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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-09-2017

Sobre la renuncia del Sendic en Uruguay
De la renuncia al renunciamiento

Emilio Cafassi
La Repblica


El azar -que en ocasiones juega un papel en la historia- le otorg sincrona a un artculo que escrib en junio de este ao. Alud tangencialmente al caso que llev el fin de semana pasado a la renuncia del vicepresidente uruguayo Ral Sendic, descreyendo por entonces de la informacin circulante. Intentaba discurrir sobre los problemas de corrupcin en los progresismos y el usufructo que las derechas hacan de ellos. En la semana previa a su escritura el semanario derechista Bsqueda, lanzaba su denuncia sobre el uso privado de la tarjeta corporativa que le otorg la empresa estatal autnoma Ancap, cuando ejerca la presidencia de la misma. No sera la primera vez que ese y otros medios del establishment intentarn desgastar al progresismo introduciendo informacin falaz o interpretaciones engaosas de ciertos datos. Aquel artculo se centraba en los dramticos ascensos de la restauracin neoliberal en Argentina y Brasil que cuentan con profusos e indisimulables ejemplos de corrupcin. Pero enterado de la repercusin que iba cobrando en Uruguay el affair de las tarjetas corporativas introduje un nico prrafo referido al asunto, del que extracto un fragmento que no slo creo que tiene vigencia, sino que me permitira alguna profundizacin de lo sugerido.

All sostuve que ()aunque por monto irrelevante, se induce a la sospecha de dolo y provecho indebido que es a la vez, advertencia y oportunidad. Advertencia de la estrategia de la derecha uruguaya en sintona con los ejes sealados aqu, pero a la vez oportunidad, ya sea para probar con todo detalle, transparencia e inmediatez la falsedad de lo publicado -no slo en sede judicial sino ante la opinin pblica y sus compaeros de militancia- tanto como para que la fuerza poltica ajuste su scanner de honestidad para anticipar cualquier posible actitud inmoral en cualquiera de los mbitos de intervencin. Si algn acto de corrupcin, por mnimo que fuera, es descubierto por la prensa, la oposicin, o la sociedad civil, antes que por el propio Frente Amplio (FA), la lesin de credibilidad que sufrir, ser inevitable. Nadie debera estar ms atento que el propio FA a cualquier posible desviacin moral. Considero que la legitimidad frentista no depende tanto de la recomendacin concreta que el tribunal de conducta poltica pueda emitir ante un posible acto innoble, sino de quin propicia su llegada a esa instancia.

La oportunidad de probar la falsedad fue sustituida por negaciones genricas y balbuceantes del compaero Sendic, que no lograban ms que darle verosimilitud a las sospechas realimentando de este modo la ferocidad del linchamiento meditico al que se lo fue sometiendo. Aquello que el Presidente Tabar Vzquez llam bullying poltico. Tampoco hubo oportunidad de que fuera previamente detectado por el scanner aludido porque evidentemente estaba apagado. La funcin pblica contina, de este modo, sometida a la habitual opacidad. El Tribunal de Conducta Poltica (TCP), afirma en su dictamen que actu de oficio (inciso d del numeral 3 y numeral 2, en adelante anotados entre parntesis con nmeros y letras cuando las hubiere) ante las versiones de prensa, contradiciendo adems al propio involucrado que afirm haber acudido a l por propia voluntad. Como tambin se contradijo en sus declaraciones a la prensa diciendo que desconoca cualquier reglamento sobre el uso de las tarjetas corporativas, siendo precisamente el autor del mismo en el ao 2011 (4, d y 9, c).

Afortunadamente, la utilizacin injustificada de la tarjeta corporativa (8), cosa negada por Sendic (9, d), es por un monto tal que, desagregado en el tiempo, resulta insignificante, al punto que sustrayndole las devoluciones que realiz, fue calculado en 14 dlares mensuales por el fundador de este medio, Federico Fasano, en diversos artculos. El TCP del FA, sin tanta avidez contable, coincidi en su dictamen en el carcter moderado de los gastos (9, e). De este modo, se disipa cualquier sospecha de enriquecimiento ilcito o de ascenso en las condiciones o nivel de vida a travs del uso de la tarjeta. Se trat de una utilizacin tan irrelevante para su economa cuanto la falsamente autoatribuida licenciatura en gentica humana, para sus mritos polticos. Pero ambos episodios vividos por el ex vicepresidente, exhiben mendacidad, inseguridad, desprolijidad y extralimitacin, algo muy ajeno al mrito poltico en las izquierdas. Lejos del escndalo de corrupcin con el que titularon varios diarios de la derecha, particularmente argentina, la noticia de la renuncia vicepresidencial, se trata de un caso de ausencia de control y relajamiento de las necesarias autolimitaciones en el ejercicio de responsabilidades pblicas, reforzadas por una discursividad pblica elusiva y sinuosa.

Sin embargo el desperdicio de la oportunidad que consideraba por entonces abierta, podra ser recuperado en adelante. En primer lugar porque el TCP mostr que no se deja influenciar por la investidura (trmino que alude a la dignidad) de quien resulte sujeto de sus intervenciones, emitiendo en este caso un juicio unnime y demoledor. Algo impensable en cualquier otro partido poltico del pas y seguramente indito a nivel internacional. Tambin porque al actuar de oficio recupera la iniciativa para el propio FA. Luego porque la propia crisis poltica obliga ahora a extremar los controles sobre la conveniencia de los posibles gastos de los jerarcas como ya ha tomado nota el Presidente Vzquez solicitando a sus asesores la redaccin de un reglamento de rendicin de gastos para los funcionarios del poder ejecutivo. No debe soslayarse que el dictamen del TCP explicita la ausencia de control sobre la pertinencia de los gastos (10, f) y el incumplimiento del reglamento existente (6). El hecho de que se cia al poder ejecutivo no excluye que algo muy similar se propicie desde el FA hacia el poder legislativo y los entes autnomos. Por ltimo porque es el propio FA el que puede exhibir con orgullo que, si bien fue la prensa quien descubri la irregularidad, result posible porque desde el ao 2008, en pleno gobierno frentista y propiciada por l, se sancion la ley de Acceso a la Informacin Pblica que posibilit el conocimiento de este hueco en el funcionamiento del Estado, reconocido por el propio vicepresidente, segn el dictamen del TCP (7).

No hay parangn alguno con el caso argentino, pero no deben minimizarse los posibles efectos polticos. Sin duda es indispensable la rectitud tica de los funcionarios, pero mucho ms lo es que la naturaleza del sistema poltico la propicie y en caso de desviacin la exhiba y sancione. De lo contrario puede llegarse al absurdo de votar polticos ricos porque no tendran necesidad de robar, como se generaliz en algunos sectores del electorado de aquella orilla. La izquierda uruguaya debe dar cuenta de autntica austeridad, rechazando el boato y la ostentacin tan comunes en el mundo diplomtico. El capital retribuye las gestiones administrativas de los polticos de su sistema, premindolos con suntuosidades cuasi monrquicas y lujos excntricos, ajenos a la vida popular. Para rechazarlos no hace falta slo ideologa, sino tambin entereza moral.

El rechazo de privilegios o la austeridad no necesariamente refracta a los poderosos, ni la aceptacin de sus lisonjas y agasajos los ata a los jerarcas con independencia de sus beneficios. Embajadores, poderosos empresarios o hasta presidentes extranjeros no rechazaban concurrir al quincho de Varela (donde el ex presidente Mujica sola recibirlos) que no deja de ser un galpn con alguna mejora, en el que se servan asados como en cualquier encuentro popular, regados con un vino mediocre. A esos invitados, les interesan los negocios, la cercana con el poder y los resultados contables, mucho ms que la pompa de la que pueden disfrutar cotidianamente en sus respectivos mbitos.

Los privilegios, la opacidad sobre ellos y las mltiples tentaciones, se encuentran estructuralmente enclavados en la organizacin de los estados-nacin, la que a su vez vela su responsabilidad sistmica tranfirindosela a los sujetos individuales, cuando algn lmite excedido, toma estado pblico.

Pa ra no verse obligados a la renuncia, los dirigentes de izquierda, deberan estar predispuestos al renunciamiento.


Emilio Cafassi, Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires


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