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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-09-2017

Historia de un saqueo
Terrorismo de Estado, aparicin con vida de Santiago Maldonado

Editorial Virginia Bolten


Amrica Latina siempre fue un importante atractivo a la codicia extranjera, sobre todo de los pases del Norte. Durante el proceso de extraccin de riquezas naturales en suelo latinoamericano, se destaca Potos y el simblico Cerro Rico. La avaricia por el oro y la plata transformaron la minera en un importante instrumento de saqueo. Junto a estos desalojaron los pueblos originarios, se estableci un rgimen de esclavitud. Ms de 1 milln de personas murieron como resultado de las condiciones precarias y exhaustivas de trabajo las cuales eran sometidos los pueblos convertidos en esclavos por los saqueadores a quienes la historia insiste en nombrar conquistadores.

Pasados ms de 500 aos, cambiaron las formas, pero no los objetivos. En la Argentina, la minera sigue siendo una de las principales fuentes de inters por parte de las empresas extranjeras. Los intereses y los mtodos no han cambiado sustancialmente. La invasin de ayer dio lugar a la negociacin por va institucional de hoy. Lo que fue genocidio, hoy es validado por el Estado por medio de mecanismos de represin y regulacin de movimientos sociales. Luchar por los derechos est previsto en la constitucin, pero mientras no moleste a los neoinvasores con dlares en sus bolsillos y promesas de inversin. Hace 500 aos los saqueos llegaban va martima, hoy llegan a travs de rondas de negociacin que son una subasta de recursos. Hoy, Argentina cuenta con 55 Tratados Bilaterales de Inversin (TBIs), todos ellos de extraccin de recursos naturales.

Las evidencias de que el Estado y las corporaciones trabajan juntas para contener la resistencia en los territorios y as garantizar los negocios de los cuales slo las empresas ganan son ntidas. El Grupo Benetton, uno de los motivos del enfrentamiento entre el gobierno de la provincia del Chubut y la comunidad Mapuche culmin en la desaparicin del militante Santiago Maldonado. El grupo Benetton posee concesiones mineras en las provincias de Chubut, Santa Cruz, San Juan y Ro Negro.[1]

La ley antiterrorista es una forma jurdica de deslegitimar la protesta social y proteger a los inversores, terratenientes muchos de ellos invasores de tierras indgenas con el aval del Estado- y al propio gobierno en detrimento de la voluntad del pueblo y de la legtima propiedad de tierras de los pocos indgenas que quedaron despus de su casi exterminio.

La Ley antiterrorista fue aprobada en junio de 2007. La Argentina como miembro de La Financia lAction Task Force on Money Laundering (FATF) fue presionada para la promulgacin de esta ley. El FATF haba adelantado que en caso que no se promulgue una Ley antiterrorista con sus recomendaciones, considerara a Argentina como pais no confiable para las inversiones.

La FATF, es grupo de accin financiera en contra del lavado de dinero, tambin conocida por su nombre en francs como Groupedactionfinancire sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Es una institucin intergubernamental creada en el ao 1989 por el G7. El propsito pblico de la FATF es desarrollar polticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiacin del terrorismo.

Por esta presin se aprob la Ley 26.268. Asociaciones ilcitas terroristas y financiacin del terrorismo. Modificacin de la Ley N 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. La aprobacin de esta ley en la Cmara de Senadores, solo tuvo la oposicin de Ruben Giustiniani. La Ley, expresa como punto fundamental el agregado del artculo 213 en el Cdigo penal. Este artculo da lugar a la interpretacin de una Jueza/Juez respecto que es un acto terrorista.

El texto agregado es el siguiente: Artculo 213 ter.- Se impondr reclusin o prisin de CINCO (5) a VEINTE (20) aos al que tomare parte de una asociacin ilcita cuyo propsito sea, mediante la comisin de delitos, aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella rena las siguientes caractersticas: a) Tener un plan de accin destinado a la propagacin del odio tnico, religioso o poltico; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes qumicos o bacteriolgicos o cualquier otro medio idneo para poner en peligro la vida o la integridad de un nmero indeterminado de personas. En funcin de las crticas recibidas por diversas organizaciones de DD.HH. se promulg la Ley 26.734, en diciembre de 2011 que modifica la Ley 26.268. La Ley 26.734 modifica el artculo 41 quinquies, incorporando la figura de los DD.HH. y/o sociales, Las agravantes previstas en este artculo no se aplicarn cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasin del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Asimismo modifica el fuero de la ley, siendo la misma el fuero federal, segn el artculo 7, Sustityese el inciso e) del apartado 1) del artculo 33 del cdigo Procesal Penal de la Nacin, por el siguiente, e)Los delitos previstos por los artculos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Cdigo Penal.

Las votaciones para su promulgacin han sido, 134 votos afirmativos y 90 negativos en la cmara de diputados, y 39 votos a favor y 22 en contra en la cmara del senado. Los votos negativos han sido de la UCR, PRO y Coalicin Cvica entre otros, siendo que la ley previa, Ley 26.268 la han votado en forma afirmativa.[2]

En el ao 2014, la oposicin al kirchnerismo intent derogar la ley antiterrorista a partir de su aplicacin contra la imprenta Donnelley. Esta empresa fue adquirida por uno de los principales tenedores de bonos de Argentina y en forma posterior cerr dejando sin empleo a 400 personas en forma directa. Esta derogacin no ha sido efectiva en funcin de la mayora del FPV (Frente para la Victoria) y aliados en ambas cmaras.

Sobre la derogacin de la ley antiterrorista Mauricio Macri expres en el 2014 no est bueno que inventen permanentemente instrumentos que lo nico que hacen es generar desconfianza y acus al Ejecutivo de utilizar la Ley Antiterrorista para casos desopilantes[3]. Para Mauricio Macri, actual presidente, reprimir las protestas del pueblo Mapuche y la desaparicin de Santiago Maldonado, no es desopilante.

Los partidos de mayor representacin en las elecciones de los ltimos aos en Argentina -FPV, CC, PRO, UCR- votaron y sostienen la ley que permite en trminos legales la represin de los movimientos populares con las fuerzas represivas del estado.

Santiago Maldonado y la comunidad mapuche son emblemas de la que es hoy la democracia. La garanta delos privilegios de las corporaciones. No se lucha por nada distinto de lo que fue hace 500 aos. La diferencia es que hoy son llamados terroristas, una confusin de roles difcil de entender cuando pensamos que Santiago fue desaparecido por el Estado y en democracia por aquellos que deberan tratar de proteger y cuidar de la integridad fsica de ciudadanos y ciudadanas. La pregunta que nos hacemos en Virginia Bolten es: Qu hacemos con el terrorismo del Estado?

Notas:

[1] http://www.cholilaonline.com/2017/01/quien-es-benetton-para-que-el-gobierno.html

[2] http://www.larevuelta.com.ar/pdf/Votacion-Antiterrorista.pdf

[3] http://tn.com.ar/politica/la-oposicion-se-une-para-buscar-derogar-la-ley-antiterrorista_524414

Fuente: http://virginiabolten.com.ar/politica-argentina/historia-saqueo-terrorismo-estado-aparicion-vida-santiago-maldonado/



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