Portada :: Argentina
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-09-2017

Un plan sistemtico para desaparecer a los pueblos originarios

Daro Aranda
La Izquierda Diario

Desalojos y represin como poltica de Estado contra los pueblos originarios. La disputa por los territorios y el extractivismo. Senadores cierran filas contra pueblos indgenas y dejan caer una ley clave.


Violencia contra indgenas en Misiones. Amenazas de muerte en comunidades de Jujuy. Presiones a guaranes en Corrientes. Represin a mapuches en la Patagonia. Es el contexto de la situacin de los pueblos originarios de Argentina, con un agravante: oficialismo y oposicin coinciden en dejar caer una ley clave (26.160) que frena los desalojos indgenas.

Pareciera que la Campaa del Desierto contina con otros rostros, pero con los mismos objetivos; las cras del general Roca continan marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios a los pueblos indgenas, denunci Adolfo Prez Esquivel, premio Nobel de la Paz.

Facundo Jones Huala (mapuche de Chubut) y Agustn Santilln (wich de Formosa) continan presos de forma arbitraria.

Casos testigos

La comunidad Chapa, de la localidad misionera de San Ignacio, sufre desde el 28 de julio la avanzada conjunta del Municipio y de privados, que pretenden quedarse con su territorio. Con topadoras arrasaron su monte nativo y viviendas.

Estoy muy preocupada por la comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la Municipalidad. Abrieron caminos y echaron rboles nativos, nuestra medicina natural. Derribaron rboles frutales. Nos doli a todos porque los chicos vieron cmo tiraban rboles de naranja, limones, palta y otras plantas que todos los aos nos daban frutos, denunci Itat Brizuela, integrante de la comunidad Chapa, que explic que detrs del despojo estn las inmobiliarias de la zona.

De las 180 hectreas que reivindica la comunidad, la Municipalidad planea dejarle slo trece. A cambio les promete servicios esenciales: agua potable, energa elctrica y viviendas.

La comunidad lo denunci y fren la avanzada. Pero el 6 de septiembre retorn la violencia. La periodista Alicia Rivas alert: Contina el avasallamiento del territorio de la comunidad de Chapa. Esta maana volvieron a quemar las races de los rboles, prendieron gomas para volver ms cruel el atropello, motosierras y cubiertas encendidas a plena luz del da, pegadito a las casas de las familias. Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro.

En Jujuy, la organizacin de Pueblo Indgenas del NOA (Opinoa), denunci el intento de asesinato del cacique del pueblo ocloya Nstor Jerez, de la comunidad Tilquiza (a veinte kilmetros de San Salvador de Jujuy). Acusaron a los privados Ariel Amaranto y Daniel Verzini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con un revlver. Te vamos hacer desaparecer como a (Santiago) Maldonado, alert la organizacin Opinoa que amenazaron al cacique.

Lamentablemente estas situaciones se agravaron en el ltimo ao y medio, donde el Poder Judicial se torn muy intransigente con los indgenas y no as con los usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los territorios ancestrales tiene relacin con el terrorismo; esto suena como un plan sistemtico de desgaste de la causa de los pueblos originarios, advirtieron las comunidades indgenas nucleadas en Opinoa.

En Corrientes, la comunidad guaran Jahaver enfrenta desde hace aos un conflicto territorial con la estancia San Eugenio (de Kristine McDavitt, viuda del fallecido millonario Douglas Tompkins) que mantiene desde hace diez aos un terrapln ilegal (incluso con sentencia judicial de demolicin desde 2007) que perjudica a las familias campesinas e indgenas.

En julio pasado hubo inundaciones en la regin y el terrapln agrav la situacin. La comunidad guaran traslad sus animales a zonas altas y se reaviv el conflicto. Tambin cuestionan el rol de la Fundacin Conservation Land Trust (de McDavitt-Tompkins), que don 150 mil hectreas para la creacin del Parque Nacional Iber, pero con comunidades dentro.

Hay un choque de dos visiones sobre qu es el territorio y la propiedad. Una responde a los intereses de una fundacin norteamericana que quiere conservar paisajes sin gente. Y la otra a los ltimos gauchos correntinos, verdaderos guaranes del estero, que slo quieren vivir en paz, explic Emilio Spataro, de la organizacin ecologista Guardianes del Iber.

Las distintas comunidades de la Confederacin Mapuche de Neuqun denuncian desde hace aos el accionar de las petroleras, tanto por la contaminacin como por la violacin de derechos indgenas. Con el pacto Chevron-YPF (2013) en la formacin Vaca Muerta se redobl la presin sobre los territorios. Las comunidades mapuches exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en leyes nacionales). Han bloqueado caminos, mantenido dilogo con el gobierno provincial (sin resultados positivos) y denunciaron la intromisin de Gendarmera Nacional en junio pasado, que avanz sobre los mapuches para que YPF realice nuevos pozos petroleros.

La ltima avanzada sobre los mapuches fue desde el Poder Judicial. El juez de Neuqun Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicit la captura de seis integrante de la comunidad Campo Maripe. Los consider en rebelda por no asistir a una audiencia donde se los acusa de haber usurpado el territorio donde siempre vivieron.

Desde que se firm el pacto Chevron-YPF, hay ms de 50 mapuches procesados en Neuqun por defender el territorio, afirm Lefxaru Nawel, de la Confederacin Mapuche.

Dos casos testigos de la criminalizacin indgena se dan en Formosa y Chubut. Agustn Santilln, referente wich de Ingeniero Jurez, est detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y educacin en la provincia gobernada por Gildo Insfrn. Es un preso poltico, resumi Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, que visit a Santilln en la crcel.

Le tambin Formosa: visitaron en la crcel al joven wichi Agustn Santilln

Y Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia, est preso desde el 28 de junio.

Le tambin Habla Jones Huala: Decir que somos terroristas es de ignorantes o de terratenientes

Situacin nacional

Amnista Internacional Argentina present en 2015 un mapa de conflictos de comunidad indgenas (territorioindigena.com.ar). Contabiliz un piso de 183 casos. Da cuenta de la situacin de violencia y exclusin que viven los pueblos indgenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes, resalt Amnista.

Realizado de forma colaborativa junto a la Asociacin de Abogados de Derechos Indgena (AADI), la Asociacin Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Defensora del Pueblo de la Nacin, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Grupo Acceso Jurdico a la Tierra (Gajat) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es de actualizacin permanente y ya lleg a 250 casos en 2017.

Mientras que la Constitucin Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesin y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indgenas, y asegura su participacin en la gestin referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusin y pobreza, cuestion Amnista.

La relacin es directa: a cuanto ms avance extractivo (de la mano de empresas agropecuarias, petroleras, mineras y forestales, entre otras), mayor nivel de conflictividad y violacin de derechos indgenas.

Senadores

En noviembre vence la Ley Nacional 26.160, muy conocido dentro del mundo indgena porque ordena relevar todos los territorios indgenas y frena las rdenes de desalojo.

Aprobada en 2006, su aplicacin fue muy cuestionada por las propias organizaciones. Tanto en su implementacin poltica (los relevamientos territoriales dependen del Instituto Nacional de Asuntos Indgenas y sus pares provinciales) como judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron.

Segn informacin oficial respecto a la Ley 26.160, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indgena (Reteci). Slo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del total). De este porcentaje, slo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado.

Amnista Internacional evala que durante 2017 se relevarn 150 comunidades, que representan slo el 10 % del total. Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que an no han atravesado ningn proceso de relevamiento y a las 303 comunidades que an no lo han concluido. En conclusin, al menos 926 comunidades, el 60 %, quedarn a la deriva de no prorrogarse la norma y vern trunca su posibilidad de ver relevado su territorio, alert el organismo.

El jueves 7 de septiembre, la Cmara de Senadores tena la posibilidad de votar la prrroga de la Ley 26.160, en beneficio de los pueblos indgenas. El tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI). Los bloques del oficialismo (PRO y UCR) y la oposicin (tanto el PJ como el Frente Para la Victoria) rechazaron votar la prrroga.

De esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar el proyecto y diez se abstuvieron. Slo once votaron en lnea con los pedidos de los pueblos indgenas. Los ocho de la UCR y los seis del PRO votaron por la negativa.

Entre los que votaron por el no figuran: Jos Alperovich, Walter Barrionuevo, Julio Cobos, Rodoldo Urtubey, Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Luis Naidenoff, Angel Rozas, Omar Perotti y Mara Laura Leguizamn. Por la abstencin (que funcion como una negativa a tratar la ley) estuvieron Juan Manuel Abal Medina, Hilda Aguirre, Mirtha Luna y Alfredo Luenzo.

An con crticas a la implementacin, existe consenso indgena en que la ley debe ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los territorios indgenas. No hay dudas: es mejor que est la ley, a que no est. Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo la ley.

Desaparecer

Adolfo Prez Esquivel acompaa la lucha de los pueblos indgenas desde hace dcadas. El 3 de septiembre emiti un comunicado titulado pueblos originarios, de vctimas a victimarios. Enumer las leyes que benefician a las comunidades indgenas y que no se cumplen. Record que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestion al actual gobierno (y a los anteriores).

Los pueblos originarios soportan desde hace dcadas la violencia social y estructural. Y tanto el gobierno actual, como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represin, cuestion el Nobel de la Paz.

Tambin denunci la campaa de descrdito y mentiras que cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicacin, aliados del gobierno, de jueces cmplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes, como Benetton, Lewis y Turner.

Marcos Pastrana, diaguita de Tucumn, repudi el accionar de los senadores (al negarse a prorrogar la Ley 26.160) y tambin cuestion el accionar del Poder Ejecutivo y de los grandes medios de comunicacin que llaman terroristas a los indgenas que luchan por sus derechos.

En un audio que circul entre comunidades indgenas de todo el pas, Pastrana resumi el pasado y presente de la clase dirigente y del Estado para con los pueblos originarios: No son polticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios, son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes (...) La poltica del Estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indgenas.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Un-plan-sistematico-para-desaparecer-a-los-pueblos-originarios



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter