Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-10-2017

El dolor que enluta la paz

Carolina Jimnez Martn
Rebelin


La paz est en peligro. Esa fue la expresin utilizada por Pablo Catatumbo, dirigente del nuevo partido poltico FARC, en un foro en la Universidad Nacional, en el cual se discuta la transicin poltica de las FARC-EP y el estado de la implementacin de los Acuerdos de Paz. La masacre de 15 campesinos en el municipio de Tumaco (departamento de Nario) que se oponan a la erradicacin forzada de los cultivos de coca y exigan la construccin participativa de un programa de sustitucin voluntaria, tal como se establece en el Acuerdo Final, y en el decreto ley que crea los PNIS y el PISDA, es una de las expresiones ms dolorosas e indignantes que dan cuenta de la alerta sealada.

El dolor que nos embarga, ante este crimen cometido por las fuerzas armadas del Estado colombiano, nos impulsa a proponer una serie de discusiones, que, aunque se han venido construyendo en diferentes espacios sociales, an no logran tomar la fuerza vital que se requiere para salvar la Paz.

El balance del proceso de implementacin resulta a todas luces desalentador y expresa el anquilosamiento de las clases dominantes, que encuentran en una efectiva implementacin de lo acordado una amenaza a sus privilegios afianzados por los rdenes de Guerra. Las clases dominantes colombianas, que como bien las caracteriz Antonio Garca,

() las clases ricas o ms estrictamente, las oligarquas que se forman dentro de esas clases no arriesgan ni juegan sus intereses econmicos ni sus privilegios sociales, ponindolos en manos de otras clases que, no teniendo sus intereses ni privilegios, constituyen el poder de la mayora. La estrategia de las clases ricas se ha orientado, en los ltimos aos, hacia este objetivo: neutralizar o desbaratar el poder de la mayora por medio de la coercin psicolgica, de la corrupcin o de la fuerza. La coercin se realiza por medio de una propaganda impulsada por todos los resortes de la vida social y que opera sobre la psicologa primaria y desarmada de un hombre sin factores culturales de resistencia. La corrupcin y la fuerza son recursos estratgicos que el mundo ha tenido la oportunidad de conocer a travs del capitalismo liberal o del capitalismo totalitario .

Y es justamente, el temor a la paz y al fortalecimiento del poder de la mayora, el que permite explicar los mltiples obstculos que la tecnocracia del gobierno, la clase poltica representante de esas oligarquas, los dirigentes del poder judicial, y por supuesto las estructuras paramilitares, le han impuesto a la implementacin de lo acordado.

El balance normativo de la implementacin es a todas luces problemtico:

- Los desarrollos en el punto rural son insuficientes, y en algunos casos han pretendido recortar lo Acordado. Quiz una de los elementos ms problemticos es la reticencia del gobierno a reconocer el criterio de focalizacin hacia las comunidades rurales ms pobres y los pequeos propietarios o trabajadores agrcolas sin tierras.

- Frente a Participacin poltica, la discusin en Congreso ha limitado el alcance de la reforma poltica y pretende restar nivel de representatividad a las circunscripciones especiales transitorias de paz con la prohibicin del voto a los electores inscritos en las cabeceras municipales. Y finalmente, la ley de participacin ciudadana y reformas normativas para el tratamiento de protesta y movilizacin no se han podido tramitar con celeridad y la amplitud deseada.

- La reincorporacin econmica y social no ha avanzado, y se advierte una intencin gubernamental de individualizar el proceso en contrava del carcter comunitario que define la organizacin de este grupo social. El gobierno concentr sus esfuerzos en que las FARC-EP hiciera la dejacin de las armas. Y olvid su responsabilidad en generar condiciones de vida digna para la reincorporacin. La negacin a la formalizacin en la entrega de tierras es una expresin de esta actitud. Ms alarmante resulta la imposibilidad de garantizar la vida de los y las guerrilleras. El asesinato de algunos de ellos y el abandono que debi hacer el grupo de Gallo (Crdoba) de su espacio territorial de capacitacin y reincorporacin, ante la amenaza paramilitar, advierten de esta situacin.

- Mencin especial requiere el anlisis de la reincorporacin poltica. Pese a que las FARC-EP hicieron su transicin a la vida legal democrtica y constituyeron su partido poltico Fuerza Alternativa Revolucionara del Comn. La clase dirigente se niega a reconocer su carcter poltico de actor legal democrtico y en el marco de la discusin de la ley estatutaria de JEP quieren imposibilitar su participacin en el proceso electoral del 2018.

- La sustitucin voluntaria y concertada quiz es una de las situaciones ms dramticas, tal como qued reflejado de manera dolorosa, el pasado 5 de octubre. Las comunidades han denunciado una agresiva poltica de erradicacin forzada y han llamado al Estado y las autoridades departamentales al cumplimiento de los establecido en el decreto ley 896 de 2017.

- El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y no repeticin, incluyendo la Jurisdiccin Especial para la Paz, advierte de una segunda renegociacin, tal como se ha hecho manifiesto con las posiciones del Fiscal y de Cambio Radical frente a la discusin de la ley estatutaria de la JEP. Develando realmente, el temor de una diversidad de actores econmicos y polticos que promovieron la guerra a que se sepa la verdad.

- El presupuesto definido por el gobierno para financiar el Plan Marco de Implementacin, resulta insuficiente para avanzar en una materializacin efectiva de lo acordado. La cifra de los 129.5 billones contrastan con diversas estimaciones que han realizado centros de estudios y entidades, en las cuales se hablan de cifras que oscilan entre 200-400 billones de pesos.

As las cosas, el balance es alarmante. El incumplimiento por parte del gobierno colombiano, as como los anuncios desde diferentes actores polticos sobre la necesidad de Revisar lo acordado y en el peor de los casos de hacer trizas el acuerdo, advierte frente a la incapacidad, o mejor an la reticencia, de las clases dominantes a construir los mnimos para una democracia liberal. Esta posicin retardataria denota como lo sealan las valiosas reflexiones de Pablo Gonzlez Casanova, Mario Arrubla Yepes, Diego Montaa Cullar, Ruy Mauro Marini, entre otros, sobre el carcter colonialista y dependentista de estas clases dirigentes.

El peligro en que est la paz, requiere de la vitalidad del movimiento popular, de las organizaciones estudiantiles, juveniles, campesinas, urbanas, ambientalistas, LGTBI, de mujeres, de comunicacin, afrodescendientes, indgenas, entre otras que se la han jugado histricamente por la construccin de un mundo justo. Hacer resurgir esta vitalidad es dignificar la lucha de esos 15 valientes que murieron en Tumaco a manos de las fuerzas represivas del Estado.

Carolina Jimnez Martn. Docente del departamento de ciencia poltica de la Universidad Nacional. Investigadora del centro de pensamiento y dilogo poltico.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter