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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-09-2017

Gobiernan para las transnacionales

Luis Gaitn
Rebelin


Dos cosas ha mantenido histricamente la oligarqua de este pas: por un lado, su profunda conviccin antidemocrtica, debido al miedo que le generan los cambios; por el otro, la proteccin sin agero de las transnacionales, por encima de los intereses de las mayoras. Estas dos cosas, por supuesto, soportadas sobre el ejercicio de la violencia.

Esta poltica se ve reflejada en la atencin que han generado las consultas populares, pues le han empezado a generar molestia al gobierno y a las empresas que buscan explotar la tierra.

El gobierno se compromete

A partir del auge de las consultas populares, la preocupacin del gobierno y su frrea defensa de los inversores extranjeros se ha puesto de manifiesto en el escenario pblico. Tanto as que el pasado 1 de agosto, el ministro de Hacienda Mauricio Crdenas se comprometi a presentar ante el Congreso un proyecto de ley que le quite dientes a las consultas.

En palabras del ministro: No puede ser que los intereses de unas minoras muy pequeas, de un concejo municipal, se impongan sobre las necesidades de toda una sociedad.

Una clara muestra de a quin responden los intereses del gobierno. Aparte de desconocer la voluntad popular, se pretende tratar a estas minoras como ignorantes, pues en sus argumentos nada tiene que ver la defensa del agua con la explotacin de la tierra; segn ellos no son incompatibles, supuestamente quienes impulsan las consultas no entienden el desarrollo del pas, que la minera responsable si existe, etc. Pero en la prctica se evidencia el dao y desolacin como lo nico que le queda a los territorios luego de que una transnacional se roba sus riquezas.

Han insistido en el bienestar de las comunidades, sin embargo, ahora parece peligroso que, en varios territorios del pas, la misma gente se los est pensando con la vocacin agrcola en primer plano.

La soberana es la discusin

Los tibios asomos de defensa de la soberana del gobierno han sido mediatizados. Por un lado Nicaragua, el Galen San Jos, la poltica de persecucin a Venezuela, etc. Sin embargo, ante el peligro que representan las transnacionales para la economa del pas, hay un gran silencio cmplice.

Gracias a dcadas de gobiernos que se dedicaron a sacrificar la soberana y ponerla en bandeja de plata al imperialismo, hoy casi que cualquier fallo en contra de una transnacional conlleva a una demanda que el Estado muy seguramente perder.

Muestra de ello es el caso de la empresa Hupecol Operating Co. Dicha empresa tena las licencias para exploracin de Cao Cristales, y el gobierno se vio obligado a suspenderla gracias a la presin y movilizacin ciudadana. Sin embargo, hoy la empresa tiene una demanda por ms de 83.000 millones de pesos debido a los incumplimientos de Colombia: a eso llaman seguridad jurdica de las empresas, segn lo acordado en el TLC.

Esta es apenas una de las tantas demandas que tiene el Estado por haber entregado la soberana a entidades privadas y extranjeras. Otro ejemplo se relaciona con el paro minero en Antioquia: la Gran Colombia Gold, que el pasado febrero anunci su intencin de demandar al estado por 700 millones de dlares, reclama demoras en la ANLA y la alcalda de Segovia al no expulsar a los mineros ilegales, a quienes considera invasores.

Aqu acaban los discursos de responsabilidad social, hasta ah llega el sentido de pertenencia que tienen por el pas dichas transnacionales, pues ante sus intereses sacan los dientes incluso con el patrocinio de grupos paramilitares. La respuesta del gobierno no podra ser peor: les da la razn a pesar de la arremetida jurdica emprendida hace ms de un ao.

Presin social es el remedio

El caso del botadero de Doa Juana en Bogot no escapa a esta la realidad. Hace un par de meses el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) anunci su intencin de que se aumentara al doble el precio que paga la ciudad por tonelada. A pesar de que el dao a la salud de miles de habitantes urbanos se ha evidenciado estos ltimos das, la posicin del distrito ha sido de respaldo a la concesin.

Queda claro que la defensa de la soberana popular se hace con movilizacin social, y que lo ltimo que har el gobierno es darle la razn a la gente. Un punto ms de la alergia que les causa la participacin en un proceso de solucin poltica.

En Segovia, Remedios y dems municipios del nordeste antioqueo, se ha levantado un fuerte movimiento cvico contra las multinacionales del oro y en defensa de la pequea y mediana minera. Tambin en Bogot los vecinos protestan ante la grave crisis ambiental y de salubridad pblica que genera el manejo irresponsable de la alcalda. Tanto en un lado como en otro la respuesta gubernamental es la represin a la poblacin y la defensa incondicional de los intereses de las empresas multinacionales.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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