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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-10-2017

El Estado y la implementacin del acuerdo de paz FARC-EP/Gobierno

Ivn Marquez
CSIVI-FARC


Hemos venido hasta el Capitolio Nacional a hacer escuchar ante la nacin y el mundo la voz de inconformidad y de protesta de los los integrantes de las FARC que han dado el paso a la legalidad, que sobreviven en las zonas y espacios territoriales, esperanzados en la paz a pesar del incumplimiento o el cumplimiento a medias de los compromisos del gobierno en todos los planos de la implementacin; especialmente en materia en materia de seguridad jurdica, fsica o personal, y seguridad socio econmica. Subrayando que en este ltimo aspecto, no hay tierra donde adelantar los proyectos productivos necesarios para la subsistencia.

Hemos cumplido los compromisos y solo hace falta que el gobierno cumpla los suyos plenamente. Hemos obrado de buena fe y cada vez que damos pasos significativos no deja el Fiscal General de la Nacin de amenazar, como sabe hacerlo, con acciones de judicializacin, para que todo el mundo tiemble, y esto lo hace evidentemente en
concierto con la embajada de los Estados Unidos y seguramente con la aquiescencia de sectores de la coalicin de gobierno.

Quisiera en este escenario afirmar que Colombia tiene obligaciones internacionales que cumplir derivadas de la firma del tratado de paz de La Habana. Permtanme recordar en ese sentido que al depositar tan importante documento ante el Consejo de la Federacin Suiza en Berna, este adquiere connotacin de Acuerdo Especial en el plano del DIH y del derecho de los derechos humanos, porque nada resulta ms humanitario que parar un guerra. Y por ser este asunto fundamental para definir el destino de Colombia elevaremos a la Oficina jurdica del CICR en Suiza la pregunta sobre cul es el alcance de los acuerdos especiales y cul debe ser la actitud de los gobiernos que lo han signado. Y por otra parte y en el mismo sentido recordemos que el mencionado Acuerdo de La Habana fue presentado por el Gobierno de Colombia ante el Secretario General de NNUU mediante el instrumento de una Declaracin unilateral de Estado, en el que este se obliga al cumplimiento de lo convenido.

Seoras y seores, realmente estamos ante a una obligacin internacional del Estado, pero pareciera que esto no es relevante para muchos integrantes de la institucionalidad.

Dese hace un ao cuando se firm el acuerdo se ha utilizado su desarrollo normativo para renegociar lo pactado en La Habana, para cambiar el sentido de lo convenido.

Pacta Sunt Servanda! Basta ya de esas pretensiones. Lo acordado es para cumplirlo.

Negociamos en La Habana con el gobierno, quien se supone lo hizo a nombre de Estado; entonces lo que debe seguir es la coordinacin armnica de los poderes para que no se siga atentando contra el espritu de lo pactado. Aqu todos le han metido la mano a los acuerdos, ms para mal que para bien: no solamente algunos congresistas que llegan con nocivas ocurrencias de ltima hora, sino tambin magistrados, representantes del ejecutivo y el Fiscal, que por ejemplo, no ha permitido el despegue de la Unidad especial de lucha contra el paramilitarismo del punto 74 de la JEP. Esa unidad es subsidiaria, solo acta si no lo hace la Fiscala y esta tiene en su poder durmiendo el sueo de justos 15 mil compulsas de copia contra el paramilitarismo. No queremos que terceros involucrados en el conflicto sigan eternamente resguardados bajo el manto de la impunidad. Ellos tambin estn obligados a aportar verdad. La reforma constitucional para lograr la cabal materializacin de esta unidad es un compromiso que el Gobierno no pude dejar de lado.

Algunos empiezan a hablar ya de engao y estafa del gobierno a su contraparte. Todo el tiempo el Fiscal anda buscando nuestra cada y empapelamiento jurdico para hacer inviable la reconciliacin de Colombia. Que pare, que deje de extender la enredadera judicial en la que pretende atrapar e inmovilizar los sueos colectivos de paz.

Ante crisis del Ius Puniendi o capacidad del Estado para juzgar y sancionar, y ante el desprestigio generalizado del ente acusador y de la rama judicial del poder pbico, es tiempo de la JEP y es el momento de las transformaciones, para que las instituciones sean conducidas por gente honrada y proba que devuelva al pas la confianza en el Estado.

En este camino debemos establecer las causas y los responsables del duro calvario de la confrontacin. No hay que temerle a la verdad. La verdad cura la heridas del alma ocasionadas por el largo conflicto, y sin esta sanacin no ser posible encontrar la reconciliacin. De ah la importancia de abrirle paso a instancias como la comisin de esclarecimiento y a la Jurisdiccin Especial para la Paz que est diseadas en una perspectiva de justicia sin venganza y de restauracin del tejido social.

Alegremente algunos en el Congreso han asumido el boicoteo a la ley estatutaria de la JEP, sin darse cuenta que le estn abriendo las puertas a la CPI cuando ya habamos dado prelacin al Margen Nacional de Apreciacin, para que sobre la base de nuestra historia, costumbres, geografa, por conocimiento del origen del conflicto, buscramos salidas que aseguraran nuestro futuro de paz.

Pero los problemas no son solamente con la JEP. Pese a que el congreso en pleno y por amplia mayora refrend los acuerdos y activ las posibilidades para su implementacin normativa como constituyente derivado en representacin del pueblo, hay hoy sectores del congreso que pretenden bloquear y obstaculizar las justas aspiraciones planteadas en los acuerdos. Podemos sealar algunos ejemplos preponderantes Hay congresistas que aspiran a hundir la reforma poltica que es aspecto cardinal de la reincorporacin y a limitar al mximo las normas de participacin ciudadana y de garantas a la protesta social. No puede revictimizarse a la gente de los territorios eliminando las cabeceras municipales de las circunscripciones especiales de paz.

La titulacin de tierras a los campesinos se convirti en un cuento y ha permanecido obstruida por el santanderismo inveterado e irracional que utiliza la norma no para solucionar los problemas sino para empeorarlos y por una burocracia pesada y adormilada que a tiempo que beneficia al latifundio, solo sabe rendirle culto y pleitesa a los poderes de facto y a los tramites y los papeleos interminables cuando de atender a los campesinos y poblacin rural se trata. La sustitucin de cultivos de uso ilcito, a pesar del acompaamiento a fondo de las FARC en la difcil tarea de persuadir y de hacer pedagoga de sustitucin, no ha rendido los frutos esperados porque se les ha ocurrido a las autoridades conjugar en mal momento y de manera inoportuna la sustitucin con la erradicacin forzosa, la cual, adems de contradictoria, resulta ms costosa y onerosa que la misma sustitucin. Estamos seguros que la ejecucin de programas de sustitucin consensuada con los campesinos, reforzada con el respeto a los derechos conculcados a los labriegos desde la fundacin de la repblica, que le ha negado vida digna al campo, pueden sealar la ruta de la terminacin de un fenmeno originado en causas sociales y econmicas y que tiene que ver con la ausencia de una reforma rural Integral verdadera.

Pero como habamos dicho, no solo en el Congreso le tiran palos a la rueda de la paz, porque para el caso de la reincorporacin, aunque se han dado normas que facilitaran este proceso, como la de la amnista, la personera jurdica para el nuevo partido, en la Corte Constitucional todo sigue en estado de indefinicin y en el escenario institucional en general tenemos dificultades muy delicadas.

Los incumplimientos son los siguientes:

320 ex guerrilleros acreditados siguen en prisin. Mas de 700 siguen encarcelados sin acreditacin. Las suspensiones de las rdenes de captura contra integrantes de FARC que han dejado las armas, no se han materializado y siguen siendo detenidos en los puestos de control policial por que los casos no han sido y trasladados a las bases de datos correspondientes. De los 540 guerrilleros trasladados a zona, a fecha de hoy solo 140 han sido puestos en libertad condicional. Aunque ya se expidi la ltima decreto presidencial de Amnista de Iure hay muchos excombatientes en las zonas que no han sido incluidos, y no han sido expedidas las resoluciones individualizadas que deben ser entregadas a los amnistiados. Durante el proceso de elaboracin del borrador de ley estatutaria JEP ya ha habido una renegociacin de hecho con la Fiscala. El proyecto presentado al Congreso el pasado da 26 septiembre incluye varios cambios introducidos por la Fiscala, no acordados con las FARC sobre presupuestos, sobre disidencias solo referidas a las FARC; incorporacin de cierre listados a fecha 15 agosto en contra de lo establecido en el Acuerdo Final; El Min Interior declara que no hay mayora para aprobar la ley estatutaria en el Senado. El compromiso del Gobierno es no admitir modificaciones ,contrarias al borrador aprobado en CSIVI. El estatus jurdico de las zonas est en veremos.

No solamente no se ha cumplido con la suspensin de rdenes de captura con fines de extradicin, sino que se han detenido mas personas con fundamento en esas solicitudes. Y as pudiramos sealar un sinnmero de incumplimientos como los que se dan en materia de seguridad, de informacin, de reivindicacin de las vctimas, de diferenciacin de tratamiento penal a los incursos en delitos de pobreza, como es el caso de los campesinos cultivadores de hoja de coca, o de activacin del acompaamiento internacional, el cual no se termina de convocar.

A todo este panorama se agrega la incertidumbre que genera la desfinanciacin de los planes y programas derivados del acuerdo final. Habra que decir que es lamentable que el Gobierno no se comprometa a un esfuerzo fiscal serio que garantice recursos suficientes para la implementacin. En el Plan Marco proyectado por el establecimiento no se compromete ms del 0.7% del PIB a 15 aos.

Porque la implementacin es un verdadero campo en disputa que no se cierra con la culminacin del fast track, ahora ms que nunca, frente a las dificultades y los retos debemos reafirmar que la nica garanta para que no se frustren los anhelos de paz, est en la unidad del pueblo haciendo suyo el Acuerdo de La Habana.

En medio de estas dificultades nos hemos transformado en una fuerza poltica dispuesta a recoger los sueos de paz y tambin la inconformidad acumulada tras sucesivos gobierno que le dieron la espalda a los ms dbiles. Desde esta posicin, a un ao de la extraordinaria defensa que del proceso de paz hicieron las muchedumbres del comn en las calles de Colombia llamamos ahora a la defensa de su implementacin y a trabajar juntos por el gran Acuerdo poltico Nacional que impida que las trompetas de la guerra vuelvan a romper la calma de la concordia nacional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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