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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-09-2017

A propsito de Catalua: Razonemos (I)

Julio Anguita
Rebelin


Estupefaccin, malestar, cuando no asco, son las impresiones que a muchos ciudadanos nos producen los mensajes de la web, los comentarios de muchos tertulianos y las declaraciones de cargos polticos sobre la convocatoria, polticamente impecable pero legalmente bastante chapucera, del referndum en Catalua el prximo da 1 de octubre. Voy a obviar, por ahora, los insultos, las descalificaciones y las zafiedades propias del matonismo y la ignorancia ultras, para centrarme en el desarrollo de una lgica: la del texto fundamental de nuestro ordenamiento jurdico-poltico, en atencin a aquellas personas que discrepando de esa convocatoria no se dejan llevar por lo peor de s mismas.

Se suele argumentar que el texto constitucional de 1978 no puede ser incumplido ni vulnerado por la actuacin unilateral del Parlament y del Gobierno de la Generalitat. Lo cierto es que, a estas alturas, lo de incumplir la Constitucin resulta ya una prctica cotidiana cuando sta es incumplida y obviada en el momento en que sus contenidos de poltica social o econmica no slo no se aplican, sino que se gobierna contra ellos, especialmente en lo referente a los Ttulos Preliminar y VII. No olvidemos tampoco aquella malhadada reforma constitucional del artculo 135 por la que los Derechos Sociales de la ciudadana quedaban relegados en funcin de priorizar el pago de una deuda de dudosa legitimidad. Todo un ataque frontal a los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitucin. Recordemos adems las reiteradas llamadas de atencin y condenas que la ONU o el Tribunal Superior de Justicia Europeo, le hacen al Reino de Espaa sobre incumplimientos de DDHH y otros contenidos constitucionales. Puede decirse en puridad que el referndum de Catalua es un hecho que jalona el proceso de degradacin de nuestro llamado Estado de Derecho. El andamiaje sobre el que se construy la Transicin hace tiempo que fue superado por la realidad econmica, social, poltica, institucional y cultural. El pacto constitucional de 1978 se hizo sobre los malabarismos conceptuales y polticos que aquella difcil situacin demandaba. Por eso hoy, los problemas no resueltos vienen a cobrar las facturas pendientes cuyo pago, por las razones aducidas, no se hizo en tiempo y hora. Pero, vayamos al grano.

El artculo 2 de la Constitucin dice literalmente:

La Constitucin se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nacin espaola, patria comn e indivisible todos los espaoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.

Del texto se deducen dos afirmaciones claras y una consecuencia lgica. La primera afirmacin es la de la Nacin espaola patria comn e indivisible. La segunda es la de que existen dos conjuntos territoriales diferenciados: nacionalidades y regiones. La consecuencia es obvia, alguna diferencia deber haber entre ellos al tener denominaciones distintas. Responden a contenidos distintos las palabras, nacin y nacionalidad? Aqu subyace una parte del conflicto que hoy comentamos. Veamos algunas opiniones sobre esta cuestin.

Los siete diputados que formaron la ponencia constitucional (por eso fueron llamados padres de la Constitucin) opinaban lo siguiente:

Para Manuel Fraga (AP) catedrtico de Derecho Constitucional, nacin y nacionalidad son trminos con igual significado. Por esa razn se opuso a incorporar la palabra nacionalidad al texto de la ponencia. Igualmente opinaban as Gregorio Peces Barba (PSOE), catedrtico de Filosofa del Derecho, Jordi Sol Tura (PCE-PSUC), catedrtico de Derecho Constitucional y Miquel Roca i Junyent (CiU), profesor de Derecho Constitucional. Es ms Peces Barba lleg a plantear que Espaa era una nacin de naciones. Por su parte Roca afirm que la nacionalidad era una nacin carente de Estado. Los tres restantes ponentes y juristas de profesin, que militaban en la UCD, Jos Pedro Prez LLorca, Miguel Herrero y Rodriguez de Min y Gabriel Cisneros, no vean conveniente la introduccin del vocablo nacionalidad por las consecuencias que poda acarrear en un futuro. El caso es que esta cuestin produjo debates intensos en el seno de la Comisin redactora, en el mundo poltico y en el del Derecho. Finalmente se lleg al pacto y ambas palabras fueron introducidas en el texto constitucional. Por qu?

Si alguna definicin se poda hacer de la Espaa de entonces era la de una no -dictadura formal. Surez era un Presidente cuestionado por sus antiguos correligionarios del rgimen franquista que seguan controlando muchas instituciones y bastantes resortes del Estado. La presin de los militares (sobredimensionada interesadamente por tirios y troyanos) era una nostalgia del pasado sin proyecto de futuro, pero constitua una fuerte presin psicolgica. Sin embargo, la presin de los poderes fcticos de la economa que necesitaba el pedigr constitucional para poder acceder al Mercado Comn era la definitiva. Y todo ello en el marco de una grave crisis econmica, un altsimo ndice de paro y graves problemas sociales de toda ndole. Por esa razn se impuso que la palabra nacionalidad se plasmase en el texto constitucional. Los hijos del franquismo, en aras de lo que llamaron intereses generales, tuvieron que aceptar un trmino que, junto el Derecho de Autodeterminacin, era una de las seas de identidad de la izquierda combativa y clandestina (especialmente el PCE) y los tambin perseguidos nacionalistas del PNV, CiU y otros. Ni que decir tiene que todo el mundo era consciente de que hablar de nacionalidades era referirse a Catalua. Pas Vasco y Galicia.

Sobre esta cuestin el Tribunal Constitucional, tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por PP, declar inconstitucionales varios artculos del Estatut (que ya haba sido aprobado en referndum por el 739% de los votantes, el 485% del censo), sentenci el 9 de julio del 2010:

La Constitucin no conoce otra (nacin) que la nacin espaola. Puede hablarse de naciones como una realidad cultural, histrica, lingstica, social y hasta religiosa.

La nacin que aqu importa es nica y exclusivamente la nacin en sentido jurdico-constitucional.

De lo expuesto hasta aqu pueden sacarse algunas conclusiones.

El debate sobre nacin y nacionalidad es bastante serio y no el capricho de algunos exaltados. Los testimonios que anteriormente he expuesto y que son una brevsima muestra de los que existen, as lo confirman.

Tras las palabras del Tribunal Constitucional sobre las naciones como realidades culturales, histricas, etc. puede deducirse, haciendo abstraccin del hecho religioso, que Catalua slo le falta para ser nacin acceder a la condicin de realidad jurdico- constitucional. Es decir un cambio constitucional. Una cuestin puramente poltica en la que los protagonistas son el Pueblo espaol, las Cortes Generales, el Pueblo cataln y sus instituciones de Autogobierno.

En consecuencia los discursos esencialistas y nostlgicos de una Historia idlica que nunca existi, no ayudan a abordar determinadas cuestiones que exigen tacto, paciencia, prudencia, actitud democrtica, voluntad de conocer y algn conocimiento de la Historia y las realidades de los pueblos de Espaa.

Julio Anguita. Colectivo Prometeo. FCSM.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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