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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-09-2017

Cuando la excepcin es la norma

Pablo Scatizza
La Izquierda Diario


El estado de excepcin es una figura legal que legitima el vaco legal. O, como ha sealado Giorgio Agamben, es el momento del derecho en el que se suspende el derecho, justamente para garantizar su continuidad. Y es en ese momento de suspensin del derecho en que se instaura un orden jurdico de facto, hasta tanto ese estado excepcional finalice. Es cierto que Agamben, y antes que l Carl Schmitt, pensaron al estado de excepcin mirando a Europa -especialmente la Alemania de entreguerras-, y lo hicieron dndole un sentido fuerte, donde el estado de Derecho quedaba totalmente suspendido. Sin embargo, es posible usar esa nocin para indagar en otros procesos histricos en los cuales, si no todos, al menos determinados derechos y garantas constitucionales son suspendidas, y quien detenta en ese momento el poder estatal adquiere legalmente la potestad de decidir arbitrariamente sobre el destino de la ciudadana. Un uso ms bien moderado del concepto, que nos permitira preguntarnos acerca de momentos histricos propios de nuestro pas.

En efecto, la Constitucin Nacional argentina contempla la posibilidad de instauracin de un estado de excepcin moderado (o regulado), a travs de la figura del estado de sitio, el cual estara justificado cuando una supuesta o real amenaza atente contra el orden establecido. En ese momento, cualquier persona, por ejemplo, podra ser arrestada sin causa y segn criterio de las fuerzas de seguridad, se suspende el derecho de reunin, se limita la libertad de expresin y de circulacin, etc. El ltimo antecedente que se registra en el pas de una situacin as fue cuando el entonces presidente Fernando De La Ra declar el estado de sitio, el 19 de diciembre de 2001 a travs del Decreto 1678.

Pero no siempre es necesario un decreto presidencial o una ley del Congreso para que se instituya un estado de excepcin. Tambin es posible pensar su implementacin de manera gradual y progresiva, a partir de una sucesin de medidas polticas tendientes a suspender determinados rdenes legales, y mediante la sancin de una legislacin cada vez ms represiva. Un ejemplo histrico de ello es demostrado con precisin por Marina Franco en -entre otros trabajos- Un enemigo para la nacin (FCE, 2012), cuando analiza la escalada represiva que comienza con el derrocamiento de Pern en 1955 y cristaliza en la ltima dictadura, como la constitucin de un estado de excepcin que se fue extendiendo y haciendo permanente en el tiempo (con la excepcin del gobierno de Arturo Illia y los primeros meses del peronismo en 1973), mediante no slo la aplicacin de una normativa de emergencia, sino tambin con una serie de instrumentos jurdicos que ampliaron los mecanismos persecutorios y limitaron sustancialmente las libertades individuales y polticas de la ciudadana.

Tomando como parmetro ese anlisis histrico, me pregunto si es posible analizar desde esa perspectiva la escalada represiva que protagoniza el actual gobierno nacional sobre determinados sectores de la sociedad, tratando de poner de relieve: 1) los diferentes instrumentos jurdicos que se fueron elaborando en los ltimos aos con el objetivo de incrementar la persecucin y criminalizacin de ciertas formas (subversivas?) de oposicin; 2) la construccin de un relato tendiente a conformar y/o consolidar un enemigo a combatir; 3) las acciones represivas concretas desplegadas sobre este enemigo. Mi hiptesis es que en los ltimos aos estamos conviviendo con la constitucin progresiva de un estado de excepcin, con el principal objetivo de combatir, eliminar y controlar toda forma de protesta poltica y social que ponga en riesgo los patrones de acumulacin de capital y generacin de renta financiera. Y que es posible rastrear ciertos grados de continuidad en este proceso a partir de 2011, por lo menos, as como un significativo incremento en la actual gestin de gobierno.

Una aclaracin para lectores/as distrados/as: no estoy sugiriendo con esto que estemos en una dictadura, ni nada por el estilo. El gobierno actual, como el anterior, fueron elegidos por medio del voto, se mantuvo vigente la Constitucin Nacional y, al menos formalmente, el estado de Derecho en su conjunto. Ello no es menor. Lo que trato de aportar con esta reflexin es la posibilidad de pensar que no hace falta un gobierno dictatorial, ni un golpe de Estado, para que determinadas dinmicas represivas que hoy son puestas en funcionamiento contengan en su lgica ciertos y evidentes elementos de continuidad con las que dominaron en los setentas (sin que ello implique que son lo mismo, vuelvo a subrayar), y que un nmero cada vez mayor de derechos civiles sean puestos en jaque, cuando no negados y reprimidos.

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Por qu sugiero pensar esta situacin desde 2011? Porque el 14 de octubre de ese ao el Poder Ejecutivo Nacional envi al Congreso un nuevo proyecto de ley "antiterrorista", con el cual se ampli considerablemente el campo de criminalizacin de la protesta social, ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada de 2007 que tipificaba los delitos de "asociacin ilcita terrorista" y "financiacin del terrorismo". Si bien es posible verificar acciones represivas por parte de los estados nacional y provinciales desde 2001 hasta ese entonces -a pesar de que el gobierno de Nstor Kirchner impuls en sus primeros aos polticas destinadas a no reprimir protestas sociales-, y se registraron 21 muertos por represin a la protesta social entre 2002 y 2012 segn informe de la Correpi, la sancin de una nueva ley antiterrorista a fines de 2011 puede significarse como una decisin deliberada del gobierno nacional por cambiar drsticamente la lgica con la que se piensa la protesta social y la manera de tratar con ella. Desde aquel entonces -y el nombramiento de Sergio Berni en 2012 al frente del Ministerio de Seguridad no resulta fortuito- la represin de la protesta social comenz su ascenso. El propio Berni se jactara, luego, de haber desalojado 2500 piquetes en cuatro aos. Los brutales desalojos represivos por parte de Gendarmera Nacional contra trabajadores y trabajadoras que expresaban su derecho a la protesta sobre la autopista Panamericana (Lear, Choferes de la Lnea 60, etc.) son una muestra clara de ello.

Desde 2016 y ya bajo la gestin de Mauricio Macri, la implementacin de medidas represivas de hecho y de derecho no han hecho ms que consolidar un estado en el que la excepcin se ha ido convirtiendo cada vez ms en regla. Veamos algunos hitos que pueden ayudar a argumentar esta afirmacin.

A poco de asumir, fue declarada la Emergencia en Seguridad Pblica en todo el pas, que si bien su fundamento apunta a combatir el narcotrfico, en su redaccin se tipifica como delito complejo (el cual se apunta a combatir incluso con la intervencin de las Fuerzas Armadas) a la financiacin del terrorismo (art1 inc. h), lo cual en el contexto actual no debiera pasarse por alto. Esta ambigedad, por decirlo de alguna manera, se desprende tambin del inciso d) del mismo artculo, en el que se sindica como delito complejo a perseguir a aquellos cometidos por asociaciones ilcitas organizadas para cometer delitos por fines polticos o raciales. Al igual que el anterior, slo basta que un juez diga que una organizacin social o poltica que cortan una ruta son una asociacin ilcita que est cometiendo el delito de interrumpir el trnsito, para que se pueda aplicar esta ley.

Esta poltica de Estado que impuls el gobierno de Cambiemos junto al relato de combatir el narcotrfico, fue acompaada por otras medidas que obligan a sospechar, al menos, que tras ese objetivo explcito lo que se pretende es incrementar -an ms- el control social y la persecucin de los sectores ms empobrecidos del territorio, que para el actual modelo de acumulacin son siempre potenciales actores conflictivos. Qu medidas? Entre otras, con el traspaso de buena parte la Polica Federal desde la rbita del gobierno nacional al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en enero de 2016, lo cual, entre otras cosas, multiplica el nmero de efectivos policiales en la ciudad, as como el aval del TSJ de la Ciudad de Buenos Aires para que las fuerzas policiales puedan detener personas arbitrariamente para identificar o averiguar antecedentes (ver Boletn Informativo N. 775 de la Correpi).

Por otro lado, en febrero de 2016, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich present el Protocolo de actuacin de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones pblicas, cuya letra pone en un plano de superioridad al derecho a la libre circulacin que al de la protesta (ergo, por sobre al derecho a la libertad de expresin, que adems de ser inconstitucional es el fundamento sustancial de todo orden democrtico); y, tanto o ms preocupante que ello, que no prohbe de manera explcita el uso de balas de goma o de fuego para disolver una movilizacin.

En noviembre de 2016, el Congreso nacional aprob la Ley 27.319 -cuyo proyecto fue presentado por el Ejecutivo- con la cual se crearon las figuras de agente encubierto, agente revelador e informante, con el argumento de contribuir a la investigacin y resolucin de los delitos complejos. Con esta norma, y ms all del motivo explcito del gobierno -la excusa del narcotrfico sigue siendo el caballito de batalla, sin dudas- el personal policial y de las fuerzas de seguridad quedan habilitados para infiltrar organizaciones sociales y polticas contestatarias, haciendo de la excepcin -una vez ms- la norma.

Por ltimo -aunque se podran dar ms ejemplos- es imposible eludir lo que ha sucedido en los ltimos meses en torno a la persecucin de ciertas agrupaciones mapuche y la cuestin territorial, sea por motivos ligados al petrleo (Vaca Muerta) o proteccin de intereses privados (Benetton, Lewis, etc). Bastante y profundo se ha escrito en los ltimos das al respecto por lo cual -y por cuestin de espacio- no voy a profundizar en detalles. S me interesa destacar, como elemento sustancial de este proceso de constitucin de un estado de excepcin, la construccin -parafraseando nuevamente a Marina Franco- de un nuevo enemigo para la nacin. Construccin discursiva emanada desde el propio gobierno nacional, mediante una aceitada articulacin con los medios de comunicacin hegemnicos de todo el pas.

No hay guerra sin enemigo, y el gobierno necesita construir uno para justificarla. Las organizaciones sociales y polticas opositoras y contestatarias han sido siempre un sector a combatir por los poderes de turno, o cuanto menos a controlar y mantener a raya. Y desde hace un tiempo hasta esta parte, algunas de ellas se han vuelto una amenaza cada vez ms real a ciertos intereses fundamentales para el modelo poltico y econmico a proteger: tierras y petrleo. Lo que nos obliga a volver y mirar la Ley Antiterrorista de 2011, su par chilena y los intereses internacionales en juego.

El pueblo Mapuche, de un lado y del otro de la cordillera, viene reclamando por sus tierras, por el respeto a su cultura y sus derechos como pueblo originario desde hace muchos aos. No es nuevo. Sin embargo, algunos sectores se han ido radicalizando -ocupando tierras, impidiendo el paso de empresas a los pozos petroleros, etc-, volvindose con ello en una amenaza real para el modelo de acumulacin actual. Ello explica el discurso oficial -multiplicado hasta el cansancio por periodistas estrella, redes sociales y grandes medios de comunicacin- del mapuche terrorista y chileno, que desde el gobierno se promueve combatir y eliminar. En ese relato, el mapuche es extranjero, violento y justifica el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, negando y desconociendo tratados y acuerdos internacionales que tiene nuestro pas, as como la propia Constitucin Nacional.

Acciones que suspenden el derecho, y hacen de la excepcin un hecho.

Mapuches terroristas y chilenos. Cualquier semejanza con la subversin marxista y aptrida no es pura coincidencia. Por eso quiz sea oportuno recordar que en octubre de 1975, el gobierno de Isabel sancion los denominados decretos de aniquilamiento para, precisamente, aniquilar el accionar subversivo. Normas que se convirtieron en la herramienta legal de las Fuerzas Armadas para intervenir en materia de seguridad interior, e incrementar la represin que ya vena en aumento.

Hoy no estamos en 1975. Y no soy de los que creen que la historia se repite, salvo como farsa (K. Marx dixit). Aunque s estoy convencido que es posible observar elementos de continuidad en el tiempo, ms all de las nuevas formas que van adquiriendo en funcin de su propia historicidad. Como dije, no pretendo sugerir que el gobierno actual sea dictatorial, ni mucho menos. Sin embargo, ello no implica que un estado de excepcin no pueda ir configurndose gradualmente, y cada vez ms derechos quedan suspendidos y al arbitrio del poder.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Cuando-la-excepcion-es-la-norma

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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