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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-09-2017

La Justicia investiga al Poder Ejecutivo y a la Gendarmera por supuesto encubrimiento
El costo de negar la desaparicin de Maldonado

Irina Hauser
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Ante una denuncia de la Liga por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay, el fiscal Federico Delgado resolvi investigar a funcionarios del Gobierno y la Gendarmera. Pidi que el Ejecutivo informe las medidas que tom para encontrar al joven


Los 35 das que el Gobierno se mantuvo empecinado en desligar a la Gendarmera de la desaparicin de Santiago Maldonado, en descartar la participacin del Ministerio de Seguridad en la persecucin a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y poner en duda la presencia del joven en el territorio empiezan a traerle costos. En Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado impuls la apertura de una investigacin para determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Gendarmera encubrieron el hecho. Como medidas esenciales, pidi que el jefe de Gabinete, Marcos Pea, informe de manera urgente todas las acciones que despleg el Estado para encontrar a Maldonado y requiri copia del expediente que tramita en el juzgado federal de Esquel. Por lo pronto, el resultado de la interpelacin del martes ltimo al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durn, dej en evidencia a Pablo Noceti, el jefe de gabinete de la cartera que conduce Patricia Bullrich, al describir que no estuvo por la zona simplemente de paso como sostuvo ella, sino que dise el operativo contra los mapuches del 1 de agosto, en el que desapareci Santiago, y lo coordin en una reunin el da previo con otros funcionarios. l mismo lo haba dicho en una radio local, donde agreg que fue dispuesto por la ministro. Adems lo declararon testigos y lo dice un informe de la propia Gendarmera.

Delgado bas su dictamen en una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay que adverta que las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparicin con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaa de desinformacin, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicacin social. La presentacin apuntaba a Mauricio Macri, Pea, Bullrich, Noceti, el ministro de Justicia, Germn Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmera Nacional, Gerardo Otero, y los comandantes de esa fuerza relacionados con los procedimientos contra la comunidad mapuche. Describa una combinacin entre un pacto de silencio entre los gendarmes que participaron en el despliegue violento, que niegan haber apresado a Santiago, y una ristra de expresiones de encubrimiento proveniente de las autoridades negando que se trate de una desaparicin forzada de persona y generando una campaa de desinformacin con pistas falsas (como la historia del ataque al puestero Evaristo Jones el 21 de julio, cuyo cuchillo al final no tena ADN de Santiago), magnificadas por algunos medios de comunicacin. Adems del encubrimiento, los denunciantes plantean los delitos de violacin de deberes de funcionario pblico y abuso de autoridad.

El otro punto central de la denuncia adverta que el Gobierno no dio una respuesta satisfactoria a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dict una medida cautelar para que el Estado busque a Maldonado, ni al Comit contra la Desaparicin Forzada de Naciones Unidas. La explicacin que envi el Estado argentino a esos rganos internacionales de mxima importancia en la custodia de los derechos humanos apunt a justificar a la Gendarmera, cuyos argumentos reprodujo, como record el martes en una conferencia de prensa junto con la familia de Maldonado, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastn Chillier. Presentaron el operativo en el que fueron perseguidos los miembros de la comunidad que estn en un territorio que Benetton se atribuye como un procedimiento legal que se hizo bajo rdenes del juez federal Guido Otranto. Sin embargo, las rdenes del juez eran del 31 de julio y pretendan que se despejara la ruta 40; todo lo que vino despus de liberado el camino, o sea la cacera a los mapuches en el territorio en medio de la cual desapareci Santiago, corri por cuenta de la Gendarmera como respuesta a piedrazos. Fue un allanamiento ilegal, seal Chillier. Cuando la fiscala de Silvina vila y el juzgado de Otranto pidieron la nmina de los gendarmes que llevaron adelante el operativo, la fuerza tard diez das en responder. Primero envi siete nombres. Luego result que eran ms de un centenar.

As es el cambio

Si se llegara a investigar seriamente el posible encubrimiento de la desaparicin, seguramente ser un dato relevante el cambio de posicin que tuvo el Gobierno anteayer, despus de que declararon bajo juramento cuatro miembros de la comunidad mapuche, uno de los cuales describi en detalle que al joven artesano lo atraparon tres gendarmes cuando hua de la persecucin y lo subieron a una camioneta. Hasta ahora los testimonios con igual contundencia haban sido ofrecidos en anonimato, por temor a represalias. Finalmente, Matas Santana acept declarar bajo juramento, y esto podra dar pie a otros testimonios de aqu en ms.

En los primeros das, Bullrich se neg a dar explicaciones ante la Comisin de Derechos Humanos de la Cmara de Diputados, pero finalmente debi acceder. En sus apariciones pblicas neg una y otra vez que se trate de una desaparicin forzada. Est cada vez ms claro que no es una desaparicin forzada, sostuvo mientras la investigacin iba exactamente en sentido inverso, y hasta se la caratul de ese modo. No voy a tirar un gendarme por la ventana, no hay testimonios que responsabilicen a Gendarmera, fueron otras de sus frases. Responsabiliz a los mapuches, los acus de no colaborar y de ser violentos. Tambin el secretario Avruj defendi a la Gendarmera la semana pasada y dijo que no haba pruebas, pero ayer viaj a entrevistarse con el juez Otranto y ofrecer ayuda. Quiz el menos contundente en la defensa propia haya sido Garavano. Y Macri la respald a Bullrich incluso despus de que la familia de Santiago pidiera su renuncia.

Ahora que el tema se convirti en tpico internacional y que los focus group demuestran que la mayor parte de la sociedad est preocupada, adems de la contundencia de los ltimos testigos, el Gobierno empez a cambiar la actitud y mostrarse en accin, por ejemplo ordenando un rastrillaje con Polica Federal y Prefectura.

El fiscal Delgado le pidi al juez Rodolfo Canicoba Corral que abra una causa y le ordene a Pea un informe urgente sobre todas las medidas que se adoptaron desde el Estado para hallar a Santiago. Tambin quiere disponer de una copia del expediente a cargo de Otranto para determinar el papel que tuvieron las fuerzas de seguridad, en el caso y en la investigacin, y luego avanzar sobre los funcionarios.

Ordenes de arriba

Un informe de la propia Gendarmera que est incorporado a la causa revela dos datos sustanciales: que la fuerza no film todo el operativo de los das 31 de julio y 1 de agosto alegando falta de medios tcnicos; que el da 31 hubo una reunin de coordinacin en Bariloche con Noceti, el jefe de gabinete de Seguridad. En ese encuentro se mencionaba la presencia del ministro de gobierno de Chubut, Pablo Durn, que por esa razn fue interpelado en la Legislatura provincial. Era una reunin para planificar la ofensiva contra la comunidad mapuche y en particular la Lof de Cushamen, que estaba en la mira por sus protestas en reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala. Frente a las preguntas de los legisladores, Durn confirm la reunin con Noceti el da previo a la desaparicin de Maldonado, en la que se planific el operativo junto con los ministros de Seguridad y jefes policiales de Chubut y Ro Negro, los jefes de escuadrones de ambas provincias, ms funcionarios de la Prefectura y la Polica de Seguridad Aeroportuaria. Durn slo procur defender a la polica provincial. El presidente del bloque del FpV, Javier Tourian, le pregunt qu haca Noceti al da siguiente en el lugar de los hechos. No le puedo contestar, no soy abogado de Noceti, fue la respuesta.

La presencia del funcionario de Seguridad en el territorio fue sealada por dos testigos en la causa. No estaba de paso por ah, como haba dicho la ministra Bullrich. Pea segua negando el papel de Noceti hasta ayer mismo en el Senado. Pero el funcionario haba hablado por s mismo ya en medios locales. El 2 de agosto, describi con pelos y seales a Radio Nacional de Esquel la reunin de coordinacin previa al operativo. Hemos decidido armar un sistema de coordinacin con las fuerzas federales y provinciales para detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que produzcan delitos, anunci. Van a ser detenidos y judicializados remat. Es un tema que fue dispuesto por la ministro.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/61300-el-costo-de-negar-la-desaparicion-de-maldonado



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