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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-09-2017

Una buena noticia tras una dcada de criminalizar el aborto espontneo

Sofa Ramrez
GKillCity

En el Ecuador, por temor a represalias legales muchos mdicos, enfermeros y otros miembros del sistema de salud optaron por denunciar a las mujeres que llegaban a hospitales y centros de salud con procesos de abortos no provocados. La Ministra de Salud envi un memorando en agosto de 2017 aclarando que su deber era asistir a estas mujeres, no denunciarlas.


En el Ecuador, la Ministra de Salud ha tenido que recordarle a los mdicos que es su obligacin salvar la vida de las mujeres que presentan un aborto y no juzgarlas moralmente. El 4 de agosto, mediante un memorando, la ministra Vernica Espinosa, recalc que el trabajo de los especialistas de la Salud no era denunciar a estas mujeres ni someterlas a un interrogatorio, ni dejarlas morir. En un pas donde cada ao 45 de cada 100 mil mujeres mueren por aborto y cada cuatro minutos una mujer interrumpe su embarazo en condiciones de clandestinidad, la declaracin de la Ministra es una buena noticia. Ms an si en el Ecuador el aborto solo es legal cuando la vida de la mujer est en riesgo o cuando se trata de una violacin a una mujer con discapacidad mental.

El recordatorio de la ministra, que parecera una obviedad, tiene un antecedente claro: durante
el gobierno de Rafael Correa, la presin poltica y meditica que l ejerci hizo que no sea posible abortar legalmente en casos de violacin. Cuando en 2013 Gina Godoy, Paola Pabn y Soledad Buenda, asamblestas de Alianza Pas, el partido de gobierno, plantearon que esa excepcin se incluya en el Cdigo Integral Penal, Correa se opuso en trminos dramticos: amenaz con renunciar y las legisladoras fueron suspendidas por un mes como sancin por salirse de la lnea partidista.

El cambio que propone la declaracin de Espinosa supone un mejor trato para las mujeres que
presentan interrupcin en el embarazo y su derecho a la vida. Su alcance va ms all de la atencin obligatoria: le recuerda al mdico que existe el secreto profesional entre su paciente y l. Otra condicin que podra parecer obvia, pero que desde que se aprob el Cdigo Integral Penal en diciembre del 2013, en algunos casos evidenciados por colectivos de mujeres, no ha sido respetada.

Antes de la aclaracin pblica de la Ministra, algunas mujeres que llegaban con abortos en curso, no terminados, hemorragias u otras secuelas en busca de ayuda, no eran atendidas de inmediato. La abogada y defensora de derechos humanos, Silvia Buenda dice que el desconocimiento jurdico de los mdicos sumado a la presin por las declaraciones de Correa provocaron que se denunciara a cualquier mujer que llegara con signos de haber iniciado aborto. Segn Buenda, hubo casos en los que las esposaron mientras ellas sufran dolores, similares a los de un parto.

Las denuncias por aborto, en su mayora, son presentadas desde el sistema de salud. Es decir, por mdicos, enfermeros u otros funcionarios de hospitales, centros de salud, dispensarios, clnicas, consultorios. Esta prctica violaba el secreto profesional, entendido como una obligacin jurdica, moral, y tica de los profesionales de la salud (mdicos, enfermeras, paramdicos, etc.), la atencin digna y la confidencialidad establecidos en la Ley de Derechos y Amparo al Paciente. Todas son formas de violencia obsttrica, una forma de maltrato que sufren mujeres embarazadas o a las que no se respeta en sus decisiones, y son juzgadas, vejadas, y lastimadas fsica y emocionalmente. Segn el centro de apoyo y proteccin de los Derechos Humanos Surkuna existen casos en que enfermeras y doctores, sin respetar a la mujer que presentaba sangrado vaginal, estrs o estado de shock fueron interrogadas sin presencia de un abogado. Incluso les fue condicionada la atencin si el aborto era voluntario o no, y hasta fueron tratadas como las peores delincuentes hasta ser judicializadas.

Uno de estos casos fue el de Margarita*, de 18 aos, quien hace unas semanas se hizo un aborto clandestino. Ella vive en Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Cuatro das despus de haberse practicado el aborto, lleg a un centro de salud de su ciudad pidiendo auxilio: presentaba sangrado. Como si estuviera ante policas y fiscales y no ante mdicos y enfermeros, fue interrogada. No tuvo un abogado presente. Al final, fue denunciada y fue procesada por delito flagrante es decir, como si hubiese sido encontrada en el momento del delito o mximo 24 horas despus, cuando en realidad fue al centro de salud varios das despus de la interrupcin del embarazo. Margarita fue sentenciada a ocho meses de crcel, y adems le ordenaron que hiciera trabajo comunitario en un orfelinato. Margarita era una consecuencia ms de la forma en que se trat el aborto en la dcada pasada: criminalizando a las mujeres.

Sin embargo, hay quienes dicen que la situacin no era tal. Fausto Padilla, presidente de la Federacin Ecuatoriana de Sociedades de Ginecologa y Obstetricia, explica que desde el aspecto cientfico un aborto espontneo no se puede distinguir de uno provocado a menos que se encuentre objetos introducidos en la vagina, como armadores, palos, pastillas abortivas o daos graves como perforacin en el tero. Por eso, dice, la aclaracin del Ministerio no le preocupa a l ni a su gremio: asegura que los mdicos que atienden estos casos actan con celeridad para salvar la vida de las mujeres y que no se han reportado casos en los que otros colegas hayan negado la atencin. El problema podra estar en que, ante la imposibilidad de distinguir si era espontneo o provocado, muchos profesionales de la salud hayan preferido vaya paradoja curarse en salud y reportar todos como si fuesen presuntos delitos.

Otra especialista, Mara*, trabaj hace un ao en el rea de ginecologa en el Hospital Pablo Arturo Surez, en el norte de Quito. Ella atenda de tres a siete casos de aborto espontneo en promedio en una guardia de 24 horas. La mdica afirma que, en todos los casos, salvar la vida de la mujer es la prioridad. Y solo si la paciente es menor de edad, vctima de abuso o violencia pero con el consentimiento previo de la paciente y tutores los mdicos deben presentar la denuncia y el fiscal aprobar la atencin, lo que puede tomar algunas horas porque tambin se notifica a la Polica y dems autoridades para que se pueda corroborar si se cometi un delito contra la mujer.

Pero Surkuna muestra cifras preocupantes: desde enero de 2013 a mayo de 2017, 241 mujeres fueron criminalizadas por aborto. Solo en los primeros cinco meses de este ao se presentaron 55 denuncias, es decir ms de una por mes. Sin embargo, estos datos contrastan con lo que dice la Fiscala. Segn la entidad, de enero de 2015 a julio de 2017 se presentaron 77 denuncias en 18 provincias del pas, es decir, tres casos mensuales. La diferencia en los datos, explica el organismo, se debe a que el sistema registra denuncias desde el 2015.

Preguntada sobre cuntos centros de salud o mdicos, y familiares han presentado denuncias sobre aborto, la Fiscala prefiere no hablar del tema. Cuando ped informacin, la respuesta fue burocrtica e impersonal, como si de un trmite se tratara: el detalle est en cada expediente. Ah se resume la vida de una mujer: en un expediente. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura prefirieron ignorar el pedido de cuntas mujeres han sido procesadas por aborto hasta la fecha.

Pero algunos datos sobre abortos en el sistema de salud s existen. En el 2014, luego de aprobarse el COIP, cerca de 42 mil mujeres salieron de un hospital luego de ser atendidas por aborto. En el 2015 fueron 38 mil mujeres, y al ao pasado se increment ese egreso en un 2% segn el Instituto Ecuatoriano de Estadstica y Censos (INEC). En tanto, el Ministerio de Salud, luego de que solicit informacin hace ms de tres semanas y en reiteradas ocasiones, siguen procesando los datos sobre el aborto.

Es decir, en los dos ltimos aos, se evidencia que, por temor a ser criminalizadas y juzgadas por profesionales de la salud, las mujeres optaron por practicarse un aborto clandestino, poniendo su vida en riesgo. Adems, quedan claros los errores del sistema de salud actual.

Este escenario es el que vuelve al anuncio de la Ministra en relevante. La medida optada por el Ministerio de Salud abre la posibilidad para que tengamos un panorama claro, con datos precisos, sobre la criminalizacin de las mujeres por aborto. Sin embargo, an falta sensibilizacin social sobre el tema. Lo esencial es alcanzar que las leyes se adapten a las necesidades de las mujeres. Segn Sarah Maldonado, integrante de la red de acompaamiento e informacin de aborto seguro Las Comadres, hay medidas que se deben tomar: la aplicacin de las rutas y protocolos del aborto teraputico con una perspectiva de gnero, encontrar una alternativa de asistencia mdica que las oriente y no las juzgue, y lograr la despenalizacin del aborto. Las Comadres, que desde el 2014 maneja 10 casos de maltrato, acoso e incluso violacin a mujeres que llegaron a centros de salud por aborto.

Por ahora este nuevo avance proteger a las mujeres de las complicaciones a su salud e incluso de la muerte, como consecuencia de un aborto clandestino. El camino hacia la despenalizacin del aborto podr ser una realidad en Ecuador, cuando se entienda el contexto y los derechos de las mujeres. Adems de dar informacin oportuna sobre interrupcin de embarazos no planificados y reconocer experiencias internacionales como la ltima ocurrida en Chile, que, 28 aos despus de que el dictador Augusto Pinochet prohibiera el aborto en todas sus formas, el 21 de agosto de 2017, dio un paso histrico: se aprob la interrupcin del embarazo en tres causales, inviabilidad del feto, peligro de la vida de la mujer y violacin.

Fuente: http://gkillcity.com/articulos/la-vida-los-otros/buena-noticia-tras-decada-criminalizar-el-aborto-espontaneo



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