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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-09-2017

El rol de Noceti en la desaparicin forzada de Maldonado
A m por qu me miran?

Horacio Verbitsky
Pgina/12


El ministro de Chubut Durn puso el foco en Noceti, confirmando todo lo que se public aqu desde 2016. El fiscal Delgado realizara las pruebas que el juez Otranto rechaz en defensa propia dada su comunicacin habitual con Noceti. El Cdigo Penal y la ley antiterrorista frente a reclamos mapuche fueron una definicin poltica, coincidentes con acuerdos internacionales, dada la riqueza hidrocarburfera de la zona. La posicin de Piera y Netanyahu. Slo habr que esperar que pasen las elecciones.

Durante la interpelacin al ministro de gobierno de Chubut, Pablo Durn, el diputado de otro sector peronista, Javier Tourinian, le pregunt:

Por qu los gendarmes ingresaron al territorio de la comunidad si el delito no era federal y no haba ninguna orden de allanamiento para que intervinieran en esa zona, quin lo orden?

En vez de contestar, Durn recurri a un argumento ad hominem:

Y el 21 de junio de 2012 quin le autoriz a Gendarmera Nacional a entrar a Cerro Dragn?

Entonces Tourinian era el Ministro de Gobierno. Cerro Dragn es el mayor yacimiento petrolero del pas. Los 400 trabajadores que lo ocupaban y provocaron graves daos en las maquinarias fueron desalojados por Gendamera y la polica provincial. De regreso, el mnibus de los gendarmes choc con un camin y hubo una decena de muertos y medio centenar de heridos. La presidente CFK prometi que no volvera a enviar gendarmes para intervenir en conflictos provinciales.

El ministro Durn se acerc as a un punto central: la misin del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, en los hechos que culminaron con la desaparicin forzada de Santiago Maldonado. Asistentes al dilogo del 31 de julio en Bariloche entre el funcionario nacional, los ministros de Chubut y Ro Negro, los jefes de Gendarmera, Polica de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y ambas policas provinciales coinciden con lo que Noceti afirm pblicamente al terminar la reunin, en dos reportajes concedidos a radio Nacional de Bariloche y a la FM Sol. All dijo que estaba dirigiendo los operativos de individualizacin y captura de los mapuche de la RAM. Explic que no era necesaria una orden judicial porque se trataba de hechos de flagrancia. Agreg que se les aplicara el artculo 213 bis del Cdigo Penal, que reprime hasta con ocho aos de prisin la mera pertenencia a una agrupacin cuyo objeto principal o accesorio sea imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Ese artculo fue introducido en el Cdigo Penal en 1974 por el presidente Juan Pern como parte de su confrontacin con la organizacin declarada ilegal en primer lugar y con la organizacin declarada ilegal en segundo lugar, segn la jerga de la poca. La distancia entre Pern y Noceti es similar a la que media entre aquellas organizaciones poltico-militares insertas en grandes movimientos sociales y polticos y la RAM, un grupo minsculo que slo puede compensar su escasez de alianzas en la sociedad blanca pero incluso entre los mismos mapuche, con la interesada repercusin de la prensa nacional que apoya al gobierno en el intento de construir un enemigo funcional a sus objetivos de control social. Durante la interpelacin Durn dijo que el nico rol de la polica provincial haba sido advertir a los automovilistas que no podan continuar su trayecto porque la Gendarmera estaba desalojando un corte en la ruta.

Si como afirman, Pablo Noceti no era parte del operativo y la ruta estaba cortada por la polica de Chubut quin lo dej pasar y por qu? insisti Tourinian.

No puedo responder porque no soy el abogado de Noceti.

Ante la reiteracin de Tourinian, Durn dijo:

No le puedo contestar porque no soy el juez federal Guido Otranto.

El debate sobre flagrancia

En un post en Facebook, Tuny Kollmann dijo que poda confirmar lo que sostuve aqu el 7 de agosto en la nota Macr ya tiene su desaparecido. Mientras los ministros provinciales decan en la reunin del 31 de julio que deba buscarse una figura penal agravada para el dao que se imputaba cuando la RAM quemaba algo, Noceti insista en que era posible detenerlos por flagrancia sin orden judicial, que las fuerzas deban actuar con autonoma de la Justicia. A la maana siguiente sali hacia Esquel, a medioda pas por el corte (y par a saludar, segn Caperucita Bullrich), mientras los gendarmes que ya lo haban despejado ingresaron a la comunidad, donde permanecieron seis horas ms. En Esquel le adelant al juez Otranto que las fuerzas no necesitaban orden judicial, que les bastaba con la figura de flagrancia. El juez le contest que eso vala para despejar e incluso detener en la ruta, pero no habilitaba a entrar a territorio mapuche porque eso requera una orden de allanamiento, que l no firm. Noceti volvi a usar el criterio de la autonoma de las fuerzas, concluye Kollmann.

Con su compulsin a fundamentar la doctrina de la flagrancia, Noceti se identific ante Soraya Maicoo, Andrea Millaanco y Nicols Daniel Huala Hernndez, tres miembros de la comunidad retenidos por la Gendarmera cuando intentaban dar aviso del ataque en preparacin. As se sabe que cuando se produjo la irrupcin, Noceti estaba all.

Con el hecho consumado, el juez Otranto opt por guardarse sus objeciones y consider que los gendarmes actuaron ante un delito flagrante. Peor an, rechaz el pedido de la Procuvin de peritar los celulares de Noceti, en lo que slo puede leerse como un gesto de autodefensa. El cruce de llamadas mostrara que el jefe civil del operativo estuvo en contacto permanente con el juez. Es probable que esa prueba sea solicitada por alguien sin esas restricciones: el fiscal Federico Delgado, que investiga el posible encubrimiento oficial para fastidio del nuevo vocero oficial en el tema, Claudio Avruj, quien lo acus de cnico, en una nueva demostracin del aprecio oficial por la divisin de poderes. El ministro Durn le recomend a Delgado que leyera completa la interpelacin, porque all vera que l nunca dijo que Noceti haya organizado el operativo. Ni falta que hace, ya que lo dijo el propio Noceti en dos reportajes radiales. Y el comandante de Gendarmera Diego Conrado Hctor Balari agreg detalles ante el canal 4 de Esquel. Dijo que viaj a Bariloche para una reunin con autoridades del Ministerio de Seguridad y para coordinar determinadas acciones. Agreg que de regreso de Bariloche nos dimos con este tema, as que a partir de ah recib la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones. Bueno, el operativo se arm en base a los hechos que se sucedieron, y en base a orientaciones y rdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad.

Durante su informe al Senado el mircoles 6, Marcos Pea Braun expuso el cambio de actitud oficial. Luego de un mes largo de ningunear la desaparicin forzada de Santiago Maldonado, la Alianza Cambiemos y su base empresarial se preocuparon y decidieron mostrar que se ocupaban, con un hiperactivismo que intenta compensar el menoscabo anterior. Las razones son la cada de todas las hiptesis alternativas a las que se aferr hasta entonces, la masiva concentracin en la Plaza de Mayo del viernes 1, la chapucera del operativo policial posterior que quiso imponer autoridad y convoc el fantasma del caos, y el riesgo de que el caso Maldonado se convierta en el temido cisne negro capaz de trastocar todas las previsiones electorales. Pero pronto se vieron los lmites del cambio. Avruj declar que la principal hiptesis de la investigacin era la Gendarmera pero despus de una llamada de Pea Braun lo rectific: era una hiptesis ms pero no haba pruebas.

A diferencia de Patricia Bullrich, Pea Braun se preocup ms por defender al gobierno que a la Gendarmera, declar que no estaba excluida de la investigacin, algo que debera haber sido una obviedad, rechaz cualquier comparacin con la dictadura y neg la idea de que puede haber una orden poltica de este gobierno de promover una desaparicin forzosa, cosa que nadie le haba imputado. La primera acepcin de forzosa es ineludible, inevitable. En cambio, forzada significa literalmente ocupado o retenido por la fuerza, escribieron las abogadas Ileana Arduino y Elizabeth Gmez Alcorta en la revista Anfibia. El ttulo del artculo explica la dificultad del gobierno para manejar una situacin que se le escap de las manos: Negacionistas del pasado, responsables del presente.

Pero no es la nica encrucijada oficial. La respuesta represiva a los reclamos de las comunidades indgenas en cuyas tierras ancestrales se asentaron grandes latifundios y explotaciones de minerales e hidrocarburos es una decisin poltica del gobierno nacional. Es difcil atribuir al azar que el operador elegido de esa poltica sea Noceti, defensor de los jefes de la dictadura en Concordia y Santa Rosa. En sus alegatos descalific los juicios y reivindic el terrorismo de Estado. Tambin es socio del estudio que el comisario Fino Palacios eligi en la causa por el espionaje ilegal en la que tambin estuvo imputado Macr. Cuando design a Palacios como primer jefe de su flamante polica, Macr dijo que se lo haban recomendado los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

Una decisin poltica

El 30 de agosto de 2016 el Ministerio de Seguridad rindi un informe de Resultados de Gestin del que se inform en esta pgina el 13 de noviembre, en el artculo Celebrar la Ilegalidad. Su diapositiva 23 se titula Re-valorizacin de la ley. Problemticas en Territorio Mapuche y tiene como ilustracin dos imgenes entonces desconocidas y hoy demasiado familiares. Una de Facundo Jones Huala, cuyo juicio de extradicin se iniciara al da siguiente; otra de tres personas con el rostro tapado en el Pu Lof En Resistencia Cushamen. Un ttulo enumera Amenazas de la organizacin Resistencia Ancestral Mapuche y adelanta el criterio que se aplicara de ah en ms: una sucesin de usurpaciones de territorios e incendios en varias provincias constituiran delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza. Un segundo ttulo se circunscribe a la Problemtica mapuche en Neuqun y afirma que se arman comunidades y se toman tierras en zonas petroleras o gasferas impidiendo constantemente la normal explotacin de los pozos. Estos delitos de usurpacin, turbacin en la posesin y extorsin afectan un servicio estratgico de los recursos del Estado. Han estado detenidos 200 pozos (segn inform YPF). Esa nota mencion por primera vez a Noceti, fotografiado durante la audiencia del juicio por la irrupcin en marzo de 2015 de quince miembros de la familia mapuche Jones Huala en una porcin de la estancia Leleque, ocupada hasta entonces por la trasnacional italiana Benetton. Con su jactanciosa incontinencia verbal, Noceti dijo entonces a la Radio Nacional de Esquel que estaba evaluando la comisin del delito federal contemplado en el artculo 213 bis del Cdigo Penal. Noceti viaj varias veces a instrumentar esa decisin oficial, antecedente directo de lo que ocurri ahora. La participacin de fuerzas federales de seguridad e inteligencia en tareas de espionaje a la poblacin ya haba sido denunciada por la Asociacin de Abogados/as de Derecho Indgena (AADI) en agosto de 2016, cuando objet la respuesta penal a los reclamos territoriales del pueblo mapuche, las formas de actuacin estatal excesivas, o directamente ilegales y la pretensin de aplicar a este caso por supuesta usurpacin de tierras, la ley antiterrorista N 26.734. Ocho meses antes la Corte Suprema haba rechazado el carcter federal y la aplicacin de la ley antiterrorista a Martiniano Jones Huala y otros mapuche por los delitos de usurpacin y abigeato y remitido el expediente a la Justicia provincial. El fallo de la Corte Suprema narra que el grupo repeli con piedras el intento policial de desalojarlo, cort la ruta nacional 40 y solicit la intervencin de autoridades nacionales para conformar una mesa de dilogo sobre el reclamo por la propiedad ancestral de esas tierras. El juez provincial se declar incompetente, considerando que estaba afectada la seguridad interior, con la agravante prevista en el ltimo prrafo del artculo 41 quinquies del Cdigo Penal, de competencia federal (es decir la ley antiterrorista vigente) que incrementa al doble la pena prevista. El juez federal Otranto slo acept su competencia por la irrupcin del trnsito en la ruta nacional pero consider inaplicable la agravante ya que el reclamo indgena por la propiedad o posesin de la tierra impide calificar los hechos como actos terroristas, ya que el propio artculo 41 quinquies del Cdigo Penal excepta los hechos que tuvieren lugar en ocasin del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional y record que el artculo 75 inciso 17 de la Constitucin garantiza la posesin y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indgenas argentinos. Esa excepcin fue incluida por CFK a propuesta del CELS, que objet la ley antiterrorista. Segn la Corte Suprema y el Procurador fiscal Vctor Abramovich en el caso no se daban los fines previstos en el artculo 41 quinquies de aterrorizar a la poblacin u obligar a las autoridades pblicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Tampoco encerraran algn tipo de conflictividad de la clase contemplada en los instrumentos internacionales sobre prevencin y sancin del terrorismo. Por el contrario, estn enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales. En 2014, en el caso Norin Catriman, tambin la Corte Interamericana de Derechos Humanos conden a Chile por aplicar la legislacin antiterrorista a un grupo de activistas mapuche y seal que deba adecuar su legislacin interna para compatibilizarla con el principio de legalidad del artculo 9 de la Convencin Americana.

El tema forma parte de la campaa electoral chilena. El ex presidente y candidato Sebastin Piera acaba de afirmar que la primera obligacin del gobierno es asegurar y garantizar el orden pblico y que la actual presidente Michelle Bachelet ha mantenido una permanente actitud de debilidad y ambigedad en la lucha con el terrorismo. Y esta debilidad y ambigedad del gobierno ha motivado la expansin del terrorismo y ha facilitado su total impunidad. Prometi que durante su prximo gobierno no slo se aplicara la ley antiterrorista sino que adems la perfeccionara para hacerla ms eficaz y fortalecer la labor de inteligencia de nuestra polica. Para poder anticiparse a los actos terroristas y no llegar cuando lo nico que queda son las cenizas. Adelant que se propone incorporar figuras como el agente encubierto, los informantes, las entregas vigiladas e incluso en algunos casos cambiando la jurisdiccin de los juicios a otras regiones para garantizar la seguridad e imparcialidad del tribunal. No podra estar ms en consonancia con los planteos de Macr, Bullrich y Noceti.

Esta idea de recuperacin del orden pblico expresada en el Protocolo sobre Piquetes que Bullrich firm al asumir y que recin ahora empieza a aplicarse parcialmente, se combina en la Patagonia con las disputas territoriales. En noviembre vencer la ley de emergencia territorial indgena, de 2006, demorada consecuencia de la reforma constitucional de 1994 que reconoci la preexistencia tnica y cultural de los pueblos indgenas y la posesin y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Esa ley 26.160 garantiz la suspensin de desalojos de tierras ocupadas por comunidades indgenas, mientras se realizaba un relevamiento tcnico-jurdico-catastral que permitiera conocer en detalle la situacin en todo el pas. La ley se prorrog varias veces porque los avances fueron parvos, debido a la resistencia de los interesados y la parsimonia oficial. De 1532 comunidades identificadas, el proceso de relevamiento se inici en 759 y slo concluy en 459. Pero tampoco en ellas se avanza en la entrega de ttulos. Hay proyectos de distintos bloques para aprobar una nueva prrroga y agilizar el relevamiento, pero el oficialismo no est dispuesto a apoyarlos porque considera, como dice el Power Point de Bullrich y repiti el propagandista Jorge Lanata, que se crean comunidades inexistentes para recibir tierras que nunca les pertenecieron. Pasado maana, Macr firmar con el premier israel Biniamn Netanyahu un acuerdo de seguridad y ciberseguridad, de combate al terrorismo y al narcotrfico y de provisin de parafernalia para llevarlo a cabo, que Bullrich comenz a negociar en Jerusaln. Nadie mejor que Netanyahu para asesorar en el tratamiento a pueblos originarios que reclaman por sus tierras ancestrales, si bien en Medio Oriente, ambas partes muestran ttulos equivalentes, lo cual torna tan difcil la solucin. Vale la pena recordar que el enlace de Macr con Netanyahu, quien concert el primer viaje a Israel del entonces alcalde porteo, fue Claudio Avruj. Por todo eso el cambio de discurso tiene poco futuro. Igual que con el ajuste econmico, slo se trata de esperar a que pasen las elecciones.

Mientras el gobierno cambiaba de tctica ante las crticas a su actitud por la desaparicin forzada de Santiago Maldonado, el superior del juez Guido Otranto buscaba pistas sobre su paradero lejos de su sede. Javier Leal de Ibarra preside la Cmara Federal de Comodoro Rivadavia. Hombre de confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tambin fue elegido como presidente de la Junta de Presidentes de Cmaras Nacionales y Federales. Ms importante an, Lorenzetti lo design para dirigir junto con Martn Irurzun la Direccin de Captacin de Comunicaciones del Poder Judicial. Ese superorganismo de inteligencia le habr indicado que Flushing Meadows era el lugar preciso para estar en el momento apropiado? Por su gesto (de remera azul en el centro de la foto) sus averiguaciones fueron positivas.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/62020-a-mi-por-que-me-miran



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