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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-09-2017

El problema en Catalua
Referndum s, pero no de cualquier manera

Andrs Huergo
Rebelin


Soberana popular e imperio de la ley

La democracia no es simplemente "lo que la mayora quiere", aunque sta sea la idea que muchas personas tienen en mente cuando piensan en ella. La democracia como sistema poltico nace desde el comienzo con una doble articulacin, que implica, por un lado, el principio de la soberana popular, y por otro, el respeto a la ley como garanta de proteccin de los derechos subjetivos individuales. Y ambas cosas, siempre, sobre el teln de fondo de los grandes valores y principios reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos. Apoyarse slo en uno de los dos principios mencionados, viendo el otro como limitante -y pretendiendo, por tanto, eliminarlo- supone no entender nada de lo que significa vivir en una democracia.

Esta exigencia de doble articulacin tiene que ver con la necesidad de que la democracia se ponga lmites a s misma para que la regla de mayoras no produzca, en su aplicacin, resultados aberrantes. El recurso a ley viene en ayuda de ese cometido porque es el Derecho el mecanismo que permite someter la voluntad popular a la horma de la deliberacin procedimental, la cual tiende de manera general a garantizar (aunque no siempre sea as en la prctica) la proteccin de los derechos de las minoras por la involucracin en el proceso deliberativo de todas las partes afectadas. Y tambin porque en las democracias modernas, la propia ley exige el respeto a los derechos fundamentales de los individuos, los llamados derechos humanos, los cuales, por va de su promulgacin en los textos constitucionales de los Estados, han adquirido carta de naturaleza como derechos en sentido positivo, y no solamente como simples derechos morales.

Las democracias modernas son herederas de las revoluciones que en los siglos XVIII y XIX dieron al traste con el orden tradicional del Antiguo Rgimen. Porque venan de un orden en el que no slo exista una insoportable injusticia social sino que ni siquiera haba posibilidad de subvertir dicha situacin por medio de mecanismos de participacin poltica, tuvieron los pueblos que levantarse con las armas para avanzar hacia una situacin mejor; no otra era su alternativa, salvo la resignacin ante dicho estado de cosas.

Cul es una de las diferencias fundamentales entre el orden del Antiguo Rgimen y el orden establecido en las democracias europeas que nacieron con la disolucin de aqul? Que el privilegio de sangre o el simple capricho, de los que se serva la clase dominante para ejercer su gobierno sobre todos los dems hombres y mujeres, fue sustituido por la ley, como canon de lo correcto y principio rector de la vida social, como expresin, no de una voluntad caprichosa, sino de la voluntad general de todo un pueblo que decide otorgarse normas a s mismo conforme a principios de racionalidad, bajo el supuesto de que todos los ciudadanos merecen el mismo respeto por ser libres e iguales entre s. La capacidad de universalizar contenida en un sistema sometido a normas legales hace posible que dejemos de entender al otro como otro y que podamos concebirlo como un igual a nosotros mismos, puesto que nos subsumimos ambos bajo un mismo paradigma de racionalidad desde el cual nos juzgamos por igual.

Por qu es importante el respeto a la ley? Porque justamente sta es la que impide, en general, la arbitrariedad de unos hombres sobre otros sustituyendo dicha arbitrariedad por el procedimiento de la deliberacin sometida a normas. En una democracia la convivencia civil es posible porque el Derecho nos permite sujetar a norma la natural tendencia de todo poder, pblico o privado, a ser arbitrario, garantizando de esa forma la libertad y la vida de los ms dbiles, es decir, de todos nosotros. El Derecho permite que, en un mundo atravesado por profundas asimetras de poder, todos los sujetos puedan elevarse en pie de igualdad, medirse respecto a un mismo baremo (el estatuto de ciudadana) y reivindicarse merecedores de la misma consideracin, independientemente de su origen familiar, posicin social, sexo, religin, creencias o cualesquiera otros factores.

La izquierda poltica, a menudo, ha tenido una enorme dificultad para entender este punto; una dificultad que tiene que ver, indudablemente, con sus simpatas y afinidades histricas con el discurso revolucionario que propende a repudiar toda accin de tipo institucional por entender que el Estado y todo lo que ste conlleva -principalmente, el sistema de Derecho en su conjunto- no es ms que una superestructura ideolgica al servicio del capitalismo. Es sta una interpretacin reduccionista comn en el mbito de cierta tradicin marxista. Sin embargo, resulta difcil negar que, adems de una maquinaria para la recaudacin de impuestos y un mecanismo de opresin de clase, el Estado (en particular, el Estado de Derecho) es bastantes ms cosas y cumple otras funciones que ningn otro ordenamiento puede cubrir: funciones como velar por la seguridad bsica de los ciudadanos -all donde dicha seguridad no tiene que ver con conflictos de clase-, garantizar los derechos de participacin y representacin poltica, promover los derechos sociales y proveer servicios pblicos destinados a tal fin. Funciones, todas ellas, que dependen de un entramado mnimo institucional y un sistema de Derecho para poder ser realizadas. Sin Derecho -y sin el ejercicio del poder concomitante a su institucionalizacin-, no habra sociedad poltica de ningn tipo, pues no sera posible ni siquiera la necesaria coordinacin de acciones entre los diferentes individuos y grupos que componen una sociedad altamente compleja como la actual.

Que el sistema jurdico, en la prctica, no est sirviendo en muchos casos para cumplir su cometido de impartir justicia, porque el sistema econmico, por ejemplo, genera una desigualdad que sita a las personas en unas condiciones materiales de desventaja respecto a otras, no es un problema imputable al hecho de que existan leyes en general (cuyo carcter irrenunciable nos muestran de forma incontrovertible los autores de la Ilustracin), sino al sistema econmico responsable de provocar dicha desigualdad, la cual no erradicaremos prescindiendo de uno de los mejores instrumentos que tenemos para luchar contra ella -el propio Derecho- sino, al contrario, utilizndolo provechosamente para conseguir adoptar las medidas que sean necesarias con el fin de lograr una mayor justicia social.

Otra cosa es que la defensa de un Derecho puro, como un ente completamente desconectado de las condiciones materiales efectivas de la sociedad en la que dicho sistema se inserta, resulte ideolgica, en el sentido de que pretenda erigirse como teora formalista, abstracta y, por tanto, encubridora de las injusticias que la sociedad engendra. Pero nada impide que el Derecho pueda ser usado de forma crtica y equitativa, atendiendo a las diferentes situaciones reales que tienen lugar en la sociedad. El mandato de trato paritario ante las normas determina un tratamiento igual para todos que no sea discriminatorio, pero no impide una diferenciacin basada en causas objetivas y razonables: necesidades, esfuerzos y habilidades diferentes. Ahora bien, la necesidad de tener en cuenta las condiciones de desigualdad entre las personas en el mundo real, no conduce a un llamamiento a renunciar al Derecho, sino a perfeccionar las legislaciones y afinar los criterios de aplicacin con objeto de producir equidad.

Una sociedad que se rige por el imperio de la ley y no por la arbitrariedad o la mera concurrencia de una suma de voluntades, ha de apoyar que cualquier medida de reforma que se proponga se realice conforme a los cauces legales establecidos a tal efecto, siempre que ello sea posible y haya un conjunto razonable de alternativas a la va insurreccional. Digo siempre que ello sea posible y haya un conjunto razonable de alternativas a la va insurreccional porque es evidente que no en todas las sociedades lo hay. No lo haba, por ejemplo, en el Timor Oriental en manos de Indonesia ni en la Argelia bajo dominio colonial francs, por citar slo dos casos de territorios sojuzgados que se tuvieron que rebelar violentamente para proclamar su derecho a la autodeterminacin.

Catalua no es Timor Oriental ni Argelia. Es una de las regiones ms desarrolladas de Europa, no ha sufrido ningn proceso de colonizacin, tiene unos elevados niveles de autonoma poltica y goza de libertades formalmente democrticas; por tanto, no puede apelar a una situacin de opresin sistemtica para justificar el uso de vas no previstas por la ley.

En un pas con una democracia formal y un Estado de Derecho -imperfecto, porque como sabemos el orden legal vigente no est funcionando como debera para garantizar y proteger los derechos fundamentales de muchas personas-, existen los mecanismos legales para proponer numerosos cambios; y, puesto que existen, deben usarse. Sin embargo, la ley de referndum aprobada por el parlamento de Catalua contraviene el principio de jerarqua normativa que rige para todo orden legal, basndose en un rgimen jurdico excepcional. No sigue las indicaciones de la Comisin de Venecia, del Consejo de Europa, sobre la convocatoria de referendos. Hace borrn y cuenta nueva de la Constitucin, del Estatuto de Autonoma y del resto de legislacin. Para colmo, fue avalada por el voto de una mayora simple, y no por una mayora cualificada de dos tercios, que hubiera sido lo normal dada su especial trascendencia, tal como se exige para la reforma del Estatuto de Autonoma o la elaboracin de una ley electoral. Siendo as, este referndum nace sin la ms mnima garanta legal y convierte el deseo de independencia en una mera ilusin, pues ningn organismo internacional y ningn pas van a reconocerle legitimidad y, por tanto, ser inviable que Catalua pueda constituirse realmente como un Estado soberano en caso de que el s sea la opcin ganadora.

El mpetu por conseguir aquello que ansiamos, no debe hacernos olvidar que no todos los medios valen con tal de conseguir el fin propuesto. Lo que la gente quiere, debe ser defendido con arreglo a la ley, respetando el funcionamiento de las instituciones y proponiendo desde ellas -pero tambin, por supuesto, desde fuera de ellas a travs de la movilizacin social- los cambios que sean pertinentes. La movilizacin social y la batalla poltica por la convocatoria de una consulta en Catalua comienza, de forma explcita y ntida, en 2012. No tiene ms de cinco aos, que en poltica es un perodo relativamente breve. Si en el momento presente no es posible lograr por va legal el objetivo que se persigue, ello no significa que no pueda ser logrado ms adelante. Entonces se debe perseverar en la lucha, continuar con la movilizacin ciudadana que genera contrapeso y tener la paciencia suficiente como para esperar que en el futuro la coyuntura social y poltica sea ms propicia, pues dicha coyuntura no es inamovible sino que es cambiante.

Atentar contra los procedimientos legales constitucionalmente establecidos para el ordenamiento de la accin poltica institucional es grave cuando se trata de una institucin quien lo hace. Porque si la propia institucin reconoce que puede incumplir la ley y que, por tanto, sta para ella no vale nada, quin le confiere entonces la legitimidad que supuestamente tiene para hacer lo que hace? En qu basan los diputados que votaron a favor del referndum su autoridad para ordenar que dicho referndum se celebre, ms que en la posicin de poder que la propia ley les ha permitido obtener como representantes de la soberana popular catalana, gracias a un sistema legal de elecciones peridicas, un parlamento legalmente constituido, unos salarios como diputados que el Estado les proporciona por ley, etc.? En virtud de qu son capaces de incumplir la ley aquellos que justamente son depositarios de ella y han recibido el mandato de cumplirla? La contradiccin es manifiesta.

Resulta preocupante que haya quien pretenda legitimar la actuacin del parlamento de Catalua calificndola como una accin de desobediencia civil. No puede ser civil, porque el parlamento de Catalua no es una entidad de la sociedad civil, sino una institucin poltica. La desobediencia la pueden cometer los individuos o grupos sociales, movidos por razones ticas superiores al propio derecho imperante y con intencin de provocar un cambio en alguna parte de ste. Cuando una accin desobediente cumple determinados requisitos como los que describe Jrgen Habermas (que sea una accin pblica, no-violenta, motivada por principios ticos universalizables, con intencin de cambiar una ley injusta y no el sistema en su totalidad, y llevada a cabo por sujetos que asumen las consecuencias penales de sus actos)[1] puede encontrar plena justificacin tica. Tal es el caso, por ejemplo, de las acciones de las feministas sufragistas, el movimiento contra el imperialismo britnico en la India de Gandhi, el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King en los EE.UU, los insumisos o los activistas que paralizan desahucios. Los desobedientes civiles no pretenden cuestionar el reconocimiento de los deberes generales de los ciudadanos en una sociedad libre, por lo que enmarcan sus acciones dentro de la lealtad al orden constitucional democrtico: en esto se distinguen de los revolucionarios.

Sin embargo, jams pueden ser desobedientes las instituciones, las cuales estn obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley, porque su funcin es representar la voluntad general de los ciudadanos a quienes sirven; y esto solamente pueden hacerlo sometindose a los parmetros objetivadores del Derecho vigente, en tanto que ste es el marco de referencia para la vida social en una democracia. Una institucin no es una persona, sino la representacin de una pluralidad de ellas. Si una institucin se rebela contra la ley, se quiebra el orden de razones en que toda accin institucional debera encuadrarse, se rompe la cadena de confianzas y lealtades implcitas sobre las que dicho orden se sustenta y directamente se abre paso a la arbitrariedad y la violencia.

Nacionalismo, identidad e intereses de clase

Los nacionalismos tienen a veces una tendencia a la exclusin que no casa bien con el tipo de mundo que actualmente habitamos. El llamado hecho diferencial" es una falacia que se sostiene destacando un conjunto de rasgos como los relevantes para la diferenciacin de un grupo pero obviando todos aquellos que, sin embargo, suponen una continuidad con el resto. Dicha apologa de la diferencia es, adems, inconsistente, porque vale para establecer un mecanismo de desconexin o separacin de ese grupo respecto a otros, pero no reconoce, sin embargo, que al interior del propio grupo pueda haber, a su vez, otras diferencias que de hecho descompongan y desfundamenten la supuesta identidad primigenia del mismo. Por lo que, muy habitualmente, suele traducirse adems en la defensa una identidad cerrada.

El apego a una tierra, a una tradicin o a una simbologa, en s, es un sentimiento perfectamente legtimo, como cualquier otro; se tiene o no se tiene, y nadie legisla sobre l ni puede obligar a otro a que tenga ese mismo sentimiento. El problema sobreviene cuando la unidad poltica pretende fundarse, justamente, sobre ese sentimiento y no sobre el principio racional de ciudadana segn el cual una sociedad es una reunin de individuos libres e iguales dotados, por tanto, de la misma consideracin, derechos y deberes. Y ese es el problema de los nacionalismos (me refiero, especficamente, a movimientos nacionalistas propios de Estados modernos que no son respuesta a procesos de colonialismo o dominacin): forjan identidades sobre la base del apego a determinados elementos culturales, y pretenden que esas identidades sirvan, adems, para edificar sobre ellas la construccin de la convivencia poltica. Por medio de una idea oscurantista de lo que la cultura significa (una hipstasis metafsica que consiste en sustantivizar una serie de rasgos, smbolos y costumbres como partes de un todo homogneo e irreductible), se pretende fusionar cultura, poltica y ciudadana, todo lo cual desemboca en el no menos metafsico concepto de nacin. Si la nacin se define por la pertenencia a una cultura, y sta es la que confiere identidad poltica a sus ciudadanos, se concluye, muy fcilmente, que aquellos que no se identifican con dicha cultura o se identifican menos, tienen menos identidad poltica que otros y, por tanto, son tambin ciudadanos en menor grado. La consecuencia previsible es la incomprensin, el rechazo, el enfrentamiento y la injusticia, como tantas veces ha probado la historia. La guerra fratricida que asol a la antigua Yugoslavia y sembr la destruccin en un pas que pocos aos antes gozaba de niveles muy aceptables de paz y prosperidad, da buena cuenta del horror al que pueden abocar los movimientos fuertemente identitarios, los cuales suelen extenderse con mayor rapidez y virulencia en pocas de crisis, como la que atravesamos ahora.

Es necesario desechar la idea de que la identidad poltica de un Estado deba sostenerse en un sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad cultural. Es imposible concebir las culturas como si se tratara de esferas cerradas y homogneas. Contra esa idea hay que afirmar, en cambio, que todo est inextricablemente mezclado; que no hay purezas ni esencias histricas prstinas; que todos somos resultado de la interseccin de muy variadas pertenencias, que cada uno de nosotros somos nicos e irrepetibles y aun, por encima de todas las diferencias, bsicamente iguales en tanto que personas y seres con necesidades comunes. No es conveniente confiar en las emociones, evanescentes e inflamables, como buena base para la fundamentacin de los principios que deben regir la convivencia en una sociedad democrtica, sino en los valores universales sobre los que se instituye la ciudadana: libertad, igualdad, fraternidad.

Ms all de cuestiones identitarias espurias, es pertinente tener en cuenta que el nacionalismo cataln esconde tambin, en buena medida, otra serie de intereses de tipo fundamentalmente econmico, ligados a la idea, ampliamente extendida entre la sociedad catalana, de que Espaa roba a Catalua (Espanya ens roba). Algo que ha sido desmentido por las balanzas fiscales publicadas por el Ministerio de Hacienda, pero que a pesar de todo sigue siendo repetido como una letana insidiosa. As pues, a los problemas vinculados a un nacionalismo escorado hacia la defensa de una identidad excluyente, habra que sumar, adems, los graves problemas asociados a una ideologa neoliberal destructora del Estado social y democrtico, que apela a criterios de insolidaridad entre las personas y a criterios de supuesta superioridad respecto a los pueblos ms pobres para justificar el deseo de independencia.

En todo caso, an lo ms extrao de este movimiento secesionista que se ha venido forjando en los ltimos aos en Catalua, es que a esta operacin del capitalismo ms oscuro promovida por la oligarqua catalana, que invoca criterios como los mencionados, se hayan sumado partidos de supuesta izquierda, que tienen en su ideario poltico objetivos tales como la lucha por la justicia social y la eliminacin de la sociedad de clases. Sin duda es algo profundamente desconcertante.

Necesidad de un referndum para Catalua

Pero, aclarado esto, y llegados a este punto, nos guste o no, con un 80% de la poblacin catalana mostrndose favorable a la celebracin de una consulta sobre su permanencia en Espaa, la realizacin de la misma resulta ya una demanda insoslayable, pues adems es la nica manera de medir el apoyo real con el que el deseo separatista cuenta en el momento presente. Por la misma razn que cuestiono la legitimidad de las identidades culturales inmutables e irreductibles, tambin afirmo que ningn pueblo o comunidad est obligado por ninguna necesidad inexorable histrica ni de ningn tipo a permanecer polticamente unido a un determinado Estado si una amplia mayora de sus ciudadanos ya no lo desean. Las unidades polticas que conforman la convivencia deben ser libres y revocables, sometidas a revisin y no impuestas por la fuerza por parte de nadie. Resulta ingobernable democrticamente un territorio en el cual la inmensa mayora de sus miembros no se reconocen como parte del ente poltico que los administra.

Pero un referndum para la secesin de un territorio debe convocarse siempre con las garantas democrticas elementales que un proceso de tales caractersticas requiere. Lo cual exige, en primer lugar, que dicho referndum haya de ser pactado con la entidad soberana de la que, en ese momento, el territorio forma parte. No existe acuerdo entre los expertos juristas sobre si una consulta para la independencia tiene encaje en la Constitucin espaola de 1978. Quienes niegan la posibilidad de que el sistema jurdico espaol ampare el derecho de un territorio a decidir sobre su continuidad en el Estado, se apoyan sobre todo en el artculo 2, donde se dice que la Constitucin se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nacin espaola, y en el artculo 1.2, en el que se afirma que la soberana nacional reside en el pueblo espaol. Por su parte, quienes sostienen que aquel derecho encuentra cobijo en el texto constitucional, hacen referencia al artculo 1.1, que establece que Espaa se constituye en un Estado democrtico, y otros preceptos como el artculo 23, en el que se reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos pblicos. La discusin entre partidarios y detractores del derecho a decidir se ha enconado sobre la base de argumentaciones jurdicas sumamente farragosas, lo cual probablemente es inevitable dada la ambigedad, vaguedad e imprecisin de un texto constitucional que fue compuesto sobre malabarismos conceptuales con intencin de sortear las dificultades del contexto social que lo demandaba.

En todo caso, si en la actual Constitucin espaola no tiene cabida un referndum para la independencia, entonces debe abrirse ya de una vez por todas un proceso constituyente que, por lo dems, empezamos a necesitar en nuestro pas para otras muchas materias. Y entonces, en ese proceso, a quienes somos partidarios de una izquierda racional, fraterna, con vocacin internacionalista, nos tocar defender un modelo de Estado federalista y concretar su forma, pues el federalismo, a mi juicio, es la mejor respuesta a la realidad particularmente compleja y plural de nuestro pas, habida cuenta que la federacin de los pueblos permite grados de autonoma suficientemente amplios compatibles con la necesaria y conveniente cooperacin y solidaridad entre los mismos, a travs de un justo reparto de las competencias entre los diferentes niveles de soberana.

Sin embargo, el inmovilismo por parte de quienes defienden por encima de todo la unidad indisoluble de la sacrosanta Espaa y ni siquiera contemplan la posibilidad de cuestionarla, ha precipitado tambin la escisin actual en la sociedad catalana, esta lamentable polarizacin que no podr resolverse por ninguna otra va que no sea el pacto. El nacionalismo centralista espaol de raigambre franquista, que sigue entonando aquello de Espaa: Una, Grande y Libre, es una mquina de fabricar independentistas tan poderosa como la de aquellos que los jalean. No cabe duda que frente a posiciones polticas centrpetas que pretenden sofocar cualquier aspiracin de autogobierno, siempre se generarn, a modo de reaccin, deseos centrfugos de separacin como posible va de escape.

La negativa a modificar o sustituir la Constitucin por parte de PP y PSOE en este caso resulta llamativa y escandalosa, teniendo en cuenta que fueron estos dos partidos polticos quienes en 2011 tuvieron a bien ponerse de acuerdo para acometer la reforma constitucional del artculo 135, por orden del Banco Central Europeo, con el fin de blindar en la Carta Magna que el pago a los acreedores del Estado tuviese prioridad absoluta por encima de cualquier necesidad de los ciudadanos. Su inverosmil defensa del intocable orden constitucional slo puede interpretarse, por tanto, como un gesto de repugnante hipocresa.

El problema respecto a la Constitucin es que algunos la interpretan como norma suprema a-histrica, eterna, inmutable, causa de s misma, totalidad cerrada y perfecta. Cuando el Estado constitucional se concibe desde esos presupuestos formalistas y dogmticos, entonces prende el conflicto. Pero la democracia es un sistema dinmico y tensional que exige el equilibrio ponderado de las diferencias; y desde esa concepcin debe ser entendida la Constitucin como un decantado de principios que, en un tiempo y en un espacio determinado, contribuyen a estabilizar el juego democrtico dotndolo de ciertas normas fundamentales que deben ser por todos respetadas para el mantenimiento de la homeostasis social. Como tal producto histrico y social, material, puede ser modificada o sustituida si ya no cumple con las funciones para las que, en otro momento, fue pensada (entindase, claro, de una manera razonable en tiempo y forma: no se podra aprobar una nueva Constitucin cada ao ni al albur de cualquier deseo). Empieza a ser un clamor popular que la Constitucin de 1978 y el rgimen a ella asociado han quedado ya por completo desbordados por el propio desarrollo de la sociedad, por lo que se hace imprescindible un nuevo pacto civil y poltico para hacer frente a la realidad actual.

El referndum en Catalua debe celebrarse, pero habrn de pactarse con el Estado central la manera de hacerlo, la pregunta o preguntas que en l se formularn, el porcentaje de votantes que deberan votar para autorizar la separacin y las consecuencias. Entre otras cosas, porque se trata de un referndum especialmente peliagudo en el que se ven afectados los intereses de muchas personas. Es obvio que en un proceso de separacin de un territorio habr un buen nmero de habitantes de ese territorio que no son partidarios de la secesin. Es menester, por tanto, que la opcin independentista cuente con una mayora cualificada y estable en el tiempo. Con el fin de velar por la proteccin de los intereses de todas las personas involucradas, es necesario establecer, por ejemplo, un porcentaje mnimo razonable de participacin en el referndum para que ste pueda ser vlido y un porcentaje mnimo de votos a favor de la independencia para que esta opcin pueda ser legitimada.

Antes de la votacin debe haber, adems, un amplio debate social que permita a los catalanes colectivamente deliberar sobre lo que realmente quieren, porque en Catalua es preocupante la manipulacin a la que se lleva sometiendo a la gente desde hace tiempo por parte de los poderes pblicos y los medios de comunicacin. Es preciso desentraar lo que hay detrs de ese afn separatista, si no ser ms bien que esconde otras inquietudes no explcitas o necesidades no satisfechas; si no ser que la independencia funciona en realidad como una invocacin mgica con la que se pretende resolver de un da para otro todos los problemas, sin saber muy bien cmo, pues nadie ha sido capaz todava de explicarlo. Como tampoco se explica, por ejemplo, por qu los secesionistas rechazan la posibilidad de construir un Estado espaol federal, mientras que admiten su deseo de integrarse en la Unin Europea, que es una confederacin de Estados, una vez hayan conseguido la independencia.

Cabe preguntarse si a la mayora de la gente en Catalua lo que le preocupa de verdad es la independencia o los problemas del paro, los desahucios, las dificultades para llegar a fin de mes, el deterioro de los servicios pblicos, los recortes en ayudas a la dependencia, la corrupcin y un sinfn de cosas ms que ataen directamente a la construccin de una democracia social. Acaso la obsesin por la independencia no es una manera de desviar la atencin de los problemas sociales ms importantes? Cmo es posible que los partidos nacionalistas que se autodefinen como partidos de izquierda se sumen a la derecha catalana representada por el PdeCat argumentando que el objetivo de la independencia es el ms importante de todos, aun por encima de la preocupacin central de toda verdadera izquierda, que es la defensa de la justicia social? Es mejor la explotacin de los catalanes por parte de los oligarcas catalanes que por parte de la oligarqua no catalana? Cambia algo la situacin sustituir a unos explotadores por otros? Qu creencia lleva a dar por sentado que el simple hecho de constituir un Estado independiente va a significar de inmediato la transformacin del pas en una repblica socialista libre y autogestionaria?

Todas estas preguntas deben propiciar un debate que, en ltimo trmino, ha de expresarse en un referndum con plenas garantas democrticas. Ahora bien, parece que a casi nadie interesa desatascar esta situacin, cada vez ms similar a un callejn sin salida. No interesa a PP, PSOE y Ciudadanos, porque se aferran a la defensa cerrada y dogmtica del actual orden constitucional borbnico, heredero del franquismo; ni interesa a la mayor parte del nacionalismo cataln (al PdeCat porque esta pantomima le sirve para ocultar las miserias del pujolismo y la trama de corrupcin del 3%, a ERC porque siente profundo desprecio por todo lo denominado espaol y a la CUP porque, desde sus categoras ms bien delirantes, al defender este proceso cree estar apoyando algo as como la ltima gran revolucin socialista del mundo occidental).

En medio de todos ellos, o al margen si se prefiere, algunos otros, calificados despectivamente por parte de un bando y otro como equidistantes, se esfuerzan por poner sentido comn en medio del despropsito, tratando de matizar, desmitificar, disminuir antagonismos y derribar los muros de incomprensin levantados por unos y por otros. El matiz y la cordialidad han sido prcticamente desterrados del panorama por el dogma y la cerrazn. Cualquier cuestionamiento a las propuestas esbozadas por unos o por otros, acaba por provocar que quien lo plantee sea automticamente ubicado, de la manera ms expeditiva, o bien al lado del sector ms reaccionario de la derecha espaola, o bien del lado de los ms furibundos antiespaoles, como si no hubiera posibilidad alguna de superar esa dicotoma.

Pudimos constatarlo tristemente, una vez ms, con ocasin de los atentados yihadistas acaecidos en Catalua el pasado mes, pues ni siquiera ante un suceso terrible como la muerte de varias personas a manos de unos terroristas, fueron los sectores polticos centralistas e independentistas capaces de dejar de lado sus disputas y priorizar lo importante en ese momento: el apoyo a las vctimas, la unidad de la lucha frente al terrorismo y la conveniencia de no criminalizar a ningn colectivo. Fueron, sin embargo, los atentados, una ocasin idnea para que aflorara sin reparos el odio que se profesan. Todava calientes los cadveres de las vctimas tras haber sido cruelmente asesinadas, sus muertes fueron utilizadas por unos y por otros como armas arrojadizas con las que cruzarse mutuamente acusaciones, reproches, exabruptos y difamaciones. El espectculo fue bochornoso, impropio de una sociedad sana.

Irresponsables, unos, por su cerrazn inmovilista (los que se niegan a que haya un referndum), insensatos, otros, por su impaciencia voluntarista (los que lo quieran ya y de cualquier manera), han llevado a Catalua a esta situacin lamentable, que ojal la gente lcida sepa pronto reconducir por el bien de todos.

Nota:

[1] Ver la obra de J. Habermas, Ensayos polticos, Barcelona, Pennsula, 1997, Captulo La desobediencia civil, piedra de toque del Estado democrtico de derecho (pp. 51-71)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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