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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-09-2017

Existe un estado de excepcin en Catalua?

Rafael Silva
Rebelin


"Hoy por hoy en Catalunya se cumplen todas las condiciones de un estado de excepcin, y que el Gobierno del PP no lo haya declarado solo muestra su debilidad poltica. No se atreven, ni ante la comunidad internacional ni ante la sociedad catalana. Evidentemente, eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Si algo demuestra la experiencia vasca es que su falta de cultura democrtica les hace ciegos al clculo poltico ms bsico. Y que no reparan en crueldad"
(Fragmento de Editorial de Gara, disponible en http://www.naiz.eus/eu/iritzia/editorial/estado-de-excepcion-encubierto-que-tiene-en-tierras-vascas-su-precedente-mas-claro)



Los acontecimientos se estn produciendo tan rpidamente en Catalua estos das, que es posible que tengamos que contar nuevas noticias cuando este artculo se publique. Pero atengmonos, de momento, a lo ocurrido hasta ahora. La claridad de ideas y de conceptos, y la deteccin de las hbiles manipulaciones del lenguaje llevadas a cabo por la derecha poltica, social y meditica es fundamental para no caer en sus sucias trampas, y no perder el norte. La razn ltima de todo lo que est ocurriendo se soporta sobre la escasez de cultura democrtica de nuestro pas, hecho lgico y explicado por los cimientos de una sociedad postfranquista proveniente de la poca de la Transicin y del rgimen de la Constitucin de 1978. De ah surgen una clase poltica y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que nicamente entienden de represin, de la ley entendida como preservacin del orden pblico, y de unas Fuerzas Armadas entregadas a la lite gobernante, representante a su vez de los grandes poderes econmicos. Cualquier observador entender que hablar de democracia real con estos mimbres se antoja, cuando menos, extrao. Unos gobernantes que no estn acostumbrados a atender a la democracia participativa, ni entienden el concepto de soberana popular, sino nicamente el de soberana nacional, que aunque la aplican al pueblo espaol, llevan muchos aos cedindola a las condiciones impuestas por la Troika europea.

Todo ello derivado, como decimos, de un rgimen asentado en la Carta Magna de 1978, y de la cual hablan en tiempos verbales recientes, como si la hubiramos refrendado el mes pasado. Una Constitucin no puede ser inmovilista, fosilizada, momificada, alabada como si de un texto sagrado se tratara. Una Constitucin es hija de su tiempo, y por tanto, obedece a la concepcin del mundo que poseen los lderes y los pueblos que las refrendan. Y tambin, obviamente, son hijas de las circunstancias que rodean a ese tiempo, y por consiguiente, cuando dichas circunstancias cambien (primero hay que propiciar que cambien) tambin deben adaptarse las leyes, y en ltima instancia, su Constitucin como ley suprema. Para el caso que nos ocupa, mucho se est criticando la ausencia de garantas del referndum del prximo da 1 de octubre, y que precisamente por esto no puede ser comparado con los referndums de Escocia o Qubec, pero se olvida decir que fueron precisamente los Estados correspondientes (el britnico y el canadiense) los que negociaron con dichos pueblos las condiciones y el reconocimiento de dichas consultas vinculantes. Pedir al Gobierno cataln que ofrezca garantas cuando quien debe ofrecerlas es el Estado espaol, es un ejercicio de claro cinismo. El Gobierno del PP ha tenido muchas oportunidades para frenar las ansias independentistas (desde el proyecto de Estatut del ao 2006), y tambin, muchas ocasiones para pactar con el Gobierno cataln las condiciones para un referndum con garantas. Nunca ha querido hacerlo. Y no porque no quepa en la Constitucin, ni porque sea ilegal, ni porque quiebre la soberana nacional, ni porque vaya a romper Espaa, sino simplemente porque ellos no entienden la democracia en su amplia dimensin, la democracia real. Slo entienden la democracia como el marco de expresin de las leyes vigentes, unas leyes que ellos (el bipartidismo imperante) llevan controlando desde los ltimos 40 aos.

A raz de este escenario, absolutamente pattico e impropio de un Estado que se autodenomina "Social y democrtico de Derecho", estamos asistiendo a una escalada de tensin progresiva que ya ha alcanzado matices preocupantes. Una escalada de tensin que se ha trasladado como era de prever a la propia sociedad civil, a las organizaciones sociales, al pueblo llano, que sin duda provocarn un profundo impacto de huellas impredecibles. El Gobierno del PP est provocando un bochornoso y lamentable espectculo, ms propio de dictaduras que de regmenes democrticos del siglo XXI. Se nos haba dicho que cualquier idea poda defenderse por medios pacficos, pero parece ser que nos engaaban. Porque las nicas ideas que pueden defenderse son las que no pongan en peligro el estatus quo de los gobernantes, de los poderes fcticos y del rgimen que los sostiene. Sostener y difundir cualquier otra idea ya roza la ilegalidad, y est expuesta al hostigamiento y al cerco a la libertad ideolgica que vivimos desde los ltimos aos. El Gobierno de Mariano Rajoy est llevando a cabo una serie de medidas de profunda represin desproporcionada, absolutamente centradas bajo el mantra de que el referndum "no se puede celebrar". Pero estn equivocados. El referndum se puede y se debe celebrar. Lo que no existe es voluntad poltica para celebrarlo. Y ante ello, los ataques ideolgicos van dirigidos enmascarados en la fuerza de la justicia, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Real Academia Espaola de la Lengua (RAE) define estado de excepcin como "...el que declara el Gobierno en el supuesto de perturbacin grave del orden y que implica la suspensin de ciertas garantas constitucionales". No es esto exactamente lo que est ocurriendo en Catalua, simplemente porque el pueblo cataln quiere votar?

Si repasamos brevemente la reciente historia de Espaa, nos daremos cuenta de que desde la muerte del dictador, el Estado espaol siempre ha optado por la va de sofocar el deseo de reconocimiento nacional, democracia y libertad: cierre de medios de comunicacin, Ley de Partidos, reformas jurdicas represivas, violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales, endurecimiento del Cdigo Penal, supresin de derechos polticos y civiles, recortes en derechos y libertades pblicas bsicas, etc. Y ahora, el rgimen del 78 est mostrando ms que nunca su faz autoritaria, su condicin de rgimen heredero de la dictadura. Y como siempre en estos "grandes asuntos de Estado", PP y PSOE van juntos, se apoyan y se complementan. En este caso, adems, con la nueva muleta de Ciudadanos, an ms fantico que el propio PP para ciertos asuntos. Los sntomas son claros: detencin de altos cargos electos, persecucin de alcaldes catalanes que han ofrecido locales pblicos para votar, requisa de urnas y papeletas mediante registros en diversas naves industriales, intervencin de las cuentas pblicas de la Generalitat, limitaciones a la libertad de expresin y reunin, secuestro de propaganda poltica, cierre de sitios web, prohibicin de actos pblicos donde se iba a debatir sobre el derecho a decidir, utilizacin de la Fiscala General del Estado (y por ende, de la Fiscala Superior de Catalua) con fines polticos y partidistas, asalto de la Guardia Civil a las instituciones catalanas, llegada masiva en Ferrys de ingentes operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...En fin, todo un corolario de actos, decisiones y medidas al ms puro estilo fascista y represor, desplegado en cuanto el Estado ve peligrar sus intereses.

Un conjunto de acciones impropias de una democracia, y que son una clara muestra de la incapacidad de un rgimen injusto, obsoleto, caduco y anacrnico, que an mantiene una Monarqua o unos privilegios indecentes a la Iglesia Catlica, por citar slo dos caractersticas muy significativas. Un rgimen incapaz de entender el pluralismo poltico, la plurinacionalidad del Estado y la visin de una Espaa diversa y heterognea, en vez de la visin rancia y uniforme que ellos preconizan. Se reprocha a los dirigentes catalanes que adopten vas radicales y unilaterales, pero no se dan cuenta de que mientras el Gobierno del Estado espaol est ocupado por la horda neofranquista, ser absolutamente imposible pactar ningn tipo de referndum, ni celebrar cualquier consulta popular con garantas vinculantes. Jams van a permitir eso por las buenas, porque eso supone resquebrajar la consistencia del rgimen, abrir una brecha por donde puedan celebrarse otros procesos constituyentes, y abrir paso a una Repblica delante de sus narices, que ponga en cuestin la solidez y garantas de sus privilegios. Cul es la solucin entonces? Empujar, presionar, desobedecer, insistir...Es decir, la va de la fuerza, contra la va de la represin. La va de la desobediencia y la movilizacin popular frente a la va de la intolerancia y de la imposicin. No cabe otra. Y en este sentido, la historia siempre ha jugado a favor de los pueblos. La voluntad popular siempre acaba imponindose a los regmenes que quieren oprimirla. Seguramente no dejarn votar en libertad al pueblo cataln el prximo 1 de octubre, pero la movilizacin y la protesta popular, lejos de disminuir, continuarn aumentando y demandando mayores cotas de democracia y de participacin. El reto y el desafo al rgimen del 78 no ha hecho ms que empezar.

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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