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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-09-2017

Rajoy y su descomunal fraude de ley

Isabel Elbal
La Marea


La situacin que se est viviendo acerca del conflicto cataln ha recibido varios enfoques jurdicos y polticos muy variados y contestados por expertos y no expertos en la materia. Sin duda alguna, el anlisis apenas comentado es el global, me explico. Si tuviramos la oportunidad de efectuar una descripcin de lo que est sucediendo, mediante una cmara de fotos, aplicando con pericia el zoom, desde el lugar concreto -Catalunya- hasta alejar el objetivo y mirar cual un observador imparcial, nos daramos cuenta de que la situacin que se vive es, obviamente, excepcional.

A estas alturas, todos sabemos que la falta de dilogo poltico ha trado estas consecuencias. Ya da igual perderse en el origen, quin lleg antes, si el huevo o la gallina. Los ciudadanos solo esperamos que nuestros gobernantes tomen las riendas polticas y, con ello, se esfume este delirio de represin. Por ello, entiendo que quien est llamado a resolverlo es nuestro presidente, que, no en vano, lo es de todos los espaoles.

Desde que se aprobara la Ley de Referndum en el Parlament, muchos pasos se han dado, no siendo ninguno de carcter poltico, segn requeran las circunstancias: al problema poltico se le asignar una respuesta poltica; as mismo, ante un problema jurdico, la respuesta ser la judicial. Si acercamos el zoom, veremos que, ante los requerimientos del Tribunal Constitucional, los responsables del Govern habran cometido delitos de desobediencia, prevaricacin administrativa y, quin sabe, malversacin de fondos pblicos. Por eso, la Fiscala present querella contra diversos y numerosos altos cargos ante el Tribunal de Justicia de Catalua. Alejemos el zoom y veremos, de entrada, la rareza que supone que representantes polticos de millones de ciudadanos catalanes sern tratados como querellados, investigados, encausados, acusados y despus, condenados.

Acerquemos de nuevo la imagen y fijmosla -ya grabada en muchas retinas- de identificaciones a periodistas, decomiso o incautacin de planchas de imprenta, incautacin de urnas y de millones de papeletas electorales, incursiones de la Guardia Civil en redacciones de prensa, en empresas postales -sean pblicas o privadas-, cierre de pginas web, prohibicin de publicar campaa electoral a los medios de comunicacin. Todo ello, claro est, en el marco de la investigacin judicial que inici la querella presentada por Fiscala. Alejemos el zoom: ante la persistencia de la falta de dilogo poltico, la mquina judicial se hace imparable y nos prodiga imgenes ms propias de otros tiempos pasados; sin duda alguna, nuestro observador no puede evitar ver, con cierta incomodidad, que en el corazn de Europa se estn llevando a cabo medidas coercitivas de marcado talante autoritario.

La imagen vuelve a acercarse: el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, es decir, de su plena y mxima confianza, emite una instruccin a los fiscales provinciales de Catalunya para que citen a declarar acompaados de sus abogados, a travs de la Polica judicial, a 712 Alcaldes que pblicamente han puesto a disposicin del Govern los locales municipales para la realizacin del Referndum. En caso de no acudir al llamamiento, se ordenar su detencin. He aqu un marco no estrictamente judicial que invade las funciones jurisdiccionales de investigacin del delito, hurtndolas al juez natural predeterminado por ley, que ya estaba investigando los mismos hechos: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Alejemos la imagen: nuestro observador aprecia una persecucin contra un amplio colectivo, que representa a dos millones de ciudadanos y se ha limitado a anunciar algo que hara en un futuro, pero que an no ha cometido. Una autntica anticipacin al presunto hecho delictivo, ni siquiera un acto preparatorio del delito, que ms se le parece a una medida preventiva contra un amplio grupo social e institucional, que a unas medidas de investigacin.

De nuevo hemos acercado la imagen y vemos que el Consejo de Ministros ha aprobado in extremis la intervencin de las finanzas catalanas, con el fin de evitar, nos dicen, que se empleen recursos pblicos en la realizacin del Referndum anunciado para el 1-O. Alejando el zoom, nuestro observador se percata de que en una reunin de carcter administrativo se ha acordado una medida administrativa no contemplada en el Ordenamiento Jurdico. O s, porque el artculo 155 de la Constitucin espaola da cabida a esta medida, pero ha sido hurtada a la deliberacin y debate y decisin conjunta del Parlamento.

Por ltimo, el objetivo enfoca al Juez titular del Juzgado de Instruccin nmero 13 de Barcelona: lleva seis meses investigando a cargos pblicos, a raz de dos denuncias presentadas contra diversas personas por colaborar, presuntamente, en el Referndum previsto para el 1 de octubre. No en vano, los hechos investigados han sido calificados como desobediencia, prevaricacin y malversacin de fondos pblicos. Les suena? S, lo mismos delitos y hechos conexos por los que se hallan investigados numerosos aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a raz de la querella presentada por Fiscala. Sin embargo, lejos de inhibirse a favor del rgano superior, ha ordenado de oficio numerosos entradas y registros en sedes pblicas y privadas, a personas pblicas y no pblicas. Alejemos ya definitivamente la imagen: es cierto que este juez est investigando a no aforados, pero tambin lo es que, tratndose de hechos ntimamente conexos con los que se estn investigando ante el rgano superior, debiera haberse inhibido a favor de ste, es decir, del Tribunal Superior de Justicia. Qu cerilla ha prendido que ha provocado que multitud de ciudadanos se manifiesten espontneamente reclamando el respeto de los derechos y libertades pblicas?

Rajoy sigue parapetado tras las decisiones judiciales y bajo el manto de apariencia de legalidad, cuando de facto, tenemos un estado de excepcin, que est socavando los derechos fundamentales previstos en nuestra democracia. Este manto no es otro que la Constitucin Espaola que, si bien, a muchos se nos ha quedado pequea, lo cierto es que contiene preceptos dignos de ser respetados, precisamente en los momentos de crisis, que es cuando un Estado democrtico y de Derecho se pone a prueba.

Rajoy est actuando en fraude de ley: se est amparando en la defensa de la Constitucin Espaola justo para atacarla frontalmente, pues sta y no otra es la deriva que estamos padeciendo en relacin al obligado respeto a los derechos fundamentales. Fraude de ley es actuar bajo el amparo de la ley, cumpliendo escrupulosamente los requisitos formales que la ley exige, para conseguir un resultado ilcito, no consentido por el ordenamiento jurdico. Nuestro Ordenamiento Jurdico no consiente que se utilice al poder judicial para salvar un problema poltico ni que el Fiscal General del Estado, cual brazo ejecutor, ordene a sus subordinados que invadan la funcin jurisdiccional slo reservada a los jueces.

En este resultado no consentido por nuestro ordenamiento jurdico, se ha propiciado un contexto cmodo para que algunos jueces marcadamente afines a la derecha ms reaccionaria, versos sueltos de un poder judicial cada vez ms depauperado y denostado, hayan actuado, con olvido de los ms elementales derechos bsicos.

Sin embargo, an est por ver si esta consecuencia no consentida por nuestro marco constitucional llegar a buen puerto, pues, sin duda, lo que avistamos es una imagen maltrecha de las Instituciones que nos gobiernan y el consiguiente deterioro del Estado de Derecho.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/09/20/rajoy-descomunal-fraude-ley/



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