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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-09-2017

La democratizacin ambiental, pieza clave en el posconflicto colombiano

Mara Cecilia Roa Garca, Tatiana Roa Avendao y Alberto Acosta
Rebelin


No hay un camino para la paz, la paz es el camino

Mahatma Gandhi

 

Colombia en transicin hacia la paz con justicia ambiental

El ao 2016 marca un nuevo comienzo en la historia de Colombia. Con la ratificacin del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC se pretende poner fin a un perodo de ms de 50 aos de hostilidades. Igualmente qued abierta la puerta para la negociacin entre el Gobierno nacional y el Ejrcito de Liberacin Nacional - ELN.

Sin minimizar la trascendencia de este proceso, argumentamos que el fin del conflicto armado en Colombia podra conducir a la exacerbacin de los conflictos socioambientales que han caracterizado la larga historia de actividades extractivas y de los mtodos violentos que han primado en este pas para lidiar con dichos conflictos. Recordemos que el Gobierno de Colombia depende del sector extractivo como generador de ingresos y ha asignado grandes reas a inversionistas privados para el desarrollo de actividades asociadas con la extraccin petrolera, minera, y los monocultivos para exportacin; y por otro lado, porque propone el extractivismo como fundamental para financiar espera que los ingresos que se obtengan del extractivismo sean una fuente fundamental de financiamiento de muchos compromios del proceso de transicin a la paz.

Con la terminacin del conflicto armado se desactiva un foco de violencia en los territorios, y se crea la idea de que ahora ser ms fcil el acceso a las reas previamente afectadas por la guerra, existiendo, por lo dems, una creciente demanda mundial de minerales y energticos como el petrleo. Es probable, entonces, que se amplen los extractivismos con lo que se estara abriendo la posibilidad de que se exacerbe la violencia intrnseca a los mismos.

A las comunidades marginadas de zonas rurales que han sido gravemente afectadas por el conflicto armado, les preocupa este modelo extractivista que se expande cada vez ms en sus territorios. En este contexto, an en condiciones muy adversas por el conflicto y sus secuelas, se han activado mecanismos de resistencia y de participacin democrtica para poder intervenir de forma vinculante y consecuente en las decisiones sobre el uso de los bienes naturales locales en actividades que podran impactar sus medios de vida y su entorno.

Desde 2004 varios mecanismos de participacin democrtica incorporados en la Constitucin de 1991 han sido activados por las comunidades afectadas con la llegada de las actividades extractivas en sus territorios [1] . Estos mecanismos incluyen el referendo, la iniciativa popular normativa y legislativa, la consulta popular, el cabildo abierto y las veeduras ciudadanas [2] , y han sido llevados a la prctica con el fin de proteger las fuentes de agua, las economas locales, y debatir visiones alternativas al extractivismo. Los casos en que alguno de estos mecanismos fue efectivamente usado, as como en los que fueron bloqueados por diferentes actores estatales, reflejan las potencialidades y las barreras en la democratizacin ambiental.

 Metabolismo social, extractivismo y fronteras extractivas

Para entender lo que sucede nos proponemos adentrarnos en el anlisis de la mano de tres conceptos que son tiles para razonar sobre la relacin entre los conflictos socio-ambientales y la economa: metabolismo social, extractivismo y frontera extractiva.

El primero es el concepto de metabolismo social, que se refiere a la manera en que las sociedades organizan los intercambios de energa y materiales con la naturaleza (Martnez-Alier, 2009). En l se describen la escala y las velocidades de uso de los bienes naturales, tanto para el consumo como para depositar residuos resultantes de los procesos de transformacin (que llamaremos sumideros). Por lo tanto el metabolismo social es un concepto que vincula los procesos econmicos con el consumo, el agotamiento y la apropiacin del patrimonio natural.

El metabolismo social est aumentando a un ritmo nunca antes visto. Esto es debido a los cambios en los patrones de consumo y produccin de grandes grupos humanos, en particular en China y no muy atrs la India; tambin por la bsqueda de rentas del capital global, y el crecimiento de la poblacin que se ha multiplicado por cinco desde 1900 (Martnez-Alier et al., 2010). Las economas asiticas en crecimiento estn exportando menos de sus propios bienes naturales y aumentando su demanda de energa y materia, sumideros y fuerza de trabajo de otras regiones, en competencia con los tradicionales pases centrales cuyas economas hasta ahora han estado basadas en el acceso desproporcionado a recursos con base en su poder econmico, poltico y militar (Brand y Wissen, 2013).

Estas tendencias estn exacerbando la presin para extraer bienes naturales desde regiones perifricas como frica y Amrica Latina, con consecuencias socioeconmicas y ambientales importantes para estos continentes (Muradian, Walter y Martnez-Alier, 2012). La intensificacin de la extraccin de materia y energa en Amrica Latina responde a lo que Maristella Svampa ha llamado el consenso de los commodities, basado en la idea de que hay un acuerdo tcito o explcito sobre el carcter irrevocable o irresistible del extractivismo como resultado de la creciente demanda mundial de commodities (2015: 67).

La intensificacin del metabolismo social a travs de la extraccin de bienes naturales en Amrica Latina se refleja en dos indicadores. La balanza comercial fsica y la balanza comercial monetaria. La balanza comercial fsica es la diferencia entre el nmero de toneladas de materiales que son importados por una economa y el nmero de toneladas que se exportan. Con trminos de intercambio negativos (una tonelada de importaciones ms cara que una tonelada de exportaciones) conduce a una balanza comercial monetaria negativa. En Colombia, se ha producido un aumento significativo en la cantidad de materiales exportados desde el ao 1985 en comparacin con los materiales importados. Las exportaciones de petrleo, carbn, ferronquel, oro, y agrocombustibles y otros materiales superan las importaciones en un factor de no menos de tres (Prez-Rincn, 2014); esta tendencia est presente en toda Amrica Latina. (Vallejo, Samaniego, Martnez Alier 2015).

A pesar del gran desequilibrio comercial fsico, Colombia y otros pases de la regin no son capaces de pagar sus importaciones. Los trminos de intercambio negativos de dos a cinco veces conducen a una balanza comercial monetaria negativa. El dficit comercial conduce a una intensificacin del metabolismo social ya que este dficit debe ser compensado con ms extraccin, con ms beneficios a los inversionistas extranjeros, que incluyen la reduccin de las normativas sociales y ambientales. A lo anterior se suma un creciente proceso de endeudamiento pblico, que tarde o temprano tiene que ser pagado, normalmente recurriendo a una ampliacin de los extractivismos.

Recurrimos al concepto de extractivismo, en segundo lugar. El extractivismo, en general y a lo largo de la historia, se refiere a actividades que remueven, casi siempre de forma intensiva, grandes volmenes de recursos naturales, y cultivan de manera agroindustrial con muchos insumos, sobre todo para exportar segn la demanda de los pases centrales, sin mayor procesamiento. Normalmente, requieren grandes montos de inversin y provocan efectos macroeconmicos relevantes, as como graves impactos sociales, ambientales y culturales en los territorios afectados (Gudynas, 2011) [3] . El extractivismo no se limita a minerales o petrleo. Hay tambin extractivismo agrario, forestal, pesquero, inclusive turstico (Machado, 2015). As, en lnea con Eduardo Gudynas (2016) quien propone esta definicin es mejor hablar de extractivismos.

El concepto extractivismo, junto con conceptos como acumulacin originaria (Carlos Marx), permiten explicar el saqueo, acumulacin, concentracin, devastacin colonial y neocolonial, as como el origen del capitalismo moderno. Por otra parte, el extractivismo sumado a conceptos como acaparamiento de tierras (Landnahme, en el sentido de Rosa Luxemburg), acumulacin por desposesin (David Harvey) o extraheccin (Eduardo Gudynas), ayudan a entender la evolucin actual del capitalismo moderno e, incluso, el desarrollo y subdesarrollo, como dos caras del mismo proceso de expansin del sistema capitalista mundial.

Si bien el extractivismo comenz hace ms de 500 aos, ni ste ni la conquista y colonizacin (atados al extractivismo) concluyeron al finalizar la dominacin europea en Amrica Latina. Estos procesos siguen presentes en toda la regin, sea en pases con gobiernos neoliberales o progresistas; [4] basta observar cmo con estos ltimos gobiernos se expanden aceleradamente los extractivismos en la actualidad.

Un tercer concepto til es el de la frontera extractiva (Moore, 2015). Las fronteras extractivas son los territorios de los que depende el capitalismo como las proveedoras de recursos (alimentos, materias primas, energa, mano de obra) para ser transformados y consumidos o usados como sumideros donde se depositan los residuos de la transformacin y la utilizacin de los recursos. El sistema capitalista metropolitano ha dependido siempre de un exterior menos desarrollado, sus colonias, por ejemplo, y de un proceso de ampliacin permanente de sus fronteras, para asegurar el suministro de estos bienes y servicios.

Como explica Moore, desde el siglo XVI ha habido movimientos mundiales de apropiacin de zonas fronterizas de baja o mnima mercantilizacin. Basado en el concepto de relaciones de valor, Moore (2014) explica que las fronteras extractivas se convirtieron en las mediadoras entre la reproduccin de la vida y la acumulacin de capital. Para Moore, la creacin activa de las relaciones de valor determina el bajo nivel de precios que el sistema capitalista paga por los bienes naturales, la mano de obra y los sumideros. Se refiere a las formas en que las sociedades capitalistas han definido la naturaleza como fuente de bienes y servicios que estn disponibles para aquellos que tienen el conocimiento y los medios para utilizarla. Por lo tanto, las sociedades capitalistas han creado naturalezas en letras minsculas, a travs del desarrollo de regmenes cientficos y simblicos necesarios para identificar, cuantificar, medir, y permitir el avance de la mercantilizacin. Este proceso tambin implica renombrar el agotamiento de los recursos como "produccin" y la fijacin de precios de los productos transformados por encima de los precios de los recursos necesarios para producirlos, por lo tanto, creando un sistema para extraer de forma continua, transformar y disipar los recursos naturales (Hornborg, 1998).

La intensificacin del metabolismo social implica la expansin y el desplazamiento de las fronteras extractivas a nuevos territorios. La economa de los pases o regiones centrales es tan dependiente de la energa y materiales de las fronteras, que incluso sin crecimiento econmico, la presin en las fronteras extractivas tiende a crecer (Martnez-Alier et al., 2010). La continua expansin de las fronteras extractivas est conduciendo al agotamiento de estos bienes y entrando en territorios que son ecolgicamente vulnerables y habitados por indgenas o grupos sociales histricamente oprimidos, y por lo tanto se crean condiciones para el surgimiento de cada vez mayores conflictos alrededor de la extraccin de los bienes naturales (Muradian et al.2012; Martnez-Alier y Walter, 2016).

En este sentido se podra decir que una caracterstica distintiva del capitalismo en la actualidad es que las fronteras extractivas de las que ha dependido histricamente son cada vez ms problemticas de ampliar. Esta tendencia puede ser calificada de dos maneras: en primer lugar, hay indicios de que los costos de la extraccin de los cuatro insumos del capitalismo: mano de obra, alimentos, materias primas y la energa estn aumentando, una tendencia que comenz alrededor de 2003 (Moore, 2015). En segundo lugar, la extraccin genera cada vez ms resistencia por parte de los habitantes locales debido a mltiples razones, entre ellas los graves impactos ambientales de la extraccin que se exacerban por la disminucin de la calidad de las reservas minerales (Mason et al., 2011). Esto conlleva a un tercer aspecto, que tiene que ver con los mtodos extremos que se requieren para extraer energa y minerales, mediante tcnicas no convencionales y extremas, tales como la fractura hidrulica, que requieren enormes volmenes de agua y energa, y procesos de ocupacin invasivos. Todo esto aumenta los riesgos de accidentalidad para la naturaleza, los pobladores y los trabajadores. A la postre esto exacerba el uso de violencia involucrada en la apropiacin de estos bienes.

La masiva apropiacin de la naturaleza, o sea de recursos naturales extrados va mltiples violencias, atropella derechos humanos y derechos de la naturaleza. La violencia, entonces, como bien seala Eduardo Gudynas (2013), no es una consecuencia de un tipo de extraccin sino que es una condicin necesaria para poder llevar a cabo la apropiacin de recursos naturales.

No hay, en sntesis, un extractivismo bueno [5] y un extractivismo malo. El extractivismo es lo que es: en lo econmico, un conjunto de actividades de extraccin masiva de bienes primarios para la exportacin que, dentro del capitalismo, se vuelve fundamental en el contexto de la modalidad de acumulacin primario-exportadora. De este modo, el extractivismo es, en esencia, depredador; como lo es el modo capitalista (que) vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, () la reproduccin del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la naturaleza, como afirm el filsofo ecuatoriano Bolvar Echeverra (2010).

En este escenario los conflictos crecen permanentemente. Ms an cuando se amplan masivamente los extractivismos. Las comunidades que viven en las fronteras extractivas se resisten a abandonar sus territorios, sus medios de vida campesinos y trasladarse a las ciudades. Las sociedades, incluyendo las citadinas, cobran cada vez ms conciencia de los efectos de tanta depredacin, y se organizan para resistir. Frente a eso los gobiernos de toda la regin neoliberales y progresistas- recurren cada vez ms a la represin para imponer los extractivismos [6] . Las empresas extractivas recurren tambin a mecanismos de imposicin, en alianza con el poder gubernamental o recurriendo a grupos paramilitares.

En sntesis, las crecientes tensiones socio-ambientales en las fronteras extractivas estn creciendo y ganando importancia geopoltica y geoeconmica. Por eso, ampliar las fronteras extractivas resulta cada vez ms costoso, ms riesgoso y ms conflictivo.

 Conflictos socioambientales y violencia en Colombia

Vistas as las cosas, no es de extraar que el mundo sea testigo de un aumento de conflictos ambientales sobre todo en regiones con ecosistemas vulnerables, una ocupacin humana intensiva del territorio y altos niveles de organizacin social. Este es el caso colombiano.

Colombia reporta un elevado nmero de conflictos socio-ambientales en el atlas de justicia ambiental (AJATLAS 2016). Es el tercer pas a nivel mundial -despus de Brasil y Filipinas- con el mayor nmero de asesinatos de activistas ambientales (Global Witness 2016). La base de datos de luchas sociales del CINEP - Centro de Investigacin y Educacin Popular - para el perodo 2001-2011 registr 274 movilizaciones sociales asociadas con petrleo, carbn y la extraccin de oro (CINEP, 2012). Estas movilizaciones, que corresponden slo al 3,7 por ciento de las movilizaciones totales durante el perodo, mostraron un rpido aumento en 2005 y un crecimiento constante desde el ao 2008.

Esto coincide con el anlisis de los conflictos ambientales realizados por Prez-Rincn (2014). Con base en los casos reportados en el atlas internacional de conflictos ambientales (EJATLAS 2016), Prez-Rincn muestra que hasta el 2001 haba 19 conflictos visibles en el pas. Durante el perodo 2002-2010 correspondiente a los dos Gobiernos de lvaro Uribe, se iniciaron 47 conflictos. Durante el primer Gobierno de Santos ya se haban reportado seis nuevos conflictos. 61 por ciento de los 72 conflictos estaban relacionados con la minera o la energa fsil (Prez-Rincn 2014). Estos conflictos estn asociados con la expansin exponencial de las actividades extractivas en los ltimos aos, como consecuencia de los cambios en el marco regulatorio para la transformacin de la economa colombiana cada vez ms en una economa minera. Esto se ha hecho principalmente facilitando la inversin extranjera en las actividades extractivas.

Los cambios comenzaron en la dcada de 1980 durante el Gobierno de Ernesto Samper con la redaccin de un nuevo cdigo minero, sacado adelante con la asesora y la financiacin del Gobierno de Canad, un importante actor global en las actividades mineras. El cdigo minero aprobado en 2001 durante el Gobierno de lvaro Uribe redujo drsticamente las regalas que deben pagar al Gobierno de Colombia los inversionistas extranjeros, como un incentivo para dichas inversiones. Durante los ocho aos de Gobierno de Uribe se concedieron an mayores incentivos a la inversin extranjera a travs de exenciones o reducciones fiscales, la flexibilizacin laboral y el desmoronamiento de las normas ambientales (Prez-Rincn, 2014). Uribe transform radicalmente la poltica petrolera, iniciando con la privatizacin de Ecopetrol, abandonando el contrato de asociacin por el de concesin, que favorece notablemente a las empresas extranjeras, disminuyendo las regalas y flexibilizando an ms las normas ambientales y laborales, y otorgando beneficios tributarios a los inversionistas. La poltica de "confianza inversionista" del Gobierno de Uribe fue seguida por la "locomotora minero-energtica" de los dos perodos del Gobierno de Santos.

No slo se han mantenido los incentivos para la inversin extranjera en el sector extractivo, sino que se tiene la confianza en que este sector proporcione al menos parte de los aproximadamente US $ 45 mil millones de dlares que costar el post-acuerdo (de Angellis, 2015). El Fondo Monetario Internacional ha manifestado su confianza en que en el escenario del post-conflicto, las zonas rurales de Colombia tendrn un crecimiento econmico muy superior a la de las zonas urbanas con base en las actividades extractivas como el petrleo (Noticias Uno, Octubre 9, 2016). Como se ve, la confianza en que el extractivismo dinamice la economa colombiana es enorme, inclusive para financiar el proceso de silenciamiento de las armas.

Los resultados de estas polticas se reflejan en una expansin significativa de la inversin extranjera directa, como se muestra en la figura 1. La reduccin en los ltimos dos aos es el resultado de los menores precios internacionales de los commodities.

Figura 1.

Inversin extranjera directa en Colombia 2000 - 2015

Fuente: Banco de la Repblica, 2016

La dependencia de los mercados forneos, aunque resulte paradjico, es todava ms marcada en pocas de crisis. As las cosas, todas o casi todas las economas atadas a exportar materias primas caen en la trampa de forzar las tasas de extraccin de sus bienes naturales cuando los precios se debilitan. Buscan, a como d lugar, sostener los ingresos provenientes de las exportaciones primarias. Esta realidad beneficia a los pases centrales, pues un mayor suministro de materias primas petrleo, minerales o alimentos, en pocas de precios deprimidos, crea una sobreoferta, lo que debilita an ms sus precios. De esa manera, se genera un crecimiento empobrecedor (Bhagwati, 1958) y la sobre-explotacin de las materias primas.

Las exportaciones totales de Colombia crecieron de 6.721 millones de dlares (FOB) en 1990 a 35.691 millones de dlares en 2015 (DANE, 2016). Actualmente el 59 por ciento de las exportaciones totales en trminos monetarios corresponden a petrleo y carbn, mientras que el 5% corresponde a oro (Trading Economics, 2016). Sin embargo, la estructura de impuestos para los inversionistas extranjeros en el sector extractivo se tradujo en que durante el perodo de 2005 a 2010, por cada 100 pesos pagados por las empresas en impuesto sobre la renta, obtuvieron descuentos y beneficios entre 203 y 118 pesos para la minera y los hidrocarburos respectivamente (Rudas- Lleras y Espitia-Zamora, 2013).

Teniendo en cuenta la estructura global de la tributacin de la minera y los hidrocarburos, Rudas Lleras-y-Zamora Espitia construyeron un indicador de la capacidad de estas dos actividades para generar recursos para los estados. Calcularon este indicador con datos de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), y llegaron a la conclusin de que si bien Colombia tiene uno de los niveles ms altos en los porcentajes nominales de impuestos, as como de regalas en Amrica Latina, paradjicamente es de los ms bajos en trminos de los ingresos fiscales por unidad de valor agregado en el sector de la minera e hidrocarburos. Una de las diferencias ms significativas con otros pases de la regin es que Colombia cobra 0% para sobre las remesas de utilidades para actividades mineras. De hecho Colombia, junto con Chile y Per tienen los niveles ms bajos de participacin del Estado en los ingresos de estos sectores. En las dos ltimas dcadas, por cada dlar contribuido al PIB por la minera y los hidrocarburos, el estado recibi ingresos de menos de diecisis centavos (en el mejor de los casos, durante los ltimos aos de bonanza de precios en los mercados mundiales) (Rudas- Lleras y Espitia-Zamora, 2013).

Las condiciones favorables para los inversionistas extranjeros en las actividades extractivas estn asociadas con el aumento de los ttulos y concesiones mineras y petroleras. Los ttulos mineros otorgados en Colombia pasaron de 2.965 en 2002 a 9.131 en 2012. De estos ttulos el 61% son para la exploracin y el 39% para la extraccin y representan el 4,4% del territorio nacional. De la superficie total concedida el 53% son para metales preciosos y de 26% para carbn (RNM, 2014). En el periodo 2000-2010 el rea solicitada para concesin minera es de 67,5 millones de hectreas, o el 59% del territorio nacional (CGR, 2011). Del mismo modo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, creada en 2004 para promover la exploracin y extraccin de petrleo ha otorgado concesiones sobre 33,49 millones de hectreas para la exploracin, incluyendo los de evaluacin tcnica y cuenta con 60,8 millones de hectreas disponibles para posibles inversionistas. Actualmente hay 2,3 millones de hectreas en explotacin y 2,17 millones de hectreas en otras etapas de negociacin (ANH, 2017). De acuerdo con estas reas, el 90% del territorio nacional de 114,2 millones de hectreas es potencialmente una fuente de petrleo.

Con tal expansin de la frontera extractiva en Colombia, es difcil evitar la superposicin con los territorios de comunidades negras, campesinas e indgenas, reas estratgicas para el abastecimiento de agua y los ecosistemas de importancia natural y de identidad cultural. Los 72 conflictos ambientales analizados por Prez-Rincn (2014) tienen influencia sobre una superficie de 4,8 millones de hectreas y aproximadamente 7,9 millones de personas afectadas o potencialmente afectadas. Del nmero total de conflictos analizados, se encontr que 19 conflictos, es decir el 26% estn dentro de las reas de conservacin (por ejemplo, parques nacionales, reas protegidas o pramos); y el mismo nmero de conflictos dentro de territorios tnicos, lo que muestra la limitada eficacia de las leyes para hacer cumplir la proteccin del medio ambiente y las comunidades marginadas. Los grandes proyectos extractivos en territorios indgenas son los principales contribuyentes al riesgo de extincin de 64 grupos indgenas (ABColombia, 2012).

El otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras est violando los derechos civiles y colectivos fundamentales, haciendo caso omiso de procesos locales (ambientales, territoriales, sociales y econmicos). Efectos especficos incluyen procesos de desplazamiento de comunidades, cambio en el uso del suelo, impactos ambientales como la prdida de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, aire, la generacin de residuos, lo cual tambin representa un riesgo para la soberana alimentaria de las poblaciones locales y el pas (Negrete-Montes, 2013).

Se ha reconocido que las actividades extractivas exacerban la violencia fsica en los territorios de diferentes maneras. Las zonas con importantes yacimientos mineros o petroleros o infraestructura hidroelctrica tienen ms presencia de fuerzas militares para proteger los proyectos extractivos y energticos para controlar la oposicin social a la extraccin (COHDES, 2012). De hecho en Colombia se crearon los Batallones minero energticos con el propsito de proteger esta infraestructura, y 30% de la fuerza pblica est destinada a esta labor. Las actividades de extraccin de carbn, ferronquel, oro y petrleo, as como varios productos agrcolas como el banano y el aceite de palma, esconden en muchos casos actos de violencia perpetrados por actores ilegales con la intencin de hacer control social y poltico de los territorios (COHDES 2014).

Hasta la fecha, unos 6 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza y al menos 8 millones de hectreas (alrededor del 14% del territorio de Colombia) han sido despojadas a los propietarios originales como resultado del conflicto interno y la presin de proyectos extractivistas. Algunos de los que se han visto obligados a huir han sido blanco de una poltica deliberada para eliminar personas de zonas ricas en minerales y energa. Ya en el a o 2000, el relator de las Naciones Unidas Francis Deng haba identificado el desplazamiento como un medio para adquirir tierras por parte de grandes terratenientes, narcotraficantes, as como de empresas privadas que desarrollan proyectos a gran escala para la explotacin de bienes naturales y el desarrollo de proyectos a gran escala, en algunos casos no slo de capital nacional, sino tambin de empresas transnacionales (Naciones Unidas, 2000).

Amnista Internacional ha documentado numerosos casos en los que miembros de la comunidad que tratan de oponerse a intereses mineros externos y a reclamar su propia minera artesanal y otros derechos territoriales han sido amenazados, desplazados o asesinados (Amnista Internacional, 2015). Adems, se ha encontrado que las actividades extractivas, especialmente la extraccin de oro se articulan con el lavado de dinero de las drogas (Tubb, en prensa).

Hay que anotar que las zonas donde la guerrilla y el paramilitarismo tienen (o han tenido hasta hace poco) mayor presencia tienden a ser reas con proyectos extractivos potenciales por sus grandes reservas mineras o energticas. Esta visin general de las complejas relaciones naturaleza-sociedad en Colombia apunta a una posible paradoja de las prximas dcadas del post-acuerdo de paz: que los conflictos socio-ambientales se intensifiquen si el Gobierno trata de facilitar la expansin de la frontera extractiva y ms grave an que se exacerbe el uso de la violencia para el manejo de estos conflictos. Este es un gran riesgo, si se tiene en cuenta que 41 de los 47 municipios de alta prioridad de acuerdo con las Naciones Unidas en el post-acuerdo tienen grandes reas de parques naturales y reservas forestales. 17 de estos municipios tienen ms del 50% de sus territorios bajo estas designaciones y 8 municipios del total de 125 priorizados tienen 100% de su superficie bajo alguna de estas figuras. Adems en ms del 80% de los municipios que han sido recientemente (desde 2010) afectados por el conflicto con las FARC, se han otorgado ttulos mineros, con algunos municipios con ms del 40% de sus territorios otorgados en concesiones mineras (ONU 2014).

En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, destaca que a 30 de noviembre del 2016, la entidad haba monitoreado 35 atentados y 52 homicidios en contra de lderes y lideresas defensoras de los derechos humanos y cinco casos ms estn en anlisis [7] . Varios medios de comunicacin alertan que han sido asesinados 104 lderes [8] , mientras que varias centenas han sido amenazadas. El mismo comunicado de la Oficina del Alto Comisionado resalta que la mayor parte de las vctimas est vinculadas a actividades en el mbito rural: campesinado, indgenas y afrocolombianos, quienes han sido las principales vctimas del conflicto armado.

La visin del Gobierno de duplicar la extraccin de carbn, cuadruplicar las exportaciones de oro, triplicar las zonas mineras entre 2011 y 2021 (ABColombia, 2015), mantener al mximo la extraccin petrolera y ampliar la frontera agroindustrial, es un plan que claramente pasa por alto las preocupaciones socio-ambientales locales y globales y la contribucin de las actividades extractivas al conflicto interno.

 La ola de democratizacin ambiental en Colombia

En este contexto las comunidades de todo el pas han organizado resistencias con mltiples estrategias y en algunos casos han logrado retrasar, suspender o detener proyectos extractivos [9] . Algunas comunidades han activado los mecanismos de participacin que se incorporaron en la Constitucin de 1991, con el fin de decidir colectivamente si desean permitir las actividades extractivas en sus territorios o proteger las fuentes de agua, los suelos, los paisajes y sus medios de vida tradicionales. Estas iniciativas y las respuestas del estado muestran una tensin por generar/bloquear un proceso de democratizacin sobre el ambiente y los territorios.

 Primeras movilizaciones: 2006 - 2010

El referendo nacional y las consultas populares a nivel departamental fueron intentos fallidos de democratizacin ambiental, pero sin duda crearon un entorno propicio para nuevos intentos de tener una mayor influencia en las decisiones tomadas sobre las fuentes de agua y medios de vida campesinos, para la reconstruccin del sentido de territorio desde una concepcin ambiental, y la construccin de una pedagoga ambiental que ha logrado movilizar una buena parte de la ciudadana.

 Intensificacin de la lucha por la democratizacin ambiental: 2013 -2017

Entre el 2013 y 2016 la movilizacin ciudadana ha estado enfocada en consultas populares y ha tenido tres frentes: a la escala local con los entes territoriales para que respondan a los llamados populares; a la escala regional con los tribunales administrativos que determinan la constitucionalidad de las preguntas en un proceso que parece ms poltico que tcnico; y, a la escala nacional las comunidades han hecho alianzas con organizaciones de la sociedad civil para emprender luchas jurdicas para consolidar la participacin ciudadana, la autonoma territorial y el deber del estado de contribuir a un ambiente sano.

Estos dos movimientos sociales generaron fuertes reacciones por parte del Gobierno nacional. Despus de la consulta en Piedras, el Gobierno nacional intent varias estrategias para prevenir la consulta en Tauramena, incluyendo amenazas de judicializacin a los alcaldes por sobrepasar los lmites de su competencia. Despus de que sta se realiz, las consultas de Monterrey, Pueblorrico, Ibagu, Cajamarca y Pijao han tenido que sortear una larga serie de obstculos que bloquearon algunas y mantienen otras en vilo. Con las elecciones de alcaldes en el ao 2015, que se posesionaron en el enero de 2016, los ciudadanos de Ibagu y Cajamarca pudieron constatar que para acceder a la democracia participativa, tenan que haber hecho uso de la democracia representativa. Se requera que los alcaldes y concejales los representaran a la hora de aprobar las consultas solicitadas por la ciudadana. A la escala departamental las organizaciones comunitarias y los municipios se han enfrentado a los tribunales administrativos mediante el proceso de validacin de la constitucionalidad de las preguntas y de las consultas en s mismas, el cual parece ser tambin un proceso ms poltico que tcnico-jurdico.

Mientras tanto el municipio de Pijao haba presentado una accin de tutela ante el Consejo de Estado contra el Tribunal Administrativo del Quindo que haba declarado inconstitucional la consulta solicitada por la ciudadana y aprobada por el concejo municipal. El Consejo de Estado fall en contra de la tutela en dos instancias, ante lo cual la exconcejal Mnica Florez con la asesora de Dejusticia solicit la revisin del caso por parte de la Corte Constitucional, que emiti la sentencia T-445 de agosto 2016, que como se ver ms adelante, consolida la consulta como mecanismo de participacin ciudadana que los entes territoriales pueden convocar para decidir sobre el uso del suelo. Esta sentencia tuvo un impacto en las consultas de Cajamarca e Ibagu. Esta sentencia declar la pregunta inconstitucional por contener elementos valorativos que inducen la respuesta en contra de la actividad extractiva. Las preguntas formuladas para Cajamarca, Ibagu y Pijao eran muy similares y la sentencia T-445 produjo varias demandas de inconstitucionalidad a las que el Consejo de Estado otorg medidas cautelares ordenando suspender las consultas de Cajamarca e Ibagu.

En otra zona del pas el municipio de Pueblorrico, ante la renuencia del Tribunal Administrativo de Antioquia de apoyar la consulta, la comunidad, a diferencia de Pijao que busc la va legal, opt por instrumentos legislativos populares autnomos como mandatos populares que hasta ahora han mantenido las actividades mineras fuera del territorio municipal, siguiendo el ejemplo de los resguardos indgenas de Provincial y Tamaquito en La Guajira, que decidieron realizar en 2015, sendas consultas autnomas para decidir frente a los proyectos mineros en sus territorios.

 Consolidacin de la democratizacin ambiental

Desde la sentencia C-123 de 5 de marzo de 2014, la Corte haba emitido un concepto sobre el artculo 37 del Cdigo Minero, demandado por inconstitucionalidad por violar el principio de autonoma. En la sentencia la Corte haba declarado este artculo constitucional, pero en el entendido de que la autorizacin de nuevas reas mineras se realizara de comn acuerdo entre las autoridades nacionales y territoriales. Ms recientemente en mayo 2016, la Corte Constitucional declar inconstitucional el artculo con base en un argumento presentado por los estudiantes de derecho de la Universidad de Antioquia. Ellos argumentaron que una interpretacin efectiva de los principios de coordinacin, concurrencia y subsidiariedad que regulan la distribucin del poder entre diversas escalas de Gobierno, no es compatible con la declaracin de una industria de alto impacto como la minera, como una actividad de utilidad pblica e inters social; ni debe permitir la limitacin de otros contenidos de la constitucin incluyendo principios rectores como la participacin ciudadana, la autonoma territorial, as como el deber de conservacin del patrimonio natural y cultural de la nacin.

En junio 2016 la Corte Constitucional tom otra decisin importante, esta vez en respuesta a una accin de tutela interpuesta por la organizacin no gubernamental ambiental Tierra Digna sobre la proteccin de los derechos de las minoras tnicas a la consulta previa que estaba siendo violada con el establecimiento de reas mineras estratgica por parte del Ministerio de Minas y Energa y la Agencia Nacional de Minera. En febrero de 2016 la Corte Constitucional tambin fall a favor de la proteccin del derecho fundamental al agua al declarar como inconstitucional la actividad minera en los pramos.

Finalmente en agosto de 2016 la Corte Constitucional, resuelve una demanda de tutela por la decisin judicial del Tribunal Administrativo del Quindo en contra la constitucionalidad de la consulta popular de Pijao que estaba basada en la carencia de competencia de los municipios para decidir sobre temas mineros. En la sentencia T-445, la Corte afirma que los entes territoriales poseen competencia para regular el uso del suelo y garantizar la proteccin del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. Como fundamento la Corte reinterpreta el artculo 332 de la Constitucin que establece que el subsuelo es propiedad del Estado Nacional, aclarando que los municipios tambin constituyen el Estado. Esta sentencia del 2016, consolida la participacin ciudadana sobre el ambiente y los territorios. Su coincidencia en el tiempo con el fin del conflicto armado con las FARC enva un claro mensaje sobre la manera como se debern tomar las decisiones con el fin de hacer la transicin hacia la paz territorial.

Un recorrido cronolgico por la utilizacin de los mecanismos de participacin en su conjunto, muestra una aspiracin social cada vez mayor hacia la democratizacin ambiental. A partir de los movimientos locales en las fronteras extractivas, se han generado actividades ms amplias en las escalas regionales y han inspirado otros movimientos locales e incluso la movilizacin nacional en el caso del referendo por el agua. Las activaciones individuales de los mecanismos democrticos de participacin son en efecto episdicas y localizadas, con un xito temporal, pero tambin han sido recurrentes (Wolin, 1994), hasta lograr consolidarse. Tambin ilustran la ambivalencia del Estado que ha utilizado estrategias para bloquear los mecanismos, a veces con xito, pero sin ser capaz de detener la demanda abrumadora de las comunidades de tener una participacin vinculante en las decisiones que afectan el agua, los territorios y los medios de vida.

 Democratizacin ambiental, paz con justicia ambiental y relaciones naturaleza-sociedad

Los movimientos ambientalistas y territoriales que buscan la democratizacin ambiental estn expresando varios mensajes. Un mensaje claro para el presente y para el futuro es que no habr paz en los territorios, sin justicia ambiental y social. La mayor apertura de las fronteras extractivas para continuar con la intensificacin del metabolismo social a expensas de los medios de vida locales, los paisajes, las fuentes de agua y las identidades rurales va a transformar el conflicto, con lo que el proceso de paz no va a reducirlo.

Los municipios que han sido priorizados para la era post-conflicto se caracterizan por la superposicin de ecosistemas frgiles de reas protegidas, regiones con escasez de agua, y territorios de comunidades tnicas y campesinas con la titulacin de tierras para la exploracin minera y petrolera. Esto hace que sea absolutamente necesario transformar las relaciones sociedad naturaleza, y entender las relaciones simbiticas entre sociedad y naturaleza, comprendiendo que especies y ambientes se hacen y deshacen entre s, siempre y en cada momento (Moore 2014: 97).

Sin duda, la cuestin ambiental ha sido ncleo fundamental en los conflictos histricos de Colombia, porque en el centro del conflicto han estado presentes las disputas por el dominio de las fuentes vitales para el desarrollo econmico (agua, energa, tierras, minerales y otros bienes naturales) y por el control territorial (Roa y Urrea, 2015). En el conflicto armado colombiano, la naturaleza ha estado presente en su doble condicin: como escenario y como botn de la guerra, y en esta nocin se incluyen los territorios y los cuerpos de los seres humanos, que tambin son naturaleza (Comit Ambiental del Tolima y otros, 2016), es decir que la naturaleza ha sido causa, escenario y a la vez vctima del conflicto.

La construccin de carreteras, vas fluviales y grandes represas hidroelctricas con el fin de facilitar la extraccin de minerales, combustibles fsiles y biomasa en los territorios que han tenido una presencia limitada del estado, significa al menos dos cosas. En primer lugar, representa olvidar los pasivos socio-ambientales histricos que han alimentado el conflicto social y armado interno, y en segundo lugar simboliza continuar en el camino del desarrollo extractivo insostenible, con su capacidad destructiva, su injusticia y su violencia hacia las personas, las comunidades y la naturaleza.

En el contexto del proceso de paz, las nuevas propuestas apuntan hacia alternativas econmicas en torno a la produccin de alimentos, el turismo ecolgico, la bio-prospeccin, y el pago por servicios ambientales (PNUD, 2014). Pero especial atencin se debe prestar a que estas alternativas no se conviertan simplemente en una nueva forma de apropiacin de la naturaleza, ya que algunas de estas propuestas caen dentro de la lgica extractivista al ofrecer oportunidades de inversin para la acumulacin de capital, la financiarizacin y la bsqueda de rentas. En lnea con la creciente mercantilizacin de la naturaleza estas propuestas vinculadas al pago por servicios ambientales, en definitiva, se alinean en el lado de las falsas soluciones a los problemas existentes en este campo.

Algunas de estas propuestas terminan siendo funcionales a las empresas extractivas y financieras, como es el caso del proyecto BanC02, operado por Bancolombia, y que funciona como un esquema de compensacin por daos ambientales causados por las empresas extractivas como Anglo Gold Ashanti, Isagen, Empresas Pblicas de Medelln, y Ecopetrol [10] . Proyectos cuestionados por sus impactos ambientales y sociales terminan siendo legitimados a travs de estas prcticas de lavado verde (green washing).

El movimiento por la democratizacin ambiental llama la atencin sobre la historia de las fronteras extractivas que desde el siglo XVI han sido las fuentes de naturaleza barata para la acumulacin de capital (Moore, 2014). La larga resistencia de campesinos y comunidades tnicas a entregar a bajo precio la naturaleza de las fronteras extractivas al capitalismo, apunta hacia la bsqueda de la justicia, como una de las principales motivaciones detrs de las luchas ambientales.

Los movimientos sociales por la justicia ambiental han puesto de manifiesto su concepcin trivalente de la justicia, donde la distribucin, el reconocimiento y la participacin son las principales preocupaciones. Como Schlosberg, lo dice con base en Fraser (1998), parte de lo que se va a distribuir son bienes y males ambientales, parte de lo que ha de ser reconocidos son formas culturales de vida con la naturaleza, y un aspecto de las demandas se relacionan con la participacin en la toma de decisiones sobre el ambiente (2004: 523). La lucha de las comunidades colombianas por la tierra, el agua, los territorios, el ambiente sano, la soberana alimentaria, la identidad cultural y el derecho a la participacin, son todos componentes de una lucha ms amplia por la justicia socio-ambiental, ya que todos estos componentes se han visto afectados por proyectos extractivos.

La activacin de los mecanismos democrticos para el ambiente es tambin una llamada a prestar atencin a la coyuntura actual de altas presiones en las tendencias mundiales. Estas incluyen el cambio climtico con sus efectos sobre la produccin de alimentos y la salud, y el creciente nmero de personas para las que el sistema capitalista no va a mantener la promesa de inclusin a travs de un trabajo productivo y bien remunerado. Estos problemas se han agudizado por la falta de agua para el agro; por la deforestacin y contaminacin ocasionada por la minera formal e informal y por la actividad petrolera; por el agotamiento del recurso pesquero en el ocano Pacfico, debido a su sobreexplotacin; por la polucin urbana; por la creciente erosin de la biodiversidad silvestre y agrcola; la desaparicin de suelos agrcolas, la prdida de calidad y disponibilidad del agua, etc.

En este sentido, existe una necesidad urgente de que se realice la restitucin de las tierras usurpada a los seis millones de personas que fueron desplazadas a los mrgenes de zonas urbanas y que stas vuelvan a sus tierras. Esta restitucin debe centrarse en ttulos legales sobre la tierra, en el reconocimiento del agua como un bien comn que es constitutiva de los territorios, y de las identidades de las comunidades tnicas y campesinas, y reconociendo al campesinado como sujeto poltico con derechos. La preocupacin de que el cambio climtico, con su aumento en la variabilidad de las temperaturas y de las precipitaciones est afectando la produccin de alimentos, as como a las personas que ya son ms vulnerables y con inseguridad alimentaria (FAO, 2008) hace que sea an ms importante centrarse en la proteccin de las tierras de la agricultura campesina. Con su produccin de pequea escala, el bajo consumo de energa y la alta demanda de mano de obra, la agricultura campesina es significativamente ms sustentable que la agricultura comercial a gran escala, uno de los mayores contribuyentes a los gases de efecto invernadero y al cambio climtico.

Otro mensaje central de las movilizaciones por la democratizacin ambiental es el llamado a reconsiderar la relacin de nuestras sociedades con la naturaleza. Se ha argumentado que la crisis ecolgica actual es el resultado de un sistema global basado en la separacin de la sociedad de la naturaleza. La visin de la naturaleza como un objeto externo al servicio de la sociedad ha facilitado su apropiacin, mercantilizacin y agotamiento.

La frontera vista como el exterior del sistema capitalista es ejemplificada en la propiedad del subsuelo por los estados desarrollistas. Mediante la definicin de las reservas minerales y de combustibles como recursos estratgicos para el beneficio de toda la ciudadana, los estados se reservan para s el papel de intermediarios (Urteaga-Crovetto, 2012) entre la sociedad y la naturaleza en la decisin de quin, dnde y cmo se extraen estos recursos. Al abandonar el modelo binario sociedad ms naturaleza, las preguntas formuladas en las consultas, referendos e iniciativas populares en Colombia nos cuestionan sobre cmo queremos ser configurados colectivamente en la red de la vida y cmo queremos que la red de la vida sea conformada a travs de nosotros (Moore, 2015). Con una desigualdad global sin precedentes en el poder cultural, poltico y econmico dentro y fuera de las escalas geogrficas, estas formas fundamentales de democratizacin son imprescindibles.

Por ltimo, permitir, defender y fomentar la participacin de la sociedad en la toma de decisiones en materia ambiental y territorial en el contexto de la transicin a una sociedad que pueda resolver sus conflictos sin el uso de la violencia, representa una transformacin de los conflictos ambientales en los escenarios de democratizacin.

 Conclusiones

Colombia inici una nueva etapa en el ao 2016 al ratificar un acuerdo de paz con las FARC que se consolidara en el 2017 con el proceso de negociacin con el ELN. Sin embargo, el extractivismo como uno de los factores que han alimentado el conflicto, parece no dar tregua. El Gobierno lo promueve como la fuente de financiacin de los programas de reparacin, restitucin y reinsercin del post-conflicto. Y por otro lado la demanda mundial de minerales, energa, alimentos y materias primas impulsa cada vez ms el extractivismo con su gran presin sobre las zonas rurales, donde el conflicto se ha concentrado.

La presencia de actividades extractivas en zonas rurales de economas campesinas o territorios tnicos aade otra dimensin a los conflictos territoriales existentes. La apropiacin de la tierra, el agua, los bosques y los bienes del subsuelo por los grandes inversionistas, y la posterior transformacin de los medios de vida, han generado resistencia y violencia significativa en los territorios. Colombia es el segundo pas de Amrica Latina y el tercero en el mundo con el mayor nmero de asesinatos de activistas del medio ambiente y de la tierra. Pero a pesar de toda la violencia e intolerancia existente, afloran cada vez ms grupos ciudadanos que resisten. Una situacin entendible tambin gracias a la existencia de un marco constitucional y jurdico relativamente vigoroso y que, a diferencia de los que sucede en toda la regin, cuenta con una relativa independencia del poder judicial, frente a los otros poderes del estado.

El movimiento social por la democratizacin ambiental se hizo evidente en Colombia a finales del siglo XX, paralelo a la expansin exponencial de las actividades extractivas y los conflictos socio-ambientales impulsados por las polticas nacionales para transformar cada vez ms a Colombia en un pas minero. El uso de los mecanismos de participacin democrtica en asuntos ambientales sobre todo desde 2006 demuestra la aspiracin de los grupos marginados de la sociedad a participar en forma sustancial en el proceso de toma de decisiones relativas a la planificacin territorial, el uso de su patrimonio natural y el modelo econmico que influyen en gran medida las condiciones socio-ambientales. A travs de los procesos de democratizacin ambiental se ha logrado construir una pedagoga que est propiciando una importante movilizacin ciudadana, que reclama, de manera pacfica y creativa, el derecho a decidir sobre su territorio.

La transicin a una era de post-conflicto en los territorios rurales de Colombia sobre todo aquellos todava libres de los extractivismos- plantea retos importantes para un Estado dependiente de las rentas y las inversiones en el sector extractivo. El asunto es muy preocupante, pues insistir en una economa basada en las actividades extractivas es marchando por un callejn sin salida en lo social, ambiental, poltico y tambin en lo econmico [11] . Adems, en la medida que se vaya consolidando la necesidad de un cambio profundo a nivel internacional y se desmonte el crecimiento econmico desaforado, los pases con grandes cantidades de recursos naturales tendrn que plantearse con seriedad transiciones post-extractivistas [12] .

En conclusin, permitir, defender y fomentar la democratizacin ambiental es un asunto fundamental para alcanzar la paz con justicia social y ambiental, pues la una no existe sin la otra.-

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[1] En el artculo 40 de la Constitucin Poltica se reconocen las formas de participacin ciudadana, posteriormente la Ley 134 de 1994 dicta las normas para los mecanismos de participacin.

[2] Las veeduras ciudadanas se constituyeron mediante la Ley 34 de 1994 con el fin de vigilar la gestin pblica, los resultados de la misma y la prestacin de los servicios pblicos. El mecanismo fue reglado a travs de la Ley 850 de 2003.

[3] Por cierto, hay quienes sostienen, con buenos argumentos, que el extractivismo se articula con el high-tech en diversos mbitos, como el agrario, por ejemplo. La megaminera es el sector con ms capital y tecnologa-intensiva.

[4] No se puede confundir izquierda con progresismo. Al respecto, vale la pena recomendar la posicin de Eduardo Gudynas en Izquierda y progresismo: la gran divergencia (diciembre del 2013 b ). Disponible en http://www.alainet.org/es/active/70074

[5] Como es el caso del uso del trmino extractivismo en portugus, cuando se refiere a la extraccin u obtencin sostenible de recursos naturales del bosque, por ejemplo, de castaas o de madera, sin llegar a afectar la existencia del bosque mismo y de toda su rica biodiversidad.

[6] Inclusive se ha registrado algo que parecera inslito: el presidente progresista de ecuador, Rafael Correa, asesorando al presidente neoliberal de Colombia, Juan Manuel Santos, de cmo romper la resistencia de las comunidades que se oponen a la megaminera. Ver el texto de Eduardo Gudynas: El empuje extractivista en Colombia y la convergencia entre conservadores y progresistas, 16 de octubre del 2016. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-empuje-extractivista-en-colombia-y-la-convergencia-entre-conservadores-y-progresistas?category_id=138 Para conocer ms del caso ecuatorianos e puede consultar el texto de Acosta y Hurtado 2016.

[7]  http://www.elespectador.com/noticias/nacional/naciones-unidas-da-detalles-sobre-violencia-contra-lide-articulo-668673

[8] http://www.semana.com/nacion/articulo/lideres-sociales-victimas-de-atentados-en-meta-y-sucre/509461

[9] Son muchos los procesos de resistencia que existen en Colombia. Mencionaremos algunos que tienes una larga historia y su resonancia, por cuestin de espacio slo sern unos pocos: la defensa del pramo de Santurban (Santander), liderado por el Comit por la Defensa del Pramo de Santurban, una articulacin de organizaciones ambientalistas, sindicales, urbanas, de maestros y estudiantes, entre otros. La lucha contra el proyecto minero La Colosa, en cabeza del Comit Ambiental del Tolima tambin una articulacin multisectorial, la defensa del Ro Ranchera (Guajira) frente a la ampliacin del proyecto minero El Cerrejn, al frente de organizaciones indgenas, como Fuerza de Mujeres Wayu y organizaciones afrocolombianas, entre otras; la lucha del pueblo U'wa en Boyac, que tiene alrededor de 3 dcadas deteniendo la llegada de la actividad petrolera a su territorio, la defensa del pramo del Almorzadero (Santander) que por tres dcadas ha detenido el inicio de una explotacin carbonfera. La defensa de los ros frente a los proyectos hidroelctricos que lidera el Movimiento Ros Vivos, que en la actualidad enfrenta 3 proyectos activos: El Quimbo, Ituango y Sogamoso.

[10] http://www.banco2.com/

[11] De la larga lista de textos sobre esta materia, recomendamos el libro de Acosta (2009).

[12] Una reflexin sobre el extractivismo en relacin con su inviabilidad econmica, sobre todo cuando se desmonte la religin del crecimiento econmico, se puede encontrar en Acosta y Brand (2017).

Mara Cecilia Roa Garca,investigadora de la Fundacin Evaristo Garca, becaria de la Fundacin Alexander von Humboldt en el German Institute for Global and Area Studies, Hamburgo, Alemania.

Tatiana Roa Avendao, ambientalista colombiana, coordinadora general de Censat Agua Viva, ingeniera y magster en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simn Bolvar Quito, Ecuador

Alberto Acosta, economista ecuatoriano, ex-ministro de Minas y Energa de Ecuador, ex-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, miembro del Grupo de Trabajo de alternativas al Desarrollo de la Fundacin Rosa Luxemburgo.


 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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