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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-09-2017

A propsito de Catalua: Razonemos (II)

Julio Anguita
Rebelin


Uno de los argumento ms recurrentes usados por los portavoces del discurso oficial en debates?, artculos de fondo y tertulias, es que el llamado Derecho de Libredeterminacin o Autodeterminacin, es algo ajeno a la Constitucin espaola y en consecuencia no ha lugar que se tenga en cuenta Es as realmente? Vayamos a los textos legales y polticos.

El artculo 10 del texto constitucional dice en su punto n 2:

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitucin reconoce se interpretarn de conformidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma naturaleza ratificados por Espaa.

Es decir el Reino de Espaa hace suyos los contenidos de leyes y acuerdos internacionales que sobre la materia de DDHH y libertades ha firmado. As lo dice el artculo 96 en su punto n 1:

Los tratados internacionales vlidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Espaa, formarn parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones slo podrn ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

Es sabido que tanto la carta Fundacional de la ONU de 1945 o la solemne Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948 de la misma organizacin, son documentos que el Reino de Espaa est obligado a aplicar y desarrollar. Pero hay otros tratados, menos conocidos del gran pblico que son vinculantes y de obligado cumplimiento por los Gobiernos de Espaa.

El 16 de Diciembre de 1966 la Asamblea General de la ONU acord someter a refrendo de los pases miembros los llamados Pactos de los Derechos Civiles y Polticos. El Reino de Espaa se adhiri a ellos en 1977 y con la firma del Rey Juan Carlos se publicaron en el BOE del 30 de Abril de 1977. Dicho tratado entraba en las obligaciones contractuales que sealaba el artculo 96 de la Constitucin reseado anteriormente.

El Artculo del citado Pacto dice en su artculo 1, punto n 3 lo que sigue:

Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso (el subrayado es mo) los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autnomos y territorios de fideicomiso, promovern el derecho de libre determinacin, y respetarn este derecho de conformidad con las disposiciones de la carta de las Naciones Unidas.

A partir de este texto el Derecho Iusinternacionalista ha distinguido entre libredeterminacin externa, es decir la que hace referencia a la eliminacin de situaciones coloniales y la interna que se dirige a todos los pueblos constituidos en Estado. En este ltimo sentido el profesor espaol Juan Antonio Carrillo Salcedo que fue Presidente del Tribunal Internacional de Justicia, mantena que el citado artculo otorgaba este derecho a pueblos que se encuentran en estados soberanos e independientes.

Hasta aqu todo parece claro y sin problema alguno. Sin embargo las posiciones sobre el derecho de autodeterminacin se han enconado en un debate de interpretaciones legales farragoso y, en ocasiones tenso. Veamos algunas argumentaciones.

Los partidarios de no reconocer para Espaa el citado derecho, alegan que la Asamblea General de la ONU en la Resolucin 1514 y en la 2625 reconocan el derecho pero sealando que quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un pas es incompatible con los propsitos y principios de la carta Fundacional de las Naciones Unidas. El propio profesor Carrillo citado anteriormente deca que Un Estado independiente y soberano que posea un gobierno representativo de la totalidad de su pueblo queda as salvaguardado de toda reclamacin de libredeterminacin. Y as bastantes documentos, declaraciones y estudios jurdicos.

Frente a ello, los tambin numerosos partidarios del Derecho de Autodeterminacin para ejercerlo por una comunidad con entidad especfica y propia en cualquier territorio de un Estado, argumentan que los Pactos de 1966 son de superior entidad jurdica que las declaraciones y las resoluciones de la Asamblea General al ser tratados de obligado cumplimiento. Las resoluciones de la Asamblea General no lo son. Recuerdan que si stas tuvieran carcter vinculante ya se hubiese levantado el bloqueo de EEUU a Cuba tras las 25 resoluciones del citado rgano en contra del mismo. Igualmente recuerdan los ejemplos de Canad (en Quebec), Reino Unido (en Escocia) o Serbia Montenegro (en Montenegro); Estados en los que se ha aplicado el derecho de libredeterminacin interna. Tambin se olvida que ejercer el derecho es consultar a una poblacin si quiere o no continuar con el estatus actual. No implica necesariamente la secesin sino que puede significar la permanencia en la situacin presente. Desde hace aos mantengo que si muchos de los gobiernos espaoles de hace una dcada o ms, hubiesen tenido la inteligencia necesaria, hoy no habra problema. Hubiese bastado una consulta sin carcter vinculante. Una consulta precedida de un debate sereno, concreto y sin los ululantes comentarios y barbaridades verbales a las que se han entregado polticos, medios de comunicacin y usuarios de red de una y otra parte. No es malo, sino todo lo contrario, saber de primera mano lo que opinan la ciudadana o los pueblos. Ya es tarde.

Y es que el problema, a pesar de la claridad de los textos y los ejemplos es eminentemente poltico. Y en el caso cataln lo demuestra la siguiente cronologa, recogida de varias fuentes, con la que pongo fin a esta entrega.

Noviembre de 2003. El candidato a la Presidencia del Gobierno Jos Luis Rodrguez Zapatero, en un acto masivo celebrado en la Palau Sant Jordi de Barcelona promete solemnemente que si l llega a gobernar asumir y defender el Estatut que apruebe el Parlament de Catalunya.

Noviembre del 2003. Tras elecciones autonmicas se forma un gobierno tripartito de izquierdas (PSC, ERC y ICV-EuiA.

Septiembre de 2005. El Parlament de Catalunya aprueba el proyecto de un nuevo Estatut con los votos de toda la Cmara a excepcin del PP.

Noviembre de 2005. El Congreso de los Diputados con el voto negativo del PP y el afirmativo del resto de grupos toma en consideracin para ser debatido el proyecto de Estatut. El PP presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que el texto se deba haber tramitado como reforma constitucional y no como reforma estatutaria. El TC desestim el recurso.

Enero del 2006. El Presidente del Gobierno Rodrguez Zapatero se rene con Artur Mas y llegan al acuerdo de que la palabra nacin desaparezca del artculo 1 y pase a figurar en el Prembulo adems de pactar la creacin de una Agencia Tributaria catalana y la cesin del 50% de los impuestos.

Enero del 2006. El Presidente del PP Mariano Rajoy pone en marcha una recogida de firmas para pedir que se celebre un referndum en Espaa sobre el Estatut.

Marzo del 2006. La Comisin Constitucional del Congreso introduce unas reformas en el Estatut eliminando artculos sobre aeropuertos, puertos, selecciones deportivas y Catalua como circunscripcin electoral independiente en las elecciones al Parlamento Europeo. Votan en contra el PP y ERC, sta ltima porque el proyecto de Estatut se haba cambiado y no era el mismo que aprob el Parlament de Catalunya.

Marzo del 2006. El Pleno del Congreso aprueba la reforma del Estatut con los 189 votos de PSOE, CiU, PNV, IU-IC, CC-NC y BNG y los 154 en contra de PP, ERC, y EA. Se abstuvieron CHA y Nafarroa- Bai.

Abril del 2006. El PP propone en el Congreso que se convoque un referndum en toda Espaa sobre el texto del Estatut. La Cmara lo rechaz.

Mayo del 2006. La Ejecutiva de ERC decide pedir el NO para el referndum sobre el Estatut en Catalua.

Mayo del 2006. Tras la aprobacin por el Senado (que no introdujo ningn cambio) el Estatut se aprueba por las Cortes Generales. Votaron S PSOE,CiU,PSC,ICV,PNV,IU, y BNG. Vot NO el PP y se abstuvieron ERC, PAR, y EA.

Junio del 2006. El pueblo cataln aprueba el Estatut con los resultados que ya expuse en la primera entrega de esta serie.

Julio de 2006. El PP acude al Tribunal Constitucional.

Agosto de 2006. El Estatut entra en vigor.

Septiembre de 2006. El TC admite el recurso del PP.

Julio de 2007. La abogaca del Estado plantea ante el TC que 30 de los artculos del Estatut impugnados por el PP son exactamente iguales que los del Estatuto de Andaluca y en otros casos semejante a los del de las Islas Baleares. En ambos casos el PP los aprob.

Junio de 2010. El TC avala la mayor parte del Estatut.

Julio de 2015. Se produce la sentencia final del TC en la que aparece el prrafo que reproduje en la primera entrega de la serie.

Esta cronologa ayuda a entender determinadas posiciones y actitudes del presente, a la par que seala la existencia de contradicciones y desacuerdos en el seno de las dos radicalidades que caminan inevitablemente a la confrontacin. (Continuar)

Nota del autor.- Cuando se ha terminado el artculo los informativos nos traen la noticia de que altos cargos del PSOE andaluz han reclamado para Andaluca el reconocimiento como nacin. El 1 de octubre, se quiera o no, marcar un antes y un despus en nuestro transcurrir histrico como sociedad..

Julio Anguita. Colectivo Prometeo. FCSM.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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