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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-09-2017

Los costos de la vida
(Re)pensar la ciudadana para los ciudadanos

Ailynn Torres Santana
Sin Permiso

Este artculo obtuvo el Premio Temas de Ensayo 2016, en la modalidad de Ciencias sociales


En Cuba, la apelacin a la ciudadana como categora poltica ha sido relativamente escasa en las ltimas casi seis dcadas. El pueblo ha servido para comunicar con mayor asiduidad el contenido plebeyo del programa post-1959. El pueblo emprendi la pica ms grande del proceso y constituy el asidero de una agenda expresamente dirigida hacia los desposedos de la poltica y de la nacin. Ms all de la Carta Magna de la Repblica (1976), son ms bien escasas las alusiones a los ciudadanos. A la fecha, sin embargo, parece producirse un retorno al ciudadano como categora poltica de interlocucin con el Estado. Sin desestimar las referencias al pueblo, los documentos oficiales y discursos ms recientes interpelan directamente a la ciudadana para comunicar deberes, derechos y lealtades, de cara a la poltica oficial de la Revolucin. En los textos Conceptualizacin del modelo econmico y social de desarrollo socialista y Plan nacional de desarrollo econmico y social hasta 2030 (PCC, 2016) aparece ms de treinta veces tanto como en la Constitucin la referencia a los ciudadanos y a la ciudadana. Una revisin comparada de esos y otros ttulos confirma que esa categora configura un nuevo ncleo poltico dentro del discurso oficial cubano. La novedad se acompaa de otras, como el reconocimiento de la propiedad privada dentro del espectro de posesiones de individuos y grupos. Ambas, como veremos en lo adelante, guardan relacin.

Una vez que se confirma que la ciudadana es un ncleo discursivo-poltico presente en la Cuba contempornea, surge el inters por debatir, en distintos planos, sobre cules son las concepciones de ella que operan en esos discursos. Quizs por su misma ausencia en el campo poltico, la academia cubana no ha planteado con seriedad su anlisis como categora; por tanto, su irrupcin, en cierta medida, se produce ante un vaco analtico sobre sus contenidos, los debates que plantea y sus posibilidades como dispositivo poltico. Este texto se dirige, fundamentalmente, a comenzar a llenar ese espacio, atendiendo a una razn principal: el modo en que definamos la ciudadana est ntimamente ligado al tipo de sociedad y de comunidad poltica que queremos (Mouffe, 1999). Sin tal recorrido, no ser posible comprender las condiciones de posibilidad de las ciudadanas histricas y contemporneas ni lo que est en juego cuando se apela a ellas.

De acuerdo con lo anterior, propongo analizar, con la realidad cubana de fondo, las concepciones de la ciudadana que amparan diferentes tradiciones polticas. Para ello recurrir a un debate grueso: la relacin entre ciudadana y propiedad; y a un marco de discusin: el de los debates entre liberalismo y republicanismo.

Ciudadanas: cules derechos?, cul igualdad?, cul libertad?

Hace dos aos, en una investigacin realizada en Cuba sobre culturas polticas de diferentes grupos sociales (Torres y Ortega, 2014), una mujer de mediana edad que llamar Zoila, trabajadora por cuenta propia en un municipio perifrico de La Habana, a la pregunta qu es la ciudadana? respondi:

Tengo derechos, por supuesto, a caminar libremente por la calle, a hacer todo lo que yo quiera, a ir al cine, al teatro, a llevar a los nios a la escuela, a respetar la bandera, el himno. Como ciudadana no tengo lmites, yo lo que no tengo es dinero.

La respuesta no debe despacharse sin ms anlisis. La entrevistada describi un estatus de derechos y deberes que, en su interpretacin, la calificaban como ciudadana y aludi a smbolos que enmarcaron su pertenencia a la comunidad nacional, referente primario de la ciudadana. Sin embargo, la respuesta recay en un mbito que, aunque no define esta categora en su propio argumento, no puede eludirse al hablar de ella: el dinero. Con ese enunciado, probablemente la entrevistada de estrato popular remita a un asunto especfico: imposibilidad de reproducir materialmente su vida. Ello no la descalificaba como ciudadana, pero tampoco era ajeno al asunto.

Durante la investigacin, un joven que ejerca como vendedor ambulante de productos del agro a quien llamar Yosniel, respondi a la pregunta de si le interesaba la poltica: La gente de la calle que tiene que sudar trabajando, no tiene tiempo para eso.

Las respuestas de Zoila y Yosniel encarnan un debate complejo de la teora de la ciudadana y cmo ella configura programas polticos especficos: la brecha existente entre la igualdad universal enarbolada a favor de la ciudadana y la desigualdad real de los ciudadanos expresada en su estatus socioeconmico. Ha sido precisamente esa brecha la que ha condicionado que la ciudadana sea transtemporal y transespacialmente un bien escaso. Sin embargo, el atributo de la escasez remite a campos distintos dentro de las diferentes concepciones de ciudadana. Escasez de qu?, de derechos?, de igualdad?, de libertad?

Una de las nociones ms extendidas sobre la ciudadana es aquella que la define como un estatus de derecho, una condicin legal que indica la plena pertenencia de los individuos a una comunidad poltica particular (Bello, 2004; Mouffe, 1999: Marshall y Bottomore, 1998; Gordon, 2003). Tal concepcin se desarrolla dentro de la tradicin liberal y se articula alrededor del ncleo principal de los liberalismos: la libertad del individuo. Se trate del doctrinario o del igualitarista[1] por referir dos posibles extremos de un continuum que incluye muchas ms variantes el individuo y su libertad es el comienzo y el lmite de toda propuesta normativa sobre lo social, sea en lo econmico o en lo poltico. La ciudadana ha de responder a la libertad individual y de cierta manera asegurarla, garanta de la democracia.

Al definir la ciudadana como estatus pleno de derechos, el liberalismo ha debido enfrentar el tema de la igualdad como condicin de esa plenitud. El ms comprometido con el individualismo ha entendido que igualdad y libertad no guardan una relacin sustantiva (Von Hayek, 2009; Nozick, 1974), mientras que el igualitarista ha puesto lmites a la libertad en funcin de la igualdad de todos, siempre que el empeo igualitario no amenace las libertades individuales y pblicas (Rawls, 2010; Dworkin, 2012). Pero incluso en sus diferencias, la solucin liberal predominante ha sido la siguiente: se establece la igualdad formal entre los miembros del cuerpo poltico, pero se desdibuja con mayor o menor denuedo, segn del liberalismo de que se trate la existencia de sociedades profundamente estratificadas y desiguales econmica, poltica, culturalmente.

La libertad formal abanderada por esta tradicin presume ciudadanos libres e iguales, a quienes ha de respetrsele su vida privada; dentro de esta se encuentra la eventual posesin de propiedades que facultan la reproduccin de su vida y la de los suyos, la acumulacin de capital, etc. Ser a esta igualdad formal, que confiere estatus de ciudadana, la que habr referido Zoila cuando se calific como ciudadana? No lo parece, pues remiti a realizaciones especficas de derechos, como el de la educacin. Pero, aun as, tena sentido incorporar a su argumento el asunto del dinero para hablar de la ciudadana? La respuesta liberal sera negativa, pues ello pertenece al mbito de lo privado y no tiene relacin sustantiva con el estatus de ciudadanos, que se encuentra ms ac y ms all del lugar que ocupen en la estructura socioclasista.

El respeto irrestricto a la vida privada ha definido la libertad defendida por el liberalismo como principalmente negativa, siguiendo la distincin sumamente cuestionada entre derechos de libertad negativa y de libertad positiva propugnada por Isaiah Berlin (1969, 1980).[2] Segn ese enfoque, la negativa se codifica como de no interferencia; por tanto, ninguna poltica en torno a la igualdad aunque asegure la plena pertenencia de los individuos a sus comunidades polticas podra basarse en la interferencia de terceros el Estado u otros grupos[3] sobre el individuo, sus derechos y su mbito privado, puesto que sera ilegtima y antidemocrtica.

Dentro del espacio privado protegido por tal concepcin se encuentra, como he dicho, la propiedad; pero su ubicacin all no es un gesto polticamente neutro. Qu es la propiedad? Para esa pregunta tampoco hay una sola respuesta. En el siglo xviii, Sir William Blackstone la defini como el dominio exclusivo y desptico que un hombre exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo, con exclusin total de cualquier otro individuo en el universo. Hasta ese momento, la privada sin alguna regulacin pblica no calificaba en el conjunto de las formas de propiedad, pero en lo sucesivo ganara fuerza hasta convertirse en una de las banderas del liberalismo y, en general, en el nico modo de definirla. De acuerdo con la definicin liberal, los propietarios tienen un derecho individual de dominio exclusivo sobre sus bienes; ello resguarda su uso, transferencia y alineacin, as como la exclusin de los que no sean los propietarios. Con todo, la propiedad pertenece al mbito de lo privado y no poltico, por tanto, no puede ser interferida. Siendo as, el derecho de propiedad no es prerrogativa o requisito de la ciudadana (Bertomeu, 2005a), y los derechos polticos pueden coexistir con una distribucin inequitativa de bienes dicho esto con matices, segn se trate de liberales igualitarios o no.

Llegados a este punto, la asociacin que hiciera Zoila entre sus derechos ciudadanos y su precariedad econmica sera un desvaro, una mezcla infecunda de dos asuntos que no guardan relacin condicionante. Algo similar podra decirse de la respuesta de Yosniel, no pertinente para hablar de ciudadana: ella, como cuestin poltica que confiere estatus, est garantizada independientemente de su sudor por su trabajo.

Aunque usual en los anlisis acadmicos y polticos, la anterior es solo una de las concepciones de ciudadana y propiedad, dialogante con la democracia especficamente liberal. El mayor contendiente del liberalismo[4] ha sido la tradicin republicana. A ella pertenecieron en el espectro de los cursos oligrquicos y democrticos del republicanismo Aristteles, la izquierda de la Revolucin francesa, Marx, Jos Mart y un largo etctera.[5] El republicanismo ha disputado el molde de nuestros Estados latinoamericanos desde las independencias hasta nuestros das y se ha asentado, de facto, en nuestro orden poltico-institucional.[6] El examen de los procesos en su devenir an est pendiente para la Academia de la regin, mucho ms prolija en el anlisis del espectro liberal que ha capitalizado, a su favor, contenidos que no le pertenecen. El debate entre ambas tradiciones puede aportar luces para leer de manera ms informada las realizaciones de la ciudadana en contextos especficos.

Para la tradicin republicana, tal categora es multidimensional: puede fungir, simultneamente, como concepto legal asociado a un estatus de derecho, como ideal poltico igualitario y como prctica poltica. En esa medida, implica una relacin de pertenencia con una determinada politeia (o comunidad poltica), una relacin asegurada en trminos jurdicos, y una forma de participacin activa en los asuntos pblicos (Velasco, 2006). Esta ltima cuestin es vital. A diferencia del liberalismo, para los republicanos es la ciudadana y no la libertad el ncleo principal de la poltica; pero ella supone una participacin en la elaboracin, implementacin y control de las reglas que la comunidad poltica se da a s misma para su funcionamiento democrtico.[7] Entonces, quienes estn sujetos a la ley tambin deberan ser sus autores (Benhabib, 2005: 154).

Lo anterior no le vuelve el rostro a la igualdad formal o de estatus jurdico de la ciudadana. Ella, como not Marx, expresa un nivel poltico de la realidad del mundo moderno. Stuart Hall lo enunci con claridad: Si eres una mujer negra que est intentando asegurar derechos de ciudadana desde la oficina local del Departamento de Seguridad Nacional [] las definiciones legales formales son profundamente importantes (2010: 559). Lo mismo podra decirse de los migrantes cubanos varados en la frontera de los Estados Unidos al eliminarse la poltica pies secos/pies mojados, cuando no fueron acogidos como sus antecesores. El estatus formal, entonces, importa. Sin embargo, no agota republicanamente el campo de la ciudadana que, si se define solo desde ah, obnubila las dimensiones y las desigualdades que excluyen a parte de los ciudadanos en beneficio de otros. Un estatus formal de derechos no garantiza la igualdad cuando, de hecho, operan exclusiones en los mbitos de la economa y de la poltica.

Pero la libertad tambin es importante para la tradicin republicana, aunque ella no implica ausencia de interferencia, sino de dominacin (Pettit, 1999); es un concepto disposicional: se es libre cuando no se est bajo la mano o la potestad de nadie, cuando no se depende de otros para conservar la existencia porque se cuenta con las bases materiales que aseguran independencia (Bertomeu y Domnech, 2005b);[8] cuando nadie podra hgalo de hecho, o no interferir a su arbitrio en los planes de vida propios (Domnech, 2000). Ser la ausencia de ese mbito de autonoma el que notaba Zoila y que le hizo referir, frente a una pregunta sobre ciudadana, yo lo que no tengo es dinero? Ser la ausencia de libertad, en el sentido republicano de autonoma, lo que se encuentra entre lneas en su respuesta?

La consecuencia poltica ms trascendental de ese enfoque de la ciudadana es que l inviste a los poderes pblicos de potestad para intervenir, no arbitrariamente segn criterios poltico-institucionales en mbitos que el liberalismo califica como privados, como el de la propiedad. Es decir, si individuos o colectivos coartan la independencia del resto de los ciudadanos e impiden la construccin colectiva del bien comn, los poderes pblicos podran intervenir en el mbito de su propiedad a fin de garantizar la autonoma de los otros, solo as ciudadanos. Ese presupuesto es el que habilita al Estado, por ejemplo, a emprender reformas agrarias, nacionalizar el subsuelo o desmonopolizar la economa. Por tanto, la visin republicana sobre la propiedad no va contra ella, sino a favor de su democratizacin, y de la medida en que permita la ampliacin de la ciudadana. Con todo, se declara la incompatibilidad entre desregulacin de los derechos de propiedad y la pertenencia plena y universal a una comunidad poltica; y ello se hace en el entendido de que el derecho de propiedad de unos y la falta de esta en otros reduce la libertad poltica (Bertomeu, 2004). A ello, por cierto, tambin se refiri Zoila en la entrevista: la poltica debera servir para vivir mejor.

Si partimos de esas concepciones de ciudadana y propiedad debemos aceptar que la plena pertenencia a una comunidad poltica depende de condiciones materiales que implican, de hecho, la exclusin o la inclusin de la ciudadana. Sin embargo, su realizacin no debe entenderse como el escenario ideal de un mundo de pequeos productores libres asociados, donde solo el trabajo propio asegura la autonoma y la independencia necesarias para completarla. La autonoma que defiendo aqu condicionada por y condicionante de la pertenencia a la comunidad poltica se refiere tanto a la renta percibida como a las relaciones productivas que la generan. La existencia digna, la autonoma, es entonces una lucha por los elementos para la reproduccin de la vida, que se libra en diferentes espacios sociales y se realiza all donde se disputan las condiciones de la existencia: sindicatos eficientes en bien de los trabajadores, canales de denuncia y viabilizacin de demandas al Estado, polticas pblicas y regulaciones institucionales democrticas remiten, entonces, a la ampliacin de la ciudadana porque habilitan a quienes trabajan con sus manos, a negociar en mejores condiciones sus mundos de vida. Lo contrario inhabilita el despliegue del potencial poltico, porque la gente de la calle que tiene que sudar trabajando, no tiene tiempo para eso, nos haba dicho Yosniel.

Con todo, interesa dejar sentado que el acceso o no a condiciones materiales que garanticen la existencia determina la exclusin real de derechos: si la ciudadana establece una radical igualdad formal entre los miembros del cuerpo poltico, para realizarla plenamente un ciudadano debera ser un individuo econmica y polticamente tan autnomo como cualquiera de sus pares; y no podra ser objeto de discriminacin alguna (Andrenacci, 2001). Zoila y Yosniel nos haban adelantado esa sentencia: si Zoila represent la necesidad de interrelacin entre la ciudadana y la propiedad, Yosniel inform el resultado de su desconexin.

Ampliar la ciudadana: redistribucin o reconocimiento?

Hasta este momento he evadido un problema que tambin concierne al anlisis de la ciudadana: Zoila es una mujer, y, recordemos, trabajadora por cuenta propia (especficamente, vendedora de zapatos). Qu de nuevo puede aportar ese dato a ese anlisis? Con l llamo la atencin sobre otro debate relevante: la exclusin de amplios grupos sociales del universo de la ciudadana a razn, no ya de su estatus socioeconmico, sino de su diferencia digamos, por ahora, cultural.

En la Cuba actual, del total de cuentapropistas que constituyen un poco ms de medio milln de personas, 32% son mujeres; o sea, se incorporan al sector privado de la economa en menor proporcin que los hombres; asimismo, la cualidad en que lo hacen tambin aporta diferencias: ellas registran un menor porcentaje de titularidad de los emprendimientos.

Las investigaciones sociolgicas comienzan a dar cuenta de las desigualdades de gnero en ese sector, a travs de indicadores de formas de acceso a l; relacin entre roles laborales y trabajo domstico y de cuidado; recursos a los que acceden; distribucin del tiempo de trabajo y del tiempo libre; ingresos que reciben y uso que les dan; tipo de actividades aprobadas (que responden ms, cuantitativamente, a oficios masculinos), etc.[9] Cuando se examinan los escaos del sistema poltico, se evidencia un dato interesante: en los niveles ms altos (provincial y nacional), mujeres y hombres aparecen representados paritariamente, lo cual responde a legtimas polticas afirmativas de equidad de gnero en dichos puestos; pero cuando se examinan los espacios locales de la poltica que es donde los representantes son electos directamente por la ciudadana se ve que las mujeres tienen muchsima menos presencia, lo que devela una franca brecha de desigualdad en el acceso a los canales de intervencin en el poder pblico (Guanche, 2010).

Lo dicho incorpora nuevas dimensiones. Los raseros a travs de los cuales se excluyen grupos sociales de las comunidades son de distinta ndole. La medida en que las situaciones de precariedad y dependencia material limitan la libertad poltica en el sentido republicano visto antes es solo una parte del problema, pues la dependencia y la subordinacin conforman y se sostienen en complejas geometras de la opresin, donde se entrecruzan dimensiones que interpretan y comunican cdigos culturales productores de asimetras en el acceso a la ciudadana (Fraser, 2006).

Si se acepta esa afirmacin, es debido considerar que la provisin igualitaria de derechos, aunque imprescindible, no es suficiente para evitar procesos de produccin de diferencias que condenan a sus portadores a ocupar ciudadanas restringidas no solo por prohibiciones civiles o desposesiones de recursos, sino por estigmas culturales que impiden su acceso, como personas libres e iguales, a las esferas civil y social. Son necesarias, adems, polticas de reconocimiento.

Al respecto, dos mbitos de discusin privilegiados han sido el gnero y la raza. Con largos recorridos polticos y tericos, sus anlisis definen las nuevas pautas de controversia sobre la ciudadana (Deere y Len, 2000). Ellos colocan en primer plano, ejes claves para el anlisis de la desigualdad, mecanismos y espacios de dominacin relegados en la reflexin acadmica hasta bien entrado el siglo xx, a pesar de que la exclusin de mujeres o grupos raciales y tnicos no fuera un problema contemporneo, como informa la historia.

En las puertas de la modernidad europea, por ejemplo, la exclusin de las mujeres, los pobres y los esclavos era la pauta para la conformacin de los criterios de pertenencia a una comunidad poltica nacional que ofreca derechos y asignaba estatus. Alrededor del particular, giraron tambin encarnadas discusiones durante la Revolucin francesa, en el seno de la cual grupos organizados de mujeres reclamaron para s la ciudadana mediante lo que algunas llamaron los derechos de la mujer y la ciudadana (Pisarello, 2012).[10] En lnea similar, en Amrica Latina las constituciones posindependentistas presumieron que las mujeres tenan una nacionalidad, pero no una ciudadana definida para el ejercicio de derechos polticos (Lavrin, 1994 citado en Deere y Len, 2002: 105); proclamaron la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pero definieron la ciudadana implcitamente como un dominio masculino, que otorgaba a los hombres derecho de administrar el patrimonio comn de la sociedad conyugal y la propiedad de la mujer previa al casamiento (Deere y Len, 2002). Ellas, por lo pronto, les deban obediencia y fidelidad.[11] De manera anloga, los pueblos y nacionalidades indgenas quedaron al margen de los derechos ciudadanos, y en muchas naciones latinoamericanas fueron sometidos a refinados procesos de administracin de poblaciones (Guerrero, 2000) o a distintos modos de segregacin racial por diferentes instancias sociales. Con todo, la ciudadana fue por largo tiempo y en algunos sentidos an lo es un privilegio para hombres con honra y fama (Barragn, 1999). Ser blanco, hombre, y tener propiedades as fuera la propia mujer e hijos (Fraser y Gordon, 1992) asignaba, de suyo, un estatus superior en el orden sociopoltico. Enfatizo que los gestos patriarcales y racistas han estructurado las desigualdades materiales, y viceversa, a travs de enmaraados mecanismos simblicos y reales a los que es debido atender.

Ni el liberalismo y el republicanismo han podido dar una respuesta firme al asunto de las diferencias. La prioridad que ambas tradiciones dan a la cuestin poltica aunque diferente entre ellas tiene la potestad de eclipsar los modos en que las pertenencias de otro signo se procesan dentro de las comunidades ciudadanas. Entre las soluciones contemporneas ms avezadas en torno a estos problemas, est aquella que plantea que las desigualdades se estructuran en doble registro: los grupos subordinados padecen tanto una mala distribucin como un reconocimiento errneo de su diferencia, de manera que ninguno de los dos planos de la exclusin es un efecto indirecto del otro. La explicacin de Nancy Fraser sobre el modo en que el gnero constituye una subordinacin bidimensional es reveladora:

El gnero no es una simple clase ni un mero grupo de estatus, sino una categora hbrida enraizada al mismo tiempo en la estructura econmica y en el orden de estatus de la sociedad. Desde el punto de vista distributivo, el gnero sirve de principio organizador bsico de la estructura econmica de la sociedad capitalista: [...] estructura la divisin fundamental entre trabajo retribuido, productivo, y trabajo no retribuido, reproductivo y domstico, asignando a las mujeres la responsabilidad primaria de este ltimo, y [...] estructura tambin la divisin, dentro del trabajo pagado, entre las ocupaciones de fabricacin y profesionales, de salarios altos y predominio masculino, y las ocupaciones de delantal y de servicio domstico, de salarios bajos y predominio femenino. El resultado es una estructura econmica que genera formas de injusticia distributiva, especficas de gnero, incluyendo la explotacin basada en el gnero, la marginacin econmica y la privacin. En este caso, el gnero aparece como una diferenciacin [...] que est enraizada en la estructura econmica de la sociedad. [Adems], el gnero [es] una diferenciacin de estatus: [...] codifica patrones culturales omnipresentes de interpretacin y evaluacin, que son fundamentales para el orden de estatus en su conjunto. En consecuencia, no solo las mujeres, sino todos los grupos de estatus inferior, corren el riesgo de la feminizacin y, por tanto de la depreciacin. As pues, una caracterstica importante de la injusticia de gnero es el androcentrismo: un patrn institucionalizado de valor cultural que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad, al tiempo que devala todo lo codificado femenino, paradigmticamente, pero no solo, las mujeres. [...] El gnero, en suma, [...] combina una dimensin similar a la de la clase social, que la sita en el mbito de la redistribucin, con una dimensin de estatus, que la incluye simultneamente en el mbito del reconocimiento. Queda abierta la cuestin de si las dos dimensiones tienen una ponderacin igual. No obstante, en todo caso, la reparacin de la injusticia de gnero exige cambiar tanto la estructura econmica como el orden de estatus de la sociedad. (Fraser, 2006).

Antes mencion que la propiedad como control de la propia vida confiere autonoma, y que esta ltima es el signo de la libertad que posibilita la pertenencia plena a las comunidades polticas. Ahora aado que el problema de la propiedad no es solo una cuestin econmica, sino que propietarios y no propietarios se constituyen en categoras tambin culturales, que delimitan el demos poltico que define la ciudadana.

Mejor no concluir

Este texto ha intentado afrontar un desafo acadmico-poltico especfico: la reflexin sobre la ciudadana a travs de algunos de sus debates alusivos a la libertad, la igualdad, la propiedad y la diversidad social. Part de una cuestin fundamental: la brecha entre la igualdad formal ofrecida por el estatus de ciudadanos y la desigualdad socioeconmico-cultural que reproduce la subordinacin de amplios grupos sociales, que no alcanzan la plena pertenencia a la comunidad poltica. El anlisis permiti recabar sobre algunos enunciados de importancia: la ciudadana remite, al mismo tiempo, a un estatus que confiere derechos, a un ideal igualitario y a una prctica; para realizarse a plenitud, un ciudadano debe ser tan autnomo poltica y econmicamente como cualquiera de sus pares. De lo contrario, la ciudadana se encuentra limitada y se coarta la posibilidad de procesar una poltica democrtica porque los actores sociales no se encuentran en condiciones equivalentes para participar del espacio pblico. Lo anterior limita la posibilidad de que las demandas sociales se traduzcan como polticas y tengan capacidad de incidencia; impide as la creacin y despliegue de espacios polticos para procesar las diferencias que provienen de las esferas de la economa, de la cultura y de la poltica misma.

Por qu la ciudadana y el pueblo comparten sitial ahora ms que antes en el discurso oficial cubano actual y cmo ello puede leerse en relacin con otras novedades de la retrica y de la poltica prctica? Tendr ello que ver con el nfasis en la institucionalidad del actual Presidente y con el anuncio de un nuevo momento constitucional? De qu signo es la poltica a que aspiran los nuevos repertorios polticos que incorporan a la ciudadana? El proceso podr viabilizar cursos ampliados de democracia y reconocer los condicionamientos entre poltica y propiedad, reproduccin de la vida y pertenencia poltica, el control sobre las propias condiciones de la existencia y la participacin en los destinos del bien comn? De qu modos democrticos podr el gobierno cubano intervenir no arbitrariamente en el campo de la propiedad en beneficio de los desposedos? Cmo construir sinergias Estado-sociedad civil para asumir el reto mayor de la equidad racial y de gnero como lugaresdonde se reproduce la subordinacin y se limita el despliegue de la poltica? Los ciudadanos a los que se dirige el discurso oficial cubano son los que deben participar en la elaboracin de la ley que regular sus vidas, o se refiere solo a un estatus formal de derecho? Cmo pensar puertas adentro las ciudadanas cubanas como prctica poltica allende las fronteras de la Isla?

Es probable que en esas preguntas haya algo de razn para emprender bsquedas sistemticas que permitan escudriar los intrngulis del poder en un pas que cambia sin prisa, pero sin pausa. Junto a ellas, las ideas comentadas hasta aqu podran aportar nuevas pistas de provecho para la sociedad cubana. Finalmente, podr Zoila re-conocer su ciudadana tambin en posibilidades ampliadas para reproducir su vida? Y Yosniel? Podr encontrar tiempo para interesarse por la poltica?

Notas:

[1]. El liberalismo doctrinario alude al surgimiento de la tradicin liberal, a finales del xviii e inicios del xix. Entre sus postulados est que el Estado debe mostrarse lo menos intervencionista posible; lo cual retom luego la escuela libertariana encabezada por Robert Nozick (1974). La tradicin del liberalismo doctrinario aboga por cierta forma de Estado mnimo cuyas funciones velen por la seguridad de los ciudadanos y garanticen el mantenimiento de la propiedad privada. Recientemente, filsofos como Philippe van Parijs (1995) han manifestado la necesidad de alumbrar esquemas tico-polticos que superen las debilidades de los viejos cuerpos jurdicos de cuo liberal-doctrinario que, comprometidos exclusivamente con la causa de la garanta de la isonoma (igualdad ante la ley), se haban desentendido de la suerte de los individuos en el mundo gobernado por dicha ley (Casassas, 2010). Por otra parte, liberalismo igualitarista o social apunta a la corriente liberal liderada por John Rawls o Ronald Dworkin, preocupados por la justicia y el pluralismo.

[2]. Para una crtica informada de la distincin entre libertades negativas y positivas ver Alegre Zahonero et al. (2012), Ferrajoli (1999, 2001), Bertomeu (2005a), Pisarello (2012), Holmes y Sunstein (1999)

[3]. Por ello buena parte de las concepciones liberales abogan por un Estado neutral, que no interviene en las concepciones de vida buena de los individuos que integran la comunidad poltica que l delimita.

[4]. La voz liberalismo se us por primera vez en 1812 en las Cortes de Cdiz; antes no era calificable como liberal ningn contenido poltico.

[5]. Para una referencia exhaustiva de la tradicin republicana consultar la obra de Antoni Domnech; y, como heurstico para acercarse el tema, vase Guanche, 2012.

[6]. Luego de las independencias, el molde de los Estados fue el republicano, dentro de los cuales contendi la tradicin oligrquica y la democrtica del republicanismo. Esa pugna se expresa, por ejemplo, en la consignacin del voto censitario y, a la vez, en la facultad otorgada a los Estados para expropiar propiedades a criterio del bien comn. Ambos son contenidos republicanos; el liberalismo defendera como lo hizo la universalizacin formal de la ciudadana y de los derechos polticos al voto, y disputara como tambin lo hizo la capacidad del Estado para intervenir en la propiedad de terceros a criterio del bien comn.

[7]. La idea de que el ncleo de la ciudadana viene dado por la posibilidad y capacidad para elaborar polticamente la vida propia en relaciones de conciudadana se remonta al menos hasta Aristteles: Un ciudadano en sentido estricto se define por ningn otro rasgo mejor que por participar en las funciones judiciales y en el gobierno (Aristteles, 2005). Elaboraciones contemporneas de esas ideas estn en Arendt (2005) y Viroli (2001, 2004).

[8]. La interferencia no arbitraria carece de inters poltico para el republicanismo, pues ella no disminuye en nada la libertad, sino que la protege y la aumenta. Por tanto, cuando el Estado interviene positivamente, a travs de polticas pblicas o cualquier otro mecanismo que asegure la independencia personal de sus ciudadanos, no se considera interferencia, en la medida en que debe estar regulado institucionalmente, y no moralmente. Esas interferencias no son intromisiones en la libertad de los individuos (Domnech, 2000)

[9]. Eso no es exclusivo del sector por cuenta propia; en los mbitos rurales, por ejemplo, mientras 46% de la poblacin y 32% de las personas en edad laboral son mujeres, solo 10% de ellas han sido adjudicatarias de tierras en usufructo para el trabajo agrcola y ganadero.

[10]. Como han argumentado las tericas feministas, el dominio pblico de la ciudadana moderna se bas en la negacin de la participacin de las mujeres. La distincin pblico/privado, fundamental en la afirmacin de la libertad individual, condujo a la identificacin de lo privado con lo domstico y desempe un papel importante en la subordinacin de las mujeres (Mouffe, 1999).

[11]. En los cdigos civiles latinoamericanos figuraban: 1) una capacidad jurdica femenina limitada por la potestad marital; 2) la representacin masculina del hogar; 3) la administracin por el esposo del patrimonio comn de la sociedad conyugal y de la propiedad individual de la mujer al momento de casarse; 4) el derecho del esposo de restringir el empleo de su esposa fuera del hogar y de controlar sus ingresos; 5) el derecho del esposo de determinar la residencia de la pareja; 6) el requerimiento de que las esposas prometan obediencia y fidelidad a sus esposos; y 7) la autoridad del padre sobre los hijos y sus propiedades (patria potestad) (Deere y Len, 2002).

 

Bibliografa

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Ailynn Torres Santana es investigadora social cubana y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.

Fuente: http://www.temas.cult.cu/articulo/1961/los-costos-de-la-vida-repensar-la-ciudadan-para-los-ciudadanos



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