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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-10-2017

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la fuerza pblica habra disparado a un grupo de campesinos que protestaba contra la erradicacin
La masacre de campesinos en Tumaco es una afrenta a la paz

Yhoban Camilo Hernndez Cifuentes
Agencia Prensa Rural


La masacre de nueve campesinos en Alto Mira y Frontera, corregimiento de Llorente en Tumaco (Nario), ocurrida el jueves 5 de octubre al parecer a manos de la Fuerza Pblica, representa al menos tres problemas graves para el proceso de paz en Colombia. Primero, es una afrenta al acuerdo de La Habana, particularmente al punto cuatro sobre cultivos de uso ilcito que hace nfasis en la sustitucin voluntaria. Segundo, cuestiona la manera como la Fuerza Pblica interviene las manifestaciones sociales vulnerando los derechos humanos de las personas y el derecho mismo a la protesta. Y tercero, pone en duda la posibilidad de que el posconflicto transite por el camino de la democracia y la eliminacin de la violencia, ms si se consideran otros hechos que vienen ocurriendo en distintas zonas del pas.

Antes de abordar estos asuntos, hay que advertir que an no existe plena claridad sobre lo sucedido en el territorio colectivo Alto Mira y Frontera, habitado por cerca de 4.000 familias que, en su mayora, derivan su sustento del cultivo de coca.

En un escueto comunicado publicado el mismo 5 de octubre desde Bogot por el Ministerio de Defensa, el Ejrcito y la Polica afirmaron que el ataque a la poblacin civil fue realizado al parecer por alias Guacho quien lidera una disidencia de las FARC. Y aseveraron que los disidentes estn obligando a la comunidad a protestar contra la erradicacin. Segn la versin oficial, el grupo disidente lanz al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pblica y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades, causndoles la muerte a 4 civiles y heridas a otros 14.

Pero otra es la versin de la Coordinadora Nacional de Cultivadores Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) elaborada con base en informacin de la comunidad que estuvo presente en lo sucedido. En un informe preliminar, esa organizacin relat que desde el 29 de septiembre los campesinos estaban protestando contra la Polica que haba desplegado al menos mil efectivos para adelantar acciones de erradicacin forzada, por lo que cerca de mil personas realizaron un cerco humanitario para proteger los cultivos de los que derivan su sustento. Pero el 5 de octubre, entre las 10:30 y las 11:00 de la maana, la polica sin mediar palabra abre fuego de forma indiscriminada contra la poblacin.

Lo que argument la Coccam, contra el comunicado que emiti el Ministerio de Defensa, es que no existen rastros del impacto de los explosivos en la zona y por dems, si la accin iba en contra de la polica, hasta el momento no existe reporte de ningn integrante de la fuerza pblica herido o muerto.

De otro lado, el mismo 5 de octubre desde San Andrs de Tumaco el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, denunci que su comunidad ha emitido varias alertas por los riesgos que corren sus integrantes ante la presencia de grupos armados que se disputan el territorio y reclutan a los jvenes, ocasionando desplazamiento, confinamiento de cientos de familias y terror en diferentes veredas. Y agreg que durante las ltimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervencin de la fuerza pblica que realiza labores de erradicacin forzosa.

Frente a este ambiente de confusin un grupo de representantes y expertos de la sociedad civil, integrantes de la Comisin Nacional de Garantas de Seguridad, rechaz los hechos ocurridos y exigi la intervencin de la Defensora del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misin II de la ONU, con el propsito de verificar la situacin en la zona y acompaar a las comunidades afectadas. Adems respald la creacin de una Misin de Verificacin de la sociedad civil para colaborar en la investigacin.

Precisamente este domingo 8 de octubre la Defensora del Pueblo emiti un comunicado en el que denuncia la responsabilidad de la Polica en los hechos. Segn el documento del Ministerio Pblico, los manifestantes aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Polica antinarcticos. Sealaron que en el momento de los hechos no hubo intervencin de grupos armados ilegales (disidencias de las Farc) ni tampoco se registr el lanzamiento o activacin de cilindros bomba o los denominados tatucos, contrario a lo informado por las autoridades. Por ello, la Defensora pidi a la Fiscala y a la Procuradura adelantar una investigacin especial

De otro lado, el grupo de expertos advirti que es un deber del Estado garantizar el esclarecimiento de los hechos y la sancin a los responsables, impidiendo maniobras para desviar, obstruir o manipular la evidencia en los primeros actos urgentes de indagacin, asegurando la adecuada cadena de custodia, la prctica de pruebas tcnicas y el retiro de la escena del crimen de los miembros de la Fuerza Pblica presuntamente implicados.

Hasta ahora, defensores de derechos humanos hablan de nueve vctimas mortales y ms de 50 heridos en los acontecimientos de Alto Mira y Frontera. Pero el Gobierno asegur el pasado viernes 6 de octubre que se trat de ocho personas muertas.

Erradicacin forzada hace inviable la sustitucin

Para Csar Jerez, vocero nacional de la Coccam, el asesinato de los compaeros en Tumaco es terrible y lo que evidencia es el garrafal incumplimiento del gobierno al acuerdo de sustitucin. Pero adems, anota, este asunto es producto de la presin que ha venido ejerciendo el Gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, sobre el proceso.

El gobierno de los Estados Unidos est presionando para que se haga nfasis nicamente en las medidas de fuerza e incluso para que se retorne a las fumigaciones areas con glifosato. Y aqu tambin hay intereses de gente que se ha enriquecido con los contratos del Plan Colombia en la supuesta lucha contra las drogas en materia de fumigacin y erradicacin. Esa presin hace que el gobierno colombiano improvise, que acte con negligencia, y que opte por la violencia como una supuesta salida al problema de los cultivos de uso ilcito, manifest Jerez.

Lo que concluye el lder campesino, es que la estrategia de erradicacin forzada terminar haciendo inviable el acuerdo de sustitucin. Segn l, el Gobierno est incumpliendo en sustitucin y se est justificando con la erradicacin misma, lo que expresa cinismo de parte del Gobierno porque no se pueden compaginar sustitucin que es de un carcter estructural con medidas de fuerza y con acciones violatorias de los derechos humanos.

De hecho, el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera advirti en su comunicado, que a pesar de las insistencias de esa comunidad afrodescendiente para que se implemente el Programa Nacional de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito, ste ha tenido un ritmo paquidrmico, mientras que la erradicacin forzada avanza a toda marcha en distintas veredas de nuestro territorio, evidenciando una enorme contradiccin con lo pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Lo grave es que esto ha alimentado la zozobra, incertidumbre y desconfianza entre muchos de los habitantes del Consejo Comunitario.

Fue este escenario, insiste Jerez, el que llev a esta grave equivocacin del Gobierno y a los excesos de fuerza cometidos en medio de la estrategia de erradicacin. Por eso, el vocero de la Coccam pide una investigacin exhaustiva y que los funcionarios pblicos responsables de estos asesinatos vayan a los estrados judiciales.

La continuidad de la violencia pone en jaque la paz

Para Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitacin (IPC), la masacre de los campesinos en Tumaco es lamentable en tiempos en que se viene hablando de paz, de solucin poltica negociada y de que la va civilista, y no los medios violentos, es la alternativa para dirimir los conflictos que hay en la sociedad.

Segn Herrera Duque algo muy crtico es que de manera gradual se ha venido estigmatizando y criminalizando a los campesinos colombianos como responsables del aumento de los cultivos de uso ilcito. Y, en ese sentido, es muy malo el mensaje que manda la fuerza pblica con actuaciones como la sucedida en Tumaco.

Al respecto, el socilogo e investigador social, Max Yuri Gil, insisti en que lo ms necesario en este momento es la implementacin de una comisin que esclarezca la verdad de lo que pas, y advirti que sera muy grave si se confirma que la fuerza pblica es responsable de la masacre, pero ms grave an sera el hecho de que se haya intentado ocultar su responsabilidad. De modo que si se comprueba la responsabilidad institucional, hay que castigar esto con la mayor severidad.

Por eso el socilogo hizo una alerta sobre la manera cmo, en general, viene actuando la fuerza pblica contra el derecho a la protesta. Y conect su reflexin con la violenta represin que vivieron los ciudadanos catalanes en Espaa, durante el referndum de independencia. Aunque son contextos diferentes, y en el caso de Tumaco se trata de un escenario convulsionado, la pregunta es: Cules son los lmites de actuacin de la fuerza pblica en una sociedad democrtica?

Yo creo que en ninguno de los dos casos, ni en Espaa ni en Colombia, hay cuestionamientos a la existencia de la Fuerza Pblica ni al rol que cumplen como garantes, en un Estado de derecho, de unas mnimas pautas de convivencia. Pero eso de ninguna manera significa que tengan cartas para hacer cualquier cosa, explic Max Yuri.

Para concluir, Diego Herrera plante que la masacre de Tumaco, es un acontecimiento que genera un ambiente de mucha hostilidad y reitera que en Colombia los campesinos y campesinas son el sector ms vulnerable frente a cualquier alternativa de paz y frente a los riesgos que significan el actual acuerdo con las FARC y el eventual acuerdo con el ELN. O sea, que las fuerzas oscuras y la guerra sucia, se pueden enfocar hacia la poblacin campesina, y justificarse en este tipo de acciones del Estado sobre la base de la estigmatizacin.

Con este panorama la situacin es preocupante si se tienen en cuenta otros hechos que vienen sucediendo en el pas como la avanzada de los grupos paramilitares, el asesinato de miembros de las FARC en proceso de reincorporacin, y las agresiones y asesinatos sistemticos de lderes y defensores de derechos humanos; el hecho ms reciente fue la muerte a manos de paramilitares del lder indgena Ezquivel Manyoma del Pueblo Ember Dobida del resguardo Dabeiba Queracito, en el municipio Medio Baud, departamento de Choc, ocurrida este fin de semana.

El papel de los grandes medios

Un asunto sobre el que llam la atencin Max Yury, fue acerca del papel que han jugado los grandes medios de comunicacin en el cubrimiento de esta masacre, porque yo llamo la atencin sobre el tratamiento diferencial que reciben las vctimas de acuerdo al victimario. Si esto lo hubieran hecho la guerrilla del ELN o la disidencia de las FARC, los medios le estaran dedicando las 24 horas del da al tema, ya conoceramos las identidades de las vctimas, sus historias familiares, todo el impacto sobre sus proyectos de vida. Pero me llama mucho la atencin el silencio y los eufemismos que han construido sobre lo que pas, que son: en oscuros incidentes, en asuntos por establecer, vctimas de la violencia Yo la verdad creo que estamos ante una masacre cometida por las autoridades institucionales y me parece que hay que exigir y no bajar la demanda sobre lo que pas.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22157



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