Unidos ostenta el ttulo de generar aproximadamente el 82% de dichos conflictos, podemos empezar a ver un patrn de beligerancia en contra del mundo para satisfacer los intereses norteamericanos con la excusa de la democracia, libertad y paz.

Y esta tendencia no parece disminuir, segn el ltimo reporte del Instituto de Investigacin Internacional para la Paz en Estocolmo (SIPRI), en 2016 los Estados Unidos continan en el tope de gasto militar con una cifra exuberante de $ 611 mil millones de dlares, el 36% del gasto militar global.

Entonces en luz de los atentados de Barcelona, la pregunta es qu diferencia tiene un grupo armado que asesina civiles para sus intereses y un Estado que hace lo mismo? La respuesta es la tecnicidad de un amparo legal internacional. Estados Unidos tiene una licencia para matar y se han asegurado que sus acciones estn dentro de la ley.

Despus de los genocidios ocurridos en la II Guerra Mundial, tanto en el frente Occidental como en el Pacfico, en 1948 se aprob en las Naciones Unidas la Convencin para la prevencin y la sancin del delito de genocidio- a la cual Estados Unidos tiene inmunidad legal.

En este tratado, en el art. 2, se defini al genocidio como un acto con la intencin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, tnico, racial o religioso, a travs de la matanza de miembros del grupo; lesin grave a la integridad fsica o mental de los miembros, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destruccin fsica, total o parcial, entre otros puntos.

El mismo Bur Federal de Investigacin norteamericano (FBI) entiende asesinato en masa como el acto de matar cuatro o ms personas en un mismo incidente dentro de un mismo periodo de tiempo. Por esta razn, este tipo de asesinato indiscriminado de forma masiva est penado dentro de las leyes nacionales a nivel mundial.

Es por esto que en 1998 se adopt el Estatuto de Roma que dara a su vez paso a la creacin Corte Penal Internacional (CPI), con la experiencia acarreada por los tribunales criminales internacionales que ya haban enfrentado casos de genocidios, crmenes de guerra y lesa humanidad en Ruanda y la ex Yugoslavia.

Con grandes precedentes jurdicos, el Estatuto de Roma entr en vigencia el 1 de julio del 2002 dando origen a la creacin de la Corte Penal Internacional (CPI). La jurisdiccin de esta Corte, complementaria a la nacional de cada Estado, sera la de administrar justicia y prevenir impunidad a las personas acusadas de cometer crmenes de genocidio, guerra, agresin y lesa humanidad. Con la misma lgica de los juicios de Nremberg, que buscaban determinar y sancionar a los dirigentes, funcionarios y colaboradores directos del nazismo alemn.

Pero los Estados Unidos, que en su momento apoy un tribunal internacional en Nuremberg, fue de uno de los siete pases en contra de la creacin de la CPI. En la Conferencia de Plenipotenciarios que dara lugar al Estatuto de Roma, la delegacin norteamericana propuso que Estados Unidos tenga control poltico sobre las actividades de la CPI, que toda accin de la CPI requiera aprobacin del Consejo de Seguridad de la ONU (del cul es miembro permanente con derecho a veto), o que este Consejo reconozca previamente la competencia de la CPI.

Ninguna de estas propuestas fue aceptada. Tras presin poltica, la administracin Clinton al finalizar su mandato accedi a la firma del Estatuto de Roma pero no lo ratific. Con el ingreso de la administracin Bush, Estados Unidos formalmente se retir del Estatuto en el 2000. Desde ese momento, inici una sucia campaa para establecer mecanismos que obstaculicen las nuevas funciones de la CPI y logren obtener impunidad legal sobre temas de genocidio, crmenes de guerra y lesa humanidad.

Uno de estos mecanismos fue la aprobacin de las resoluciones 1422 (2002) y 1487 (2003) por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas brindaban inmunidad al personal estadounidense en misiones militares autorizadas por la ONU ante la CPI. Pero fue en este tiempo que los Estados Unidos busc asegurar su pase libre, aprovechndose de un agujero legal del Estatuto de Roma; el segundo prrafo del artculo 98.

Este dice que la CPI no procesar una solicitud de entrega de un individuo acusado en caso de que exista una obligacin legal establecida entre dos estados a travs de un acuerdo internacional. La viveza norteamericana floreci en aqul momento y de forma masiva comenzaron a presionar a diferentes naciones del mundo para que firmen Acuerdos Bilaterales de Inmunidad.

Estos son instrumentos internaciones celebrados entre dos estados, evitan que el Estado firmante pueda ejercer su derecho de detener y entregar a un ciudadano estadounidense a la CPI, a pesar que este o estos hayan cometido crmenes de guerra o lesa humanidad en el pas afectado. Al 11 de Diciembre del 2006 se lograron firmar 102 Acuerdos Bilaterales de Inmunidad, aproximadamente el 50% de los pases miembros de la CPI firmaron y el otro 50% han declarado formalmente su negacin a estos mecanismos.

Todos los pases firmantes pertenecen al tercer mundo: 38 son africanos, 16 asiticos, 11 del Medio Oriente y Asia Occidental, 11 Europa del Este y Asia Central, 10 islas del Pacfico, y 14 americanos. Entre estos llama la atencin ver a Afganistn, Yemen, Pakistn y en nuestra regin Colombia, Bolivia, Panam, y Nicaragua, por la agresiones perpetradas por Estados Unidos.

Sin embargo, no fue suficiente lograr impunidad sino los medios para lograrlo se caracterizan por ejemplos de la ms baja y vil diplomacia. Entre estos se encuentra la Enmienda Nethercutt, adoptada por el Congreso estadounidense en 2004 y suspendida en 2006. La Enmienda era una medida econmica para sancionar con la suspensin del Fondo de Apoyo Econmico a aquellos pases que ratificaron el Estatuto de Roma. Entre los destinatarios de este Fondo de ayuda se encontraba Ecuador, Per, Bolivia, Mxico, Paraguay, entre otros.

En un documento confidencial desclasificado por Wikileaks, enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Honduras en 2002 se lee que el mtodo de Estados Unidos ante la firma del Estatuto de Roma ser la de palo y zanahoria en otras palabras, EE.UU va a ayudar a los pases que firman el Artculo 98 y cortar la ayuda a los que no lo hacen. Informacin sacada a la luz por el metdico trabajo periodstico de Erik Vold.

La suspensin de dichos fondos afect programas de lucha contra la corrupcin, procesos de paz, comisiones de la verdad en pases afligidos por guerras, y programas para la lucha contra el VIH. Este es el caso de Lesoto. Otro documento confidencial publicado por Wikileaks muestra que los Estados Unidos negaron ayuda humanitaria en medio de una epidemia de sida para presionar al gobierno lesotense a firmar.

El embajador le dijo al Primer Ministro (lesotense), como se lo haba dicho de manera franca al Ministro de Relaciones Exteriores, que una pedida de ayuda para Lesoto ya haba sido rechazada por el perfil alto de Lesoto como pas no firmante del Artculo 98

Otro de los mecanismos de inmunidad es el American Servicemembers Protection Act (ASPA), firmado por Bush en 2002. Esta ley, apodada la Ley de Invasin de La Haya, tiene como objetivo prevenir que ningn ciudadano americano sea juzgado en la CPI, esto incluye y de manera explcita en el punto 9 de la seccin 2002 al presidente de los Estados Unidos o cualquier servidor pblico.

Adems prescribe que para que tropas norteamericanas participen en operaciones de paz de la ONU se debern aplicar una de las siguientes condiciones: garanta del Consejo de Seguridad de otorgar inmunidad a tropas estadounidenses; que la CPI no ejerza su jurisdiccin en los territorios donde se efectan las misiones; o que exista un acuerdo relacionado al art. 98 en el pas donde se efectuar la misin.

Para acentuar an ms la injerencia sobre el Derecho Internacional y la supuesta justicia internacional, el ASPA establece que el Presidente de Estados Unidos puede usar todo medio necesario y apropiado para liberar a algn ciudadano estadounidense detenido por la CPI. En otras palabras bajo esta clusula, cualquier estado miembro de la CPI, cumpliendo sus obligaciones, puede correr el riesgo de ser atacado por los Estados Unidos.

En Amrica Latina, el ASPA se aplic para suspender la asistencia militar en Belice (2003) y el apoyo econmico de aproximadamente $ 400.000, menos de un ao ms tarde se firm un Acuerdo Bilateral de Inmunidad. La misma tcnica ocurri en Honduras, Panam, Colombia, Hait, Bolivia, El Salvador y los otros pases que han firmado estos acuerdos con los estadounidenses.

En el Ecuador sucedi que la firma de un Acuerdo con Estados Unidos contaba con el apoyo de Lucio Gutirrez en 2004. Segn cables publicados de la Embajada en Quito por Wikileaks, el plan de accin para Ecuador comprenda una reunin entre el embajador y Gutirrez, luego invitar a una serie de mesas redondas a periodistas interesados, esperando corregir malentendidos sobre el art. 98.

Adems recolectar favores personales, como lo menciona el mismo documento. En este el segundo mando de la misin diplomtica estadounidense comunica que ir por el viceministro de relaciones exteriores Edwin Johnson. Este, segn el cable, les debe una ya que los Estados Unidos apoyaron la candidatura del mismo en un puesto de Derechos Humanos en la ONU.

A su vez en un cable que data del 2005, los Estados Unidos ofrecera regalos a los oficiales ecuatorianos de las Fuerzas Armadas para que estos vayan a presionar a sus superiores para obtener regalos similares y as logren inspirarlos a firmar acuerdos de inmunidad.

Sin embargo, la historia no favoreci al imperio del norte y Ecuador junto con varios pases del mundo se negaron a firmar. Lamentablemente, muchos pases s lo hicieron y los acuerdos continan vigentes. Segn John Bolton, subsecretario de Estado de EE.UU. para el Control de Armas y Asuntos de Seguridad Internacional (2001-2005), dos tercios de los acuerdos entraron en vigencia a travs de notas diplomticas y no ratificacin parlamentaria. Es decir que el 66% de los pases hicieron estos acuerdos sin el consentimiento ni el conocimiento de sus ciudadanos.

En la actualidad parecera que Estados Unidos logr su objetivo, la impunidad al momento de asesinar poblaciones civiles contina. Aceptando, de manera que raya en la burla, estos asesinatos indiscriminados de civiles, el gobierno lo soluciona con condolencias pagadas a los miembros de las familias afectadas. Para el imperio, la vida de un nio afgano vale $2414, el costo de una televisin plasma de 55 pulgadas.

La situacin global empeora y los lderes militares y polticos de Estados Unidos causantes de esta desgracia mundial continan libres. Por su parte la Corte Penal Internacional (CPI) ha sentenciado a 36 personas de las cuales todas son africanas. A pesar de los crmenes de lesa humanidad y guerra cometidos en Europa del este, sureste de Asia, Latinoamrica, y Medio Oriente; desde los juicios de Nremberg en 1945-1946, ningn lder Europeo Occidental o estadounidense ha sido juzgado por sus crmenes de guerra y por lo que la ley dictamina tampoco lo ser.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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