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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-10-2017

Estado de conveniencia y prevaricacin judicial
Espaa y el imperio del poder judicial

Francisco Muoz Gutirrez
Rebelin


El jardn de las voluntades entre volcanes de emociones

Pequeo tratado de botnica hispnica con 14 paisajes

1.- El criadero de bonsais hispnicos

2.- Coaccin poltica versus coaccin moral; el caso cataln.

3.- La monarqua sin nobleza

4.- La Pax Espaola

5.- Desde la Legin Espaola a Atresmedia

6.- El sesgo autoritario y la falsa separacin de poderes

7.- La sacralizacin de los jueces y el Imperio del Poder Judicial

8.- El legislador y el tanatorio de los derechos fundamentales

9.- De juez verdugo a querubn de la justicia: el eunuco y el gitano en el gallinero.

10.- El Estado Monrquico de Conveniencia

11.- El alucingeno del Tribunal Supremo y los ingenuos patitos de feria

12.- El epicentro de la prevaricacin judicial

13.- Los jarrones chinos del Cdigo Penal; el 446 y el 447.

14.- El subterfugio del prevaricador tcnico del derecho


Deca Foucault que el discurso no es un hecho lingstico (1), sino un juego estratgico de lucha y confrontacin; de accin y reaccin, de argumentacin y contra-argumentacin; de dominacin y acomodamiento; de polemizacin crtica y sumisin acrtica. Sin duda Foucault era francs.

Un espaol jams hubiese hablado de juego estratgico en la Espaa del siglo XX. Tampoco en la Espaa actual, ya que desde la dictadura ninguna tertulia de bar, o televisiva, ni debate parlamentario, configura en esencia ningn hecho lingstico; mucho menos un juego estratgico. En los ltimos 80 aos ms que intercambios de ideas el Espaol medio lo que practica habitualmente es la confrontacin de voluntades. Sea soberanista o independentista, monrquico o republicano, de derechas o de izquierdas, catedrtico o prvulo, juez o abogado, el Espaol de hoy se desenvuelve en todos los mbitos de su vida, en un inmenso jardn de voluntades que florece permanentemente entre volcanes de emociones; desde Algeciras a Portbou.

El criadero de bonsais hispnicos


Voluntades y emociones conforman en Espaa una realidad envolvente, sin excepcin territorial o institucional alguna. Ni tan siquiera la institucin actual de la justicia espaola heredera de la tradicin decimononica del Derecho Romano, se configura como territorio de excepcin de las voluntades. Muy al contrario la justicia espaola se constituye como el ms sutil criadero de bonsais hispnicos de la sociedad nacional. Aparentemente el ritual jurisdiccional se estructura en torno al discurso retrico donde dos partes enfrentadas, denominadas litigantes, tratan de persuadir a una tercera, denominada tribunal jurisdiccional, donde unos magistrados de negro, denominados jueces, ejercen su poder de coaccin con consecuencia de sometimiento de las partes al orden social vigente.

Los juristas califican este juego dialctico bajo el eufemismo del principio de contradiccin. Un ritual del derecho procesal, ms comnmente conocido tambin como debate de la litis, y cuya esencia recuerda mucho a los concursos literarios donde unos letrados, profesionales de la retrica jurdica, concursan ante el tribunal soberano del poder de coaccin, contando las historias de sus clientes como mejor corresponda en derecho.

Conforman estos discursos jurdicos lo que Foucault denomin como juegos estratgicos!? Una respuesta afirmativa sera muy discutible ya que tras una primera apariencia de argumentacin racional y objetiva estos discursos tienen frecuentemente ms carcter trilero que de confrontacin dialctica toda vez que su principal objetivo consiste en enfatizar lo favorable desfigurando lo adverso a los intereses del cliente, siendo que toda verdad deviene en pura coincidencia. Incluso la verdad compite aqu con la mentira en igualdad de condiciones. En el teatro de la justicia la verdad es la sentencia.

Coaccin poltica versus coaccin moral; el caso cataln
Sin embargo toda verdad es puro accidente en la liturgia de la justicia. Estado y Derecho reposan desde antiguo sobre la organizacin de la coaccin, de tal forma que la coaccin poltica tiene como su principal objeto la realizacin del derecho, mientras que la coaccin social tiene por objeto la moralidad (2). Un ejemplo palpable de esta arquitectura puede observarse en el actual conflicto del independentismo cataln. Conflicto que aflora un enfrentamiento ortodoxo entre la coaccin poltica del supuesto Estado de Derecho Espaol, y la coaccin social de la supuesta moralidad independentista de la ciudadana de Catalua. Consecuentemente la moralidad se entiende aqu como el conjunto de costumbres que acreditan la singularidad histrica de la identidad catalana.

El dilogo enfrentado entre estos dos tipos de coaccin es puro arte de trileros. El debate carece de base racional ya que la coaccin poltica del Estado se fundamenta en el poder del status quoconstitucional y la coaccin social de los independentistas se fundamenta en la opresin consuetudinaria de la costumbre identitaria. Son dos lgicas inconmensurables; de base irracional, una, y constitucin emocional la otra. Si bien ambas dos hunden sus races en un mismo acontecimiento histrico; la guerra civil espaola con su desenlace en el largo periodo de la dictadura franquista. Sin racionalidad no hay dilogo ni realidad objetiva; slo conflicto de voluntades y sumisin.

Sin racionalidad no hay dilogo ni realidad objetiva; slo conflicto de voluntades y sumisin. La vieja dinmica soberanista mantiene hoy en el mundo 8 Estados no reconocidos; Abjasia, la Repblica Turca del Norte de Chipre, el Alto Karabaj, Kosovo, Osetia, Sahara Occidental, Somalilandia y Transnistria. El pasado 25 de septiembre se celebr un referendum de independencia en el Kurdistan iraqu que amenaza con consecuencias blicas anunciadas por Turqua. En Europa tenemos dos territorios que esperan alcanzar la independencia; Catalua y Escocia. Y slo Escocia acometi un debate sosegado y racional que minimiz el enfrentamiento de voluntades entre el independentismo escocs y el soberanismo ingls.

La monarqua sin nobleza


Espaa no es un Estado de Derecho simplemente porque en 1978, tras la muerte biolgica del dictador, se lleg a un acuerdo en torno a un consenso constitucional que estableca el respeto alstatus quo consolidado a lo largo de 40 aos de dictadura. La transicin aseguraba en el 78 la paz de los vencedores del 36 instaurando una democracia monrquica que tampoco conciliaba con los principios de la democracia republicana. Resulta ilgico pensar que el dictador y sus aclitos establecieran una sucesin de rgimen en trminos de derechos republicanos por lo que apostaron por la frmula de una monarqua sin nobleza; aislada, sostenida y dependiente, de las voluntades de persistencia y continuidad de las lites emergentes del rgimen dictatorial.

Consecuentemente el nuevo orden social del 78 responda, ms bien, a un consenso de no enfrentamiento donde la paz respetaba los viejos derechos adquiridos del vencedor a favor de una cierta moderacin conservadora de la voluntad de libertad y justicia de los sometidos. El consenso de paz se lograba en torno a la salvaguarda del modus vivendi alcanzado en la sociedad espaola mediante el sometimiento (acomodacin) de ambas partes desiguales al texto constitucional de 1978.

La Pax Espaola

Es aqu donde conviene recordar a Ronald Sokol, un veterano jurista y escritor franco-norteamericano, que afirma que el objetivo del derecho, a diferencia del de la ciencia, no es determinar la verdad; su objetivo principal afirma el prestigioso jurista, es minimizar el conflicto (3). Y efectivamente la constitucin de 78 minimiz el conflicto de la herida espaola, e hizo posible la transicin pacfica sin alteracin alguna de las desigualdades impuestas por el antiguo rgimen del dictador.

Javier Tusell personaliza, sin embargo, esta Pax Espaola en la Monarqua heredera del rgimen que evit la quiebra de legitimidad de las lites emergentes en el franquismo. En el caso de la transicin espaola dice Tusell, la Monarqua sirvi de instrumento mantenedor de esa legitimidad en cuanto que, si por un lado era la heredera del rgimen, por otro estaba construyendo una nueva legitimidad democrtica. La Monarqua contribuy, por lo tanto, a mantener la sensacin de que un cambio pausado y desde la moderacin era posible. Evit, en definitiva, la ruptura de la legalidad y produjo una transformacin profunda pero a partir de los presupuestos mismos del rgimen precedente (4).

Desde la Legin Espaola a Atresmedia

La legitimidad de la que habla Tussel no es algo abstracto ya que lo que se heredaba del rgimen eran los privilegios ya consolidados que pasaron sin discusin a engrosar el nuevo status quo de la democracia del 78 (5). As toda la clase de privilegiados protagonistas de la dictadura pasaron, de la noche a la maana, a convertirse en respetables hombres de negocios de gran mrito. Un ejemplo brillante de esta transicin de legitimidades puede ser, sin duda, Jos Manuel Lara, que no slo fue capitn de la legin, y particip activamente en la represin militar de Barcelona, sino que en 1949 fund la Editorial Planeta; hoy Grupo Planeta que integra a la corporacin Atresmedia (Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM y Meloda FM), y adems es el mayor accionista del diario ultraderechista La Razn. Su caso no es nico ya que hay una infinidad de otros ejemplos que quizs justifiquen la profunda alergia de la derecha espaola a la Ley de la memoria histrica.

El sesgo autoritario y la falsa separacin de poderes

No obstante existen toneladas de escritos analizando la transicin espaola bajo la ptica de la forma de gobierno. Sin embargo apenas se encuentra trabajo alguno sobre la transicin desde una ptica jurdica, ni judicial. En este mbito, la constitucin del 78 jams combati el profundo sesgo autoritario del antguo rgimen dictatorial, ni fundament ningn Estado Democrtico de Derecho ya que nunca se reform el rgimen del derecho aplicable en la nueva sociedad espaola, simplemente se adaptaron los ordenamientos correspondientes al derecho poltico e institucional conforme a las novedades que incorporaba la nueva monarqua parlamentaria. Consecuentemente nunca se reform en profundidad la institucin de la Justicia que permaneci interconectada con el poder ejecutivo, y el econmico, por mltiples canales subterrneos. Tampoco se conform ni siquiera bajo los largos gobiernos del PSOE, un poder judicial imparcial, racional y bien formado y dotado de instrumentos materiales y jurdicos que pudiesen garantizar su independencia y neutralidad.

La sacralizacin de los jueces y el Imperio del Poder Judicial

Un simple anlisis de la jurisprudencia civil de los ltimos decenios del franquismo y los cuatro decenios de la democracia muestran que el denominado Imperio de la Ley apenas sufre cambio relevante en los principios del raciocinio judicial donde autoritarismo e ignorancia tcnica se viste ahora con toga soberana que se sostiene con instrumentos tan arcaicos como, por ejemplo, la regla de la sana crtica (art. 376 LEC) en la valoracin de la prueba, entre otros.

La falta de especializacin tcnica de los jueces es un asunto macabro en un mundo donde la sapiencia enciclopdica dej de existir con la eclosin de las ciencias especializadas. Sin embargo, a la sombra de la lucha antiterrorista contra ETA los magistrados espaoles sufren la paradoja de un proceso de aislamiento y sacralizacin con privilegios indiscutibles fuera de todo control y escrutinio. Paradjicamente las crecientes irracionalidades del sistema fueron elevando, al mismo tiempo, la conflictividad de la sociedad espaola y la saturacin de los juzgados.

Consecuentemente, desde la Constitucin del 78, el Imperio de la Ley puede entenderse con frecuencia como el Imperio del Poder Judicial, toda vez que el ordenamiento jurdico normalmente relacionado con el orden social y econmico se desarrolla lentamente con lagunas donde ese Poder Judicial no especializado, recibe elasticidad suficiente para adoptar la resolucin ms conveniente para la proteccin del nuevo status quo de la democracia.

La corrupcin se dispara con la alegra de la burbuja inmobiliaria, y la justicia se convierte en una industria que mueve cantidades sustanciales de dinero. El beneficio es tan suculento que hay despachos de abogados que pagan hoy costosas campaas de anuncios televisivos con Iker Casillas para captar justiciables en masivas causas similares que ya tienen estandarizadas. Lo que muestra claramente que los servicios jurdicos conforman hoy en Espaa un sector de transferencia de capital proporcionalmente ms intensivo incluso que el sector de los servicios financieros.

La brecha del rgimen del 78 y la justicia de robagallinas

Ya en 1883 Rudolf Ihering defina el derecho como la norma de la fuerza, y la arbitrariedad se produce cuando esa misma fuerza quebranta su propia norma (6). Curiosamente uno de los efectos ms notorios de la transicin del 78 es la arbitraria supremaca jurdica que normalmente disfrutan de hecho los poderes fcticos de la sociedad espaola frente a la deficiente eficacia de los derechos ciudadanos tericamente reconocidos en el ordenamiento jurdico actual. Los derechos fundamentales son drsticamente fundamentales para las muy honorables lites espaolas y muy discutibles para el resto de los justiciables. Es la brecha que se extiende entre los casos del tipo de los titiriteros de Granada y los casos de la muy honorable corrupcin tipo Jordi Pujol.

Se trata de una brecha profunda que afecta a todos los mbitos de la vida poltica, econmica y jurdica. Brecha donde reluce permanentemente la institucin de la Banca espaola alumbrando el yacimiento de riqueza que constituye la explotacin econmica de la ciudadana mediante el aprovechamiento lucrativo de las lagunas del ordenamiento jurdico con lo que se conoce vulgarmente como la letra chica de los contratos. Aprovechamiento especulativo de consecuencias eufemsticamente poco pequeas en el mejor de los casos.

El legislador y el tanatorio de los derechos fundamentales

Pero qu pasa cuando el juez, tcnico del derecho, se mueve por los territorios oscuros de las lagunas del ordenamiento jurdico? Qu quiso decir el presidente del Consejo General del Poder Judicial cuando en 2014 calific la justicia espaola como una justicia de robagallinas?

Es evidente que el nuevo ordenamiento jurdico generado por la Constitucin del 78 apenas ha maquillado las lagunas del ordenamiento de la dictadura. El nuevo legislador parlamentario de la transicin se ha preocupado poco por la seguridad jurdica real, y efectiva, de la ciudadana toda vez que no slo no reform la institucin judicial espaola, sino que tan solo se ha ocupado de incorporar lentamente las nuevas realidades emergentes sin tocar significativamente los ncleos esenciales de la tradicin jurisdiccional del antiguo rgimen. Incluso instituciones tan modernas como el defensor del pueblo son creaciones aparentes sin eficiencia real alguna toda vez que son instituciones testimoniales carentes de poder alguno para defender al ciudadano atropellado en sus derechos tanto por el poder ejecutivoadministrativo, como por el Poder Judicial. Ms que defensores del pueblo son autnticos tanatorios donde el ciudadano asiste a la ltima incineracin ritual de sus supuestos derechos fundamentales. Valen ms por sus papeleras que por sus informes.

De juez verdugo a querubn de la justicia: el eunuco y el gitano en el gallinero.

El mundo acadmico del derecho y el judicial de todos los rdenes jurisdiccionales permanecen todava bunkerizados en Espaa bajo el mantra decimonnico de un poder judicial absolutista e inquisitorial carente de cualquier elemento eficaz de control y fiscalizacin de la actuacin de jueces y abogados. As de una dictadura infierno de injusticias, los espaoles pasamos en un santiamn al jardnparaso de la justicia en la tierra. Y de unos jueces verdugos del rgimen franquista se pas de inmediato a un rgimen difuso con los mismos jueces autoritarios caracterizados ahora de querubines angelicales de la justicia; tutores absolutos del artculo 24 de la Constitucin Espaola y garantistas racionalistas del derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables. Eunucos imparciales de la Ley, sin voluntad propia. Todo un milagro gentico de los padres de la constitucin del 78!

Sin embargo el milagro real de esta transicin consisti en el acomodamiento consuetudinario de los justiciables a un autoritarismo judicial incrustado en vena de la cultura popular. Los Espaoles mantuvimos la inercia del sometimiento a la tpica justicia de robagallinas de los juzgados del rgimen del dictador. Pleitos tengas y los ganes! exclamaba con gran sabidura el gitano que crea tan poco en sus derechos fundamentales como el juez que lo ajusticiaba.

El Estado Monrquico de Conveniencia

Durante 40 aos la lgica jurdica de la dictadura fue evolucionando su ordenamiento y una vez eliminada la resistencia de los vencidos, jueces y catedrticos del rgimen dieron forma a la lgica de los vencedores como sujetos prioritarios de derechos y libertades frente a la poblacin sometida considerada como justiciables de obligaciones extensas y derechos discutibles.

Con la transicin del 78 nace, pues, el Estado Monrquico de Conveniencia como instrumento jurdico de moderacin del nuevo orden social emergente. El mantra oficial que se repite por doquier es que Espaa se ha convertido de la noche a la maana en un perfecto Estado Democrtico de Derecho donde se abre camino el moderno concepto del Estado del Bienestar. Toda una utopa de burbujas y playa del pragmatismo felipista con fecha de caducidad. La moderacin de la transicin consiste esencialmente en preservar mediante el poder judicial los derechos y libertades de los poderes fcticos de la oligarqua rentista, empresarial y bancaria frente a los derechos y libertades de los justiciables que los invocasen frente a los poderes fcticos consolidados. El ltimo ejemplo lo conforma el caso de las clusulas suelo.

As la justicia robagallinas califica un ordenamiento centrado en los clsicos delitos primarios de inmediatez contundente; robo, hurto, asesinato, etc. Ordenamiento donde, sin embargo, los territorios pantanosos crecen en profundidad y extensin conforme los supuestos delictivos se complican con actuaciones ms complejas y menos inmediatas. Y es en estos territorios donde la figura del juez no especializado tcnicamente ignorante, falto de recursos y sujeto a una productividad agobiante se acomoda y consolida el Estado de Conveniencia.

El alucingeno del Tribunal Supremo y los ingenuos patitos de feria

Aparentemente el recorrido procesal de un litigio se corona con el Tribunal Supremo donde los justiciables con recursos econmicos pueden acudir en ltima instancia para los casos de infraccin procesal y casacin, dos vas muy limitadas a los tecnicismos procesales y que convergen en la proteccin de la norma jurdica (nomofilaxis). Esta es la trampa del justiciable ingenuo toda vez que el Tribunal Supremo no es el supremo de los tribunales, sino una instancia tcnica reservada a las disquisiciones entre jueces y abogados sobre la aplicacin tcnica del ordenamiento.

El Tribunal Supremo conforma todo un potente alucingeno jurdico para la ciudadana, donde todo justiciable representa la pantomima del atrezzo del litigio originario. Litigio que sirve, a su vez, de justificacin para la presentacin del recurso en torno a un ordenamiento supuestamente mal aplicado. Todo un teatro engaabobos para justiciables ingenuos que acuden al TS con aspiraciones de justicia. Y toda una costosa terapia para descontentos que da pingues beneficios a los despachos de abogados de esos clientes perdedores.

Cmo puede errar un artillero del siglo XV disparando su bala de can a un castillo situado a 10 metros de distancia?... Es obvio que muy difcilmente. Pues esto es lo que explica la altsima frecuencia de inadmisiones y desestimaciones de los recursos que anualmente se presentan ante el Tribunal Supremo. Es muy difcil comprender que a pesar de esta estadstica persistente durante 4 dcadas el Consejo General del Poder Judicial no hace nada Nada!, ni para mejorar la formacin de los abogados, ni para evitar el sangrado econmico de los justiciables. Resulta, pues, clamorosamente paradjico que durante ms de 40 aos de Poder Judicial en el rgimen democrtico, el propio Consejo General del Poder Judicial desprecie tan manifiestamente a la ciudadana espaola ignorando sistemticamente el art. 24 de la Constitucin Espaola y las estadsticas tan distopicas de la justicia espaola.

El epicentro de la prevaricacin judicial

Sin embargo el epicentro del engao procesal de la Constitucin del 78 se encuentra escondido en la segunda instancia donde las Audiencias Provinciales se convierten en el verdadero teatro de operaciones de la prevaricacin judicial. La realidad muestra que las Audiencias Provinciales son el verdadero Tribunal Supremo del Estado de Conveniencia espaol toda vez que prevaricar en la primera instancia es una empresa de corto recorrido, mientras que la prevaricacin judicial en la segunda instancia permanece impune en la opacidad de los intersticios del propio sistema procesal.

Hasta la sentencia cannica del Tribunal Supremo STS 2/99 de 15 de octubre, la prevaricacin judicial era un tema psiquitrico inexpugnable basado en la demostracin de una intencionalidad perversa del magistrado acusado de prevaricacin. Acusar de prevaricacin a un magistrado era todo un objetivo suicida claramente imposible ya que el propio ordenamiento blinda de impunidad la actuacin prevaricadora. Sin embargo la sentencia del TS de 1999, magistralmente sintetizada posteriormente en el fundamento jurdico cuarto del Auto del TS de 5 de marzo de 2014 (causa especial 20747/2013) previene sobre el concepto de subterfugio del prevaricador, tcnico del derecho, que busca en la desmesura de su discurso velar la antijuridicidad de su comportamiento. A partir de ah se abre un espacio que rechaza la concepcin subjetivista del delito de prevaricacin enfrentando al profesional del derecho contra el escrutinio de sus propias artes tcnicas. Por primera vez la doctrina jurisprudencial deja de lado el discurso decimonnico de las voluntades.

Los jarrones chinos del Cdigo Penal; el 446 y el 447

Esta novedosa doctrina jurisprudencial si bien sienta una base relevante, la misma es, sin duda, dbil e suficiente para generar cambio alguno en los hbitos de arbitrariedad autoritaria del poder judicial. Ningn abogado en su sano juicio promovera una querella por prevaricacin judicial contra un tribunal de su circunscripcin de actividad habitual. Por muy clara que fuese la prevaricacin, la caracterstica imprecisin de los art. 446 y 447 del Cdigo Penal Espaol le previene de que en el ms benevolente de los casos cometera un irremediable acto de suicidio profesional.

La realidad diaria de las provincias es que la actividad jurisdiccional espaola est concebida a imagen y semejanza de un macabro internado de escuela jesuita donde los mismos letrados pasan continuos exmenes ante el mismo tribunal. Visto en perspectiva los tribunales jurisdiccionales provinciales son como un concurso literario de cuentos jurdicos donde cada letrado presenta recurrentemente un relato retrico diferente al mismo tribunal que le punta durante aos y dcadas. Acusar, pues, al tribunal de prevaricacin es como firmar la propia sentencia de muerte cvica del atrevido e ingenuo letrado.

Ni siquiera en el mbito de la asistencia jurdica gratuita es posible, al menos en Andaluca, promover un procedimiento de prevaricacin judicial contra un tribunal que ha desvalijado a un justiciable mediante una resolucin supuestamente injusta adoptada a favor de los intereses econmicos de un banco. El abogado del turno de oficio activa de inmediato el art. 32 de la Ley 1/96 y postula ad hoc de forma arbitraria y antijurdica, que la pretensin es insostenible, y automticamente el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA) le deniega el derecho al justiciable desposedo. El procedimiento de reconocimiento del derecho es administrativo, pero el TSJA ratifica automticamente la denegacin al pobre del derecho establecido por el art. 119 de la Constitucin Espaola sin siquiera examinar si la resolucin administrativa se ajusta debidamente a derecho, o es clamorosamente arbitraria. Hecho que puede ser proyectable igualmente al resto de jurisdicciones de Espaa.

El subterfugio del prevaricador tcnico del derecho

En qu consiste, pues, el subterfugio del prevaricador tcnico del derecho?... Es evidente que una prevaricacin detectable en un simple escrutinio nomofilactico de la resolucin prevaricadora, sera una torpeza flagrante del tcnico del derecho que le acarreara fulminantes consecuencias con el recurso al Tribunal Supremo. Sin embargo la Audiencia Provincial posee una potestad singular sealada en el propio ordenamiento jurdico. As la propia Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en el punto segundo del prrafo XIII de su Exposicin de Motivos seala que la apelacin se reafirma como plena revisin jurisdiccional de la resolucin apelada.

Revisin que se verifica en dos campos jurdicos; el nomofilactico y el fctico. Slo la revisin nomofilctica es recurrible ante el Tribunal Supremo, mientras que aquello que comnmente se denomina como revisin de la valoracin de la prueba, no es recurrible ante ninguna instancia procesal toda vez que el art. 469 LEC excluye del recurso extraordinario de infraccin procesal la revisin de la base factica y valoracin de la prueba efectuada en la segunda instancia.

Tan solo queda el cajn de sastre del art. 24 de la Constitucin Espaola donde cualquier acusacin de irracionalidad, error, o arbitrariedad formulada contra un tribunal jurisdiccional se estrella contra el principio de la literosuficiencia combinado con el principio decimonnico de la sana crtica y la potestad absolutista de la ponderacin arbitraria del juez. Toda una autovia de alta velocidad donde el juez es la Ley en Espaa.

As pues, la distorsin modulada de las bases fcticas del litigio mediante un cumplimiento difuso de los deberes jurisdiccionales, combinado con la obstruccin beligerante del ordenamiento jurdico relevante y una conveniente dosis de distorsin de las bases fcticas fijadas por la sentencia apelada, asegura la impunidad de la voluntad judicial. Distorsin tcnica que se realiza en orden tanto a difuminar la antijuridicidad del comportamiento prevaricador, como en orden a motivar convenientemente la resolucin injusta. El prevaricador judicial no es un ignorante del derecho. Todo lo contrario; es un versado tcnico que domina el derecho hasta el punto de hacer de la prevaricacin judicial una potestad prcticamente impune de la voluntad de los magistrados de las Audiencias Provinciales.

Notas:

(1).- M. Foucault; La verdad y las formas jurdicas. Gedisa 2009.

(2). - Rudolf Ihering ; El fin del Derecho. 1883.

(3).- Ibd (2)

(4).- La transicin espaola a la democracia desde un punto de vista comparativo. Javier Tusell Gmez. Cuenta y Razn n 41, 1988, pg. 109 a 120. (Texto en pdf accesible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2047970 , pg. 8.)

(5).- No cabe duda que la dictadura gener una clase emergente en la sociedad espaola durante sus 40 aos de rgimen autoritario. Manuel Ramrez, catedrtico de derecho poltico de la Universidad de Zaragoza lo resume as; ... durante los aos sesenta y comienzos de los setenta, las pautas capitalistas de lo que un da di en llamar el franquismo tecno-pragmtico, originan y sedimentan esa nueva clase social que tena dos objetivos bien definidos: conservar a ultranza los niveles econmicos obtenidos y, lgicamente, alejar cualquier asomo de una nueva contienda en la que se pudiera perder algo. Reflexiones sobre la transicin espaola a la democracia. Revista de Derecho Poltico, n 31. 1990, pginas 9 a 25. (Texto en pdf accesible en http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/8440/8076 , pg. 18).

(6).- Richard Dawkins Law Delusion; Ronald SOKOL; 30/12/2015; www.project-syndicate.org

Blog del autor: https://lacalledecordoba21.blogspot.com.es

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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