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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-09-2017

Comentario de la proposicin de ley del referndum de autodeterminacin
Gabinete de engendros del Dr. Caligari

Ramn Campderrich Bravo
mientras tanto


El objeto de la presente nota es hacer un somero comentario del documento denominado Proposici de llei del referndum dautodeterminaci, presentado para su tramitacin por el grupo parlamentario Junts per s en el parlamento autonmico cataln. El texto que se comenta sin el menor nimo de exhaustividad ni nfulas literarias en estas lneas es el correspondiente a mediados de agosto, por lo que no se puede descartar que en el momento de la publicacin de esta nota dicho texto haya sufrido modificaciones o, incluso, haya sido aprobado con la misma o diferente formulacin. Ms concretamente, me centrar, sobre todo, en las principales supuestas razones, jurdicas y tico-polticas, invocadas en el texto para justificar la realizacin de un referndum unilateral y 'vinculante' de independencia, as como la eventual posterior proclamacin unilateral de independencia de Catalua. Esas supuestas razones se exponen en una escueta exposicin de motivos de apenas tres pginas. Muchas de las cosas que se dirn a continuacin pueden parecer obvias, pero, a veces, resulta necesario recordar lo obvio.

1. Razones predominantemente jurdicas

Razones vinculadas al derecho internacional

El punto que ocupa ms espacio en la exposicin de motivos para justificar el texto normativo subsiguiente es la libre determinacin de los pueblos, tambin denominada en ocasiones libre autodeterminacin de los pueblos, interpretada como inclusiva de un derecho a la secesin o separacin constitutiva de un nuevo estado independiente sujeto de derecho internacional. Con este fin se alude a los Pactos de Derechos Civiles y Polticos y sobre Derechos Econmicos, Sociales y Culturales concertados en el marco de la O.N.U. en 1966, ambos suscritos por Espaa, el artculo 1.2 de la Carta de N.U. y ciertos misteriosos dictmenes recientes del Tribunal Internacional de Justicia (O.N.U.), que no se especifican. Rebatir estas proclamas es muy simple.

La interpretacin de los textos mencionados no depende, como es lgico, de lo que sobre ellos afirmen los diputados de un parlamento regional, el cual, por descontado, carece de toda relevancia jurdico-internacional. Depende de los gobiernos de los estados y de las organizaciones internacionales sujetos de derecho internacional, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales y de la posicin dominante en la doctrina iusternacionalista. Y al respecto existe un consenso a la hora de afirmar que el derecho a la libre determinacin o autodeterminacin de los pueblos no incluye un derecho a la secesin o separacin de una parte del territorio de un estado ya existente para constituir un nuevo estado, entre otras cosas porque el principio del respeto de la soberana de los estados y de su integridad territorial son tambin principios bsicos consagrados en la Carta de N.U., en la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia y en la costumbre internacional [1]. La base de esta negativa a reconocer un hipottico derecho a la secesin o separacin tiene su razn de ser: su reconocimiento introducira an mayor caos en la ya de por s catica sociedad internacional de estados.

En efecto, el derecho a la libre determinacin de los pueblos entendido como derecho a constituir un nuevo estado slo ha sido atribuido por el derecho internacional a los pueblos sometidos a dominacin colonial respecto de sus metrpolis coloniales, y Catalua jams ha sido reconocida por nadie como territorio colonial ni rene, desde luego, los requisitos para serlo [2]. De hecho, tampoco a los pueblos coloniales, al atriburseles el derecho a constituir un nuevo estado, se les reconoci un derecho a la secesin o separacin de un estado matriz por la sencilla razn de que el derecho internacional no considera (ni, por lo dems, la inmensa mayora de los derechos internos de las potencias coloniales lo hicieron) que el territorio sometido a dominacin colonial sea territorio integrado en el territorio del estado metropolitano. De ah que se tendiera a defender la intangibilidad de las demarcaciones de los territorios coloniales existentes antes de la independencia de los mismos y se condenasen los intentos de las potencias coloniales de dividir unilateralmente esos territorios o de fomentar secesiones recin proclamada la independencia formal (por ejemplo, secesin de Katanga en 1960).

Ms all de la cuestin de los territorios y pueblos sometidos a dominacin colonial, el derecho a la libre determinacin de los pueblos tambin se predica de los pueblos ya constituidos en estados, las minoras, los pueblos indgenas y los pueblos que viven en el territorio de un estado ocupado militarmente por otro estado. Ninguno de estos supuestos puede servir para justificar un derecho a la secesin o separacin para constituir un nuevo estado:

a) El derecho a la libre determinacin de los pueblos ya constituidos en estados implica un derecho a establecer su sistema poltico, socioeconmico y su organizacin poltico-territorial sin interferencias externas, y, en lo que nos concierne, este derecho est atribuido en exclusiva desde la perspectiva del derecho internacional al pueblo espaol, en el cual quedan comprendidos, desde esa misma perspectiva, todos los nacionales espaoles residentes en Catalua.

b) Las minoras, en cuanto tales, no tienen atribuidos en realidad derechos por el derecho internacional, sino que son cada uno de sus miembros los que son titulares de derechos de ejercicio individual o colectivo. Entre esos derechos enumerados precisamente en los Pactos de derechos del mbito de la O.N.U. tramposamente invocados en la exposicin de motivos se encuentran derechos formulados en trminos negativos todos los que suponen prohibicin de discriminacin o trato desigual y derechos formulados en trminos positivos respeto de sus singularidades culturales; ni siquiera un derecho, como tal, a la autonoma poltica, pero no aparece por ningn lado un derecho a la constitucin de un nuevo estado. Es evidente que, desde un punto de vista jurdico-poltico, los derechos de las minoras nacionales son respetados por el estado espaol: los catalanes no padecen, por ahora, discriminacin respecto al resto de sus conciudadanos espaoles y el considerado por los propios nacionalistas catalanistas principal rasgo cultural de la catalanidad, el idioma cataln, est protegido y promovido en Catalua hasta el punto de tener un estatus privilegiado en esa regin respecto al idioma oficial comn, el espaol o castellano, y ser la exclusiva lengua vehicular en la enseanza no superior, con la consiguiente intolerable discriminacin de la poblacin castellanohablante [3]. Ms an: la organizacin poltico-territorial del estado espaol confiere un amplsimo mbito de autonoma jurdico-poltica a Catalua, lo que excede con creces las exigencias del derecho internacional.

c) En cuanto a los pueblos indgenas, cuyos derechos han sido tomados ltimamente en consideracin por el derecho internacional con una amplitud algo mayor que los derechos de las minoras (en mbito regional americano), no creo que sea necesario extenderse lo ms mnimo. No es posible calificar a los catalanes de pueblo indgena. Los pueblos indgenas son pueblos de cultura originariamente no occidental y formas de vida premodernas hasta tiempos relativamente recientes o, incluso, todava hoy. En concreto, son tales los pueblos organizados en bandas o aldeas de cazadores y recolectores y los pueblos amerindios. Nada que ver, por consiguiente, con los catalanes. En cualquier caso, tampoco cuentan los indgenas con un derecho jurdico-internacional a la secesin o separacin constitutiva de un nuevo estado, lo que, por lo dems, carece de todo sentido para la inmensa mayora de ellos.

d) Tampoco los catalanes son un pueblo ocupado militarmente desde el punto de vista jurdico-internacional (ni desde cualquier otro punto de vista). Los pueblos ocupados militarmente son pueblos ya constituidos en estados cuyo territorio, en parte o en su totalidad, es ocupado por una potencia extranjera (ejemplo tpico: la ocupacin de Irak por Estados Unidos y sus aliados en 2003). Por supuesto, aqu no estamos ante ningn derecho a constituir un nuevo estado, sino ante la obligacin de la potencia ocupante de restablecer el status quo anterior a la ocupacin, esto es, la independencia del estado ocupado o la reintegracin del territorio ocupado al estado de pertenencia. De ah que, por ejemplo, las acciones de Rusia encaminadas a anexionarse Crimea o a promover un estado ttere en el este de Ucrania sean contrarios al derecho internacional.

Razones vinculadas al derecho interno espaol

En la exposicin de motivos aparecen asociadas a las relativas al derecho internacional o a las de carcter tico-poltico, pero, an as, cabe su distincin a efectos analticos de las anteriores. Son tan fantasiosas como las vinculadas al derecho internacional.

En primer lugar, se alude a los artculos 96 (els tractats internacionals formen part del seu ordinament intern [del ordenamiento jurdico espaol]) y 10.2 (les normes relatives als drets fonamentals i les llibertats pbliques sinterpretaran dacord amb els tractats internacionals aplicables en aquesta matria) de la Constitucin espaola vigente, que, mientras no exista un estado cataln independiente miembro de pleno derecho de la sociedad internacional, rige tambin, obviamente, en el territorio de la comunidad autnoma de Catalua. Aparte de que los textos jurdicos no deben ser interpretados aisladamente sino en combinacin con los dems del mismo nivel jerrquico, como cualquier jurista sabe, lo que significa que no es admisible escoger slo los preceptos constitucionales o jurdico-internacionales que interesan y olvidarse de todos los restantes, ya se ha visto que los tratados internacionales invocados en la exposicin de motivos no cubren un imaginario derecho a la secesin o separacin constitutiva de un nuevo estado y su correspondiente 'subderecho' a celebrar un referndum unilateral de independencia vinculante. Visto esto, es una prdida de tiempo dedicar ms palabras a esta cuestin de traer a colacin los artculos 96 y 10.2 de la Constitucin de 1978. Tngase presente, por otro lado, que el reconocimiento de un derecho a la secesin o separacin es sumamente excepcional en derecho constitucional comparado, incluso en relacin con los estados federales. Los casos ms conocidos son las repblicas 'socialistas' o de 'democracia popular' de la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia, en cuyo contexto resultaba fcil hacerlo, pues se trataba, en la prctica, de regmenes de partido nico cuyos fundadores confiaban en que la unicidad de la cspide del aparato del partido garantizara que ese pretendido derecho jams fuera ejercido [4]. Por descontado el derecho constitucional espaol no contempla un derecho a la secesin semejante.

En segundo lugar, se alude a la ruptura del pacte constitucional espanyol de 1978 que representa lanul.laci parcial i la completa desnaturalitzaci de lEstatut dAutonomia de Catalunya de lany 2006 [] mitjanant la Sentncia 31/ 2010 del Tribunal Constitucional. Como argumento jurdico-constitucional, ste es un argumento infumable, errneo a ms no poder, quizs debido a que los redactores de la exposicin de motivos no han superado an las ideas del pactismo medieval. La Constitucin espaola de 1978, como todas las constituciones del constitucionalismo espaol desde la de Cdiz de 1812, no se presenta jurdicamente como el resultado de un pacto entre diversos entes territoriales o pueblos jurdico-polticamente diferenciados preexistentes que dan lugar a un nuevo estado antes inexistente o a una nueva constitucin, como parece presuponer la frase transcrita ms arriba y como sera el caso (y slo hasta cierto punto), por ejemplo, de la Constitucin de los Estados Unidos, sino como el producto de la voluntad soberana del pueblo espaol (en el cual se incluyeron a los catalanes) [5]. Polticamente, la Constitucin de 1978 fue el producto de los acuerdos entre los diversos partidos polticos y elites poltico-sociales que protagonizaron la vida poltica de la transicin, organizaciones o grupos sociales que no cabe identificar con pueblos o territorios con entidades poltico-jurdicas propias y autnomas, desde luego [6].

2. Razones predominantemente polticas

Sin descartar las posibles conexiones que estas razones tengan con el mundo jurdico, son tres, a mi juicio, las fundamentales que se expresan en la exposicin de motivos.

Para empezar, tenemos que en la exposicin de motivos se llega a sugerir, sin el menor rubor, que los catalanes sufren hoy por hoy una opresin especfica por el hecho de ser catalanes. Esta idea es la que los redactores de dicha exposicin parecen querer inducir en la mente del lector de la misma cuando se dice laprovaci daquesta Llei s la mxima expressi, doncs, del mandat democrtic de les eleccions del 27 de setembre de 2015 en qu, en la decisi que pren el Parlament de Catalunya de culminar el procs amb la convocatria del referndum dautodeterminaci, hi conflueixen la legitimitat histrica i la tradici jurdica i institucional del poble catal noms interrompuda al llarg dels segles per la fora de les armes, amb el dret dautodeterminaci dels pobles consagrat per la legislaci i la jurisprudncia internacionals i els principis de sobirania i respecte pels drets humans, com a base de tot lordinament jurdic y, ms adelante, cuando se dice aquesta Llei representa la resposta democrtica a la frustraci generada [sobre el carcter falaz de esta afirmacin, vase nota 6] pel darrer intent promogut per una majoria molt mplia daquest Parlament [me imagino que se refiere a la aprobacin de la reforma del Estatuto autonmico de 2006] per garantir al poble de Catalunya el ple reconeixement, la representaci i participaci en la vida poltica, econmica i cultural del lEstat espanyol sense cap tipus de discriminaci. Frente a la primera cita, aparte de lo que se indicar en cuanto a la legitimitat histrica, cabe contraponer la constatacin de que desde hace dcadas los catalanes no estn sometidos a opresin especfica alguna por su procedencia geogrfica por parte del estado espaol, ni ste los discrimina, poseen un amplio rgimen de autonoma poltica, que puede ser mejorado en el futuro en el marco de la actual constitucin espaola [7] o de una nueva constitucin reformada, y tienen instrumentos sobrados para desarrollar libremente su catalanidad cultural, si as lo desean pues slo faltara que los pobladores de Catalua estuvisemos obligados a ello, queramos o no.

Tambin cabe constatar, en contra de lo que quizs pueda sugerir el texto comentado, que la dictadura franquista termin en los aos setenta y que los actos de fuerza a los que probablemente se refiere el texto se ejercieron sobre instituciones medievales de tipo europeo-continental que poco o nada tienen que ver con las ideas de democracia y pueblo contemporneas (la revuelta de los aos cuarenta y cincuenta del siglo XVII contra Felipe IV, ms social que poltico-institucional, y la Guerra de Sucesin, que no guerra de secesin, a principios del siglo XVIII), contra ejrcitos y facciones polticas que buscaban la restauracin del Antiguo Rgimen en toda Espaa (guerras carlistas en el siglo XIX) o contra la mayora de los espaoles por igual (Guerra Civil, en cuya gnesis y desarrollo el separatismo cataln jug un papel muy reducido, en contra de lo que parte de la propaganda de los golpistas facciosos pudiera hacer pensar). Frente a la segunda cita, e insistiendo en lo que se acaba de sealar, es sencillamente una aberracin y un insulto a las poblaciones en verdad oprimidas por sus rasgos singulares o su origen pretender que el estado espaol viola los derechos humanos de los catalanes o los somete a una opresin especfica. En mi modesta opinin, basta comparar la situacin actual de los catalanes con la de los sudafricanos negros en los aos del apartheid, la de los kurdos en Turqua o en el Irak de Saddam Hussein o la de los palestinos, para no darle ms vueltas al asunto.

Significa todo lo dicho hasta ahora que los catalanes no sufren opresin ni violaciones de sus derechos humanos, en particular, los llamados sociales? Claro que no: slo que la opresin que padecen es la misma que la que padecen el resto de espaoles, por no decir la que sufren el resto de los habitantes de los pases mediterrneos de la Unin Europea, como consecuencia de las polticas neoliberales todava en boga, polticas, por cierto, de las que han sido entusiastas no slo los sucesivos gobiernos centrales espaoles, la Unin Europea y las instituciones intergubernamentales econmico-financieras, sino tambin los gobiernos convergentes de la Generalitat de Catalua. Y, de hecho, todos sabemos que hay comunidades autnomas espaolas que han padecido y padecen las consecuencias sociales de esas polticas en un grado mayor que Catalua.

La 'estrategia de la tensin' aparentemente seguida por los independentistas unilateralistas para intentar generar una hasta hoy ausente opresin especfica en Catalua colocando al gobierno central en la alternativa de tener que optar entre claudicar ante todas sus exigencias o recurrir a instrumentos de coercin institucional cada vez ms intensos es una inmoral combinacin de arrogancia chovinista y oportunismo poltico que bordea la locura y el fanatismo.

Otra razn, o, mejor dicho, pseudorazn, alegada en la exposicin de motivos es la ya citada legitimidad histrica. Aqu probablemente asoma las orejas la componente romntico-conservadora del nacionalismo independentista inspirador de la proposicin de ley. Se trata de la mana de utilizar la historia, debidamente falseada o tergiversada, para justificar determinados planteamientos polticos, como si el hecho de que en un pasado remoto, por lo general medieval, existieran ciertas instituciones jurdico-polticas idealizadas por las corrientes historiogrficas nacionalistas, las cuales lograron subsistir a duras penas durante los primeros dos siglos de la modernidad en continua degradacin progresiva, pudiera ser una fuente de legitimidad razonable de secesiones, independencias o anexiones [8]. La historia ha de ser crtica y desmitificadora, no un instrumento para erigir mitos nuevos. El objetivo primordial del historiador y, por extensin, del intelectual, ha de ser la bsqueda de la verdad, una utopa ciertamente inalcanzable, pero que debe guiar su hacer por encima de cualquier otra consideracin. Quien sacrifica ese ideal en aras de otras consideraciones para fomentar un uso bastardo de la historia, no creo que merezca ejercer de historiador.

Finalmente, se habla en la exposicin de motivos analizada, como hemos visto, de un mandat democrtic sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015 para realizar un referndum unilateral y 'vinculante' de independencia y para, a la vista de su resultado, llevar a cabo una proclamacin unilateral de independencia. Los redactores de la exposicin de motivos no pueden ser ms desvergonzados en este punto. Las elecciones del 27 de septiembre fueron unas elecciones autonmicas, nada ms, y por eso su convocatoria no dio lugar a ninguna medida coercitiva estatal o impugnacin ante los tribunales. Fueron llamadas por los partidos independentistas unilateralistas unas elecciones plebiscitarias, concepto absurdo y de resonancias muy poco democrticas (en efecto: las dictaduras suelen preferir hablar de plebiscitos en vez de referndums). En todo caso, se supone que en los plebiscitos, interpretada la palabra con tal vez indebida flexibilidad como equivalente a referndum democrtico, lo que cuentan son los votos que se dividen entre dos nicas alternativas posibles, no el nmero de diputados que en las elecciones consigue cada uno de los muchos partidos polticos que concurren a las elecciones. De todos modos, teniendo en cuenta que los partidos no independentistas fueron ms votados que los que s lo eran declaradamente, no consigo ver por ningn lado dnde est el susodicho mandato democrtico.

En definitiva, da la impresin de que la nica justificacin detrs de la Proposici de llei del referndum dautodeterminaci, al menos si nos limitamos al anlisis de su exposicin de motivos, es un puro voluntarismo o decisionismo ciego, muy neo-schmittiano, emanado de emociones 'existenciales' de pertenencia patritica o tnico-cultural (y, por consiguiente, esencialmente irracional). Un tipo de posicionamiento poltico que slo trajo desgracias en el pasado siglo XX.

*

Si bien la intencin de este escrito ha sido centrarse en el estudio de la exposicin de motivos del documento titulado Proposici de llei de referndum dautodeterminaci, quisiera tambin incluir en l algunos comentarios sobre los aspectos del texto articulado que me parecen ms criticables:

1.- Siendo la ley propuesta, en cuanto se apruebe la proposicin, nula de pleno derecho (ni siquiera llega a la categora de anulable), careciendo el gobierno autonmico, muy probablemente, de los medios adecuados para llevar adelante un referndum de independencia que no sea una mera sombra de uno de verdad y no habiendo en absoluto consenso en la sociedad catalana acerca de la conveniencia y legitimidad de la realizacin de un referndum unilateral de independencia 'vinculante', con posterior declaracin unilateral de independencia, no merece la pena dedicar tiempo a la regulacin pormenorizada del proceso de convocatoria, organizacin, celebracin y determinacin del resultado del referndum contenida en el texto articulado un calco, en lneas generales, de la legislacin espaola, la cual, adems, se declara de aplicacin supletoria: el referndum no ofrecer garantas y ser antidemocrtico. Son varios los indicios aadidos que apuntan en esta direccin:

a) El gobierno y los partidos independentistas han sido, son y sern juez y parte en todo el proceso: son ellos quienes han apostado por el unilateralismo divisivo de la sociedad catalana y han demostrado en todo momento que el nico resultado que les vale es el favorable a la independencia unilateral; durante todos estos ltimos aos han dejado claro con su actitud y acciones que su meta es conceder nicamente valor a un referndum que arroje un resultado favorable a la independencia. En ese sentido, el referndum unilateral es para ellos la figura ideal pues su unilateralidad es un chantaje para los votantes catalanes no catalanistas (e, incluso, para muchos de los que lo son), ya que implica participar no slo en un referndum ilegal, sino ilegtimo, entre otras razones, por haber sido diseado atendiendo slo a los intereses y valores del radicalismo independentista (como, de hecho, prueba el militante lenguaje empleado en la exposicin de motivos y en parte del texto articulado). La referencia a la participacin de observadores internacionales que se hace en el artculo 15.1 traiciona una cierta inseguridad respecto al carcter democrtico y las garantas del proceso electoral de quienes lo pretenden montar, pues un referndum de cuyas democraticidad y garantas no se duda, no necesita observadores internacionales [9].

b) En el artculo 11.2 se seala que les formacions poltiques amb representaci parlamentria tenen dret a utilitzar el 70% dels espais informatius pblics gratuts en els mitjans de comunicaci de titularitat pblica []. El 30% restant es reparteix entre les organitzacions interessades acreditades dacord amb el nombre de signatures presentades. No es preciso ser muy avispado para hacerse una idea de en qu organizaciones estn pensando los redactores y promotores del texto analizado: el entramado de entidades catalanistas que giran en torno a los partidos independentistas y que, como es de dominio pblico, alimenta con sus subvenciones la Generalitat de Catalua. Esa reserva de espacio de publicidad electoral a ese tipo de entidades beneficia descaradamente a la propaganda independentista.

c) El artculo 4.4 establece que si en el recompte dels vots vlidament emesos nhi ha ms dafirmatius que de negatius, el resultat implica la independncia de Catalunya. A aquest efecte, el Parlament de Catalunya, dins dels dos dies segents a la proclamaci dels resultats oficials per la Sindicatura Electoral, celebrar una sessi ordinria per efectuar una declaraci formal de la independncia de Catalunya, concretar els seus efectes i iniciar el procs constituent. Pocas veces quien suscribe esta nota ha ledo textos jurdicos recientes tan disparatados como el acabado de transcribir. En primer lugar, no se establece un mnimo de participacin ni se exige una mayora cualificada de los electores para considerar aprobada por el 'pueblo' la propuesta de independencia, como es usual en derecho comparado y como convendra a una sociedad carente de un amplio consenso sobre el tema. Segn lo que propugnan las entidades independentistas, la independencia debe ser proclamada, con independencia, valga la redundancia, del nmero de electores participantes en el referndum (ilegal y sin garantas de una adecuada organizacin). As, si, pongamos por caso, participa tan slo el 20% del censo electoral, y hay ms votos a favor que en contra (lo que vendr asegurado por el hecho de que slo los independentistas convencidos o los despistados acudirn a semejante cita electoral [10]), se deber entender que concurre un fundamento suficientemente slido para proclamar la independencia. En verdad, risible y, desde luego, muy poco democrtico, a mi entender. En segundo lugar, no se entiende la extraordinaria prisa por proclamar la independencia unilateral y poner en marcha el proceso constituyente del nuevo 'estado'. Tanta prisa es ms bien una seal de imposicin autoritaria (y fantasa desbocada), ms que de racionalidad democrtica.

d) No se debe olvidar que la pretensin de los independentistas unilateralistas en el momento de escribirse estas lneas es tramitar la proposicin por un nuevo e indito, en el derecho parlamentario espaol posterior al franquismo, procedimiento de urgencia extraordinario, aceleradsimo y sin apenas posibilidad de debate contradictorio ni posibilidad de presentacin de enmiendas, el cual fue aprobado para la ocasin el pasado mes de julio por los partidos independentistas y ha sido impugnado desde diversas instancias ante el Tribunal Constitucional (que lo ha suspendido). Algo as como un procedimiento militar sumarsimo de urgencia, pero en el mbito parlamentario. Est claro que la tramitacin de la proposicin de ley de referndum a travs de este procedimiento no milita precisamente a favor del carcter democrtico y de las garantas del proceso en cuestin.

e) Por ltimo, importa hacer notar que la formulacin de la pregunta del referndum, incluida en el artculo 4.2 (Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de repblica?) se debe en exclusiva a una decisin extraparlamentaria de los partidos y entidades independentistas que estos pretenden imponer al resto mediante el recurso al procedimiento de urgencia extraordinario acabado de mencionar. Lo mismo se puede decir de la fecha de celebracin del referndum: el 1 de octubre de 2017 (artculo 9.1), fecha fijada y hecha pblica de antemano por el gobierno autonmico, al margen de toda negociacin parlamentaria. Todo lo cual tambin es indicativo de la falta de democraticidad y de garantas de todo este precocinado proceso de referndum.

2.- Si nos ceimos a la literalidad de la proposicin de ley comentada, sta, una vez aprobada, podra colocar al ciudadano en una posicin difcil e injusta. El articulado de la proposicin de ley prev la imposicin de sanciones administrativas a quienes hayan sido designados para formar parte de las mesas electorales y no hagan acto de presencia, puesto que tendran la obligacin de integrarlas y desempear las tareas correspondientes a los miembros de una mesa electoral, salvo alegacin de causas documentalmente justificadas aceptada por la sindicatura electoral de demarcaci (interpretacin conjunta de los artculos 23.5, 31.1, 31.3 y 31.4). Pero, como ya se ha dicho antes y vuelvo a reiterar ahora, la ley de referndum propuesta y la realizacin misma del referndum previsto en ella, as como, por tanto, todos sus actos preparatorios, son nulos de pleno derecho (ni siquiera anulables, pues estn privados de la ms mnima apariencia de validez jurdica). En consecuencia, participar en ellos es colaborar en la realizacin de un acto antijurdico, que en el caso de personas que asuman cierta responsabilidad en su materializacin, podra dar lugar a sanciones conforme a la legislacin estatal. Puesto que esta vez, siempre cindonos al texto de la proposicin de ley, se pretende que los miembros de las mesas electorales sean designados por sorteo de entre quienes figuren en el censo electoral en lugar de acudir a voluntarios o empleados pblicos, se coloca a la totalidad de la ciudadana en la tesitura potencial de tener que participar en la organizacin de un acto ilegal, por temor a ser sancionado por la administracin autonmica. Por supuesto, estas sanciones seran tan nulas de pleno derecho como todo lo dems en este fantasmagrico referndum y podran ser recurridas con xito ante los tribunales, y las entidades privadas colaboradoras en los procesos de ejecucin administrativa deberan negarse a colaborar, pero la amenaza de ser sancionado est ah, sin que ningn ciudadano, visto el comportamiento hasta la fecha de los cargos pblicos y lderes polticos autonmicos, pueda descartar que la sindicatura electoral de demarcaci competente tenga la ocurrencia de decidir sancionarle por no asistir a la convocatoria para ser vocal o presidente de mesa electoral (ilcita jurdicamente). La consecuencia de estas previsiones de la proposicin de ley ser aumentar la inseguridad jurdica asociada a la poltica normativa duplicativa de la Generalitat de Catalua, pero, en este caso, no slo para los empleados pblicos, sino tambin para los ciudadanos, en general, o, al menos, para aquellos desprovistos del gen patritico catalanista que no estn dispuestos a sacrificarse por la Nacin irredenta.

3.- El texto articulado de la Proposici de llei del referndum dautodeterminaci contiene otra formulacin disparatada desde el punto de vista jurdico: se encuentra en la disposicin final primera. En esta disposicin se afirma que les normes de dret local, autonmic i estatal vigents a Catalunya en el moment daprovaci daquesta Llei es continuen aplicant en tot all que no la contravinguin (lase tambin en este mismo sentido la disposicin adicional). Dicho con otras palabras: se declara la ley comentada norma jurdica suprema del ordenamiento jurdico cataln, lo que ser un completo sinsentido jurdico en el instante de su aprobacin y refuerza la calificacin de esta simple ley autonmica, si se aprueba, como nula de pleno derecho por manifiestamente inconstitucional y antiestatutaria. A un nivel ms simblico-poltico, esta previsin y la declaracin hecha en el artculo 2 (el poble de Catalunya s un subjecte poltic sobir i, com a tal, exerceix el dret a decidir lliurement i democrticament la seva condici poltica [11]) implican que la aprobacin de la Proposici de llei de referndum dautodeterminaci constituye ya una implcita declaracin unilateral de independencia (contraria a derecho), por lo que, conforme al texto de la ley de referndum misma, en el referndum no se decidir nada por vez primera, sino que se ratificar o rechazar una decisin previamente adoptada. Aunque, en realidad, toda esta especulacin no tiene mayor importancia a efectos prcticos, por lo que en seguida se dir.

4.- Para concluir esta nota, conviene recordar la obviedad de que la aprobacin de la ley del referndum de autodeterminacin, la realizacin del referndum unilateral de independencia y la declaracin unilateral de independencia no suponen por s solas la constitucin de un nuevo estado independiente ni pasan de ser un ejercicio de fantasa jurdico-poltica. Como hemos visto, el derecho a la secesin o separacin constitutiva de un nuevo estado no es un derecho respaldado por el derecho internacional ni por el derecho del estado espaol, que es el nico titular jurdico-internacional de la competencia para atribuirlo. Naturalmente, es un hecho, sin embargo, que en la historia de la sociedad internacional se producen fragmentaciones del territorio estatal que, con el paso del tiempo, crean nuevos estados considerados miembros de pleno derecho de esa sociedad. Ahora bien, la creacin de esos nuevos estados depende del denominado principio de efectividad el nuevo estado en formacin ha de ser capaz de controlar de facto un territorio y la poblacin en l asentada y el estado del cual se separa ha de perder ese control y su operatividad jurdica, poltica y econmica es casi imposible sin el reconocimiento jurdico-poltico de un nmero significativo de estados, ya sea unilateral ese reconocimiento o a travs de una organizacin internacional de la cual se es miembro. No parece que una Generalitat que proclamase unilateralmente la independencia en octubre de 2017 est en condiciones de satisfacer el principio de efectividad o de conseguir algn reconocimiento internacional significativo en muchsimo tiempo [12].

Notas

[1] Entre la infinidad de citas posibles, se escoge la siguiente: [] todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un pas es incompatible con los propsitos y principios de la Carta de Naciones Unidas (Resolucin 1514 (XV) de la Asamblea General de N.U.).

[2] Los territorios coloniales o no autnomos (por emplear el eufemismo de la Carta) son aquellos cuyos pueblos no han alcanzado la plenitud de gobierno propio, sino que se hallan en situacin de subordinacin o dependencia respecto a la potencia administradora, de la que estn separados geogrficamente, y respecto de la cual existen diferencias esenciales en la organizacin administrativa, poltica, jurdica y econmica, as como en el desarrollo histrico de cada pueblo. [Gonzlez Campos, J., Snchez Rodrguez, L.L., Andrs Senz de Santamara, P., Curso de derecho internacional pblico, Civitas-Thomson, Cizur Menor, 2008, pg. 887, que parafrasea la Resolucin 1541 (XV) de la Asamblea General de N.U.].

[3] Por lo dems, la poblacin catalana no es en absoluto homognea. Incluso entre sus pobladores de nacionalidad espaola y vecindad civil catalana existe un grupo tanto o ms numeroso identificable por el mismo rasgo cultural que tanto les gusta subrayar a los nacionalistas catalanistas: el grupo de los hispanohablantes o castellanohablantes. Por tanto, la 'minora' de la que estamos hablando aqu no se identifica con los pobladores de Catalua, sino nicamente con una parte de ellos, ya que, como seala Juan-Ramn Capella, en Catalua conviven varias naciones culturales.

[4] En cualquier caso, ese derecho a la secesin slo se poda ejercer vlidamente siguiendo los procedimientos jurdicos establecidos con ese objeto por la Federacin.

[5] En la frmula de algunas constituciones del siglo XIX, el producto de la voluntad conjunta de las Cortes (el pueblo espaol) y el rey.

[6] En cuanto a la referencia especfica al Estatuto de 2006 no puede ser ms engaosa. Habr que recordar que los redactores del Estatuto no podan dar al Estatuto el redactado que les diese la gana, pues deban respetar en su redaccin la Constitucin de 1978 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Habr que recordar, sobre todo, que la poblacin catalana 'pasaba' bastante del dichoso Estatuto hasta que el mundo nacionalista catalanista decidi convertirlo en uno de los componentes centrales de su propaganda victimista, como prueba el hecho de que slo un 48,85% de los electores participaron en el referndum de ratificacin del proyecto de reforma del Estatuto y slo algo ms de un tercio 36,1% del censo electoral vot a favor del mismo?

[7] Consltese Muoz Machado, S., Vieja y nueva Constitucin, Crtica, Barcelona, 2016, pp. 161 y ss.

[8] Las anexiones son parte del programa poltico a largo plazo de algunas corrientes catalanistas: remito al lector a la ideologa de los Pasos Catalans. Una plasmacin grfica de esa ideologa irredentista-expansionista es el cartel propagandstico para el 1-O de pretendida inspiracin leninista hecho pblico por la CUP estos das. El cartel se centra en un mapa que incluye, adems de Catalua, el este de Aragn, Roselln, la Comunidad Valenciana y las Baleares (no me he fijado si tambin han puesto en el mapa lAlguer, El Carxe y Andorra).

[9] Hasta el momento, la Generalitat y los partidos y organizaciones independentistas han cosechado slo fracasos en su bsqueda de observadores internacionales independientes acreditados ante las organizaciones intergubernamentales con competencias en ese mbito. Desesperados, intentaron hacer pasar una organizacin montada por ellos por un observador internacional a efectos de su registro en la O.N.U. Lgicamente, la O.N.U. no se digno siquiera a estudiar la peticin una vez comprobada la dependencia gubernamental del ꞌobservadorꞌ (caso 'Diplocat', cfr. El Pas, 7 de julio de 2017, edicin electrnica).

[10]Salvo que agrupaciones de partidos como CSQEP/ECP se armen un lo monumental y animen a la gente a participar en el acto inventndose alguna categora imaginativa para designarlo de un modo distinto a como lo hacen los independentistas.

[11] La retrica de la soberana popular o nacional es, en realidad, una mala y obsoleta retrica, a pesar de su uso comn en el mbito jurdico interno e internacional y filosfico-poltico. Y esto es as porque, entre otras razones y no obstante los intentos producidos en este ltimo medio siglo por introducir cierto grado de flexibilidad en el manejo y la conceptualizacin de la idea de la soberana para adaptarla a las transformaciones jurdico-polticas y econmicas experimentadas en los ltimos tiempos, sigue siendo inherente a esa idea la imposibilidad de que en un mismo territorio haya dos soberanos superpuestos: soberano es el sujeto que ostenta, por definicin y por etimologa, el poder supremo y, por tanto, por encima de l, no puede existir ningn otro poder, de tal manera que no comparte el poder con ningn otro sujeto ms que en la medida en que consiente en ello. En consecuencia, en el territorio de Catalua slo puede existir un sujeto soberano: o el 'pueblo espaol', del que forman parte sus ciudadanos catalanes, o el 'pueblo cataln'. Es obvio que la lgica del todo o nada propia de la retrica de la soberana puede ser una amenaza, al menos en sociedades cultural y polticamente complejas, para la convivencia colectiva pacfica. Quizs sera ya hora de prescindir de la retrica de la soberana y de ingeniar otra distinta, compatible con la democratizacin de las sociedades humanas en un mundo muy diferente al de las revoluciones liberales y socialistas de los siglos XVIII a XX.

[12] Vase al respecto en esta misma revista: Gordillo, J.L., Las sirenas y los referndums unilaterales no existen, n 159.

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-160/notas/gabinete-de-engendros-del-dr-caligari

 



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