Portada :: Argentina
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-09-2017

El caso de Santiago Maldonado complica al gobierno argentino
Una pregunta que resuena

Fabin Kovacic
Brecha


Dnde est? Los reclamos internacionales por lo que ya el propio gobierno maneja como una posible desaparicin forzada provocaron un volantazo del presidente, Mauricio Macri, quien decidi sacarle el caso a su ministra de Seguridad y tomarlo en manos propias. Se esfuman las esperanzas de encontrar con vida al activista argentino.

Las movilizaciones y reclamos nacionales e internacionales por la desaparicin del argentino Santiago Maldonado el 1 de agosto en Chubut provocaron un cortocircuito entre la justicia federal y el poder poltico. Consciente de que est a cargo de una causa muy sensible, el juez federal Guido Otranto avanza con pasmosa lentitud en la bsqueda de pistas e hiptesis de una investigacin que le quema las manos. Entretanto, el gobierno nacional de Mauricio Macri se ve obligado a demostrar que est tomando medidas en el asunto, ya que no tiene muchos elementos para defender la inocencia de la Gendarmera nacional en la desaparicin. Y es que un creciente nmero de testimonios acumulados en el expediente judicial seala a esa fuerza y a los jerarcas polticos del Ministerio de Seguridad como los responsables directos de la desaparicin forzada de Maldonado.

En la interna del gabinete nacional afloran los cruces sobre el manejo oficial del caso. Uno de los bandos lo lidera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde el inicio exculp abiertamente a la Gendarmera de cualquier responsabilidad. El otro lo encabeza el ministro de Justicia, Germn Garavano, el nico del elenco oficial que no descart ninguna hiptesis sobre la suerte corrida por el hombre de 28 aos que desapareci en un operativo de la Gendarmera para desalojar tierras ocupadas por la comunidad mapuche Pu Lof, a 1.400 quilmetros de Buenos Aires, en el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut. Garavano evit adems cualquier defensa de los gendarmes.

Desaparicin forzada

Cuarenta das sin novedades sobre el paradero de Maldonado es demasiado tiempo como para seguir abrigando esperanzas de vida, si se supone que funciona el Estado de derecho y tomando en cuenta que no hay ningn detenido por el caso.

La ministra Bullrich descart desde el principio que se aplicara la figura jurdica de la desaparicin forzada, pese a las denuncias iniciales de los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof que vieron cmo los gendarmes apalearon y cargaron en una camioneta a Maldonado el 1 de agosto luego de que la Gendarmera disolviera y reprimiera un corte de una va de tren en reclamo de la libertad de su lder, el lonco Facundo Jones Huala. La ratificacin de esos hechos corri por cuenta de un miembro de la comunidad que al da siguiente a la represin se dirigi al escuadrn de Gendarmera para ver si haba detenidos reconocidos oficialmente. Tres miembros de la comunidad dijeron al defensor del pueblo de Chubut, Fernando Machado, que Maldonado fue capturado por los efectivos de seguridad, apaleado y subido a una camioneta de Gendarmera. Otras dos mujeres mapuches agregaron que adems vieron al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, al lado de la ruta dando rdenes el da de la represin. El martes 5 de setiembre un joven mapuche de la comunidad asegur ante el juez Otranto haber visto a Santiago Maldonado en perfecto estado participando de la protesta y luego a los gendarmes gritando Tenemos a uno!, mientras se abalanzaban sobre Maldonado y lo metan en el vehculo. Los testimonios de los mapuches son coincidentes y coherentes desde el primer momento.

Dos semanas despus de producirse el hecho, el juez Otranto, a instancias de la fiscal del caso, modific la cartula de la causa, que pas de bsqueda de persona a desaparicin forzada. Una decisin acorde a los mencionados testimonios obrantes, dos veces ratificados por los testigos mapuches. La figura jurdica de desaparicin forzada implica la detencin de una persona por parte de una fuerza de seguridad del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer esa detencin para privar de los beneficios de la ley al detenido. Hasta ahora la justicia maneja y mantiene esa hiptesis.

Aval de alto nivel

El discurso oficial sobre el caso empez a quebrarse cuando el jefe del operativo de Gendarmera, Conrado Balari, admiti durante una entrevista televisiva en Esquel, el 4 de agosto, que todo se hizo bajo las rdenes precisas del Ministerio de Seguridad. Del operativo participaron los escuadrones de Esquel, El Bolsn, San Martn y Bariloche. La defensa poltica que ofreci la ministra Bullrich respecto de la actuacin de la Gendarmera incluy diferentes hiptesis sobre la suerte corrida por Maldonado. Las principales pistas con las que se distrajo a la justicia y a la opinin pblica durante los primeros 20 das fueron que fue herido por un puestero rural, de viaje por Chile o haciendo dedo en las rutas de Entre Ros.

Sin embargo, la familia del desaparecido, cuya cara visible en los actos pblicos es su hermano Sergio Maldonado, siempre crey en la versin de los mapuches y apunt directamente a la responsabilidad del Estado. En la maana del martes 5 Sergio Maldonado le reclam, en una conferencia de prensa en Esquel, al presidente Macri que deje de sostener lo insostenible, porque en estos 35 das la ministra Bullrich se dedic a desviar la investigacin que desde un primer momento debi ser encarada como la de una desaparicin forzada.

Giro del ejecutivo

Frente al reclamo de 250 mil personas que se manifestaron en la tarde del viernes 1 de setiembre en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y en varias otras ciudades del pas, a la importancia que ha tenido el caso para la prensa internacional, y tambin debido a las presiones que ha ejercido la Onu a travs de su Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) y su representante en Amrica del Sur, Amerigo Incalcaterra, el gobierno argentino pretende dar un volantazo en el manejo del asunto. Para eso Macri recurri, junto con su ministro de Justicia, Garavano, al protocolo de seguridad estatal que permite rastrillar y allanar sin orden judicial una determinada rea geogrfica. La Polica Federal y la Prefectura Naval ingresarn con hombres, vehculos y drones en el territorio de la comunidad mapuche para rastrillar la zona, cosa que el juez Otranto no haba hecho. La decisin del presidente gener un cortocircuito con el juez, que no reconoci la medida y critic que se decidieran acciones sin que el Poder Judicial fuera convocado. El operativo an no tiene fecha de ejecucin.

 La orden de rastrillar la zona fue tomada por Macri, que vena defendiendo el trabajo de su ministra Bullrich. Ahora, sin embargo, la idea del presidente parece ser apartarla del caso lentamente y luego tambin de su gobierno. Ni ella ni la Gendarmera participarn de las nuevas acciones. stas sern monitoreadas por Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que hasta ahora no haba intervenido en el asunto. Adems, el mircoles 6 el jefe de gabinete, Marcos Pea, se refiri en el Senado al caso de Santiago Maldonado como una posible desaparicin forzada en la que agentes de Gendarmera podran estar implicados. Estas declaraciones marcaron un claro giro en el discurso oficial.

A las tantas crticas contra la ministra por sus declaraciones pblicas sobre la desaparicin de Maldonado se sum el incmodo relato de una diputada opositora. Victoria Donda revel que durante un encuentro con Bullrich en la sede del ministerio la ministra revel a un grupo de legisladores que no descartaba la hiptesis de que a un gendarme se la haya ido la mano con Maldonado, y dej en claro que podra estar muerto. Pero el de Maldonado sera un cadver polticamente demasiado costoso para el gobierno de Macri.

Tierras sagradas

 Y es por eso que la nueva incursin en tierras mapuches genera resquemores y sospechas. Se trata de tierras consideradas sagradas por la comunidad, donde descansan sus antepasados, pero adems son terrenos que el magnate italiano Luciano Benetton reivindica como propias y que, por lo tanto, permanecen en disputa. Los voceros de la comunidad Cushamen temen que con el ingreso de fuerzas de seguridad se plantaran falsas pruebas sobre el caso que laven la responsabilidad de la Gendarmera y generen acusaciones sobre los mapuches, quienes, hay que recordarlo, siguen reclamando por la libertad de su lder Facundo Jones Huala, detenido desde el 27 de junio en Esquel, en Chubut, a la espera de un pedido de extradicin de la justicia chilena. La demonizacin de los mapuches cuenta con el apoyo de los medios de comunicacin, que replican en sucesivas notas desde abril pasado la idea de un supuesto plan de segregacin territorial pergeado por la comunidad aborigen de ambos lados de los Andes. En ese sentido Graciela Rosenblum, titular de la Liga por los Derechos del Hombre (Ladh), record que todo se est desarrollando sobre tierras ricas en petrleo, minerales diversos y agua, y donde estn asentados grandes terratenientes extranjeros como Benetton o el magnate Joe Lewis, que se apropi del acceso al lago Escondido, en la zona de El Bolsn, privando de agua a las comunidades de la zona. Es un territorio caliente y codiciado. Santiago Maldonado parece haber sido la mecha que hizo estallar una trama de intereses econmicos en la zona.

A poco ms de un mes de las elecciones legislativas, el desarrollo del caso de la desaparicin del joven militante puede complicar la situacin para el gobierno.


 

Perfiles de los funcionarios involucrados en el caso Maldonado

Luz roja

El fiscal federal Federico Delgado decidi abrir el mircoles 6 un expediente para investigar al presidente, Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Pea, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por encubrimiento en el caso de la desaparicin de Santiago Maldonado.

A 40 das de la desaparicin de Maldonado en Cushamen, todas las pistas sobre las responsabilidades conducen directamente al Ministerio de Seguridad encabezado por Bullrich. Y es que desde que asumi su cargo en 2015 la ministra tiene la mira puesta en la Patagonia y en la comunidad Pu Lof, en Cushamen. Encarg al jefe del gabinete de su ministerio, Pablo Nocetti, para monitorear la zona. Su inters se debe a la cantidad de emprendimientos extranjeros desde el turismo hasta la minera que hay en toda la Patagonia. El caso de Cushamen involucra a las tierras sobre las que se asienta la mayor estancia patagnica, la del magnate textil italiano Luciano Benetton, con poco menos de un milln de hectreas.

Esos territorios son reivindicados como ancestrales por la comunidad mapuche Lof Cushamen. En marzo de 2015 la comunidad ocup formalmente esas tierras y se desat el conflicto con Benetton. Amenazas, detenciones arbitrarias y violencia abierta o encubierta se abatieron desde ese momento sobre la comunidad originaria, que cuenta con apoyo de las asambleas ciudadanas de Chubut, opositoras a la instalacin de emprendimientos mineros en la regin. En agosto de 2015 el defensor pblico de Chubut, Fernando Radziwilowski, denunci una red de espionaje en la que estaban involucrados los fiscales locales Fernando Rivarola y Fernanda Revori, que produca informes y fichas digitalizadas sobre los militantes sociales, mapuches y periodistas de la zona de Esquel.

Gracias a ese material se descubri que el segundo de Bullrich (Nocetti) viajaba a Esquel a partir de comienzos de 2016 para estudiar la situacin de violencia generada por los reclamos mapuches sobre tierras en poder de extranjeros. Nos interesa la cuestin, y si se producen actos de violencia, el Ministerio de Seguridad deber actuar junto con la justicia federal, advirti Nocetti en una entrevista con Radio Nacional en julio de 2016.

Cuando Macri anunci la eliminacin de trabas para la compra de tierras argentinas por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, la Patagonia se transform en una zona estratgica por las inversiones que el gobierno espera que caigan como man del cielo. Fue en ese contexto que se necesitaba la supervisin de la zona por parte del Ministerio de Seguridad y sus funcionarios, cuyo perfil y pasado estn ligados a las dos caras de la represin en los aos setenta.

Patricia Bullrich fue una militante de la Juventud Peronista que tras el golpe militar de 1976 se exili en Brasil y luego en Europa. En 1979, cuando se produjo la contraofensiva de Montoneros, se dedic a reclutar exiliados para que ingresaran desde Brasil y combatieran a la dictadura de Jorge Videla. El intento gener una gran cantidad de muertos y desaparecidos. Cercana al dirigente montonero Rodolfo Galimberti, con la vuelta de la democracia retom su militancia en la Juventud Peronista, que condujo junto a Dante Gullo, apoyando a la Cgt que presionaba sobre el gobierno de Ral Alfonsn. Durante el gobierno de Carlos Menem fund su partido, Unin por Todos, que lentamente se volc a la derecha hasta liarse con el macrismo en 2007.

Pablo Nocetti es un abogado cercano a los principales estudios jurdicos que defendieron a los militares acusados por delitos de lesa humanidad durante el juicio a las juntas militares en 1985. En 2007 afirm que los juicios contra los militares constituyen una venganza y por lo tanto no tienen fundamento jurdico. Por su parte, el ministro de Justicia, Germn Garavano, tambin viene de crculos jurdicos ligados a la derecha y al ultracatlico grupo Opus Dei. Integr el Foro de Estudios para la Administracin de Justicia (Fores) creado por el ex juez de la dictadura Jaime Smart y firm documentos condenatorios de los juicios contra las juntas militares de la dictadura. Los ministerios de Justicia y de Seguridad estn en manos de funcionarios que conocen cabalmente el sentido de los conceptos represin y judicializacin de la protesta social. Luz roja.

Fuente: http://brecha.com.uy/una-pregunta-resuena/


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter