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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-08-2017

El paquetazo agrario: claves para entender la poltica agraria en el Ecuador

Stalin Herrera
OCARU / La lnea de fuego


Foto: Elespectador.com.

OCARU- Observatorio del Cambio Rural.

E l paquetazo fue una forma de tematizar o entender la estrategia de los distintos gobiernos neoliberales que, a nombre del desarrollo, la democracia y el bien comn subordinaron al Estado a los intereses de las elites. Entre los aos 70 y 80, el Estado fue el promotor central de la modernizacin y diversificacin econmica de las elites mientras que, en los 90, financi la crisis econmica y financiera a costa del empobrecimiento de la poblacin[1]. Hoy, el drama vivido en los 90 parecera no repetirse porque el gobierno de la Revolucin Ciudadana recuper el rol del Estado en la inversin social sobre todo en educacin, salud e infraestructura[2] y el desarrollo nacional Plan Nacional de Desarrollo, Cambio de la Matriz Productiva y Energtica. Sin embargo, la poltica agraria del Ecuador repite el error: a nombre de los avances constitucionales y las demandas de las organizaciones (el Buen Vivir y la Soberana Alimentaria) favorece la ganancia de las elites agroempresariales y el agronegocio.

El modelo de agricultura en el Ecuador, en sus rasgos generales, no ha cambiado: por un lado, existe un polo primario-agroexportador que se sostiene sobre el control de los recursos productivos ms importantes (tierra, agua, tecnologa) y la sobre explotacin laboral (trabajadores sin mayores avances en el reconocimiento de sus derechos laborales)[3]; un importante sector, de pequeos y medianos productores al centro; y en el otro extremo, una enorme proporcin de pequeos agricultores que basan su economa de subsistencia en las actividades familiares, acusados de ser ineficientes o improductivos.

Contrariamente al sentido comn que ubica a la agricultura familiar como un rezago del pasado, los trabajos que analizan la estructura agraria del pas muestran que para el 2000 el peso e importancia de las UPAs de agricultura familiar campesina (AFC) es enorme: La CEPAL (2005), al sumar variables de capacidad productiva y tecnologa, plante que la agricultura familiar representaba el 53% de las unidades, mientras que las empresariales figuraban con un 5% y las tradicionales el 43%. Wong y Ludea (2006), por ejemplo, considerando el tamao de la propiedad, la cantidad de trabajadores utilizados, el ingreso y gasto de los hogares, calcularon que la AFC representaba el 88% de las UPAs, sumaban 739.952 unidades y controlaban el 41% de la tierra. Chauveau (2008), plantea que el modelo de agricultura est polarizado entre un grupo de ms de 200 has que se componen de 16.000 familias de agronegocios y 38.000 familias de produccin patronal; y un polo de no ms de 10 has compuesto por 550.000 familias de Agricultura Familiar, 230.000 familias minifundistas y 100.000 familias campesinas sin tierra.

Al mismo tiempo, Wong y Ludea (2006), observaron que la agricultura familiar campesina, incluyendo la de subsistencia, vende la mayor parte de su produccin (57%) fuera de la finca; el 24% la vende en la finca y slo consume el 19% de lo que produce. Es decir, que la AFC tiene una enorme importancia econmica productiva y est fuertemente integrada al comercio, pero no solo a la produccin de alimentos para el consumo interno, sino que tambin est presente de manera subordinada en la produccin de alimentos agroindustriales[4].

En este sentido, el debate planteado por AVSF Sipae (2015) con datos del Ecuador, y North y Berry (2015) observando los resultados de Taiwn, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda, nos proponen algo an ms interesante: la AFC o los pequeos productores familiares pueden, cuando disponen de los recursos productivos necesarios y el apoyo de polticas pblicas, generar mayor trabajo y riqueza por ha que los modelos de produccin terrateniente y pueden constituirse en la base del desarrollo industrial nacional. Sin embargo, la poltica agraria en el pas va en contra sentido y los esfuerzos del gobierno de Rafael Correa (2007-1017) no han cambiado la tendencia general que se haba instalado desde los aos 80 con el neoliberalismo. Valdra preguntarnos entonces qu es lo que ha cambiado para no cambiar nada?

Paquetazo y modernizacin conservadora

  1. Carrin y S. Herrera (2012), mostraron que la poltica agraria se alejaba de los avances constitucionales, Art. 281 de la Constitucin que plantea un modelo de soberana alimentaria para el campo, y promova el viejo modelo de exportacin a costa de la produccin tpicamente campesina a travs de la modernizacin de las instituciones. La gran diferencia con el neoliberalismo era una mayor presencia del Estado en el campo, pero la mayor diferencia con el desarrollismo de los aos 80 es que no se impulsaron polticas de desarrollo econmico campesino, sino que, fundamentalmente, promovieron polticas de inclusin econmico social que sirvieron para bajar las tensiones o demandas campesinas.

Este proceso que refuerza el viejo modelo primario agroexportador a costa de una mayor subordinacin de la agricultura familiar campesina, en un contexto en el cual la agenda indgena campesina (Estado Plurinacional, Soberana Alimentaria, derechos de la naturaleza, Buen Vivir, etc.) se present como la renovacin ms interesante del horizonte de cambio popular y marca las caractersticas de lo que los campesinos definen como Paquetazo Agrario y nosotros lo caracterizamos como Modernizacin Conservadora.

El punto central es que el gobierno, a pesar de las demandas indgenas y campesinas y de los avances constitucionales y la mayora legislativa en la Asamblea, pone al Estado al servicio de la agroindustria y los agronegocios. sto lo podemos observar en 4 elementos centrales que dan cuenta de la direccin que toman las polticas pblicas agrarias en el pas:

  1. Privatizacin de los recursos productivos o la contrarreforma agraria. Desde la aprobacin de la constitucin de 2008, las organizaciones han entrado al debate de la Ley de Tierras, la Ley de Agua y la Ley de Semillas. Las demandas centrales han sido: la distribucin de tierra, la desprivatizacin del agua y administracin comunitaria de los sistemas de riego, la libre circulacin de semillas y la prohibicin de cultivos transgnicos. La respuesta del gobierno al debate propuesto fue asegurar el derecho privado a la tierra y el agua y, en el caso de las semillas, favorecer la circulacin de semillas certificadas y promover el uso de transgnicos para la investigacin. El sentido ltimo del proceso es la privatizacin de los recursos productivos indispensables para la agricultura indgena campesina y que constituyen bienes comunes de los pueblos y la sociedad. El sentido poltico fue clausurar la posibilidad de una democratizacin de recursos productivos y llevar la contrarreforma agraria ms all de la tierra.
  1. La reprimarizacin de la agricultura y dependencia econmica. En la dcada de los 90 se evidenciaba que los distintos gobiernos, a diferencia de sus proyectos de industrializacin y la apuesta por los mercados existentes generan mayor reprimarizacin de la economa y dependencia, es decir, una mayor venta de productos primarios y con escaso valor agregado. En el caso del ltimo perodo, a pesar de la Constitucin, el Plan Nacional de Buen Vivir (2009-2013) y su anunciada estrategia nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, el gobierno no logr y no hizo mayores esfuerzos para cambiar la matriz productiva en el campo. Uno de los mejores ejemplos es que la proyeccin de inversiones para la sustitucin de importaciones se concentra en un 77% en la produccin de caa, soya y canola[5]; adems, el gobierno, en su estrategia de cambio de la matriz energtica, foment la produccin de biocombustibles[6]; legaliz la expansin de las camaroneras en zonas de manglar que hasta hace poco estaban protegidas por la ley[7]; legaliz los cultivos ilegales de banano en manos de las grandes empresas[8]; le apost al uso de transgnicos[9] a pesar de las restricciones constitucionales; y, finalmente, firm un Tratado Comercial con la Unin Europea que acenta an ms la reprimarizacin de la agricultura y la economa.
  1. La transferencia de recursos estatales para la subordinacin campesina. Siguiendo una frmula neoliberal instalada en los 90 a travs de los negocios inclusivos y en oposicin a cualquier propuesta de soberana alimentaria, el gobierno ha sido el principal impulsor de la subordinacin campesina al modelo de agroindustria. Este proceso ha tenido dos ejes: por un lado, mantuvo los programas o proyectos estatales que promueven la inclusin de los pequeos productores a las cadenas de valor y que instalan los imaginarios de competitividad empresarial, tal como reza el componente 3 de su Agenda de Transformacin Productiva Amaznica Reconversin Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana: Fortalecer los encadenamientos productivos mediante la generacin de actividades que promuevan la competitividad sistmica y faciliten el comercio equitativo. Por otro lado, el gobierno realiza transferencias directas a las empresas a nombre de las crisis o el desarrollo productivo. En el 2008, a nombre de bajar los precios de los alimentos y combatir la especulacin, transfiri a manera de subsidios a las empresas importadoras de insumos 400 millones (J. Len, 2007:7); el Plan Semillas para la recuperacin de pequeos productivos invierte entre 25 y 30 millones al ao y se realiza un convenio con seis empresas (Agripac, Ecuaqumica, Pronaca/India, Interoc S.A., Afecor y Del Monte).

As, a nombre de los avances constitucionales y de un acuerdo entre el Estado y la empresa privada, el gobierno a travs de los programas y proyectos de desarrollo productivo no slo traslad recursos estatales hacia las elites y asegur su ganancia, sino que financia la subordinacin campesina entendida como: la conversin del modelo de la agricultura familiar campesina al monocultivo de alimentos para la agroindustria, indispensable para su incorporacin a las cadenas de valor y con esto su dependencia al paquete tecnolgico y las redes de mercado controladas por la agroindustria.

  1. Concentracin de capital y precarizacin laboral. Finalmente, el mundo empresarial, con los recursos y complicidad del Estado, se ha instalado en el sentido comn como el paradigma de desarrollo y el futuro. El gobierno, a pesar de los avances constitucionales en torno al Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, es permisivo con un modelo que no crea mejores condiciones sociales para sus trabajadores, la sociedad o el mismo medio ambiente. El trabajo ms reciente de J. Baz (2017), muestra que los sectores agrcolas y agroindustriales, no slo mantienen el control de las mejores tierras del pas y su produccin se destina, fundamentalmente, a la exportacin (banano, flores, camarones, cacao, caf, camarones, pescado, etc.) o la produccin industrial de alimentos (leche, maz duro, palma, etc.) sino que mantienen un control oligoplico del mercado y sus tasas de ganancia son enormes[10] -las 100 empresas agropecuarias ms grandes del pas concentran el 58% del PIB agrcola; al tiempo que no hay un sistema de impuestos sobre la renta de la tierra y sus ganancias extraordinarias. Contradictoriamente y, a pesar de las ganancias extraordinarias del sector agrcola, el gobierno ha promovido reformas laborales a favor de las empresas y ha sido el principal promotor de la formalizacin de la flexibilizacin laboral[11].

Sintomticamente, hoy es ms comn que, en ausencia de los trabajadores, sean los empresarios y el gobierno los que firmen los acuerdos que regulan las relaciones laborales: Leonardo Berrezueta Carrin, Ministro de Trabajo, junto a Miguel Bustillo, Presidente de la Asociacin de Ganaderos de Daule, Lorens Olsen, titular de la Asociacin de Ganaderos del Litoral y Galpagos, y Jos Glvez, Viceministro de Trabajo, firmaron () un acuerdo que regula las relaciones de trabajo especial en el sector agropecuario, ganadero y agroindustrial[12]. Mientras que las organizaciones de trabajadores agrcolas denuncian que se mantiene un rgimen de precarizacin laboral restricciones a la sindicalizacin, persecucin de dirigentes, listas negras, condiciones laborales inadecuadas, trabajo infantil, acoso a las trabajadoras, etc.

As, aunque el gobierno reconoce que hay una deuda agraria con las organizaciones campesinas, el resultado final es su despojo. Con esto, no solo nos referimos al proceso de acaparamiento de tierras y privatizacin del agua, que estn muy bien registrados en el Ecuador, sino al vaciamiento de la Soberana Alimentaria y su sustitucin por un modelo que impulsa la conversin de los pequeos campesinos y comunidades indgenas hacia un modelo de eficiencia y rentabilidad productiva comandado por la agroindustria. Siguiendo los planteamientos de D. Harvey (2005), asistimos a una reforma institucional y normativa que impulsa la penetracin de relaciones sociales y arreglos institucionales (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) que facilitan y actualizan los distintos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes, en este caso, de la riqueza producida por los campesinos y la renta de la tierra. No se trata de un esquema puramente econmico sino, tambin, de la subordinacin simblica y cultural.

La lnea asumida por el gobierno y la transformacin / subordinacin de la agricultura familiar no es un imperativo absoluto, pero la alianza pblico privada marca los lmites de cualquier esfuerzo para mejorar la situacin y posicin de las familias indgenas y campesinas; no es posible que la agroindustria y los agronegocios tengan ganancias extraordinarias sin la complicidad del gobierno. La deuda agraria no puede pagarse con la Minga Agropecuaria porque es un poco ms de lo mismo a nombre de los campesinos e indgenas el Estado crea las condiciones para que los pequeos agricultores se incorporen a las cadenas agroindustriales. La situacin actual exige de una sociedad activa y un Pacto tico por el Campo.

Bibliografa

Bez Jonathan, 2017, Acumulacin en la Revolucin Ciudadana: Grupos econmicos y concentracin de mercado en el sector agropecuario, Centro de Derechos Econmicos y Sociales CDES, Quito.

Berry, Albert y Liisa North, 2015, Los Beneficios De la Pequea Propiedad En El campo, en Lnea de Fuego, https://lalineadefuego.info/2015/03/17/los-beneficios-de-la-pequena-propiedad-en-el-campo-por-albert-berry-y-liisa-north-2/, vista 17 marzo 2015.

Carrin, Diego y Stalin Herrera, 2012, Ecuador rural del siglo XXI: Soberana Alimentaria, inversin pblica y poltica agraria, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito.

Chaveau, Christophe, 2008, Reflexiones sobre funcin socioeconmica de la tierra y el modelo de desarrollo agrario en el Ecuador, SIPAE, Quito.

Harvey, David, 2005, Nuevo Imperialismo: Acumulacin por desposesin, en Socialist register 2004 (enero 2005), CLACSO, Buenos Aires. http://biblioteca.clacso.edu.ar.

Len Javier, 2017, Agroindustria y Soberana Alimentaria en Ecuador, artculo presentado en la conferencia El futuro de la alimentacin y retos de la agricultura para el siglo XXI: Debates sobre quin, cmo y con qu implicaciones sociales, econmicas y ecolgicas alimentar el mundo. Elikadura21, documento 4.

[1] Hacia el 2000, a nivel nacional la pobreza alcanz al 68.8% de la poblacin y la indigencia al 40,3%; en el campo lleg al 84.1%, y la indigencia al 58,2% de la poblacin.

[2] Las polticas del gobierno lograron reducir un 61.3% la pobreza rural en el 2007; un 38.2% en el ao 2017.

[3] En el caso del Ecuador, el gobierno resalta como uno de sus logros el incremento sostenido del salario bsico, as como la eliminacin de la tercerizacin laboral (Mandato Constituyente No 8). Sin embargo, la reforma laboral no lleg y no tuvo la intencin de transformar las relaciones laborales en el campo. Al contrario de esto, las denuncias de las organizaciones se mantienen y la reforma laboral general va en contra sentido de sus demandas cada vez ms conservadoras.

[4] Segn las cifras del SINAGAP: en el 2001, el 21% de los productores de caa son pequeos productores de menos de 5 has y hacia el ao 2004 la superficie sembrada lleg a 92.142 has. En la palma, para el ao 2001, el 4% son pequeos productores de menos de 5 has; el 56% son productores medianos de entre 5 y 50 has, pero la superficie pas de 95.303 has en el 2003 a 209.283 has cosechadas. En el banano, en el 2001, el 37% de los productores tienen menos de 10 has, pero la superficie de 252.570 has en el 2000 pasa a ser de 186.225 has en el 2014. En el caso del maz duro para la agroindustria, el 66% de las UPAs son de pequeos productores de menos de 10 has, al tiempo que la produccin pas de 292.862 has en el 2002 a 322.590 has en el 2014 (Sinagap, http://sinagap.agricultura.gob.ec/)

[5] Los datos fueron divulgados por el Magap en el 2013 en su documento: El sector agropecuario, acucola y pesquero en el cambio de la matriz productiva.

[6] Artculo 1 del Decreto Ejecutivo No.1303 del 28 de septiembre de 2012 declara de inters nacional el desarrollo de biocombustibles en el pas.

[7] El Decreto Ejecutivo 1391 que emite reformas al reglamento general de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y texto unificado de legislacin pesquera, 15 de Octubre del 2008.

[8] Segn Alberto Acosta (7 de diciembre 2012), en enero del 2011 se declar amnista para las siembras ilegales de banano que, en su mayora, estn en manos de los grandes productores-exportadores y que ascienden a 100.000 hectreas ilegalmente cultivadas, en revista Lnea de Fuego, en https://lalineadefuego.info/2013/01/14/nuestro-compromiso-con-los-productores-bananeros-por-alberto-acosta/.

[9] En el caso de los transgnicos, el principal promotor y defensor de su uso ha sido el propio presidente Rafael Correa en el 2012 cuando plantea que la prohibicin de transgnicos es error de la Constitucin de Montecristi (La Republica, 27 de septiembre 2012, en https://goo.gl/nlILa). El mismo Presidente modific el articulo 56 de la Ley Orgnica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable para permitir el uso de transgnicos en mayo del 2017.

[10] Efecto de la concentracin, estas empresas generan tasas de ganancias extraordinarias por encima del promedio, sus ingresos en el ao 2013 aumentan de 3.675 en 2006 a 9.794 millones de dlares en 2013. Esta situacin implica que, entre los aos 2006-2013, el incremento anual de los ingresos de estas empresas es del 15,03%, cerca de tres puntos porcentuales por encima del promedio en el sector agropecuario (Bez, 2017).

[11] El mismo presidente R. Correa plante que, en un contexto de crisis y reduccin de la competitividad de los sectores empresariales, hay rigidez en los sistemas de contratacin; sistemas de contratacin que no reconocen las demandas de trabajo temporal, etc. As que estamos estableciendo formas de contrato ms flexibles para estos tres sectores: construccin, agropecuario y transporte (Rafael Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, en https://www.youtube.com/watch?v=0lXJXf_ykYc). En octubre de 2015 el Ministerio haba emitido la norma para que los trabajadores agrcolas reciban su salario de forma diaria, semanal, quincenal o mensual en formas de Contratos de trabajo discontinuo.

[12] El Telgrafo, 22 de Marzo de 2017, En Daule (Guayas) se firm un acuerdo que protege laboralmente a los ganaderos y agricultores ecuatorianos. http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-ministerio-regula-el-trabajo-del-sector-agrcola.

Stalin Herrera: Socilogo e investigador de temas agrarios y rurales del OCARU.

Fuente: http://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/




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