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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-10-2017

1-O: el fracaso de Rajoy

Antonio Antn
Rebelin


El 1-O ha mostrado dos resultados bsicos: el carcter autoritario del Gobierno del PP, con su apuesta represiva, y una gran movilizacin democrtica y pacfica de la ciudadana catalana. El Gobierno de Rajoy, inmovilista y reaccionario, ha fracasado estrepitosamente. Su estrategia impositiva de restriccin de derechos democrticos de la sociedad catalana, ha perdido legitimidad ante la opinin pblica de Catalunya, Espaa y el mundo entero. La credibilidad democrtica de la derecha espaola ha quedado en entredicho. Su relato, centrado en la aplicacin de la legalidad, ha sido insuficiente y contraproducente.

Su justificacin maniquea y sectaria de un nosotros (la lite gubernamental y sus aliados constitucionalistas) que defienden el Estado de derecho, la convivencia y la racionalidad frente a un ellos (los secesionistas catalanes y el resto de soberanistas) antidemcratas, divisionistas e irracionales (pasionales) no ha cuajado. Su idea de empate catastrfico pretenda explicar la necesidad del desempate marginando a los supuestamente populistas que querran destruir el Estado y Espaa. Pero, ante la evidencia de la doble actitud en el conflicto, una direccin poltica represiva y una ciudadana democrtica y pacfica que quera votar, toda su retrica ha quedado desacreditada y su estrategia poltica desnuda con su autoritarismo inconfesable.

Pero, adems, desde el punto de vista fctico, el Ejecutivo de Rajoy ha mostrado su incapacidad para impedir la libre expresin de millones de personas y su reafirmacin en la defensa de su autogobierno. Desde el punto de vista poltico, de las relaciones de poder, ya que los criterios ticos y democrticos le resbalan, es la mayor crtica que diferentes sectores mediticos, socioeconmicos e institucionales pueden constatar: su gestin ineficaz para garantizar sus objetivos de neutralizar el proceso del Govern hacia la independencia. No ha sabido y no ha podido, con todos los mecanismos jurdicos, policiales, econmicos y administrativos del Estado, impedir la masiva marea democrtica y participativa en torno a la consulta planteada. Ellos mismos lo reconocen a medias: les ha desbordado la situacin. Les ha cegado su prepotencia reaccionaria y su infravaloracin de la masividad y firmeza de la cultura democrtica, cvica y soberanista existente en el pueblo cataln.

Adems, ante semejante incapacidad y torpeza, socios europeos ya han mostrado su inquietud ante esta inesperada crisis de Estado en el panorama de una UE frgil en su articulacin institucional, con el trauma del brexit y el ascenso de dinmicas nacionalistas autoritarias y xenfobas en distintos pases.

Sus primeras reacciones son sostenella y no enmendalla: su empecinamiento en una estrategia errnea, divisionista y antidemocrtica. No les proporciona margen para la autocrtica o la rectificacin. Para su regeneracin democrtica necesitan, al menos, salir del poder y pasar a la oposicin. La ausencia de autntico dilogo poltico anuncia una escalada de la tensin. Su opcin, perfeccionar su estrategia autoritaria y su control efectivo de la Generalitat: intervenir y/o anular instituciones catalanas, mediante la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin y la Ley de Seguridad Nacional. Se trata, de la inhabilitacin y judicializacin de sus principales dirigentes, y la toma de control ejecutivo (incluido la direccin de los Mossos de escuadra y los medios de comunicacin pblicos -TV3-), por un periodo indeterminado hasta la convocatoria de otras elecciones autonmicas con garantas para ellos de una representacin minoritaria de las fuerzas independentistas; es decir, sin una salida clara al conflicto.

El plan puede ser de ejecucin inmediata o diferida, a tenor de la apuesta independentista real y ms all de la simple declaracin unilateral del Parlament que estn calculando. Es un paso arriesgado para las dos partes y quiz se produzca una fase transitoria de tanteos junto con alguna gestin mediadora para (ambos) ganar tiempo y mejorar las posiciones respectivas de fuerza y legitimidad. Por tanto, es realista el escepticismo con el que el Govern valora los resultados efectivos de un dilogo (con mediadores internacionales). E, igualmente, para las derechas espaolas, que mantienen su rigidez uninacional y cuidan su supremaca institucional.

La dinmica de conflicto de fondo solo se va a poder encauzar con un Gobierno de progreso en Espaa, con un claro perfil social y democrtico y respetuoso de la plurinacionalidad. Y ah, la responsabilidad de la direccin socialista es clave. Es un reto para el nuevo PSOE de Pedro Snchez ante dos opciones: apoyar la gestin gubernamental del PP (y Ciudadanos), su continuismo autoritario, ofrecindole estabilidad; o apostar, junto con las fuerzas del cambio y nacionalistas una profunda reforma constitucional que culmine en un referndum estatal. Y, al mismo tiempo, un acuerdo sobre un referndum con garantas en Catalunya que satisfaga el deseo mayoritario (hasta el 80%) de decidir su estatus relacional y su futuro. Una consulta con mayoras reforzadas que incluya un marco de relacin, as como la posibilidad de independencia, dada la representatividad de ese sector, y aunque muchos prefiramos su permanencia en una Espaa mejor, ms justa y solidaria.

El planteamiento del PP es cortoplacista y corporativo de sus propios intereses de partido. Frente a su retrica vaca no piensan en la sociedad espaola. Tampoco en Espaa y el Estado, ni tienen un proyecto de pas (de pases). Piensan (errneamente) que aunque electoralmente pierdan Catalunya, con su nacionalismo espaolista conservador ganan Espaa, con la absorcin de Ciudadanos, la subordinacin del PSOE y la marginacin de las fuerzas del cambio. Toda una estrategia reaccionaria de dudosa eficacia y menor legitimidad.

Desprecian la fractura social generada en ambos mbitos y entre ellos, mientras ocupen el poder estatal. Es ms, se pueden encontrar cmodos en una dinmica prolongada de conflicto nacional que facilite su hegemona electoral, chantajee al Partido socialista y dificulte el avance de Unidos Podemos y sus aliados con una opcin de progreso en lo social y solidaria en la gestin de la plurinacionalidad. Han anulado su ya escaso margen para tener un papel relevante en una solucin poltica negociada. A su gestin regresiva de la poltica socioeconmica y sus responsabilidades en la corrupcin poltica, se aade ahora claramente su autoritarismo poltico.

Los lmites del independentismo

En el otro campo, en Catalunya, hay que diferenciar dos procesos paralelos y entremezclados. Ya he sealado el ejemplar, masivo y democrtico comportamiento de gran parte de la ciudadana catalana, en torno a su deseo de participar en el rechazo a los planes gubernamentales y sus medidas represivas e independientemente del sentido de su voto o de no votar. En el 1-O ha confluido la posicin de avanzar en la dinmica independentista junto con la reafirmacin soberanista y democrtica, sta acentuada por combatir a Rajoy y sus medidas.

Segn distintas encuestas, la primera tendencia cuenta con alrededor del 45% de la poblacin catalana y la segunda llega hasta el 80%, es decir, existe en torno a un 35% soberanista no independentista. Esto es importante para valorar el siguiente paso y sus riesgos: la apropiacin del Govern de las dos corrientes y legitimidades para apostar por la hoja de ruta independentista. Convertir una amplia alianza democrtica en un compromiso especfico independentista es un error ventajista que conlleva una instrumentalizacin de esa parte y, especficamente, de su representacin poltica en torno a Els Comuns de Xavier Domnech y Ada Colau.

La cuestin es importante por los lmites del proceso independentista y la articulacin de la pluralidad en la sociedad catalana (y en Espaa). O sea, tiene implicaciones estratgicas y de valores (inclusivos y de fraternidad). El Govern y el bloque independentista han demostrado su ampliacin (desde el 25% en el ao 2010 al 45% actual). Pero, aparte de un sector nacionalista radical, el incremento independentista en esta dcada se ha producido sobre la base de la existencia de una amplia corriente nacionalista (moderada y representada por CIU) que se ha desplazado hacia el independentismo. Ello en el contexto de frustracin ciudadana por el recorte del Estatut, a iniciativa del PP, al mismo tiempo que por la gestin neoliberal y regresiva de la crisis econmica por parte del Govern, compartida por la estrategia de austeridad promovida por su familia liberal conservadora europea (y socialdemcrata). En ese sentido, las lites de la derecha independentista han sabido eludir sus responsabilidades regresivas y trasladarlas hacia un enemigo externo: Espaa. Y ante la pasividad crtica de la izquierda independentista.

Por tanto, independentismo o Repblica catalana, con la actual hegemona de la burguesa neoliberal catalana y una gestin econmica del PDeCAT no es sinnimo de mejora social para las clases trabajadoras, especialmente de Barcelona y su cinturn metropolitano que, como se sabe tienen un mayor origen emigrante del resto de Espaa, muchos son castellano hablantes y con un estatus socioeconmico menor. Sus sectores progresistas y de izquierda son, en gran medida, la base social de Catalunya en Com y Podem, incluso del PSC, con lazos culturales e identitarios con el resto de Espaa y reticentes al nacionalismo independentista.

Significa que el bloque independentista tiene dificultades estructurales para imponer la independencia de Catalunya por dos tipos de razones. Uno de carcter democrtico, derivado de los dficits democrticos de la consulta realizada, especialmente por interpelar, casi solo, al sector independentista cuando la mitad, al menos, de la sociedad catalana no lo es; no era propiamente un referndum con garantas para la expresin de la diversidad de posiciones existente, por lo que no tena validez poltica, jurdica y democrtica para decidir sobre esa opcin. Pero, sobre todo, no reflejaba una igualdad entre las distintas opciones ni una actitud inclusiva e integradora de la diversidad nacional realmente existente en Catalunya.

Otro tipo de motivos son de carcter fctico: los lmites de su contrapoder institucional (o popular) frente al poder del Estado y sus aparatos judiciales, de seguridad y econmicos, as como la falta de reconocimiento internacional. Los dirigentes independentistas se han esforzado mucho en reafirmar su soberana prctica, no solo su legitimidad sino su fuerza, su poder, para realizar el referndum. Era central para dar cobertura a la Declaracin de independencia, es decir, demostrar que podan contrapesar el poder del contrario y desbordarlo (desobediencia, imposicin, implantacin). Han salido airosos en algunos aspectos clave: ha habido colegios abiertos, urnas, papeletas y recuento. Pero sobre todo, ha habido gente valiente y decidida a votar y participar en esta pugna con el Gobierno de Rajoy y las medidas represivas y judiciales. Evidentemente, no ha sido un referndum legal y vlido en trminos jurdicos (contraviene la convencin de Venecia), pero constituye una gran movilizacin poltica que el Govern se apresta a utilizar para legitimar su prximo paso independentista.

El pulso de legitimidades y de poder, aun con forcejeos discursivos y de dilogos contemporizadores, se va a reproducir en un peldao superior de confrontacin. Y ah, el refuerzo de una tercera posicin autnoma, con un fuerte contenido social, democrtico y solidario es clave para construir un pas plurinacional ms justo. Es el reto de Els Comuns y el conjunto de las fuerzas del cambio.

Antonio Antn. Profesor Honorario de Sociologa de la Universidad Autnoma de Madrid

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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